Economía

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Mundo Nuestro tiene un objetivo prioritario: realizar un periodismo de investigación que contribuya en la construcción de una estrategia nacional de conservación, desarrollo y custodia de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, lo que se llama el patrimonio biocultural de México.

El mundo, no sólo Estados Unidos, están a la expectativa de unos comicios que tendrán un impacto histórico perdurable. Si Trump lograra reelegirse, la incertidumbre, ya de por sí enorme por la pandemia y sus efectos, pondría en peligro la recuperación económica a nivel mundial. Dentro de EU, la inestabilidad social también empeoraría como resultado de enfrentamientos cada vez más violentos entre las comunidades negras y los supremacistas blancos. Los esfuerzos por detener el deterioro ambiental y el cambio climático quedarían estancados, y, en fin, un conjunto de problemas domésticos y planetarios quedarían a merced de un personaje imprevisible, mentiroso e irremediablemente corrupto y corruptor. El triunfo de Biden, el demócrata, no garantiza grandes soluciones, pero al menos un poco más de transparencia, certeza y estabilidad.

Para México, el resultado podría impactar en distintos sentidos: la política hacia América Latina; las presiones por detener la migración indocumentada; y los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones. Hay, sin embargo, un asunto especial que merece mayor atención porque ha sido menos conocido: las relaciones laborales en México.



Para entender el asunto, vale la pena recordar que la renegociación del TLCAN y la firma del T-MEC dieron lugar a un nuevo capítulo laboral. En dicho tratado se incluyó el llamado anexo 23-A que se titula “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. No hay duda de que dicho anexo fue pactado para tratar de impedir que en nuestro país se siguieran aplicando los contratos de protección y el llamado dumping social, es decir, la caída permanente de los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos con el objeto de atraer inversiones y empresas de allá para acá. En función de esos acuerdos, México se comprometió a reformar su legislación laboral, cosa que sucedió efectivamente en abril de 2019.

Las enmiendas dieron luz, legalmente, a un nuevo modelo. El que estuvo vigente durante más de cien años se basaba en la justicia tripartita (gobierno, empresarios y trabajadores); éste se apoya ahora en tribunales judiciales. El viejo orden daba al gobierno la facultad de reconocimiento y control de los sindicatos; el nuevo se funda en una muy amplia libertad sindical. El esquema anterior construyó un sistema de negociación colectiva manejado por los empleadores y a veces por el gobierno en turno: el que se inaugura deja el poder de decisión a los trabajadores. Por primera vez en mucho tiempo, éstos tendrán la posibilidad de elegir mediante voto secreto, personal y directo a sus dirigentes y representantes; y adherirse a la organización que prefieran.

A pesar de estas reformas, la votación del (nuevo) Tratado en el Congreso de EU fue un asunto complicado que finalmente se resolvió gracias a la Ley 5430 aprobada el 3 de enero de 2020 por los legisladores estadounidenses. Dicho ordenamiento incluyó la creación de una Comisión Interinstitucional de Asuntos Laborales que “evaluará semestralmente en qué medida México cumple sus obligaciones” relativas a las reformas del derecho laboral, y “especialmente, si los recursos asignados por México son consistentes con el compromiso asumido”. La comisión contará con el apoyo de un Comité Independiente de Expertos Laborales, cuyos 12 integrantes serán designados por ambos partidos representados en el Congreso (demócratas y republicanos) y por el gobierno. En el caso de incumplimiento, la comisión podrá recomendar sanciones de carácter comercial. Se establecerá asimismo una línea directa (hot line) para los trabajadores mexicanos, y el gobierno de EU deberá contratar cinco agregados laborales que se instalarán en la embajada de EU en México y que tendrán la tarea de asistir a la comisión para “monitorear y hacer cumplir” las obligaciones contenidas en el T-MEC y la ley mexicana.



En síntesis, el Tratado contempla un pesado aparato burocrático que vigilará las condiciones de los trabajadores mexicanos, especialmente en industrias como: ensamblado de automóviles; autoparte; aeroespacial; electrónica; call centers; minería y acero y aluminio. Esta inspección podrá realizarse in situ, en los centros de trabajo, y los agregados también estarán en condiciones de recibir quejas directas de los trabajadores mexicanos mediante una línea telefónica y un sitio de internet especialmente dispuestos para ello. En caso de encontrar violaciones que no sean subsanadas, las mercancías producidas en estas empresas serían detenidas en la frontera sin poder ingresar a EU y Canadá, o bien recibirían un arancel especial.



Esta maquinaria, legal e institucional, va a quedar en pie no obstante los cambios políticos que se produzcan en Washington por las elecciones del 3 de noviembre.

Mientras, en México las cosas cambiaron en más de un sentido: los efectos de la pandemia y el freno económico tuvieron una respuesta del gobierno que consistió en mantener su programa original, previsto desde el año pasado y, además, llevar a cabo un ajuste al gasto público. Esta política de austeridad se confirmó en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso para 2021.

De esta manera, el desplome de la ocupación, formal e informal, y de los ingresos de las familias, no han tenido una compensación, provocando una enorme deuda social que se reflejará en un aumento de los índices de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, es previsible que la recuperación económica sea mucho más lenta durante el resto del año y 2021.Esta situación, sin duda, hará más difícil la negociación colectiva pues las empresas buscarán (ya lo están haciendo), recortar personal, otorgar menos prestaciones o congelar los salarios. Además, mientras no se resuelva el problema sanitario, se corre el riesgo de que la reanudación de actividades provoque más contagios y muertes como parece que está sucediendo en la industria maquiladora en la frontera norte del país. Los brotes de inconformidad social dentro y fuera de los centros de trabajo pueden surgir y extenderse a diversas ramas económicas.

En estas condiciones, la implementación de la reforma laboral, con la vigilancia y en algunos casos la inspección directa de personal estadounidense podría ser causa de disputas y controversias. Aunque el tinglado armado por demócratas y republicanos no se va a modificar, gane quien gane la presidencia, probablemente habría una diferencia notable en la manera de aplicarse. Si el triunfador fuera Trump, es probable que la supervisión pudiera ser más tolerante con las empresas o utilizarse como mecanismo de chantaje para obtener otras ventajas. Y si ganan los demócratas, la presión de los sindicatos de ese país podría ser mayor para que el “monitoreo” de nuestro país se cumpla eficaz y puntualmente.

De cualquier manera, es evidente que urge una acción decidida del gobierno de la república y el poder legislativo mexicanos para frenar la pobreza y el desempleo, proteger a los trabajadores y reanimar la economía con los menores peligros sanitarios posibles. Sólo de esta manera se podrá fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores.

El futuro de la reforma laboral no puede depender de la presión de Estados Unidos sobre México. Aún si admitiéramos que las intenciones son loables, los trabajadores mexicanos no pueden convertirse en piezas de un mecanismo al servicio de un país extranjero: nada más y nada menos que la nación más poderosa del mundo.

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Poco tiempo antes de su lamentable fallecimiento en marzo de 2020, Alejandro Nadal, con la colaboración de Francisco Aguayo y Marcos Chávez, preparó un ambicioso trabajo de análisis y reflexión para la Comi­ sión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) llamado Pensar fuera de la caja. La economía mexicana y sus posibles alternativas,1 el cual constituye un proyecto de largo aliento de reflexión y crítica de fondo del estilo de desarrollo practicado en México en las últimas décadas, y abre un debate no sólo sobre políticas, sino además sobre los fundamentos conceptuales en que éstas se sustentan y justifican. Es un llamado a un debate teórico de fondo.

Como ha sido habitual en muchos de los trabajos de Alejandro Nadal, esta obra vincula el estudio de la coyuntura con la develación de la estructura, el corto con el largo plazo y la evidencia empírica con el entramado conceptual. Por eso nos entrega un libro original, rico en información, denso en reflexio­ nes y que, visto en perspectiva, plantea la urgencia de un renacimiento del debate en la disciplina económica que, como él mismo dice, escape del confi­ namiento del pensamiento único y supere la marginación que en el ámbito de la academia y los espacios de decisión sobre política económica han sufrido sistemáticamente los enfoques alternativos que genéricamente pue­ den agruparse bajo la denominación de economía heterodoxa.

En sus propias palabras:

En los últimos cuatro decenios la evolución de la teoría económica dominante se ha caracterizado por un creciente dogmatismo y el rechazo al pluralismo inte­ lectual. Por eso, hoy más que nunca, si se quiere avanzar en la vía de un cambio es indispensable acompañar el debate sobre las estrategias de desarrollo con una crítica certera de la teoría dominante [p. 17].



El trabajo se agrupa en seis apartados que pueden resumirse en 1) el legado del neoliberalismo en México; 2) la importancia de la teoría económica; 3) consideraciones sobre el banco central y la política monetaria; 4) la crea­ ción monetaria; 5) la política fiscal y el papel del Estado, y 6) la política comercial y el proyecto de industrialización, además de un sustancioso capítulo de conclusiones.

El punto de partida para el análisis de lo que el autor denomina los sal­ dos del neoliberalismo es la categoría de régimen de acumulación (pers­ pectiva teórica común de varias corrientes heterodoxas), y no sólo como una variante de política económica. La distinción es crucial, ya que, como lo señala Nadal, las reformas en lo que hemos conocido como el régimen neoli­ beral no se reducen al ámbito de la economía, sino que abarcan a los sistemas judicial, educativo, de salud pública, y energético, así como, en general, el papel del Estado en la sociedad (p. 27).

Tres han sido, según Nadal, los ámbitos principales donde estas reformas representaron transformaciones estructurales que permiten hablar de un cambio en el régimen de acumulación: la redefinición del pacto social capi­tal­-trabajo­-Estado; la ampliación y la redefinición de los espacios de acumu­ lación privada, y la refuncionalización del papel del Estado en la estrategia de desarrollo (pp. 27­28).

Desde un enfoque de régimen de acumulación se asume, nos dice el autor, que las economías capitalistas son formaciones sociales históricamente determinadas, marcadas por la inestabilidad y proclives a las crisis como consecuencia de sus contradicciones internas. Y señala que las dos contra­ dicciones principales intrínsecas a estas economías son el conflicto de clase y la competencia intercapitalista (p. 28).

Según Nadal, la reforma neoliberal no pudo dar cumplimiento a sus principales promesas de acelerar el crecimiento, abatir la desigualdad y la pobreza y lograr un proceso de convergencia creciente con la economía estadunidense. Por el contrario, lo que tenemos es una condición en la que las relaciones macroeconómicas fundamentales, tanto externas como inter­ nas, se mantienen en estado de desequilibrio crónico o, en el mejor de los casos —concede—, en equilibrios precarios.



Sin embargo, llama la atención el autor sobre la falta de profundidad en la crítica a estos resultados. A lo largo del texto insiste una y otra vez en que, sin un debate sobre la teoría misma, sus postulados y sus resultados, la dis­ cusión sobre la política económica y los efectos a los que ha llevado se limita a una crítica superficial.

Ello se expresa, por ejemplo, en que en muchos de los casos el análisis de los (pobres) resultados no asume que el marco teórico que los justifica es, a su vez, incapaz de explicar los motivos de éstos, lo cual conduce a falsas conclusiones que ponen el énfasis en los problemas de implementación, velocidad, trayectoria o secuencia de las reformas, y no en su contenido mismo. Por ello, para entender sus limitaciones y las razones de sus resulta­ dos, es indispensable pensar fuera de la caja.

Como el propio Nadal lo señala en sus conclusiones:



La conclusión principal a la que conduce este documento no es solamente que el balance de tres décadas de neoliberalismo ha sido negativo, sino que esto era un resultado previsible. Este régimen de acumulación no sólo acentúa las asime­ trías y los desequilibrios sino también intensifica la asfixia de las fuentes inter­ nas de crecimiento y cambio cualitativo. De este modo, la economía mexicana está atrapada en una trayectoria de baja productividad y desigualdad creciente, cuyos efectos perniciosos se acumularán en el tiempo hasta hacerla insostenible [p. 209].

Buena parte del documento se destina a un análisis minucioso y un debate vigoroso con los fundamentos de la teoría neoclásica y, en particular, con los supuestos de la teoría del equilibrio general. Diversos asuntos relevantes se abordan de manera crítica, como la neutralidad de la moneda; la autocorrección y la autorregulación de los mercados; la teoría de las expectativas racionales y el supuesto del agente representativo; la crítica al modelo is­lm como distorsión a las contribuciones fundamentales de Keynes, entre otros.

El autor se lamenta de la falta de profundidad en los debates sobre la disciplina económica y lo atribuye a que en términos generales el desarrollo de la teoría de equilibrio general se ha llevado a cabo en un mundo académico cerrado y sin oportunidades adecuadas para escu­ char voces disidentes. En ese mundo cerrado se promovió una visión engañosa que fomentaba la idea falsa de que existía una teoría sólida sobre la eficiencia del mercado en la asignación de recursos. La teoría neoclásica del mercado fracasó en su intento por demostrar que las fuerzas de mercado conducen a asignaciones óptimas (de equilibrio general competitivo). En general, esto no se enseña en las universidades y eso explica una buena parte de la ignorancia sobre este aspecto de la teoría de equilibrio general [p. 67].

Incluso es particularmente duro cuando, siguiendo a Lakatos, advierte que es un hecho que los principales ejes de la agenda de investigación sobre la teoría del mercado general llegaron hace décadas a un callejón sin salida y hoy se han convertido en un programa, así le denomina, de investigación degenerativa.

Deberían de ser objeto de investigaciones y desarrollos futuros varias de las conclusiones a las que Nadal llega respecto de los saldos del régimen neoliberal de acumulación en México. Destaco algunas de ellas:

  1. La contrapartida del superávit primario es un costo social muy ele­ vado (p. 21).

  2. El tipo de integración al sistema económico internacional ha refor­ zado un perfil de especialización productiva que no sólo no garantiza la estabilidad externa, sino que además confina al país a una trayecto­ ria de bajo crecimiento y baja productividad (p. 47).

  3. El carácter dependiente del sistema económico respecto del sistema financiero internacional ha derivado en un déficit estructural en la cuenta corriente. Este rasgo, invisible desde el enfoque monetario de la balanza de pagos, implica una subordinación de las metas de desarro­ llo y crecimiento a las reglas del financiamiento internacional (p. 49).

  4. En México el déficit comercial crónico contribuye, junto con el dé­ ficit creciente de servicios factoriales, al deterioro, también crónico y cíclico, de la cuenta corriente.

  5. Se han concentrado las exportaciones en pocos productos, mientras hay una creciente diversificación de las importaciones.

  6. A partir de la reforma energética el país transitó rápidamente de la petrolización extractivista a la inseguridad energética.

  7. El nuevo tipo de inserción internacional tiene problemas en términos dinámicos, dado que enfrenta límites parecidos a los de la especializa­ ción primaria.

  8. La inversión extranjera ha tendido a dirigirse en forma dominante a actividades de baja productividad, bajos salarios y débil esfuerzo inno­ vador, lo que ha reforzado el patrón de especialización regresivo.

  9. La reestructuración productiva generada por el modelo económico actual ha producido una inserción desventajosa y regresiva en la eco­ nomía global, la cual ha encerrado a la economía mexicana en una trayectoria de bajo dinamismo económico (pp. 50­57).

Expresado de manera sintética: “Una política trazada alrededor de los únicos objetivos de controlar la inflación, desregular mercados y restringir al máximo la acción del Estado no ha desembocado ni en la estabilidad macroeconómica, ni en la creación de empleos y en el aumento del bienestar de la población” (p. 17).

Nadal es partidario de un cambio de fondo en el régimen de acumulación y la política económica, ya que asume que sin tal transformación el riesgo de la persistencia de las inercias y de las consecuencias de dicho modelo es muy grande. Por ello no se limita en la contundencia de su diagnóstico:

La naturaleza contradictoria del régimen (de acumulación) actual, junto con sus resultados en la realidad, indican que, de no modificarse la arquitectura de la política económica y las estructuras básicas del régimen de acumulación, no será posible comenzar a revertir el deterioro de la ocupación, los salarios y los niveles de pobreza. Por el contrario, la economía mexicana seguirá siendo escenario de un deterioro constante de los principales indicadores de bienestar. Tampoco será posible desplegar una estrategia dirigida al desarrollo y absorción de capacida­ des dinámicas necesaria para romper el actual patrón de especialización interna­ cional regresivo. Finalmente, de prevalecer los rasgos centrales de ese régimen, será muy difícil desarrollar estrategias de desarrollo sostenible para enfrentar de forma eficaz el acelerado proceso de deterioro ambiental [p. 59].

En este marco Nadal plantea un dilema central para los debates actuales y los futuros desarrollos teóricos: necesitamos fundamentalmente teoría macro­ económica o, más bien, una nueva teoría del desarrollo. Como es lógico, se decanta por esta segunda alternativa y, además, en la tradición del estructura­lismo latinoamericano, plantea la necesidad de construir marcos conceptua­ les y aparatos interpretativos que partan de las peculiaridades de las formaciones económico sociales de la región y no de la importación acrítica y descontextualizada de posiciones teóricas surgidas en un intento de expli­ car realidades y desafíos distintos. Todo ello, sin pretender caer en ningún tipo de “excepcionalismo”, pero sí reconociendo las especificidades de la región y la necesidad de buscar soluciones adecuadas para nuestros proble­ mas concretos.

Como decía anteriormente, Pensar fuera de la caja es un trabajo que no sólo analiza la coyuntura y devela la estructura, sino que también se adentra en discusiones teóricas de gran calado, y, probablemente, más allá de la riqueza de contenidos respecto del legado del neoliberalismo en México y la concep­ tualización del régimen de acumulación, la mayor contribución del texto se refiere a su posición respecto de diversos asuntos teóricos de gran relevancia. En el texto Nadal aborda, entre otras, la teoría del dinero endógeno, la crí­ tica —puede decirse que despiadada— a la idea de neutralidad de la moneda, el cuestionamiento a los supuestos tradicionales de la política monetaria, la aproximación crítica a las políticas de metas de inflación, la problematiza­ ción de la autonomía de la banca central y la conclusión, en la lógica de Minsky, de la inestabilidad fundamental de los mercados financieros y de cómo la estabilidad de precios no significa estabilidad financiera, mientras que, por el contrario, la primera puede alimentar a la segunda. También es de la mayor importancia la crítica al enfoque tradicional de concebir la inflación como un fenómeno monetario y, en contraposición, la necesidad de incluir la dimensión distributiva y del conflicto distributivo como elemento indis­pensable para comprenderla.

El resumen que he intentado presentar en el párrafo anterior de una agenda de investigación y reflexión teórica tan rica seguramente no le hace justicia a su alcance y profundidad, y es más una invitación a su lectura directa que una síntesis suficiente. Sin embargo, es importante subrayar algunas de las conclu­ siones y las propuestas de este apartado que pueden tener implicaciones de fondo para la comprensión de la dinámica real de las economías capitalistas y de las mejores alternativas de política frente a ellas.

Frente a la sabiduría convencional, el autor plantea tres ideas potentes: la banca central no tiene control de la oferta monetaria, ya que ésta se genera esencialmente en la banca privada mediante el otorgamiento de créditos, esto es, son los créditos los que crean los depósitos y no al revés (p. 83); la inver­sión es la que determina el ahorro y no a la inversa (p. 82), siguiendo la lógica de las corrientes poskeynesianas, y, como se destacó arriba, paradójicamente un periodo de estabilidad puede fomentar la expansión exuberante de los mercados de crédito y eso conducir posteriormente a la inestabilidad (p. 99). Todo ello crea las condiciones para una fuerte prociclicidad en el funcio­ namiento del sistema bancario y crediticio que recuerda la célebre cita de Mark Twain según la cual un banquero es una persona que nos presta un paraguas cuando hay sol y nos exige su devolución cuando llueve.

Pero la pregunta fundamental que se plantea Nadal es qué tipo de polí­ ticas se requieren frente al hecho de que la banca central sólo emite dinero de alto poder (alrededor de 5% de la masa monetaria según él mismo) y la oferta monetaria en esencia es producida prácticamente de la nada sólo bajo la estimación de la capacidad de pago del deudor y del riesgo de incumpli­ miento del deudor por la banca privada. Por ello se cuestiona:

¿Puede la política monetaria convertirse en instrumento de la política macroeconómica para el desarrollo sin que el banco central tenga control sobre la oferta monetaria? Y una pregunta relacionada con la anterior: ¿son suficientes los requerimientos sobre reservas, coeficientes de capi­talización, relaciones entre ingresos y préstamos como instrumento regulatorio? [p. 105].

También en su texto Nadal convoca a un debate sobre el diseño institu­ cional y la función de la banca central y, en particular, del Banco de México, ya que pondera que la autonomía permite que no se abuse de recurrir al endeudamiento para el financiamiento de déficits fiscales excesivos, pero también señala que el modelo de autonomía vigente coloca al banco cen­ tral lejos de la supervisión política y en una esfera cercana a la autorregu­ lación. A partir de lo anterior, considera que en un Estado democrático con buen funcionamiento institucional y equilibrio de los poderes la autonomía debería estar más acotada, y en ese contexto el control y la supervisión del instituto monetario deberían ejecutarse por institucio­ nes democráticas (p. 90).

Asimismo, advierte que otro efecto de la autonomía es que aparta al gobierno de su propia banca, y postula que se vuelve a colocar a los gobier­nos en una posición desventajosa, ya que quedan a merced de los mercados de capitales, como cualquier otro agente económico (p. 90).

Por ello, afirma que uno de los pendientes en la construcción de una polí­ tica de desarrollo es rediscutir el papel de la banca central y, por ende: “Es necesario abrir un debate objetivo sobre el papel del Banco de México en la economía y su relación con una estrategia de desarrollo sostenible” (p. 91). Es extraordinariamente difícil resumir en una reseña la gran cantidad de ideas, propuestas y provocaciones (en el mejor sentido de la palabra) de un texto rico, profundo, abarcador y denso como Pensar fuera de la caja. Lo aquí señalado intenta ser únicamente una muestra representativa de sus con­ tenidos fundamentales y, sobre todo, como lo he mencionado, una invita­ ción a leerlo y discutirlo en un ambiente de debate que coloque los temas centrales, que haga visibles los elefantes en el cuarto, que fomente la plura­ lidad de enfoques y que permita nuevos desarrollos conceptuales y cons­ truir los mejores insumos para un cambio en el estilo y el sentido del desarrollo. Ése puede ser el mejor reconocimiento y homenaje a un hombre riguroso, comprometido y generoso como fue siempre Alejandro Nadal.

Nota:

1 El trabajo es de acceso libre y se puede obtener en la siguiente dirección electrónica: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45550

El daño que han sufrido los trabajadores y la falta de respuesta del gobierno frente a la pandemia

(Ilustración de portadilla: Víctor Solis, tomada de revista Nexos)

La encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por INEGI, con cifras actualizadas a julio de 2020, muestra una mejoría ocurrida en los últimos dos meses. Sin embargo, la situación laboral, comparada con los datos existentes antes de la pandemia, sigue presentando graves problemas:

De los 12 millones que salieron del mercado de trabajo (es decir, de la población económicamente activa) ya regresaron 7.2; no lo han hecho por lo tanto los otros 4.8 millones (que necesitan un empleo pero no lo buscan). Además, otra porción muy importante de la fuerza de trabajo pasó a formar parte de las personas caracterizadas como “ausentes con vínculo laboral” es decir aquellos trabajadores que no asistieron a sus centros de trabajo, pero no fueron despedidos. No se sabe si a todos ellos se les han pagado sus salarios y prestaciones íntegramente y, sobre todo, si esos millones de ausentes algún día volverán a laborar o serán despedidos definitivamente.



El INEGI registró una población ocupada de casi 50 millones de personas (49.8); debe destacarse, no obstante, que el aumento entre junio y julio correspondió al género masculino, con un incremento de 2.2 millones de personas al mismo tiempo que hubo una reducción de 750 mil mujeres.

A lo largo de estos meses, uno de los sectores más golpeados ha sido el de los trabajadores por cuenta propia: se quedaron inactivos un 20% en abril; 16% en mayo; 10% en junio y ya apenas un 2% en julio. Los empleados no remunerados (que sólo reciben propinas o pagos en especie) también fueron muy afectados: se quedaron sin ocupación el 21% en abril, aunque en julio estaban casi todos laborando.

Si medimos el fenómeno tomando en cuenta los informales (que laboran por cuenta propia o al servicio de un patrón), las cifras son más dramáticas: en abril dejaron de laborar 10 millones, en mayo 8, en junio 5, en julio todavía 3 millones. Si acumulamos todas estas cifras nos da un total de 26 millones, lo que daría una idea de los días/trabajador perdidos en estos últimos meses y los ingresos que no fueron percibidos. Algunos perdieron sólo un mes, otros dos o tres, y todavía en julio muchos no recibían ningún recurso. La parálisis ha afectado sobre todo al género femenino, pero la suma de damnificados es impresionante.

Por su parte, la tasa de desocupación abierta fue de 5.4% en julio, la mismo que el mes pasado, lo que arroja una cifra de 2.8 millones de personas. Aquí, otra vez, la tasa es más alta en mujeres que en hombres (6.3% vs 4.8%). Por edad, los más afectados han sido las personas que tienen entre 24 y 44 años las cuales representan más del 50% del total. Hay que subrayar que esta tasa ha aumentado, no disminuido, pues representaba el 4.7% en abril.

Más grave aún, la tasa de subocupación, aunque se redujo en julio respecto al mes anterior, es todavía de 18.4%. Ello representa un aumento de 3.21 veces en abril; 3.78 en mayo; 2.75 en junio y 2.45 en julio respecto al promedio histórico previo a la pandemia. Lo anterior quiere decir que las nuevas ocupaciones se han vuelto más precarias, inseguras, peor pagadas y seguramente muy mal protegidas.



En síntesis, tenemos varios problemas. El daño causado por la parálisis económica y la pandemia: 1) afectó severamente a los asalariados formales que fueron despedidos y no han encontrado otro empleo (se encuentran en desocupación abierta), o no han asistido todavía a su centro de trabajo y viven en la incertidumbre, o se han refugiado en la subocupación (perdiendo ingresos y prestaciones). Y 2) a los trabajadores por cuenta propia, a los informales y a los que laboran sin remuneración, los cuales sufrieron una pérdida considerable de sus jornales durante estos meses.

Todo este perjuicio ya fue causado y nada está previsto hasta ahora para reponerlo. Se trata de una deuda social de grandes dimensiones. La reparación de este boquete inmenso en la economía de las familias mexicanas no se soluciona con los programas sociales que ya estaban previstos. No es posible que la pensión para adultos mayores o los apoyos para personas con discapacidad sirvan para sostener a toda una familia; o que las becas para estudiantes se destinen a reponer las retribuciones perdidas por la falta de trabajo.

Por ejemplo, el programa para la pensión de adultos mayores, el cual tiene los recursos presupuestales más cuantiosos y abarca a un mayor número de personas. La cantidad de dinero entregada no sólo resulta hoy insuficiente (12 401 pesos por adulto mayor entre enero y junio de 2020, alrededor de 2 mil pesos mensuales según el II Informe presidencial). Además, esta ayuda que debería servir para dignificar al beneficiario y darle una mejor calidad de vida, se convirtió, en ocasiones, en un recurso que se le sustrajo para sostener al resto de la familia.



Sin duda, el daño causado, los ingresos que no han sido repuestos, llevará a un aumento de la pobreza (entre marzo y mayo aumentó el número de pobres de 36 al 55% según CONEVAL). La desigualdad también habrá aumentado pues la masa salarial, según algunos estudios, sufrió una caída de entre 6.6 y 13.8% en el segundo trimestre del año calculado anualmente. Ello se ha traducido, naturalmente, en una disminución del consumo privado de alrededor del 20% comparativo anual (aún con el repunte de junio y julio).

Un país con una mayor pobreza y más desigualdad no puede ser un resultado deseable para un gobierno que se propuso exactamente lo contrario. Sobre todo, porque frente a estos fenómenos, el gobierno no se ha propuesto ninguna acción especial.

Por otro lado, la disminución de los haberes que han sufrido las familias apunta a una recuperación económica más lenta debido a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales no han podido remediar estas pérdidas y seguramente no lo harán en lo que resta del año debido a la magnitud del frenazo económico.

El presupuesto 2021 representa una oportunidad para resarcir algo de lo que las familias mexicanas han perdido; para prevenir que sigan empobreciéndose y para estimular una recuperación económica más rápida. Se ha argumentado que un crecimiento de los pasivos del gobierno puede resultar perjudicial para un mañana indeterminado. Sin embargo, no se quiere reconocer que el estado mexicano ya contrajo una deuda con millones de familias que han perdido sus ingresos desde marzo de este año, muchas de las cuales siguen sin recibir alguna remuneración por su trabajo. Encontrar una fórmula para pagar esta deuda social y al mismo tiempo evitar una crisis financiera en el futuro no es imposible, ni es una disyuntiva sin salida.

A su vez, la posibilidad de una reforma fiscal progresiva que sirva para pagar esa deuda social y para una reactivación económica más vigorosa, tampoco pude descartarse por razones políticas (las elecciones de 2021 o el temor a una reacción negativa de un sector privilegiado). Lo más sorprendente es que hay una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones que justamente propone un aumento de las contribuciones patronales y requerirá un mayor gasto público. Ello equivale a un aumento de impuestos y un incremento de la deuda del gobierno federal. ¿Cómo entonces se niega cobrar un mayor tributo a los más ricos y prósperos, y se propone un esquema para favorecer a las AFORES, empresas que se han beneficiado de los ahorros de los trabajadores?

Una mayor reducción del gasto y la inversión pública (lo que ahora llaman austeridad) sólo puede tener como resultado que, una vez más, el costo de la crisis la tendrá que pagar la gran mayoría de la población. Sus consecuencias serían igualmente negativas para la producción, el consumo y la prosperidad del país.

El gobierno y sus propósitos de transformación, la 4t, tiene que enfrentar la cuestión más importante de todas: darles a los mexicanos la oportunidad de superar esta crisis con las menores pérdidas posibles. Si no lo logra, toda su arquitectura quedará prendida de alfileres. Y puede convertirse en un mero ejercicio retórico.

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Esta es una historia más de la explotación laboral y la impunidad con la que operan las maquiladoras de la industria de la confección en Tehuacán. Hera Apperel despide, en el marco de la pandemia por COVID 19, a sus 300 trabajadores de la noche a la mañana, y lo hace, una vez más, violentando la ley y de la mano del sindicato de la CROC, y sin que ninguna autoridad del Estado haga algo para impedirlo.

Es una historia más de la derrota obrera en Puebla.



Peor que nunca

“Ahora estamos peor que antes, ahora ya ni trabajo tenemos”, me dice Jacinto Osorio, un costurero de 45 años, originario de San Antonio Cañada, una comunidad nahua de la Sierra Negra, ante el despido masivo en la empresa maquiladora Hera Apparel. Él, su esposa Angélica y otros 268 obreros fueron echados a la calle a partir del pasado 3 de agosto del año que pasará a la historia por la pandemia de Coronavirus 19.

Nos encontramos afuera de las instalaciones de esta maquiladora ubicada en Tehuacán, la urbe indígena que es el centro económico y político regional del sureste poblano, catalogada alguna vez como “la capital mundial de los blue jeans”, en la colonia Niños Héroes, a un costado del nuevo mercado municipal Benito Juárez, que durante años albergó el polvoso campo beisbolero “López Sierra” y que luce semivacío cada vez que entramos para protegernos de la lluvia, para realizar un “taller” rápido de cálculo de indemnizaciones y decidir cómo enfrentar la situación.



“Los despidos iniciaron desde diciembre del año pasado”, comenta Lourdes González, una costurera corrida de esta empresa, originaria de la población de Xalmimilulco, Huejotzingo, en el centro del estado de Puebla y propiedad del empresario Leobardo Hernández Ramírez.

“Nos fueron corriendo selectivamente, ya que tenían una lista por cada línea de producción de todos los que más exigíamos nuestros derechos ante los abusos de la empresa”, continúa Lourdes, que no ha dejado de combatir a la empresa, ahora en los debates que suscitan las denuncias públicas en las redes sociales como Facebook, en donde el repudio contra la empresa es tan mayoritario como la simpatía ante los reclamos obreros en la población tehuacanera.

“La empresa siempre ha tenido el apoyo del Ayuntamiento de Tehuacán”, sigue denunciando Lourdes en los comentarios que hace en un video de Rosario Ramírez de Televisa Puebla, posteado en mi muro de Facebook.



“Ellos le dieron la certificación de empresa socialmente responsable por su política de contratar personas discapacitadas, pero vean las prácticas en las que incurren para despedirnos de manera irresponsable con liquidaciones que apenas alcanzaron el treinta por ciento”, remata de manera enfadada y categórica.

Hera Apparel llegó a Tehuacán hace diez años

No había abierto sus puertas y mucho menos contratado a costurera alguna, cuando ya colgaban lonas plastificadas de color rojo y letras amarillas y negras que anunciaban. “El personal de esta empresa está contratado por la FROC CROC”.

Estas situaciones surrealistas del sindicalismo mexicano siguen sucediendo en esta época de la llamada 4ta transformación, en la que las condiciones de control, corporativismo y sindicalismo charro y de protección patronal siguen gozando de cabal salud para desventura de las costureras y operarios de Tehuacán en este caso.

“Hera Apparel”, empresa que a lo largo de la década en que ha operado en este municipio cambió cinco veces de razón social con la omisa complicidad del gremio croquista que encabeza el abogado laboral Jaime Sergio Hernández Machorro y la delegación tributaria del SAT, se instaló mediante contrato de arrendamiento en la nave industrial en donde operaba la tristemente célebre maquiladora “Vaqueros Navarra”, sí, aquella en la que se vivió la lucha sindical independiente más importante en la vida obrera de Tehuacán, entre 2007 y 2008, y que cerró sus puertas para impedir que el Sindicato 19 de Septiembre del Frente Auténtico del Trabajo, en el cual militaban los obreros rebeldes, se volviera el titular del contrato colectivo de trabajo.

Portón principal de Hera Apparell, en la calle de Juan de la Barrera, en Tehuacán. Antes estuvo ahí "Vaqueros Navarra".

¿No les de vergüenza?

“Elemental Denim” fue la última razón social con la que operó está empresa en Tehuacán hasta julio de este año, tal como lo señala su placa metálica en el portón de entrada de la empresa, donde también se ve otra placa que certifica a la maquiladora como “Empresa Limpia” por el manejo de sus residuos y desperdicios.

“¿No les da vergüenza?”, remarca Lourdes González. “

“¿Empresa limpia? –cuestiona-- ¿Cómo el ayuntamiento de Tehuacán puede dar estas certificaciones? La maquiladora estaba limpia porque los mismos obreros nos veíamos obligados asear nuestras áreas de trabajo y los mismos baños, ya que no existía personal de intendencia en la empresa y de empresa limpia no tiene nada, son unos marranos por la forma en que nos despidieron con la ayuda de Machorro.”

Evasión fiscal y protección sindical

Los cambios de razón social son una práctica común en la industria de la maquiladora. Estos tienen como finalidad aparecer cada año a cada dos como una empresa de reciente creación, con lo cual evaden los impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), sobre todo con la finalidad de esconder las ganancias reales de la empresa, las cuales están obligadas a repartir entre los obreros entre marzo y mayo de cada año, pago obligado y conocido como “reparto de utilidades”, y el cual nunca entregaron en una práctica ilícita de evasión fiscal, consumada por el contubernio del secretario general del sindicato de la CROC, Jaime Sergio Hernández Machorro, única persona que, en suplantación de la representación obrera, y por condicionamientos de ley, puede impugnar los estados financieros de la empresa y solicitar auditoría ante el SAT.

El sindicalismo de protección patronal fue una de las lacras que prometió eliminar el presidente López Obrador en campaña, pero sólo ha quedado en eso: promesa, a pesar de la reforma laboral que entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2019, la que anunció con bombo y platillo la llegada de la “democracia” y la “cuarta transformación” al mundo del trabajo, con medidas como la desaparición de las Juntas Federal y Locales para transitar a Juzgados Laborales, transparencia en los registros sindicales y nuevas reglas para las elecciones sindicales, todo por presión del Donald Trump en la firma del TMEC, y no por el interés legítimo de las demandas sentida del sindicalismo mexicano independiente y más o menos independiente, democrático y más o menos democrático en las últimas tres décadas. Ha sido así en especial desde la firma del primer Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el que nos convirtió en la maquilandia con historias a nivel de piso como la que estamos narrando.

La liquidación. Las historias paralelas

¿Cuánto les ofrecieron de liquidación? Eso pregunto a un grupo de trabajadores de Hera Apparel el sábado 8 de agosto afuera de la empresa. Están a la espera del resultado de la negociación que realiza una comisión de sus compañeros que para entonces no ha llegado a ningún acuerdo con la empresa y que son parte de lo costureros y operarias que he podido asesorar y prevenir de las transas y amaños del croquismo --que por cierto perdió a uno de sus líderes charros más reconocidos en Tehuacán, Luis Rodriguez Reyes, el pasado 20 de julio del año en curso, a consecuencia de un infarto, muy posiblemente como resultado del Covid 19, después de estar en el trono veinte años consecutivos sin elecciones ni rendición de cuentas alguna en otra rama local del gremio que dirige el charro mayor del croquismo poblano, René Sánchez Juárez.

“Nueve mil pesos por ocho meses” --me responde una trabajadora que conocí en una lucha en la que no nos fue nada bien, hace unos ocho años, en Confecciones El Carmen. Recuerdo esa derrota obrera, una entre tantas en Tehuacán: a pesar de encontrarse la maquinaria embargada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fue sustraída por el dueño, un maquilero libanés de la familia Canán, clan ahora perseguido por Miguel Barbosa, quién ha puesto en prisión al regidor Victor Canán Barquet como parte de la persecución y venganza que mantiene también privado de su libertad al exalcalde Felipe Patjane, actualmente recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez. Los empresarios, poder y política, ahora en el turno del gobernador Barbosa: desaparece el poder municipal de Tehuacán y tomar el control del Ayuntamiento de este municipio¸ esa es una historia paralela en este y el trienio que viene y los que siguen si le es posible al actual mandatario poblano.

En total son 235 trabajadores y costureras que han sido víctimas de un engaño y de un fraude por parte de la empresa, todo con la complicidad de Jaime Sergio Hernández Machorro, secretario general del gremio croquista que le vendió protección patronal durante diez años a Hera Apparel y que convenció a estos obreros y operarias a firmar renuncias voluntarias sin recibir un solo peso.

Puedo escuchar testimonio y relatos de lo que sucedió entre el 3 y el 5 de agosto dentro de la empresa.

“Yo firmé por doce mil pesos y tenía diez años en la empresa, desde que inició” --comenta Raymundo Castillo, un operario que conozco bien desde hace muchos años.

“Quedaron en pagarnos nuestras liquidaciones en diez pagos semanales que prometieron nos van a depositar por tarjeta de nómina”, me dicec una costurera que pide no revele su nombre.

Sindicato para la protección empresarial

Este mismo sindicato charro y de protección patronal al mismo tiempo era el mismo que tenía el contrato de protección en Vaqueros Navarra y es el que le sigue vendiendo protección patronal a todo el Grupo Navarra, propiedad del multimillonario empresario de origen español Alfonso Fernández Santiago en sus empresas como Top Jean. Cualquier Lavado, Confecciones Mazara, Private Label y Confecciones Cantabria entre otras.

Este es el trabajo sucio que hacen en favor de los empresarios de la maquiladora o de la industria avícola y porcícola todos y cada uno de los gremios que pertenecen a la CROC y a la CROM, que siguen gozando de los mecanismos de control corporativo que tuvieron su esplendor con el PRI y el PAN, y que ahora, en tiempos del “cambio verdadero” siguen haciendo de las suyas sin que sean sancionados o se les cancelen sus contratos colectivos de protección patronal por este tipo de prácticas desleales en contra de los obreros que supuestamente representan y que tendrían que defender. A lo más que llegan es a organizar equipos de retas de fútbol y la ingesta de cervezas terminando los partidos de fin de semana.

No es difícil describir lo que significan estos sindicatos charros: son mafias familiares, que gozan de registros y tomas de nota actualizadas; jamás llevan a cabo acciones para mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores; no son trabajadores activos de la empresa a la que protegen; nunca llevan a cabo asambleas; esconden los contratos colectivos de la vista de los obreros pues dichos documentos llegan a lo mucho a cinco o seis hojas y no contemplan ninguna prestación adicional al piso mínimo que contempla la Ley Federal del Trabajo. entre otros vicios y anomalías que los define y caracteriza.

Explotación para el mercado mundial

Al final, el 14 de agosto, alrededor de treinta y seis obreros y costureras que no cayeron en los engaños del sindicato pudieron recibir maquinaria y liquidaciones por lo menos del cincuenta por ciento del total que les correspondía.

La situación para los trabajadores de la maquila, desde el inicio del Covid 19 ha sido demasiada adversa y los patrones han aprovechado esta situación para despedir trabajadores, bajar los salarios, cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo y cargar todo el costo de la crisis en las espaldas de los obreros y las costureras.

Hera Apparel fingió una quiebra para deshacerse de una planta laboral de 800 trabajadores sin pagar prácticamente nada a sus trabajadores. La empresa tenía contratos con marcas estadounidenses como True Religion que produce prendas que alcanzan precios en México de hasta dos mil pesos y en Estados Unidos inclusive el doble, y además maquilaba cubrebocas, ropa de sanatorio y de enfermeros y médicos como batas y sábanas por la pandemia de Covid, sólo que en la cuarentena cambió las condiciones de salario y empezó a pagar las miserables cantidades de 35 y 50 centavos por cubrebocas.

Otras de sus prendas las empezó a distribuir en una red de subcontratación o outsourcing en maquilas de traspatio en las cuales las costureras no están afiliadas al IMSS ni cotizan en INFONATIV, con el sindicato haciéndose de la vista gorda.

“Agarren lo que les den, la empresa ya no puede continuar”, era la letanía eterna del abogado Hernández Machorro

El pretexto fue, tal vez cierto en parte, que el cierre de la empresa obedecía a la crisis generada por la caída de contratos por la pandemia actual. Lo cierto es que al final 800 familias de Tehuacán se quedaron sin trabajo y además, como cereza en el pastel, el último día en que entregaron las máquinas como pago de liquidación, los obreros se enteraron que la empresa se había quedado con las aportaciones de dos meses de pago al INFONAVIT que les había retenido en junio y julio y que jamás depositaron a dicho instituto.

Esta es una historia de las tantas que ocurren en Tehuacán y en todo el mundo de la maquiladora, en donde como vemos, la sindicalización independiente de los trabajadores y costureras es un tema pendiente.

Revista sin Permiso

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Guerra de capitales

Hemos abordado el debate de que el principal problema mundial en el siglo XXI es la creciente guerra comercial y tecnológica entre los EEUU y China. En su libro, Las guerras comerciales son guerras de clase, Klein y Pettis consideran que los desequilibrios comerciales son causados ​​por la desigualdad, el ingreso y el consumo en las dos potencias: China tiene un "exceso de ahorro" y Estados Unidos tiene un "exceso de consumo". He defendido que esta tesis no se sostiene en artículos anteriores.



Ahora tenemos el libro Capital Wars como una explicación alternativa de la rivalidad entre China y los Estados Unidos. La rivalidad entre Estados Unidos y China en la esfera económica se ha desarrollado hasta ahora en el comercio y la tecnología. La fricción en los mercados financieros no ha sido comparable. De hecho, a medida que se incorporan más acciones chinas en los índex globales, los inversores estadounidenses han estado invirtiendo capital en China a través de su inversión en fondos de inversión que siguen los índex.

Sin embargo, es poco probable que eso dure, según Michael Howell, ex director de investigación del banco de inversión Salomon Brothers, que ahora dirige su propia consultora. En Capital Wars, señala que las líneas de intercambio abiertas por la Reserva Federal de los EEUU a otros bancos centrales después de la crisis financiera de 2008, que se ha repetido con la crisis del coronavirus, se han extendido a naciones amigas, pero China ha sido excluida. Por lo tanto, el papel de la Reserva Federal como prestamista global de último recurso ha sido parcial y politizado.

Howell reconoce que la naturaleza de la relación entre estas dos potencias no es equilibrada. A pesar de la disminución de su participación en la producción mundial, Estados Unidos es el principal proveedor de la moneda de reserva dominante para los mercados mundiales. Pero su economía está marcada por un bajo crecimiento de la productividad junto con mercados financieros altamente desarrollados. China ha disfrutado de un alto crecimiento de la productividad a medida que se moderniza, pero ha subdesarrollado los mercados financieros. Sus persistentes excedentes comerciales han contribuido a una enorme acumulación de reservas de divisas: la mayoría en activos en dólares. Todo esto crea una interdependencia fragmentada.

El auge económico de China coincidió con un largo período de liberalización en los mercados financieros internacionales. Un tema central del libro de Howell es el aumento de la liquidez global: los grandes flujos de crédito, ahorro y capital internacional que facilitan la deuda, la inversión y los flujos de capital transfronterizos. En 2019, este flujo internacional de fondos se estimó en $ 130 billones, dos tercios más que el PIB mundial. La contribución de China era cercana a los $ 36 billones.



No hay nada nuevo en la visión de Howell. De hecho, varios autores, incluido yo, han señalado el enorme aumento de "liquidez", es decir, de la oferta de dinero, del crédito bancario, de la deuda (tanto pública como privada) y de los instrumentos de deuda como los derivados, particularmente desde principios de la década de 2000.

Lo nuevo es el énfasis de Howell en las nuevas formas que el sistema financiero ha encontrado para expandir lo que Marx llamó 'capital ficticio', es decir, activos financieros que supuestamente representan nuevos valores y ganancias futuras. Los bancos solían depender de los depósitos de los clientes para prestar y especular con ellos; ahora la principal fuente de fondos no son los depósitos, sino los acuerdos de recompra o 'repos', una forma de préstamo que debe ser respaldada por un 'colateral' en forma de activos “seguros” como bonos del gobierno.



Howell argumenta, como otros, que el sistema financiero ha superado el modelo de posguerra, cuando los bancos eran los principales facilitadores de préstamos. Tomaban prestado de sus depositantes minoristas y daban crédito a particulares y empresas. Hoy predominan los mercados mayoristas; y los principales proveedores de fondos son instituciones financieras y grandes empresas como Apple o Toyota. Los usuarios van desde compañías y bancos hasta fondos de cobertura y gobiernos: finanzas no bancarias o 'banca en la sombra'.

El principal argumento de Howell es que la principal fuente de inestabilidad en el sistema financiero moderno ha sido la escasez de activos seguros para estos creadores de liquidez, ya que no se ha emitido suficiente deuda pública y el rendimiento era bajo de todos modos. De hecho, antes de la crisis financiera de 2008, los bancos de inversión intentaron inventar nuevos 'activos seguros', como las obligaciones hipotecarias garantizadas. Por supuesto, ahora sabemos que dichos activos no eran "seguros" en absoluto, solo un esquema de crédito Ponzi gigantesco que resultó ser muy "ficticio" cuando el colapso financiero global en 2007-2009.

La pregunta que Howell sugiere es si la gran inyección de dinero crediticio por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales para rescatar a compañías y gobiernos en la crisis pandémica del COVID conducirá posteriormente a un "shock" financiero similar. La diferencia ahora es que es el estado el que está comprando estos 'activos seguros' directamente, en lugar del sistema bancario o la “banca en la sombra” como en 2008-9. Sin embargo, el tamaño de las compras de bonos corporativos e hipotecarios del banco central, así como el papel del gobierno, es tan grande que, si hubiera un tsunami de bancarrotas, el prestamista de último recurso (el banco central) – convertido en la actualidad en el primer comprador de capital ficticio- puede terminar con enormes pérdidas que los gobiernos tendrían que absorber.

Un mérito del libro de Howell sobre otros del mismo tipo es que ofrece una explicación de por qué hubo este cambio drástico de la "banca tradicional" a la "financiarización" de los activos gubernamentales y corporativos. Howell sitúa la causa directamente en el colapso de la rentabilidad en los sectores productivos de la economía.

Howell reconoce que la caída de la rentabilidad del capital industrial condujo a una creciente 'liquidez' global y esto contribuyó a la caída de las tasas de interés de los activos de riesgo, lo que condujo a la búsqueda de activos financieros seguros, abandonando la deuda pública y buscando 'repos', en detrimento de la inversión productiva.

Sin embargo, Howell comprende a medias la historia de los últimos treinta años, el colapso financiero global y la Gran Recesión. Desafortunadamente, a pesar de referirse al análisis de Marx en ocasiones, Howell no lo usa. En cambio, recurre a las macro-identidades keynesianas habituales para explicar por qué ocurren las crisis. Como con todas las macro-identidades keynesianas, las ganancias desaparecen de la ecuación.

Howell parte de la identidad básica: ahorro = inversión y la revisa en su ecuación clave: liquidez = inversión fija más la adquisición neta de activos financieros. La liquidez es realmente ganancia más crédito en sus diversas formas. Sin embargo, para Howell, la fuerza impulsora del capitalismo moderno no es la parte lucrativa de la "liquidez", esa vieja conocida. Es la parte del crédito. Para él, los flujos financieros y la asunción de riesgos de los inversores impulsan la economía real y los precios de los activos, y no al revés. Más liquidez conduce a más compras de activos financieros. Y más compras de activos financieros requieren más liquidez. Así, pasamos de una visión del capitalismo como un modo de producción con fines de lucro, al capitalismo como un modo de especulación e inestabilidad financieras. Esta teoría es similar al enfoque de Minsky y las modernas teorías de la "financiarización".

Para Howell, la próxima guerra entre EEUU y China se librará no tanto a través del comercio o la tecnología, sino de los flujos financieros y el control de las monedas internacionales a medida que las potencias rivales luchen por ofrecer los activos financieros "más seguros" al capital global: por ejemplo, ¿el dólar o el renminbi?

Claramente hay algo de verdad en esto. Si China pudiera ofrecer una moneda fuerte y con líquidez para reemplazar al dólar, el imperialismo estadounidense estaría en serios problemas. Pero una moneda fuerte no puede ser "creada" por los mercados financieros; proviene de la fuerza relativa de la productividad del trabajo y la creación de valor en una economía. Ahí es donde se centra la guerra económica; con el comercio, la tecnología y las finanzas como campos de batalla. El valor es lo decisivo, no el crédito.

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Fuente:

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/07/19/capital-wars/

Traducción:G. Buster

La visita a Estados Unidos del presidente López Obrador el día 8 de julio se ha recibido con beneplácito en diversos sectores de la sociedad mexicana. A pesar de que el viaje fue seguramente requerido por el mandatario de aquel país para fines electorales y de que se corría el riesgo de un gesto ofensivo de su parte, el resultado -se ha dicho- fue positivo. Es probable que para Trump lo haya sido pues quería hacer un gesto de acercamiento a los votantes de origen “latino”. Para el gobierno de México, por su lado, resultó una aventura con costos relativamente bajos. Entre los más importantes, la reprobación muda o explícita de los trabajadores mexicanos que radican en EU y que simpatizan en su gran mayoría con los demócratas y son parte de las bases de las organizaciones sindicales, las cuales también han mostrado su preferencia con la oposición al Sr. Trump. En cambio, López Obrador parece haber logrado un reencuentro con los empresarios y sus diversos bloques y expresiones, y la aprobación casi unánime de sus partidarios que no se sintieron decepcionados y pudieron respirar con tranquilidad y alivio al final de la jornada.

Sin embargo, en este tipo de eventos, las victorias diplomáticas y políticas suelen ser pasajeras. Como dicen que dijo José Saramago: “La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”. (Cf. “José Saramago: una mirada triste y lúcida” de Andrés Sorel). En el caso de Trump su gesto puede quedar corto y perder la elección de noviembre. De hecho, su encuentro con el presidente López Obrador tuvo pocas repercusiones mediáticas: el candidato republicano tendrá que hacer muestras más efusivas hacia los llamados “hispanos”, lo cual podría restarle votos en su lado duro antiinmigrante.

Por su parte, Andrés Manuel, a su regreso a nuestro país, tuvo que enfrentar la compleja situación interna marcada por la epidemia y la caída de la economía, todo lo cual está repercutiendo en un aumento muy acelerado de la pobreza, el desempleo y la inconformidad social. La conferencia nocturna del subsecretario López -Gatell del viernes 10 confirmó lo que la OMS había señalado poco antes: en varios estados del país hubo una apertura muy acelerada del desconfinamiento y un repunte de los contagios a tal grado que la enfermedad se ha “descontrolado”. Ello tendría que llevar, de acuerdo con el funcionario, a volver a cerrar establecimientos comerciales y productivos, y a acelerar las reconversiones hospitalarias. La OMS señaló y López Gatell, también coincidió en que ha habido una “vigilancia epidemiológica débil”. El problema es que la coordinación entre la federación y los estados no está funcionando.

Particularmente sensibles son los casos de rebrotes en Cancún, Matamoros y en el estado de Tabasco pues son ejemplo de las actividades económicas que urgía echar andar: el turismo, la maquila y la construcción de la refinería.



La ausencia de apoyos directos a las familias que han perdido su trabajo (formal o informal) y a las microempresas, está generando mayor desesperación y la desobediencia a las indicaciones sanitarias más elementales. Aunque la querella se ha centrado, erróneamente y con fines políticos, en la persona del subsecretario de salud, el verdadero problema radica en que la pobreza y el hambre están alcanzando a millones de mexicanos por las medidas de reclusión, la caída del consumo y la desaparición de cientos de miles de micronegocios. Todo ello empuja a reaperturas desordenadas y a conflictos entre autoridades de distintos niveles.

En mayo estará listo el Centro Logístico Ferroviario del Puerto de ...

Ahora bien, la posibilidad, como se repitió varias veces ese miércoles en Washington, de que el T-MEC sirva para reanimar la economía de la región es por lo pronto, casi nula. Basten algunas cifras: la producción manufacturera en EU disminuyó 5.5% en marzo, 19.5% en abril y 16.5% en mayo. Destaca en especial, por sus implicaciones para el Tratado, la caída en la producción de autos: de 2 millones 760 mil unidades en febrero a 542 mil en mayo (más de 80%). No resulta sorprendente que las exportaciones totales de nuestro vecino bajaran de 207 miles de millones de dólares (mmd) en febrero a 144.5 mmd en junio (-30%) y que las importaciones se redujeron de 247. 5 miles de millones de dólares en febrero a 199 mmd en junio (-19.5%).

Estas cifras sugieren que la reconstrucción de las cadenas de valor entre EU y México tardará un buen tiempo. Las nuevas inversiones van a dilatarse y por lo pronto las fábricas funcionarán por debajo de su capacidad instalada. Además, nadie, ni por supuesto los empresarios que asistieron a la cena esa noche en la Casa Blanca están seguros de que esta reconstrucción vaya a darse en los mismos términos históricos de los últimos decenios.



Según James Galbraith, la economía de Estados Unidos tardará mucho tiempo en salir de la crisis debido a que la demanda mundial de bienes y servicios de tecnología avanzada en sectores como la industria aeroespacial, tecnologías de información, armamento, servicios petroleros o finanzas es probable que se recuperen muy lentamente. Por su parte, el mercado interno estadounidense va a resentir una disminución del consumo, sobre todo en el sector servicios que más empleos ha generado en ese país. Más importante aún: el gasto de las familias en los 60 estaba impulsado por un alza en los salarios. En cambio, argumenta Galbraith, en esta última etapa, las remuneraciones no crecieron a la misma velocidad y el aumento del gasto en la última década ha dependido de la contratación de mayores deudas personales y corporativas. El peso de esas obligaciones frenará aún más la oferta y la demanda.



El T-MEC tiene por lo menos dos problemas adicionales que pueden detener las inversiones hacia México: las cláusulas que se refieren a las reglas de origen, la solución de controversias, y el capítulo laboral. Las empresas tendrán que aprender a enfrentar estas nuevas disposiciones, lo que las obligará a ser más cautas en el corto plazo.

En cambio, la disputa de EU con China puede representar una nueva oportunidad para nuestro país. Sin embargo, para los grandes corporativos, salirse de ese país asiático y trasladarse a nuestro territorio representa una decisión muy compleja. A corto plazo, la ruptura de las cadenas productivas existentes entre China y EU ahondaría la recesión mundial. No es lo mismo cambiar de lugar una fábrica que apretar un botón para mover cientos de miles de dólares de un banco a otro, o de un paraíso fiscal en Suiza a las Islas Caimán. Las inversiones no financieras funcionan de otra manera: la globalización de la producción (mediante el llamado outsourcing) tardó en consolidarse desde los ochentas hasta bien entrados los noventa. A todo esto, habría que agregar que las nuevas manufacturas que inundan el mercado mundial son, en buena parte, de alta tecnología. Volver a México un actor relevante en esos sectores requeriría un cambio profundo que nadie, ni los empresarios ni el gobierno está planeando ni preparando. Parecen haberse resignado a que permanezcamos como una economía maquiladora, lo cual traería los mismos resultados de las últimas décadas: bajo crecimiento, mayores desigualdades y pocos empleos productivos.

En resumen, el T-MEC es por lo pronto un proyecto afectado más por las incertidumbres que por la confianza de los inversionistas. Es un tren detenido en la estación y no hay seguridad de cuándo echará a andar y a dónde se dirigirá. La economía de la región (México, EU y Canadá), como la globalización mundial, están en plena resaca. Cuándo y qué tipo de oleada vendrá, nadie lo sabe y es probable que tarde varios años en hacerse realidad. Mientras tanto, la contradicción entre desacelerar los contagios o la actividad económica sigue siendo un dilema sin resolver en ambos lados de la frontera. Nuestro gobierno y el poder legislativo tienen que hacerse cargo ya de esta situación, y tomar las decisiones correspondientes.

http://saulescobar.blogspot.com/

Vida y milagros

En la entrevista que el diario El País le hizo a Carlos Urzúa este 2 de julio, dice que el principal problema que enfrenta México en términos económicos es la falta de dinero público y explica porqué. Deja en claro que está de acuerdo en muchos de los objetivos del presidente López Obrador, pero no en la forma en que dichos objetivos se operan desde dentro de su gobierno. En México la mala recaudación de impuestos tiene una larga historia. En las últimas siete décadas las fuentes de ingresos para el gobierno mexicano vienen o del pago de impuestos y derechos o del dinero que ha generado el petróleo, con todos los altibajos que eso ha significado. Hoy Pemex no genera excedentes y absorbe miles de millones de pesos que se necesitan en otros lados de la economía: La recaudación de impuestos que Urzúa pretendía lograr sí pasaba por una forma distinta de cobrar impuestos. No encontró condiciones para lograr lo que él creía necesario y renunció. La recaudación tributaria en México hoy ha caído a solo el 14% del PIB y la inversión pública y privada también. Dice Urzúa:

"Cuando tú tienes una recaudación así de baja , a no ser que tengas ganancias extras muy grandes por derechos de hidrocarburos, o de cobre, como es el caso de Chile, no vas a salir bien porque es demasiado poco dinero para la magnitud de los problemas que enfrentas.... Si tú quieres ser un país que de manera ordenada pueda progresar, donde la justicia misma sea evidente en el trato del gobierno a sus ciudadanos, con grandes oportunidades de educación, salud, etcétera, tienes que tener una cierta cantidad de dinero y México no la ha tenido."

Urzúa dice que si quieres crecer como país, debes de tener una inversión mínima del 25%. Lo que él proponía antes de entrar al gobierno era mejorar la calidad de la inversión pública y seguramente una reforma fiscal, a la que el presidente dijo que no desde que estaba en campaña. En 2018, la inversión en el país era del 22.4%, 3.3% era inversión pública y 19% era inversión privada. Para 2019, la inversión en el país había caído al 20.2 del PIB. Las razones de esta caída son múltiples, pero una es que el dinero que el gobierno debiera recaudar por IVA, ISR y otros derechos, se desplomó. El resultado es que el gobierno tiene mucho menos dinero que antes. La crisis del COVID ha venido a acelerar la espiral hacia abajo. La inversión del gobierno ha caído al 2.8% y la del sector privado nacional y extranjero, al 17.9%.



Dice Urzúa que la falta de dinero tensionará sin remedio la relación entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados y la operación de todo el aparto de gobierno. Ya lo estamos viendo. Como en los matrimonios, la primera causa de divorcio es la falta de dinero. En esta gran casa que es México los pleitos crecerán cada día. La recaudación de impuestos difícilmente mejorará, a menos que se implemente una política de recaudación fiscal basada en el miedo, entre otras cosas, porque el gobierno federal ha minado sus estructuras administrativas también en la Secretaría de Hacienda. Los recortes, aún antes de la crisis del COVID, ya habían mermado la eficacia del gobierno federal a extremos inimaginables. Tanto en el cobro de impuestos como en cualquier trámite ante una instancia de gobierno, la falta de dinero se ha hecho sentir. Los trabajadores del servicio público sufren por falta de herramientas para hacer su trabajo, y sufre cualquier ciudadano que necesite hacer un trámite.

El sábado, la Secretaría de Economía anunció que retiraría las computadoras a 3 de cada 4 trabajadores. Seguramente las computadoras eran arrendadas y no hay manera de seguirlas pagando debido a los recortes. La Secretaría de Economía, entre otras cosas, es responsable de los permisos de exportación e importación, de los cuales dependemos tanto. Sin computadoras no veo cómo sacarán adelante sus trámites. Difícil que el T-MEC dé frutos si los tramites se vuelven mas lentos o imposibles.

En términos de metáfora es como si a un dibujante le quitan su lápiz y le piden que dibuje.

(Fotografía de portadilla:Moisés Pablo, Cuarto Oscuro, tomada de Infobae)

Mundo Nuestro. El siguiente es el manifiesto "TRABAJO: DEMOCRATIZAR, DESMERCANTILIZAR, DESCONTAMINAR", elaborado por iniciativa de un grupo de mujeres académicas en Europa, Isabelle Ferreras, Dominique Méda y Julie Battilana, Julia Cagé, Lisa Herzog, Sara Lafuente Hernandez, Helene Landemore y Pavlina Tcherneva, académicas en los campos de la filosofía, la sociología, la economía, la administración y las ciencias políticas. En la coyuntura de la pandemia, afirman, es tiempo de democratizar a las empresas, desmercantilizar el trabajo y remediar el desastre ambiental.

Manifiesto



¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El personal médico y farmacéutico, el personal de enfermería, de reparto, de caja… todas esas personas que nos han permitido sobrevivir durante este periodo de confinamiento son la viva muestra de ello. Esta pandemia ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera “mercancía”. Los servicios de salud, atención y cuidados a colectivos vulnerables son actividades que deberíamos proteger de las leyes del mercado. De no hacerlo, correríamos el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas. ¿Qué hacer para evitar semejante escenario? Hay que permitir a los y las trabajadoras participar en las decisiones, es decir, hay que democratizar la empresa. Y hay también que desmercantilizar el trabajo, es decir, asegurar que la colectividad garantice un empleo útil a todas y todos. En este momento crucial, en el que nos enfrentamos al mismo tiempo a un riesgo de pandemia y a uno de colapso climático, estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían no solo garantizar la dignidad de cada persona, sino también actuar colectivamente para descontaminar y salvar el planeta.

Democratizar. Mientras quienes podemos, permanecemos confinadas, los (y especialmente, las) que forman parte del personal esencial, en particular las personas racializadas, migrantes y que trabajan en la economía informal, se levantan cada día para prestar servicio a los y las demás. Ellas son prueba de la dignidad del trabajo y de la ausencia de banalidad de su función, y demuestran un hecho clave que el capitalismo, en su afán por transformar a los seres humanos en meros “recursos”, intenta siempre invisibilizar: y es que, sin personas dispuestas a invertir su trabajo, no hay producción ni servicio que valga.

Por otra parte, los confinados (y, en especial, las confinadas) están movilizando todo lo que está en su mano para lograr, desde sus domicilios, mantener la actividad de sus organizaciones, demostrando así de forma masiva que quienes suponen que la gran preocupación de un empresario debe ser no perder de vista a un trabajador indigno de confianza para controlarlo mejor, están profundamente equivocados. Cada día, los y las trabajadoras evidencian que no son una “parte interesada” cualquiera de la empresa: son SU parte constitutiva. Sin embargo, se les niega aún con demasiada frecuencia el derecho a participar en el gobierno empresarial, monopolizado por quienes aportan capital.

Si nos preguntamos seriamente cómo podrían las empresas y la sociedad en su conjunto expresar su reconocimiento hacia los y las trabajadoras, parece evidente que tendría que aplanarse la curva para las remuneraciones más altas e iniciarse ésta desde un nivel más alto para el resto, pero dichos cambios no serían suficientes. Del mismo modo en que, después de las dos guerras mundiales, se otorgó el derecho de voto a las mujeres en reconocimiento de su contribución al esfuerzo de guerra, hoy resulta injustificable negarse a la emancipación de los y las inversoras de trabajo, y al reconocimiento de su ciudadanía en la empresa. Se trata de una transformación absolutamente necesaria.

En Europa, la representación de quienes invierten su trabajo en la empresa comenzó a establecerse a través de comités de empresa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero estas “Cámaras” de representación de los y las trabajadoras se han quedado en órganos muy débiles, dependientes de la buena voluntad de los equipos de dirección designados por el accionariado. Estas Cámaras han sido incapaces de bloquear la dinámica propia del capital, que busca acumular para sí mismo, mientras destruye el planeta. Estas Cámaras de representación de los y las trabajadoras deberían en lo sucesivo ser dotadas de derechos similares a los de los consejos de administración, con el fin de someter el gobierno empresarial (es decir, la dirección al más alto nivel) a un sistema de doble mayoría.



En Alemania, Países Bajos y los países escandinavos, las diferentes formas de cogestión o codecisión (Mitbestimmung) que se pusieron progresivamente en marcha después de la Segunda Guerra Mundial representaron una etapa crucial, pero aún no basta para generar una verdadera ciudadanía en la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde el derecho de sindicalización ha sido vigorosamente combatido, surgen hoy voces que piden otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de elegir representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno de los consejos de administración. Nombrar al Director (o, mejor aún, a la directora) General, decidir sobre la estrategia empresarial, o sobre cómo se reparten los beneficios, son todas ellas cuestiones demasiado importantes como para ser dejadas exclusivamente en manos de la representación accionarial. Quienes invierten en la empresa su trabajo, su salud, y, en definitiva, su propia vida, deben tener asimismo la posibilidad de validar colectivamente tales decisiones.

Desmercantilizar. Esta crisis ilustra también hasta qué punto el trabajo no debería tratarse como mercancía. La crisis demuestra que no podemos dejar decisiones colectivas tan importantes en manos de los mecanismos del mercado. La creación de puestos de trabajo en los sectores de cuidados y de atención primaria, o el abastecimiento de material y equipos de emergencia llevan años sometidos a la lógica de la rentabilidad, y esta crisis no hace sino sacarnos del engaño. Nuestras decenas de miles de fallecidos nos recuerdan que hay necesidades colectivas estratégicas que debieran quedar inmunizadas ante la mercantilización. Quienes aún afirmen lo contrario son ideólogos que nos ponen a todos en grave peligro. La lógica de la rentabilidad no puede decidirlo todo. Al igual que ciertos sectores han de protegerse de las leyes del mercado no regulado, también ha de poder garantizarse a cada cual un trabajo digno.

Una forma de alcanzar ese objetivo es a través de una Garantía de empleo, que ofrezca la posibilidad a cada ciudadano y ciudadana de tener un empleo. El artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos humanos consagra el derecho al trabajo, a un trabajo libremente elegido, a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, y a una protección contra el desempleo. En este sentido, la Garantía de empleo permitiría no solo que toda persona se ganara la vida dignamente, sino también que, colectivamente, multiplicáramos nuestras fuerzas para responder mejor a las numerosas necesidades sociales y medioambientales a las que nos enfrentamos. Una Garantía de Empleo puesta a disposición de las comunidades y administraciones locales permitiría, en concreto, contribuir a evitar el colapso climático, y al mismo tiempo garantizar un futuro digno a todas las personas. La Unión Europea debería poner los medios necesarios para impulsar semejante proyecto en el marco de su Green Deal. Si revisara la misión de su Banco Central, para que éste pudiera financiar tal programa, necesario para nuestra supervivencia, la UE se ganaría la legitimidad en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Ofreciendo una solución anticíclica al choque que se avecina en términos de desempleo, la UE demostraría su compromiso con la prosperidad social, económica y ecológica de nuestras sociedades democráticas.



Descontaminar. No repitamos los errores de 2008: aquella crisis se saldó con el rescate incondicional del sector financiero, profundizando la deuda pública. Si nuestros estados vuelven hoy a intervenir la economía, es importante que al menos pueda exigirse a las empresas beneficiarias su adecuación al marco general de la democracia. El Estado, en nombre de la sociedad democrática a la cual sirve y que lo constituye, y en nombre también de su responsabilidad para velar por nuestra supervivencia medioambiental, debe condicionar su intervención a cambios en la orientación estratégica de las empresas intervenidas. Más allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales, debe imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de las empresas. Porque las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán, sin lugar a duda, las que cuenten con gobiernos democráticos; aquellas en las que tanto inversoras de capital como de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica. Esto no debe sorprender: bajo el régimen actual, el compromiso capital/trabajo/planeta resulta siempre desfavorable al trabajo y al planeta. Como han demostrado los ingenieros de la Universidad de Cambridge Cullen, Allwood y Borgstein (Envir. Sc. & Tech. 2011 45, 1711–1718), si se establecieran “modificaciones realizables en los procesos productivos”, podría ahorrarse un 73% del consumo mundial de energía. Pero estos cambios implicarían más mano de obra, y decisiones a menudo más costosas a corto plazo. Mientras las empresas sigan administrándose exclusivamente en beneficio de quienes aportan capital, ¿de qué lado creen ustedes que se decantará la decisión, en un momento en que el coste de la energía es irrisorio?

A pesar de los desafíos que tales cambios implican, algunas cooperativas o empresas de la economía social y solidaria, proponiéndose objetivos híbridos (financieros a la par que sociales y medioambientales), y desarrollando gobiernos internos más democráticos, han demostrado ya que ésta es una vía creíble.

No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan capital no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que invierten su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar el planeta.

Traducido por Sarah Lafuente Hernandez (University of Brussels–ETUI)