La joya olvidada del amparo indirecto

Vida y milagros

En México tenemos un gravísimo problema de gestión hídrica y una debilidad aterradora con respecto a la rectoría del estado mexicano en materia de agua en los tres niveles de gobierno. Como país no estamos logrando dar una solución integral al problema de abasto de agua con accesibilidad universal para todos los mexicanos, ni tampoco estamos solucionando el serio problema de contaminación del agua de ríos, lagos, mares y pozos que contaminamos con aguas residuales de ciudades, comunidades e industrias. Sin el acuerdo de los tres niveles de gobierno es imposible lograr una buena administración del agua, ya que las atribuciones para regularla están desperdigadas generosamente entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios. La fracturación de estas atribuciones ha complicado en exceso la posibilidad de una solución. No solo no se destinan suficientes recursos desde el congreso de la unión para la gestión hídrica, sino que en los estados, los recursos destinados al tema desde los congresos locales son bajísimos o casi nulos. Ni que decir de la debilidad administrativa y financiera de los ayuntamientos, que muchas veces se dan el lujo de cobrar el agua y el saneamiento sin siquiera tener el abasto garantizado, la infraestructura o un departamento de agua dentro de sus administraciones.

Nuevo León, el único estado que hoy tiene un cien por ciento de cobertura y un cien por ciento de saneamiento de sus aguas residuales lo logró mediante una empresa pública estatal sin fines lucrativos que desde hace más de 23 años se puso de acuerdo con las autoridades federales y municipales para actuar de manera coordinada y con un proyecto a largo plazo. Seguramente su modelo aún será perfectible, pero la clave fue que el gobierno estatal a lo largo de varias administraciones ha entendido la importancia de su rol como articulador de soluciones construidas desde un presupuesto bien pensado, bien gestionado con la federación y bien complementado desde los presupuestos locales. Eso se llama armonización presupuestal para apoyar buenas políticas públicas y una eficacia administrativa que involucra a la ciudadanía, o sea, el derecho al agua ligado a responsabilidades hacia su uso y consumo. Lograr eso en otros estados, como el de Puebla o el de Oaxaca, ha sido materialmente imposible porque el rol articulador de los gobiernos estatales ha sido reducido a su mínima expresión.

¿Cómo obligar a los diferentes actores gubernamentales a ponerse de acuerdo para trabajar en un plan maestro a largo plazo que logre el objetivo de limpiar, por ejemplo una cuenca o un río? La solución nos la sugirió a un grupo de ciudadanos hace ya más de un año un inteligente abogado que propuso presentar ante un juez el caso específico de las omisiones de las autoridades en la cuenca del Atoyac Xochiac en el estado de Puebla. Nos planteó la posibilidad de una demanda colectiva, cuya acción jurídica es un amparo indirecto que presentan 30 ciudadanos en lo personal. Así las cosas, se presentó la demanda y va caminando con las complicaciones propias de un caso tan complejo y con el normal desencanto y desaliento que la lentitud con que se desarrollan las querellas jurídicas en nuestro país provoca en quienes buscan justicia por la vía de los tribunales.

Sin embargo hoy me entero de una fantástica noticia: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha ordenado a diferentes autoridades locales de Oaxaca, así como a las autoridades de CONAGUA y PROFEPA a realizar las acciones necesarias para limpiar un río oaxaqueño también llamado, casualmente, Atoyac. Hace meses, quizás años, antes que nosotros en Puebla, un grupo de ciudadanos interpuso también un amparo indirecto cuyo fallo ha sido positivo para los demandantes, ordenando lo siguiente a diferentes instituciones de gobierno: se obliga a las autoridades de Oaxaca y de la federación a garantizar un medio ambiente sano para los habitantes de la entidad al señalar la obligación de ponerse de acuerdo para sanear las cuencas de los ríos Salado y Atoyac.

Los señalados por la Corte:

1. Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de CONAGUA

2. Delegado de PROFEPA en Oaxaca

3. Director General de CONAGUA

4. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

5. Nueve presidentes municipales, el presidente de la capital y otros ocho municipios de Oaxaca.

El cumplimiento en los términos que el fallo indique es obligatorio para todos los señalados. Es vinculante con las siguientes administraciones. Las consecuencias para los señalados van desde multas hasta destitución. El fallo compromete a las instituciones más que a las personas. Podrán cambiar los partidos que gobiernan, pero las instituciones están en jaque y eso es bueno. Este fallo obligará necesariamente a todas ellas a ponerse de acuerdo y a etiquetar los recursos necesarios para el cumplimiento del fallo, así como a aplicar las leyes y reglamentos a los actores que en dicha cuenca estén incumpliendo con las normas de descarga: gobiernos municipales, estatales, industrias, fraccionamientos, centros de servicios, rastros, centrales de abasto, etc. Las instancias señaladas se verán obligadas a llevar a cabo las acciones necesarias y a crear un cuerpo de inspección y vigilancia fuerte y eficaz para cumplir con los términos del fallo.

Nos dijeron muchos que el amparo indirecto sería inútil, que perderíamos. Que había mil formas de darle la vuelta. Un grupo de ciudadanos y su abogado ya pudieron. La SCJN ha creado un valioso precedente para casos similares.

Ha sido una buenísima noticia para los oaxaqueños y es una excelente noticia para los promoventes de la acción jurídica para limpiar la cuenca del Atoyac en Puebla. Es una buena noticia para todos los que quieren encontrar una manera pacífica y civilizada de que las autoridades se coordinen para lograr que los ríos, mares y lagos se limpien en otros lugares del país. Hemos encontrado una acción jurídica que es una joya.

Vida y milagros

El tema de la explotación minera es complicado y álgido en muchos estados del país y también lo es la forma en la que nuestras leyes la regulan. Me ha interesado tratar de entender esto porque en el estado de Puebla hay un gran número de concesiones otorgadas a diferentes grupos mineros, sobre todo en la sierra norte, en donde hay una alta complejidad social y ambiental y por diferentes motivos hay una oposición enorme a todos los proyectos mineros.

Una idea de las concesiones mineras en el estado de Guerrero. Tomada de Subversiones.

Por el gran potencial de nuestro país para la minería, el tema merece ser abordado en las agendas de los candidatos no solo locales, sino nacionales. Lo poco que he oído mencionar en las campañas con respecto a la minería es el tema de la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia en la lista de plurinominales al senado por Morena. El motivo de esa inclusión no ha quedado suficientemente explicado. Podría ser por sus fuertes vínculos con los sindicatos mineros canadienses e ingleses. Ignoro si esos vínculos perjudican o benefician al país, pero sería bueno saberlo con claridad porque es muy probable que al señor lo veamos en el Senado. Precisamente por eso debiera ser un tema en las agendas políticas locales y federales.

Con respecto a las empresas mineras, el contar con las concesiones por escrito no quiere decir que esos grupos empresariales puedan ejercer los derechos sobre dichas concesiones a la hora que ellos quieran. Los permisos que otorga el estado mexicano vía la Secretaría de Economía son, afortunadamente, sólo un paso. Y digo afortunadamente porque la explotación minera puede ser de alto riesgo para el medio ambiente y las comunidades en donde se lleva a cabo dicha actividad. El cuidar que dicha explotación sea llevada a cabo con un altísimo grado de responsabilidad hacia el medio ambiente debe de ser asegurado desde los tres niveles de gobierno. Todos consumimos de manera directa o indirecta metales como el oro, cobre, aluminio, plata y otros metales en equipos de cómputo, en teléfonos celulares, en instrumental médico, en materiales de construcción y en muchas otras cosas. Los países que más oro consumen per cápita son Estados Unidos, China y la India, y un alto porcentaje es para cosas suntuarias como la joyería. Racionalizar y limitar ese consumo a actividades prioritarias para la humanidad es ya una tarea de interés global.

Fotograma del video La mina de Carrizalillo: El tajo abierto por la minera Gold Corp.

Trataré de hacer un breve recuento de cómo anda el marco normativo para las mineras en México:

El último acuerdo desregulatorio sobre el subsuelo mexicano entró en vigor en 1996 y fue suscrito por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía, Comercio y Fomento Industrial (SE). Fue el punto de partida de 13 años de reformas legales que hoy permiten la explotación de la minería no sólo a empresas mexicanas sino a empresas extranjeras, (Ley Minera reglamentaria del Artículo 27 Constitucional). El problema no es esa apertura, sino las intrincadas reglas del juego diseñadas para llevar a cabo dicha actividad, en cuyo procedimiento de gestión intervienen hasta nueve dependencias federales, estatales y municipales, pero que dejan en alta vulnerabilidad a las siempre débiles autoridades municipales, sobre las que al final recaen fuertes presiones de los empresarios mineros por un lado, y de las comunidades afectadas o beneficiadas por el otro.

El camino de los nueve pasos:

1. La SRE otorga a los extranjeros los permisos para constituir fideicomisos que les permitirán obtener el dominio y aprovechamientos de bienes inmuebles nacionales (léase, el subsuelo, aunque éste tenga arriba dueños que no son las empresas)

2. La SRE lo informa a la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, ya que dicha coordinación es la que expide títulos, celebra concursos, lleva el registro de los títulos de concesión, formula declaratoria de libertad de terrenos y OJO y muy importante, tramita solicitudes de expropiación, de ocupación temporal o servidumbres de paso sobre los terrenos debajo de los cuales existe una concesión y sobre los cuales se hacen las exploraciones para ver la factibilidad de una específica explotación minera.

3. La SRE da un permiso de constancia a la empresa.

4. La SHCP da a la empresa un registro fiscal.

5. La Secretaría de Economía lo inscribe en el registro de empresas para en su caso emitir permisos de explotación del subsuelo, llamados también "denuncios.

6. El Registro Agrario Nacional registrarán los contratos que las empresas hagan con los ejidos o bienes comunales y las áreas de uso o común.

7. La SEMARNAT, en caso de minerales reservados a la federación que vienen señalados en las leyes y normas de la ley de minas, revisa que la forma en que se ejecuta el proyecto esté apegado a la normatividad ambiental existente, incluidos los instrumentos de planeación locales, tales como los ordenamientos ecológicos o los programas de desarrollo urbano con los que cuenten los municipios. Todo esto para llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental. A solicitud de partes se hará la consulta técnica que se pondrá a disposición en línea. Es hasta llegar a la fase de explotación, que el promovente deberá presentar el Manifiesto de Impacto Ambiental MIA, y el estudio de riesgo. (Fracción III art. 35 de la LGEEPA). Las acciones de exploración y sondeo no requieren de MIA y así lo marca la ley. Muchas veces se confunden las actividades de exploración con las de una explotación ya formalizada, y desde ahí, por las formas opacas o la prepotencia en las que a veces incurren las empresas mineras, empiezan los malentendidos.

8. En la última Reforma Energética se acordó que la Secretaría de Energía hará las consultas públicas correspondientes en los proyectos de aprovechamiento del subsuelo en las comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT). Dicha consulta pública y la forma en que deberá llevarse a cabo no cuenta con un marco regulatorio, por lo que los mecanismos para la consulta indígena con valor jurídico y vinculante no existen, aun cuando es obligatoria y en la mayoría de los casos indispensable para evitar conflictos sociales. Este vacío normativo debe llenarse a la brevedad de parte de la cámara de diputados.

9. Los municipios expedirán los usos de suelo correspondientes dentro del marco jurídico y regulatorio de cada uno. Los ordenamientos ecológicos o los de desarrollo urbano, que pueden ser una poderosa herramienta de ordenamiento cuando está bien hecha, rara vez existe o está actualizada en los municipios. Para hacer eso casi nunca hay ni dinero ni tiempo.

El estado mexicano en su conjunto y los 32 estados del país tienen un enorme rezago en materia de ordenamiento del territorio. Los municipios son responsables de general sus propios instrumentos regulatorios, y en caso de no poder hacerlo, es la autoridad estatal la que tendrá que coadyuvar en su elaboración. De los 217 municipios del estado de Puebla son muy pocos los que cuentan con dichos instrumentos. Es importantísimo contar con ellos porque la presión de la minería en ciertas regiones del país es muchísima. Para dimensionar la urgencia de esto doy las cifras tomadas de la página PODER. http://www.projectpoder.org con respecto a la sierra norte de Puebla:

BUILDING A CITIZEN-LED MOVEMENT FOR CORPORATE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN LATIN AMERICA.

Según sus datos, registran que a fines de 2016 hay 189 concesiones mineras federales en 30 municipios de la Sierra norte de Puebla dispersos en cerca de 250 mil hectáreas, de las cuales 73.5% son agrícolas, pecuarias o forestales. El 53% de las concesiones son de la minera canadiense Almaden Minerals, y el resto son de mineras chinas o nacionales. Almaden Minerals tiene en Ixtacamaxtitlán 11 mil hectáreas en concesión que derivarían en 120 hectáreas de aprovechamientos efectivos. Solo el 1% de dicho territorio acabaría teniendo minas, pero el impacto ambiental sobre el agua puede ser de alto riesgo si el proceso no es impecable, pues el oro en la sierra norte está disperso en la tierra y no concentrado en vetas, por lo que la explotación es de tajo a cielo abierto en una orografía muy complicada. Hoy solo Cuetzalan cuenta con un plan de ordenamiento ecológico que data de 2010. El ordenamiento ecológico del estado está en pañales.

El caos territorial nacional es evidente, pero se vuelve particularmente peligroso cuando en las comunidades no existen las herramientas para enfrentar con instituciones fuertes a los enormes poderes fácticos de las mineras.

¿Con qué instrumentos y presupuestos cuentan las instituciones públicas para hacer buenos diagnósticos y dar autorizaciones responsables?

¿ Cuándo sí y cuándo no a un proyecto minero? ¿ Con qué fortaleza se supervisará su actuar?

A ver si se acuerdan del tema los candidatos...

En el día mundial de la tierra sostengo que de lo mejor de la ciudadanía en Puebla en los tiempos recientes está en la lucha ambientalista contra los proyectos industriales de muerte y por la regeneración de las cuencas hidrológicas, particularmente la del Alto Atoyac.

No hay nada más alejado por el momento de la preocupación electoral en la que están trenzados partidos y dirigentes que en Puebla se disputan el poder político.

Describir la realidad lo mejor posible, comprenderla en su complejidad y contradicciones, contribuir así en la construcción de alternativas. No entiendo de otra manera el periodismo. Y por eso no puedo verlo desligado de la dimensión estratégica que tiene para la sobrevivencia de nuestro planeta y las sociedades que alberga las consecuencias que la acción humana tiene para ella.

Y tengo a la vista procesos sociales como el encabezado por el movimiento popular Tetela hacia el Futuro en el 2012-2014, el Comité de Ordenamiento Territorial integral de Cuetzalan y la organización civil Dale la Cara al Atoyac en la ciudad de Pueble. Son procesos que han involucrado dinámicas de poder guardadas en los nombres Grupo Carso/Carlos Slim, Comisión Federal de Electricidad/Gobierno Federal y autoridades federales, estatales y municipales en el Estado de Puebla.

Así arranco mi participación en el evento de este domingo realizado en el Mercado Hidalgo por convocatoria de un conjunto de organizaciones sociales vinculadas a la defensa del territorio. Y lo planteo desde mi posición de periodista que entiende que el periodismo tiene sentido si describe bien la realidad, la investiga mejor y contribuye a construir alternativas democráticas construidas colectivamente.

En el evento se reseñan dos procesos recientes exitosos que dan idea de este planteamiento sobre lucha ambiental y construcción de ciudadanía: el cierre del relleno sanitario intermunicipal en Cuetzalan y la clausura del tiradero de residuos industriales impulsado por la cementera Cruz Azul en la localidad de Ballavista, en el municipio de Palmar de Bravo. Difícil de creer, pero son dos buenas noticias.

Así lo documenta Erwin Slim este mismo día:

“Acta de Cabildo Municipal donde se hace oficial el Cierre Definitivo del basurero a cielo abierto de Cuetzalan, mal llamado relleno sanitario. Por lo que todos los materiales no reciclables (previa separacion) de Cuetzalan será enviados al Relleno Sanitario de Cuyoaco, que cuenta con certificaciones en el manejo de residuos. El reto en Cuetzalan es que la población, así como los grupos, comites, escuelas, organizaciones, prestadores de servicios e instituciones de gobierno, tengamos la responsabilidad de reducir el consumo y separar de la mejor manera los residuos y materiales reciclables. Construiremos desde la población una intensa campaña para este objetivo. Está la propuesta de una composta colectiva que manejen grupos de productores y organizaciones para beneficio de las parcelas. Habrá dos foros (Ciudad de Puebla y Cuetzalan) amplios, de Inclusión de propuestas para el manejo de residuos solidos y saneamiento de Cuetzalan, que convocará Miocup CNPA MN, además de otros grupos y organizaciones. Con el objetivo de crear un modelo integral en el manejo de la basura en el municipio, así como un órgano ciudadano de vigilancia que le dé seguimiento al modelo que sea apoyado por la población, técnicos, académicos y expertos en el tema.”

Lo que se celebra este domingo (#DíaInternacionalDeLaMadreTierra) y que ha dado pie a este evento auspiciado por la organización popular 28 de Octubre provoca reuniones similares en todo el mundo a cargo de centenares de organizaciones civiles, en una inercia que afortunadamente no se ve ya que tenga fin. Un ejemplo, Gabriela Méndez Cota en su En busca del quelite perdido da cuenta de un Fondo Semilla que celebra este día con la memoria de un encuentro en Cuetzalan en el mes de diciembre que se resume en este video con el tema Encuentro Internacional Género, tierras y territorios: sostenibilidad de nuestra vida comunitaria

Movimiento de resistencia y organización de la sociedad civil

¿Qué trama es esta que nos ofrece una creciente movilización desde la sociedad civil?

La historia en Puebla –digo en el evento de la 28 de Octubre, y para entender esta trama que se construye poco a poco desde las luchas de resistencia y defensa del medio ambiente--, obliga a valorar de fondo las derrotas históricas de la tierra nuestra, todas provocadas por una idea de progreso entendido desde el proyecto de desarrollo capitalista que ha llevado a nuestro país a esta situación de catástrofe socio-ambiental en la que vive nuestra sociedad.

Presento un listado breve de lo ocurrido en los últimos cien años y de norte a sur en nuestro estado: el uso industrial energético de los ríos serranos con la construcción de presas hidroeléctricas en Necaxa y Tlatlauquitepec; la cuenca petrolera de Xicontepec en su paso por Puebla, en la región de la Mesa de Metlaltoyuca y Venustiano Carranza, con la amenaza del fracking promovido desde la reforma energética; la cuenca del feldespato en la región de Zacatlán y Ahuacatlán para la industria cerámica; la deforestación histórica de los bosques templados y subtropicales en las sierras Norte y Negra y en las montañas altas Popo, Izta, Malinche y Citláltépetl; los monocultivos cafetalero en la Sierra Norte y azucarero en la región de Matamoros; la degradación total de las cuencas hidrológicas de los ríos Atoyac y Nexapa, en el centro sur del estado; la cuenca agropecuaria capitalista en Tecamachalco y Tehuacán; la urbanización irracional, caótica en su modelo de ciudad, reproducido igual en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, pero también en Tehuacán, Teziutlán y San Martín Texmelucan.

La cuenta puede seguir a detalle. Pero alcanza para entender los movimientos sociales ocurridos en los últimos diez años en el territorio poblano: la lucha contra la instalación de proyectos mineros y energéticos en las montañas y ríos de la Sierra Norte de Puebla y en la Sierra Negra; la resistencia contra la instalación del Gasoducto Morelos a su paso por la Sierra Norte, el Valle de Puebla y la región de Atlixco; la oposición a los rellenos sanitarios e industriales en las zonas rurales de Huejotzingo, Palmar de Bravo y Cuetzalan; y la movilización civil para la regeneración de la cuenca del Alto Atoyac.

Este rueda de prenda organizada para este lunes 23 por Dale la Cara Al Atoyac da muy buena cuenta del alcance que puede llegar a tener la movilización de la sociedad civil vinculada a los movimientos ambientales: una agenda del agua construída desde la acción civil, no desde el gobierno y, ni mucho menos, los partidos políticos.

En todos estos casos se han dado en mayor o menor proporción un conjunto de elementos que explican una compleja dinámica que nos conviene entender: la vinculación entre los movimientos sociales y los grupos organizados de la sociedad civil. En Tetela hacia el Futuro, el COTIC y en Dale la Cara los encontramos: la acción directa que se impulsa desde el rechazo espontáneo del impacto ambiental provocado por los procesos y proyectos ambientales y la contaminación; la investigación socio-ambiental desarrollada por especialistas vinculados al movimiento, la acción legal fundada en la ley y sus instrumentos de defensa ambiental, administrativa y de derechos humanos y plasmada en juicios de amparo y denuncias civiles y penales ante las autoridades correspondientes; la generación de alianzas con grupos organizados externos, centros universitarios de investigación y medios de comunicación; y el desarrollo de perspectivas estratégicas que le den al movimiento de defensa ambiental la dimensión política sin las que se verán sin duda reducido al fracaso.

Estos cinco elementos no se dan fácilmente un proceso de lucha socio-ambiental. Se construyen con mayor o menor éxito. Los encuentro sin duda en los procesos señalados arriba (Tetela hacia el Futuro) COTIC Y Dale la Cara al Atoyac, y que intentamos documentar a fondo en esta revista digital Mundo Nuestro. En ellos se han dado con nitidez la acción directa, la investigación técnico-científica, la defensa legal, la generación de alianzas y la construcción de una visión estratégica.

La existencia de organizaciones civiles como Puebla Verde, Africam, Tiyat Tlali, Tosepan Titananizke, CESDER, Alternativas, Cupreder, Ibero Puebla, etc, explica en buena medida la consecución de victorias concretas.

La ausencia de estos elementos en su conjunto explica también los riesgos que enfrentan en conflictos similares como los que hoy se producen en regiones particulares del estado: la amenaza del fracking en la Sierra Norte, la instalación de la minera canadiense Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán y la construcción de las hidroeléctricas en los ríos Ajajalpan, Zempoala y Apulco en la Sierra Norte y Coyolapa en la Sierra Negra por consorcios mineros como Grupo México y Grupo Ferrominero.

La ausencia de estos elementos ayuda a entender igualmente el aislamiento en el que los movimientos pueden caer. Su falta de visión estratégica puede provocar la caída en posiciones sectarias que lo aíslan más todavía y le impiden construir alianzas vitales.

Yo recupero la vista que hemos dado en Mundo Nuestro sobre la realidad de las montañas poblanas y el acoso que sufren por las corporaciones mexicanas y trasnacionales para la instalacción de proyectos industriales energéticos y mineros. Es una memoria de la tierra desde la resistencia de los grupos organizados en la Sierra Norte de Puebla:

Hidroeléctricas en los ríos de la Sierra

Conflicto minero en Tetela

Conflicto minero en Zautla

Conflicto minero en Ixtacamaxtitlán

Dos asambleas en la Sierra. Acudo a ellas en un fin de semana de lluvia y sol en los extremos de un río, el Apulco, acosado por los proyectos industriales que llegan a su ribera de la mano del gobierno federal --las secretarías de Economía y Energía y la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, pero ya también la PGR--y las empresas mineras nacionales y extranjeras como la canadiense Almaden Minerals y la mexicana Grupo Ferrominero y su subsidiaria Minera Autlán. En Ixtacamaxtitlán, en el sur reseco, llueve con fuerza a mediodía; en Tlatlauquitepec, en el norte húmedo, el calor cuece la plancha de una plaza frente al templo del Perpetuo Socorro. Dos días, entonces, para contemplar un territorio vasto rigurosamente asediado por un sistema económico decidido a reproducirse en su capital a costa del agua y las entrañas de sus montañas milenarias. Y la historia y la cultura de sus pueblos originarios.

Cómo mirar ese lomerío en la cuenca alta del río Apulco. En su entraña de oro, medida en onzas y metros y barrenos, dinamita y toneladas de piedras molidas en agua y cianuro, en lingotes refulgentes en bóvedas nunca a prueba del fondo monetario internacional, en circuitos electrónicos en celulares y automóniles, en collares y pulseras para la reproducción de las castas en la India. O en su versión de tierra agreste, de sabinos, magueyes y palmas, de mapaches y zorras y hormigas, de tiempo detendido en las veredas que llevan a aldeas silenciosas en el sopor del mediodía.... Al centro de la fotografía, con la tierra yerma blanquecina en el filo de su cima, el cerro de oro consecionado por el Estado mexicano a la canadiense Almaden Minerals.

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Ser mexicana, ser indígena, ser campesina. Empezar por ahí esta historia: ¿desde dónde se construye una acción de defensa del territorio de los pueblos originarios?

En el portal junto a la plaza en la que mal resuena un altavoz María Helena me explica cómo siembra las habas que su marido ha extraido para pesar con una báscula de mano las que pienso llevarme para sembrar en Puebla. Es una mujer expresiva, si te dice que primero ahujeras con la pala y despues de echar la semilla la tapas con el pie ella todo lo escenifica en el suelo; y si tienes que dejar medio paso, ya lo dio ahí enfrente de uno.

Claro que ella piensa que es broma. Le he dicho que la empresa canadiense afirma que en Ixtacamaxtitlán ya nadie habla mexicano. María Helena sonríe y luego se enoja. Ha permitido que la grave y así me contesta:

Ha prometido cantar y me lo cumple. Es una canción infantil, aprendida en el catecismo tal vez. Se la cantará a sus nietos también con esos movimientos sencillos, con el pasito adelante, con las manos juntas para dormir.

María Helena se queda en el portal. Yo me llevo a la asamblea su voz dulce y el interrogante sobre la trampa que el diablo le pone a esta tierra. El diablo, ese rostro mal imaginado que piensa llevarse la fortuna y las tortugas en nombre de la palabra progreso que arrastra el metálico desvarío del capital.

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Las dos asambleas me sirven para marcar el territorio de la lucha ambiental. Las dos para tomar el pulso de los conflictos asociados a los proyectos industriales petroleros, mineros e hidroeléctricos que se le vienen encima a los pueblos cada vez más desde la criminalización de las acciones de quienes se les oponen. Las dos para constatar el avance de los movimientos de resistencia y las palabras con las que construyen ciudadanía desde la defensa de sus montañas y sus pueblos.

El sábado en Ixtacamaxtitlán, para demandar al presidente municipal la creación de un municipio libre de minería frente a la cada vez más grande presión de la empresa Almaden Minerals para lograr del gobierno el permiso de explotación en los cerros de Santa María Zotoltepec.

El domingo en Tlatlauquitepec, con la representación de decenas de comunidades de 45 municipios de Puebla Y Veracruz, cerca de dos mil personas dan idea de la importancia que los movimientos de resistencia en la Sierra de Puebla tienen ya en el escenario nacional.

La primera asamblea ocurre en el escenario extremo que representa una empresa canadiense decidida a dejar de lado la consulta indígena para presentar sin ese obstáculo ante la SEMARNAT la manifestación de impacto ambiental de su proyecto de producción de oro y plata por la vía de la explotación a cielo abierto.

La segunda se mueve en dos planos: uno, el de la lucha concreta manifiesta en la exigencia de contar para los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonahuac y Hueyapan con un programa de ordenamiento territorial como instrumento de defensa contra los proyectos industriales en la cuenca baja del río Apulco que cruza este territorio; otro, el político, con la conciencia de la gravedad de los riesgos y la importancia de lograr una estrategia de defensa con perspectiva nacional.

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Traen por la calle la consigna que le dio fama a Tetela: la tierra nos se vende, se ama y se defiende... Son de Tlatlauquitepec. Y sus líderes traen en la mira lo que más le duele a los gobiernos en México, la idea del ordenamiento territorial.

CONTINUARÁ...