Cuando los europeos descubrieron para sí el “Nuevo Mundo”, se preguntaron con insistencia si sus pobladores tenían alma. Como su primer impulso fue responder con una negativa, el papa Pablo III tuvo que dictar en 1537 la bula Sublimis Deus para que la naturaleza racional de los indios fuera oficialmente reconocida. Esto significaba reconocer tanto su capacidad como la necesidad de ser cristianizados y, en consecuencia, su derecho a ser respetados como seres libres y con facultades para ejercer el dominio sobre sus propiedades. Por esta razón los indios fueron declarados vasallos libres de la Corona y sujetos al pago de tributos. En forma paralela a este proceso se desarrollaba una intensa explotación del trabajo indígena en todos los órdenes de la economía, particularmente en la explotación minera para obtener oro y plata. Los mineros españoles, con la técnica del socavón, extrajeron 191mil 835 kilos de oro, casi 200 toneladas, entre 1521 y 1830. En cambio, en tan sólo en 10 años, entre el 2000 y el 2010, las empresas modernas, con métodos devastadores de la naturaleza como la técnica del tajo abierto, han extraído más de 400 toneladas: 419 mil, 097 kilogramos de oro[1].

Durante el periodo colonial, dice Lidia Gómez García[2], con el establecimiento de la República de Indios, la figura jurídica del cabildo de indios, que ejercía funciones de gobierno bajo la supervisión de un corregidor o alcalde mayor, le dio al concepto de “indio” un sustento legal, formalmente establecido durante los primeros años del virreinato. Después de largas discusiones sobre los derechos que debía otorgarse a los nativos de América, se decidió considerar jurídicamente al indio como menor de edad, definición que le concedió el derecho a ser protegido por la Corona Española frente a los abusos de los españoles colonizadores. La definición de indio, en consecuencia, no correspondía a una clasificación racial, sino a un estado jurídico y su reconocimiento como “sujeto de derecho”, aunque, en realidad, las diferencias con los pueblos indios no se asumieron como una diferencia cultural sino racial, lo que implicaba una discriminación mayor pues se les prohibió el trato con los españoles, no podían usar la vestimenta europea, ni tener caballos con silla y freno y tampoco armas. Es decir, el indio novohispano fue, sobre todo, una construcción racista de los europeos. En México, desde la conquista se convirtió en el nombre del habitante que antes y siempre había vivido en este continente porque el concepto no provenía, dice Carlos Montemayor[3], del sujeto mismo a quien se aplicaba, sino de la sociedad que lo conquistaba. A partir del siglo XVII, cuando la palabra indio aparece en los diccionarios europeos, ya está impregnada de una serie de significados despectivos forjados en la imaginación de los colonialistas: bárbaro, cruel, grosero, ignorante, inhumano, aborigen, antropófago, natural y salvaje. El primer Diccionario de la Real Academia Española, publicado en 1726, agregó otros calificativos despectivos: tonto y crédulo.

En 1798 el Diccionario de la Academia Francesa introdujo una importante modificación al emplear la palabra indígena, que comenzó a utilizarse para nombrar a quienes nacen en una región específica. Si utilizáramos esta palabra en un sentido amplio, indígena sería tanto un parisino nacido en París, como un iztacamaxtitleco nacido en Iztacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Esta acepción la conserva el Diccionario de la Real Academia Española en la actualidad. Estrictamente hablando, entonces, son comunidades indígenas las comunidades campesinas asentadas desde hace siglos en la región de Iztacamaxtitlán. Como el significado del término indígena es tan amplio, se ha optado últimamente por emplear el concepto de “pueblos originarios” para referirnos a los descendientes de las antiguas culturas que ocupan ancestralmente un territorio.

En buena medida las políticas indigenistas de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI son una continuación de las políticas coloniales de los Austrias, los Borbones y las Cortes de Cádiz, con las modificaciones que cada época fue implementando. Pero en el centro de las políticas del Estado (sea la Corona Española, la República Independiente o el Estado moderno) siempre ha estado la relación de los indígenas con su tierra y su territorio, que ha sido concebido desde los remotos tiempos precolombinos como un ser vivo, como un ámbito sagrado habitado por los hombres al que debe retribuírsele ritualmente de diversas maneras porque de él se obtienen los mantenimientos indispensables para gozar del bienestar que un ambiente saludable ofrece. Pero ha sido siempre esta reciprocidad con la tierra, el cielo y el inframundo lo que ha causado la incomprensión de los conquistadores, que han visto en ello desde actos demoniacos hasta costumbres reprobables por estar sustentadas en una supuesta ignorancia. La relación con el mundo natural ha sido vista por los conquistadores, desde Cristóbal Colón y Hernán Cortés hasta Monsanto y las mineras modernas, como un recurso susceptible de ser explotado al máximo, cuente lo que cueste, por que promete jugosas ganancias para los inversionistas. De manera que, a los ojos de los empresarios, cuya lógica responde exclusivamente al incremento de una ganancia, un territorio y su población consiste únicamente en un espacio que debe ser sometido a la mercantilización de la naturaleza y a la cosificación de los humanos. No hay plantas, ni animales, ni agua y aire puros, ni tierra que produzca alimentos saludables, ni vida apacible y digna de las comunidades que importe, todo ello debe someterse a la implacable ley del capital.

Aunque el equipo de GMIC no ha informado aún cuál fue el procedimiento de su investigación, algo que esperamos den conocer pronto, se les puede juzgar si atendemos a sus conclusiones. Parodiando un precepto bíblico podríamos decir: “Por sus conclusiones los conoceréis”. La conclusión a la que ha llegado el equipo de la consultora GMI Consulting, contratada por la minera canadiense Almaden Minerals, es insólita por su cinismo, pero explicable por la trayectoria ideológica a la que se debe. La conclusión a la que ha llegado este equipo es que las comunidades indígenas no existen en el entorno donde se desempeñarían las actividades de extracción de oro a cielo abierto, y, en consecuencia, no hay a quién consultar, como obliga el marco internacional y la ley constitucional. Y obliga a una consulta “libre e informada”, no a una simulación de consulta, como se pretende hacer ahora, induciendo la voluntad de la gente con obsequios, engaños y promesas, visitas guiadas a otras minas para mostrar que son inocuas y demás ardides para lograr su objetivo.

Lo que ha hecho la empresa GMIC con una supuesta metodología científica (que en realidad es la aplicación de un método que intenta una especie de etnocidio cultural al desconocer deliberadamente usos y costumbres que responden a una tradición indígena) es colocar a la compañía minera en una situación ideal para justificar que el Estado no realizó la consulta a la población que se vería afectada con la devastación de la naturaleza que implica la extracción de oro mediante métodos que envenenan la tierra y el agua y destruyen no sólo la belleza natural del lugar, que merece un mejor futuro, sino que impactan negativamente en la flora, la fauna y la vida humana saludable, como lo demuestra puntualmente el libro de Paul Hersch al analizar la perniciosa implementación de estos métodos en Carrizalillo, Guerrero y en el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí por la minera San Xavier, que sacaba del manto freático 16 millones de litros de agua al día, para mezclarlos con 16 toneladas de cianuro. Esta compañía utilizaba 25 toneladas de explosivos diarios creando ya un cráter de 67 hectáreas.

Desaparecer “metodológicamente” a las comunidades indígenas en Iztacamaxtitlán es la versión actual de un ideal liberal del siglo XIX personificado por el doctor José María Luis Mora cuando propuso al Congreso de la Unión, en 1824, que sólo se reconocieran en la sociedad las diferencias económicas y que desapareciera la palabra indio del lenguaje oficial, es decir, que se declarara, por ley, la inexistencia de los indios. Quienes comulgaban con esta estupidez comenzaron a llamar a los pueblos originarios “los antes llamados indios”. Es sabido que el pensamiento liberal se opuso frontalmente a la orientación comunal de la propiedad. La consecuencia de esta política fue el apoderamiento privado de las tierras de estos pueblos lanzando millones de hectáreas al mercado, de donde surgieron los inmensos latifundios y el trabajo semifeudal de los peones acasillados en las haciendas del porfiriato. ¿Debo recordar que esta situación provocó la violenta irrupción de la revolución mexicana y la restitución a lo largo de varias décadas de las tierras comunales, vía el ejido, a los pueblos originarios que las demandaban?

En febrero de 2017 se publicó un minucioso informe titulado: Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del Río Apulco. Sus autores, Alejandro González, Tamar Hayrikyan, Patricia Legarreta, Mayeli Sánchez, Julieta Lamerti, Oscar Pineda, Silvia Villaseñor, Alejandro Marreros y Esmeralda García forman parte de las organizaciones IMDEC, PODER, CESDER y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, al Agua y la Vida, ATCOLHUA. Se trata de una investigación cuidadosa y muy bien sustentada que pinta de cuerpo entero a la minera Almaden Minerals como perniciosa en sus procedimientos administrativos y en sus afectaciones ambientales, que ha impactado negativamente en los derechos humanos en México y otros países. Tengo la certeza de que la minera canadiense recurrió a la empresa GMI Consulting para contrarrestar la demoledora crítica que llevaron a cabo estos colegas.

En las próximas semanas instalaremos en el auditorio de Iztacamaxtitlán la exposición itinerante que han organizado los antropólogos del INAH-Morelos, que muestra los daños que la minería a cielo abierto para extraer oro causa al medio ambiente y a la salud humana. Es un buen espacio para tener también un debate con el equipo de investigación de GMI Consulting. Están cordialmente invitados a participar en una mesa redonda donde analicemos tanto la existencia de comunidades indígenas en la región, como los perjuicios irreversibles que puede causar la minería. Si aceptan debatir con nosotros háganlo saber por este medio para ponernos de acuerdo en los términos de la discusión.

[1] Hersch Paul, El oro o la vida. Patrimonio cultural y megaminería: Un reto múltiple, INAH, 2015.

[2] Gómez García Lidia, La construcción del Estado Nacional desde la perspectiva de los pueblos indios en Puebla, Educación y Cultura-BUAP, México, 2010.

[3] Montemayor, Carlos, Los pueblos indios de México hoy, Planeta, México, 2001.

Mundo Nuestro. Este texto de Julio Glockner abre una ventana al complejo proceso que enfrentan las comunidades campesinas que sufren el acoso de los proyectos industriales, particularmente en la Sierra Norte de Puebla. La empresa canadiense Almaden Minerals dio a conocer en diciembre que la empresa mexicana GMI Consulting realizó un estudio de Evaluación de Impacto Social que concluye que en Ixtacamaxtitlán no hay pueblos indígenas, y que por lo tanto no es necesaria la consulta indígena a la que obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por el gobierno mexicano.

El texto de Julio Gloxkner debemos leerlo también desde la coyuntura que se vive en el proceso legal del juicio de amparo interpuesto por el ejido de Tecoltemic con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con sede en Puebla, dentro del Recurso de Queja 184/2017, queda firme la orden de suspensión de las actividades de la minera en sus concesiones Cerrón Grande y Cerrón Grande II, además de que el juez Cuarto de Distrito tendrá que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera, hecha valer por los pobladores.

Reitera juez suspensión a proyectos mineros en Ixtacamaxtitlán

La minera canadiense Almaden Minerals contrató los servicios de una empresa denominada GMI Consulting que tiene como director jurídico al señor c, quien ostenta el título de doctor en derecho constitucional por la Universidad Marista. Esta universidad sustenta su filosofía en los principios de los “Hermanos Maristas” y pretende formar “profesionales con valores integrales y adecuados a la sociedad”, siempre bajo el lema: SER PARA SERVIR.

Haciendo a un lado los testimonios de las decenas de víctimas de abuso sexual que involucraron a decenas de sacerdotes y que configuraron uno de los casos más grandes de abusos eclesiásticos a nivel mundial, casos que ya la Congregación Marista ha reconocido, pedido perdón y financiado el tratamiento psicológico correspondiente, pasemos a examinar los valores con los que la Universidad Marista forma a sus muchachos y a cotejar si el doctor en derecho Gudiño Gual los cumple cabalmente, pues estamos hablando de un “humanismo cristiano” y una formación cívica que, se supone, son los ingredientes esenciales de la educación marista, empeñada en formar “buenos cristianos y virtuosos ciudadanos".

No está por demás, antes de pasar a examinar el comportamiento ético y profesional del doctor Gudiño, mencionar al lector los valores que deben guíar a los profesionistas egresados de esta universidad:

“Valores: Convencidos de la dignidad de la persona, tenemos el humanismo cristiano, como principio rector; sustentamos como valores fundamentales la justicia, la paz, la libertad, la apertura y la fraternidad. Que se expresan en servicio, trabajo, responsabilidad individual y social, respeto, honestidad, sensibilidad a la expresión personal, trascendencia, pluralismo y apertura a la unidad armónica, dignidad de todo ser humano y búsqueda permanente de la verdad; todos ellos englobados en la integridad. Somos congruentes con nuestros orígenes y con la filosofía expresada en nuestros Principios, Fines y Objetivos. Como institución, nuestra Universidad, fiel al mensaje evangélico; se reconoce pluralista y busca la verdad permanente”.

Ahora veamos de cerca al doctor Gudiño Gual en acción:

Según sus propias palabras, aplicó una “metodología cualitativa con inmersiones sociológicas y antropológicas”, para ver si las comunidades aledañas al proyecto minero son comunidades indígenas, puesto que, de ser así, la minera canadiense tendría un serio obstáculo para destrozar las montañas en busca de oro y plata, ya que los territorios de los pueblos indígenas están protegidos por convenios internacionales, que son ley constitucional. El resultado de sus “inmersiones antropológicas” fue que: “no existen comunidades indígenas en ninguna de las áreas de influencia, ni en la zona directa ni en la indirecta”.

Leer esta declaración del doctor Gudiño me sorprendió enormemente, puesto que yo he estado en la región y he hablado con muchos habitantes de las comunidades indígenas que serían afectadas por la minera. Conozco la historia de la región y sé que ha habido asentamientos desde la época prehispánica, algunos importantes hallazgos arqueológicos se encuentran en el museo de sitio de Iztacamaxtitlán y la crónica de Bernal Díaz del Castillo y la segunda carta de Hernán Cortés a Carlos V lo confirman. Asimismo, está documentada la visita que hizo el siglo pasado el antropólogo francés Jaques Soustelle, quien relató su estancia en 1934 en el municipio en un libro que le recomiendo leer al doctor Gudiño: “México, tierra india”, publicado por la SEP, donde aparece una fotografía sumamente interesante del dios Tezcatlipoca, tomado justamente en la cima de una de las montañas de la hermosa sierra que la compañía Almaden Minerals pretende destruir.

¿Qué clase de “inmersión antropológica” hizo este doctor que evidentemente ignora, no sólo la historia cultural de la región, sino la existencia misma de los descendientes del pueblo nahua que la han poblado ininterrumpidamente durante siglos y hasta nuestros días?

¿No sabe acaso el doctor de la importancia de la evangelización franciscana en la región desde el siglo XVI y de los santuarios del Señor de la Salud y el Señor de la Buena Muerte?, dos Cristos cuyos templos están ubicados en sendos macizos montañosos, conformando una geografía sagrada que es la sincrética continuación de los ritos mesoamericanos dedicados a la fertilidad, la abundancia, la salud y el bienestar de los habitantes de ayer y hoy. Todo parece indicar que nuestro doctor no ha hecho una inmersión, sino más bien una inversión en intereses ajenos a las comunidades indígenas. Algo que comienza a ser sospechoso y absolutamente ajeno a los principios éticos de su Alma Mater, pues parece poco preocupado por la búsqueda de la verdad.

Sabemos de la ambición desmedida de la compañía minera y sus filiales en México, “Gavilán” y “Gorrión”, capaces de mentir a los habitantes de las regiones donde operan haciéndoles imaginar un mundo de prosperidad y bienestar, cuando lo que les espera, de operar la minera, es la contaminación del agua y la tierra, la destrucción de la belleza natural, el fin de la tranquilidad en los pueblos, del aire limpio, de un ambiente sano, de enfermedades dermatológicas y respiratorias. Esto debía saberlo el doctor Gudiño, pues está ampliamente documentado en otras zonas del país, también debía saber de la Encíclica del Papa Francisco en defensa de los territorios indígenas y el medio ambiente, denominada Laudato Si, del 24 mayo de 2015 y promulgada a propósito del “cuidado de la casa común del paneta”, y también debería conocer los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los territorios de los pueblos originarios y condicionan cualquier intervención externa en ellos a una CONSULTA INFORMADA y CONVENIDA CON ELLOS antes de tomar cualquier decisión.

¿Por qué el doctor en derecho insiste en que los indígenas no existen en la región y que él sólo encontró a una mujer indígena de 70 años, “a la que ya se le olvidó la lengua”, como le dijo a la reportera de Contralínea, Nancy Flores? A quien le responde con una lógica que quisiera indiscutible: “Si no hay comunidades indígenas, no hay consulta.” Aquí comienza a aparecer claramente su educación doctoral: se trata de evadir las leyes constitucionales y los convenios internacionales, como el 169 de la OIT, negando que hay comunidades indígenas. ¡Ahora vamos entendiendo mejor sus estudios en derecho constitucional! “Ser para servir” ¿A quién? Evidentemente a quien paga sus honorarios, aunque tenga que desaparecen de sus informes a las comunidades indígenas del mapa.

Por si fuera poco, otro abogado salta a la palestra de la violación de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, el licenciado Alberto Vázquez, apoderado legal de la Minera Gorrión quien, ufano, dice a la reportera:

“Tenemos oficios confirmando la inexistencia de comunidades indígenas. No es algo que nosotros hayamos determinado porque, independientemente de la consulta a un experto en la materia, hemos procurado hacer las cosas en forma correcta y tenemos respuesta de las autoridades respecto de la no existencia de comunidades indígenas en el municipio de Ixtacamaxtitlán, que es donde se ubica el Proyecto Ixtaca”.

Pero la reportera comenta a sus lectores:

“Esos supuestos oficios chocarían no sólo contra la evaluación de la Semarnat, sino también contra datos oficiales del Inegi, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). Además, el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas del Inali, también contrasta con la versión de la empresa. Este documento señala que en Ixtacamaxtitlán son 63 las comunidades hablantes del Náhuatl, entre las que incluye a Santa María Zotoltepec.” En esta última localidad opera actualmente la minera.

Durante siglos enteros los pueblos y comunidades indígenas han padecido la imposición de proyectos de todo tipo sin ser tomados en cuenta. Se ha diseñado una y otra vez el destino de estos pueblos sin considerar su opinión. Justamente el Convenio 169 pone fin a esta práctica autoritaria y discriminatoria. Los pueblos y comunidades indígenas deben hacer valer el que se les reconozca como sujetos colectivos de derecho. Se trata de algo muy simple: el derecho a tener un destino propio. El derecho a ser informados de las consecuencias que traerán los proyectos que se les proponen, a tomar decisiones colectivas y a beneficiarse con las políticas de desarrollo que se realicen en los territorios que han habitado ancestralmente. Quisiera recordarle al señor Gudiño Gual algunos artículos del Convenio 169 que deliberadamente se niega a respetar, desapareciendo en su cabeza y en sus papeles una milenaria presencia de las comunidades indígenas en la región:

El artículo 1 establece a quienes se aplica el convenio, diciendo que se aplica “A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país… en la época de la conquista o la colonización… y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

1. 2 Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. 6 Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
3. 7 Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de los posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
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1.- Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

2.- Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

Estos artículos tienen la cualidad del rango constitucional y están vigentes desde el año de 1991. Todo consiste en conocerlos y hacerlos valer. La ley está del lado de los pueblos que se protegen a sí mismos y que protegen su medio ambiente.

Finalmente, citando al doctor Jorge Sánchez Cordero, especialista en derecho patrimonial y comunitario, digo que existen otros acuerdos internacionales, suscritos por el gobierno de la república en fechas más o menos recientes. Me refiero a la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) aprobada por la Organización de Estados Americanos el mes de junio del 2016 y cuyas disposiciones obligan a los Estados firmantes a proporcionar diversos tipos de reparación por medio de mecanismos eficaces, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, que podrán incluir la restitución de bienes culturales, religiosos y espirituales de los que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación a sus leyes, tradiciones y costumbres (Artículo XIII, fracción 2)

Más aún, estos pueblos tienen derecho a participar de manera plena y efectiva en la adopción de decisiones en las iniciativas que afecten sus derechos y se relacionen con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones inherentes a los asuntos indígenas.

En los términos de la DADPI el Estado mexicano tiene la obligación de realizar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado (Artículo XXIII, fracciones 1 y 2)

Estos son sólo algunos de los recursos legales que tenemos los mexicanos, y en particular los pueblos originarios, para defender sus derechos colectivos.

"El ser humano ha convertido al mundo en un infierno para los animales"- Arthur Schopenhauer

Días antes de leer el título de la nota de Milenio Digital del pasado 16 de febrero --"Asegura PROFEPA 44 búfalos en Puebla"--, en las siempre activas redes de protectores de animales ya me había enterado de que en el municipio de San Gregorio Atzompa, a solo 15 minutos de la ciudad de Puebla, en la junta auxiliar de la comunidad agrícola de Chipilo, en un establo en el que las habían dejado encargadas desde hace meses, se estaban muriendo de hambre 44 búfalas de agua originarias de Vietnam. Diferentes denuncias habían llegado al municipio de San Gregorio y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Sustentabilidad sin que nada sucediera. Las fotos en las redes de los pobres animales daban cuenta de sus huesos, su maltrato y sus llagas. Costales de huesos con unos ojos desesperados que no podían dejar de conmovernos. Al ver que eran bovinos de una especie al parecer exótica, se probó la vía de poner la denuncia en PROFEPA, y hay que reconocer que actuaron de manera rápida e impecable.

La nota del periódico, escueta y directa, da cuenta de lo que ahí encontraron las autoridades:

"La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Puebla aseguró de manera precautoria 44 búfalos de agua (Bubalus Bubalis) en el municipio de San Gregrorio Atzompa. Los ejemplares de vida silvestre presentaron signos de desnutrición avanzada y maltrato, además de que la persona que las tenía en custodia no acreditó la legal procedencia de los mismos. Derivado de una denuncia, personal de PROFEPA realizó una visita de inspección a un predio donde se señalaba la presencia de fauna exótica. Las autoridades constaron los hechos denunciados de desnutrición avanzada, deshidratación, laceraciones en la piel y estrés, condiciones que atentan contra el trato digno y respetuoso a los animales, de acuerdo a los artículos 32, 33, 35 y 36 de la Ley General de Vida Silvestre. En coordinación con asociaciones civiles que han preferido guardar el anonimato se les brinda atención médica veterinaria, así como una dieta balanceada con la finalidad de salvaguardar la fauna silvestre asegurada. Se informa a la sociedad que poseer animales exóticos (aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural) requiere de documentación que acredite su legal procedencia y producto de un aprovechamiento sustentable."

Hasta ahí la nota.

¿Qué hacían 44 búfalos de Viet Nam en Chipilo? ¿Por qué los animales son traficados de esta manera cruel y absurda, y sobre todo, para qué? Buscando en internet bajo el rubro "Cría de búfalos en Puebla" aparecen algunos datos inquietantes. En el Diario Cambio de abril de 2015 aparece una nota que dice "Tras cuatro años de prisión, absuelven a Ismael Coronel Sicarios, alias El Judío, beneficiario durante la administración de Mario Marín Torres para la cría de búfalos. Ismael Coronel, Presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Búfalos en 2011, habría sido detenido al finalizar la administración de Mario Marín, en febrero de 2011, acusado de ser operador de Héctor Beltrán Leyva.". Otra nota del diario La Razón da cuenta de algo parecido: "Detienen a ganadero presidente de una asociación de criadores de búfalos por presuntos vínculos con los Beltrán Leyva .Dicha actividad sería un pretexto para encubrir actividades ilícitas".

Hasta ahí la información y el vínculo que encuentro acerca de la crianza de búfalos, sus posibles importadores mediante un programa de gobierno, y la aparición de estos animales maltratados en Chipilo, Puebla. El rumor en Chipilo es que habían traído a los búfalos en un programa piloto del gobierno estatal para ver si servían para hacer salami. Hasta el momento la persona a la que le dejaron en custodia las búfalas no ha podido acreditar su legal procedencia. Finalmente el custodio es solo un granjero de Chipilo al que le ofrecieron un contrato de mantenimiento de los animales y a quien desde hace meses le dejaron de mandar el dinero para la operación del establo. Una persona piadosa se enteró del maltrato y la muerte por hambre a la que estaban destinados estos animales e hizo la denuncia anónima a los grupos de defensa de los animales y a PROFEPA.

No encuentro otra fuente de información acerca de la posible llegada de estos animales a Puebla. Sí recuerdo que en 2010 hubo una gran inauguración de un programa estatal de mejora de raza de caballos en unas instalaciones que eran supuestamente públicas a la salida de Chipilo. Fue un gran fiestón rodeado de camionetotas y séquitos típicos de políticos. Se anunció que ahí habría sementales y otras lindezas. A los pocos meses de irse Marín, el centro de mejora de raza de caballos mutó en Restaurante Los Caballos y recientemente derivó en un lugar en donde se vende pastura. Las puntadas sexenales que acaban en abandono. Esas 44 búfalos hembras maltratadas y hambrientas pueden ser el saldo de lo que fue un alegre programa de gobierno, programas como los que aprovechó Guillermo Padrés para hacerse de ganado fino en Sonora y Cesar Duarte en Chihuahua para clavarse una enorme remesa de borregos importados de Nueva Zelanda.

Los animales son parte de la cadena alimenticia del ser humano, pero eso no nos da derecho a maltratarlos. Somos una especie bastante inconsciente y soberbia. La multa por maltrato animal como el que documentó PROFEPA es de 240 mil pesos y hasta 9 años de cárcel. Quien maltrata a un animal también es capaz de maltratar a niños y a personas. Detectar a las personas capaces de hacer crueldades a los animales es parte del trabajo de la lucha contra la violencia en nuestro país y hay que reconocer el trabajo útil y generoso de las organizaciones que protegen y trabajan para evitar la violencia hacia los animales. Su trabajo es valioso y merecen nuestra admiración y reconocimiento.

Mundo Nuestro. El pasado viernes 9 de febrero se produjo un hecho de violencia relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coyolapa Atzala que la empresa Minera Autlán quiere construir en territorios de los municipios de Zoquitlán y Tlacotepec, en la Sierra Negra. La denuncia que hacen las organizaciones civiles Somos MAÍZ y la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan AC señala abiertamente a Cirilo Trujillo Lezama, actual alcalde de Tlacotepec de Díaz y al grupo industrial que intenta construir ese proyecto.

Como tantos otros megaproyectos, el de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala identifica un conflicto que mantiene en vilo a las comunidades indígenas cuyos territorios sufren el acoso de las empresas mineras y energéticas impulsadas por la política de desarrollo industrial promovida desde el estado mexicano, sin que se resuelvan de fondo los cuestionamientos sobre problemas sociales y ambientales que acarrean.

Los procesos, paso a paso, derivan en la violencia como la que ahora se denuncia. Debemos exigir no sólo la investigación a fondo sobre este hecho, con la identificación y procesamiento de los responsables, sino el debate público sobre la política de desarrollo industrial en los territorios serranos de los pueblos originarios.

Los pueblos rebeldes caminan hacia la libertad;

los pueblos sumisos marchan hacia la esclavitud.

L.R

El pasado viernes, sujetos armados y encapuchados que viajaban en una camioneta Ford Lobo negra, cabina y media, incendiaron una unidad de la línea AU rentada por nuestra organización, cerca de la comunidad de Alcomunga en la Sierra Negra de Ajalpan.

Los choferes del AU regresaban de haber dejado a nuestros compañeros en el municipio de Tlacotepec de Díaz, después de haber participado en movilizaciones y protestas en la Ciudad de México contra la Secretaría de Energía (Sener), exigiendo la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, propiedad de Minera Autlan y que pretende construir en la zona baja de la montaña.

Los agresores les cerraron el paso antes de llegar a la comunidad mencionada, los maniataron y fueron bajados con violencia y amenazas, luego rociaron gasolina y prendieron fuego a la unidad de trasporte, señalando que era una advertencia para nosotros.

Denunciamos a Cirilo Trujillo Lezama, alcalde de Tlacotepec de Díaz como el autor material de este acto delictivo y de intimidación. Pistoleros a sus órdenes y bajo el mando de su hermano Marcelo son quienes encañonaron a los choferes y cometieron el incendio al autobus. Atrás de estos actos de violencia e intimidación se encuentra, desde luego, Minera Autlan.

No es la primera vez que Trujillo Lezama recurre a la violencia como su modus operandi. El 24 de noviembre de 2106, dos pistoleros contratados por él y su hermano atacaron a mano armada las instalaciones de Radio Tleyole, las Voces del Maíz, medio comunitario e independiente que pertenece a nuestro movimiento, resultando herido con una bala 9 mm el locutor Gerardo Rivera Juárez, crimen que sigue impune hasta la fecha.

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Una empresa voraz, un permiso amañado, la resistencia indígena y “un alcalde de otro nivel”

Lo mismo ha sucedido con Fermín González León, alcalde de Zoquitlan. El, su familia y allegados han recurrido en reiteradas ocasiones a las amenazas y a la agresión física directa contra nosotros, de manera pública y en asambleas celebradas en Coyolapa. Zoquitlan y Pozotitla entre otras comunidades opositoras a los megaproyectos.

Estos alcaldes que pertenecen al grupo político del Senador Miguel Barbosa Huerta, virtual candidato de Morena al gobierno de Puebla y su principal mentor, actúan como el brazo armado de la empresa minera que tiene proyectado, además del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzalan, otras dos presas hidroeléctricas en la Sierra Negra.

El pasado 4 de este año y mes en curso, aprovechando la visita de López Obrador a la población de Zoquitlan, hicimos una protesta y acusamos públicamente a estos dos alcaldes por operar violenta y abiertamente en favor de los intereses de la minera. Ante esto, tanto López Obrador como Barbos Huerta, se vieron forzados a declararse en contra de la hidroeléctrica.

Ahora los emplazamos a ser coherentes con su dicho, exigiéndoles que veten y retiren la candidatura de Cirilo Trujillo Lezama por PT-Morena a la diputación por el distrito de Ajalpan, por su actuar fuera de la ley y por ser operador de Minera Autlán.

Denunciamos también el actuar cómplice del gobierno federal en favor de la Minera, ya que la Secretaria de Energía, durante año y medio ha intentado mediante amenazas, sobornos, corrupción, violencia y la ayuda de estos dos alcaldes, imponer una “consulta indígena” para avalar la construcción de la represa, obra que afectaría de manera irreversible los ríos Huitzilac, Coyolpa y el Tonto, tanto en Puebla como en Oaxaca y Veracruz impactando toda la cuenca del Río Papaloapan.

Refrendamos nuestra postura contra los megaproyectos en la Sierra Negra y les decimos que no podrán construirlos porque la determinación de nuestras comunidades ha sido contundente, firme e intransigente en la defensa del territorio, sus bosques y ríos.

Declaramos que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, está rebasado por la realidad ya que no es un instrumento legal para la autodeterminación de los pueblos indígenas, sino la llave con la cual el gobierno mexicano y las empresas avalan y legalizan el despojo de nuestros territorios por medio del mecanismo de la consulta que dicha norma internacional establece y obliga.

Responsabilizamos públicamente a estos dos alcaldes, a Minera Autlan y a la Sener de cualquier acto de violencia que sigan desarrollando contra el MAIZ y las comunidades nahuas en resistencia de la Sierra Negra.

¡Por la libre autodeterminación de nuestros pueblos!

¡Los ríos no se venden, se cuidan y defienden!

Fuera Minera Autlán de la Sierra Negra

Tehuacán, Ciudad de Indios; Puebla: 12 de Febrero de 2018.

Somos MAIZ y la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, AC