Medio Ambiente

Vida y milagros

La semana pasada el senador Martí Batres presentó una iniciativa que restringe de manera total la participación de la iniciativa privada en cualquier tipo de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. El Artículo 4o, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho al acceso , disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico y señala al estado mexicano como el responsable de garantizar que los gobernados tengan agua de manera suficiente, salubre y accesible. Desde hace décadas que esto es así y ha sido facultad del estado y sus tres niveles de gobierno el garantizar el suministro mencionado.



Batres hizo énfasis en una cosa: que al ser considerado como un derecho humano, éste solamente debe de ser prestado por el estado y nunca por un particular.

El derecho a la educación también es un derecho humano y es obligación del estado el garantizarlo y regularlo. La SEP tiene como parte de sus responsabilidades el supervisar a las instituciones privadas de educación, pero no por eso limita la impartición de la educación a las instituciones públicas. Regular a las instituciones dedicadas a la educación es obligación del estado, pero eso no impide la existencia de entidades privadas destinadas a la educación, muchas de ellas con una larga y exitosa trayectoria. De hecho, sin su existencia, es probable que el estado mexicano estaría rebasado en su capacidad de impartir educación, particularmente la media y superior. Los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la Constitución. ¿Por qué en el caso del derecho al agua han restringido el derecho a que únicamente pueda darlo el estado?



El nuevo congreso ha decidido acotar la prestación de todos los servicios de agua y restringirlos al estado, pero no me hago ilusiones y dudo que esta reiteración del discurso de que el estado sea el único ejecutor del servicio de agua cambie la difícil situación de su gestión en nuestro país, si antes no se fortalece a las instituciones encargadas de vigilar que se apliquen las leyes que ordenan el uso de agua. En la mayoría de los municipios y estados, el servicio de agua es responsabilidad total de los tres niveles de gobierno y es cien por ciento público. Excepto en Nuevo León, en que el servicio de agua depende de una empresa pública sin fines lucrativos con una fuerte contraloría social y que ha resultado eficaz, puede asegurar que en el resto del país el servicio de agua tiene graves deficiencias, cobertura insuficiente, tratamiento nulo o fuera de norma y mala calidad del agua para consumo humano. La mayoría de los ríos y cuerpos de agua del país están altamente contaminados y la calidad del agua es mala. El servicio del agua en el país es mayoritariamente público y se apega casi en su totalidad al marco jurídico que Martí Batres ha declarado como obligatorio la semana pasada, como si esa sola declaración de algo que ya se da, pudiera resolver la tragedia de la pésima gestión del agua en México. En la mayoría de los municipios del país son los poderes ejecutivos federales, estatales y municipales quienes han tenido la total atribución de garantizar ese derecho. Ellos y nadie más han sido los ejecutores y hay que señalar que en su mayoría lo han hecho pésimo. No tiene que ver con que el servicio sea público o privado, tiene mucho más que ver con la falta de capacidad del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno para tener una rectoría efectiva sobre la gestión del agua.



Las instituciones públicas responsables de aplicar las leyes que rigen los usos y aprovechamientos del agua, en particular la Comisión Nacional del Agua, han sido disminuidas y minimizadas de manera drástica desde los presupuestos federales. Ni que decir de las instituciones estatales encargadas del agua. En Puebla, la CONAGUA tenía hace 20 años por lo menos 30 inspectores para supervisar la gestión del agua domiciliaria e industrial de los 217 municipios del estado, así como el uso del agua y su tratamiento por parte de las empresas. Hoy tiene tres personas. A eso ha quedado reducido el estado mexicano que hoy tiene que hacer cumplir la ley.

Descargas directas al río Rabanillo procedentes del municipio de Cuautlancingo. Están fuera de la cobertura de SOAPAP, son responsabilidad del municipio. El ayuntamiento otorga licencias de funcionamiento dejando el rubro de agua en blanco.

Pongo un caso: San Martín Texmelucan es un municipio de cerca de 200 mil habitantes y en cuyo territorio están instalados corredores industriales metal mecánicos y textilero feroces y la petroquímica de Pemex. El municipio solo es capaz de cobrar el 8% de las cuentas de agua y el 5% del predial. El servicio de agua es público. La luz para extraer el agua de los pozos la paga el municipio. La titularidad de los pozos es del municipio, pero el 92% de las cuentas restantes las cobran los diferentes comités de agua regidos por usos y costumbres sin ingresar un peso a la tesorería de San Martín. Esos mismos comités permiten que se tire de todo. Lo mismo sucede en las juntas auxiliares de la ciudad de Puebla y en el resto de los municipios que rodean a la metrópoli.

Las concesiones privadas de agua se han manejado de manera opaca, por lo cual es imposible saber si perjudican o benefician, y por lo mismo están fuertemente cuestionadas. Es quizá esa opacidad la que hoy ha derivado en su absoluta prohibición. El tiempo de ser transparentes y abiertos lo desperdiciaron y no hay números ni datos públicos que hablen por ellos. Sin embargo, el prohibirlas no garantizará que los municipios de manera milagrosa empiecen a tener prácticas virtuosas alrededor de su obligación de dar agua a sus gobernados, además de sanearla de manera adecuada. Conozco muchísimos casos de pésimas prácticas públicas municipales en torno al agua, y he podido atestiguar cómo en los drenajes públicos municipales se echa de todo, ya sea a escondidas o con la complicidad de las autoridades.

Batres ha propuesto que quede prohibida cualquier intervención de particulares en actos de administración del agua y toda forma de privatización de la gestión de la misma. Oigo a Martí y pienso en los municipios y juntas auxiliares en que por usos y costumbres, son los comités de agua los que tienen en sus manos los pozos que están a nombre del municipio y cobran directamente a las empresas por darles agua y por permitirles tirar sus aguas contaminadas en las barrancas más cercanas. Pienso en esos comités que cobran por llevar agua a las casas y luego la conducen ya sucia a cualquier barranca. Esa es una privatización silenciosa y pulverizada del agua amparada en los usos y costumbres ¿Cómo impedirán eso? ¿Con qué presupuesto fortalecerá a las instancias inspectoras? ¿Cómo retomará el estado la rectoría del agua sin que los miles de comités que funcionan en el país se inconformen o se subleven?

Qué bueno que se defienda el derecho humano al agua, pero aparejada debe de ir la obligación humana de limpiar el agua que usamos y ensuciamos, a pagar porque salga por nuestra llave, a responsabilizarnos de su ahorro. Sin eso, el derecho al agua quedará en pura retórica de templete.

Mundo Nuestro. Julia Carabias es desde el lunes 27 de agosto miembro del Colegio Nacional. Su mensaje de presentación es el más inteligente reclamo por los derechos de la naturaleza en México y un llamado amoroso a construir una conciencia colectiva de los riesgos mortales para la vida en el planeta provocados por la acción humana.

Presentamos aquí el video completo de esta valiosa científica y activista mexicana. Al inicio, el discurso de presentación por el escritor Juan Villoro. Al final, la respuesta de José Sarukhan al discurso de ingreso de la Maestra Carabias .





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Sustentabilidad ambiental y calidad de vida

  • Es necesaria la búsqueda de opciones compatibles entre el desarrollo económico y social y la conservación de la naturaleza: Julia Carabias Lillo
  • Ecología y economía son indisolubles en el contexto social del desarrollo humano y representan problemas de gran complejidad: José Sarukhán

Ayer en la tarde tuvo lugar la lección inaugural de Julia Carabias Lillo con motivo de su ingreso como integrante de El Colegio Nacional (ECN). La ceremonia contó con las palabras de bienvenida del presidente en turno de la institución, Juan Villoro, y el discurso fue contestado por el biólogo José Sarukhán, también miembro de ECN.

Destacada bióloga y ecologista, la carrera de Julia Carabias Lillo ha seguido una trayectoria enfocada en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), fue Presidenta del Instituto Nacional de Ecología y Secretaria de Medio Ambiente, Recursos y Pesca. Juan Villoro subrayó las decisivas transformaciones que logró Carabias durante este periodo para preservar la naturaleza. “Como investigadora y gestora de proyectos públicos, Julia Carabias ha trabajado para proteger un ecosistema arrasado por el vendaval que llamamos progreso” afirmó Villoro.

Ante la presencia de integrantes de El Colegio Nacional, como Ranulfo Romo, Ruy Pérez Tamayo, Linda Rosa Manzanilla, Concepción Company, Christopher Domínguez Michael, Pablo Rudomin, Vicente Quirarte, Mario Molina, Alejandro Frank, José Antonio de la Peña, Javier Garciadiego, Guillermo Soberón, José Ramón Cossío, María Elena Medina Mora y otras distinguidas personalidades, como Enrique Graue Wiechers, actual Rector de la UNAM, Carabias Lillo reflexionó acerca de los principales peligros de la crisis ambiental que afecta al planeta en la actualidad que, según especificó la científica, no tiene precedentes en la historia “por su magnitud, su velocidad y sus consecuencias”. En su lección inaugural titulada Sustentabilidad ambiental y bienestar social, la bióloga manifestó su preocupación por la sobrepoblación mundial —actualmente hay aproximadamente 7,700 millones de habitantes en el planeta— y advirtió que, aunque los humanos dependemos de la naturaleza para abastecernos, “no existe todavía una conciencia colectiva, y es aún escasa la individual, que reconozca esta dependencia y actúe en consecuencia”.

“Una buena calidad de vida es imposible si los sistemas biofísicoquímicos no se mantienen funcionando de manera sana”, reconoció Carabias Lillo, quien señaló que la producción de alimentos ha alterado y transformado casi la mitad de la superficie que ocupan los ecosistemas naturales terrestres que mantienen la estabilidad de la vida en el planeta.

La bióloga continuó explicando que los escenarios económicos ambientales señalan que, de seguir las tendencias actuales, la situación empeorará sustancialmente para el año 2030, dejando una situación muy comprometida para las generaciones venideras, quienes verán reducidas sus oportunidades y posibilidades de elección y, con ello, su libertad. “Es necesaria la búsqueda de opciones compatibles entre el desarrollo económico y social y la conservación de la naturaleza”, indicó la científica, “nos enfrentamos a contradicciones difíciles de salvar, las cuales al menos en el corto plazo, complican el logro de los objetivos loables”.

A lo largo de su discurso, Carabias Lillo definió que el modelo económico mexicano de crecimiento lento enfocado en la exportación ha tenido consecuencias sociales y económicas muy adversas en la población, y abogó por un modelo en el que primen los sistemas productivos sustentables, la conservación de la biodiversidad, las áreas naturales protegidas y el enfoque en los derechos humanos.

“Es necesario establecer puentes comunicantes, mecanismos innovadores deliberativos regulados y con enfoques incluyentes que deriven en nuevas formas de gobernancia sólidas para llegar a la construcción de acuerdos que influyan en la toma de decisiones sobre las políticas ambientales”, concluyó la científica.

En su respuesta, el colegiado José Sarukhán destacó la labor miliante de la nueva integrante de ECN, rememorando que gracias al trabajo de Carabias la UNAM tiene la reserva de vegetación natural más grande del mundo entero dentro de una zona metropolitana de las características de Ciudad de México.

Sarukhán describió la presencia de Carabias como “un gran enriquecimiento” para El Colegio Nacional, y al respecto de las reflexiones compartidas por la científica en su lección inaugural, el colegiado sopesó que “no hay forma de desligar el tema ambiental del económico: ecología y economía son indisolubles en el contexto social del desarrollo humano y representan problemas de gran complejidad”.

Mundo Nuestro. Río rojo. Así lleva varios días, dicen los vecinos. En el poblado de El Moral, en las inmediaciones de San Martín Texmelucan, el arroyo Cotzala ha corrido teñido de rojo en un recordatorio de la brutal contaminación del río Atoyac en todos sus afluentes. La industria textil y de la confección en la cuenca alta del río es una de sus derrotas más mortales.

No hay más que decir: pero la imagen ayuda a entender el cuestionamiento elemental a la decisión del gobierno del estado de Puebla de comprar tres "barquitos", como llamó el gobernador Gali a las embarcaciones que limpiarán el lago de Valsequillo, cuarenta kilómetros abajo de este escurridero químico que mata el río.

Mientras no se asuma que el problema es sistémico y que sólo puede enfrentarse desde la perspectiva de cuenca, el río correrá muerto con la suma de todos sus arroyos, teñido impunemente por la ceguera de los gobernantes.



El Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ, exige de manera inmediata la presentación con vida del compañero Sergio Rivera Hernández

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24 AGOSTO, 2018

A los medios de comunicación
A la opinión pública nacional e intencional
A las organizaciones de derechos humanos, sociales y en resistencia.
A los Pueblos Indígenas de Mexico y el Mundo.

secretaria de gobernación
y gobernador de puebla.



Nosotros el Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ, exigimos de manera inmediata la presentación con vida de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, quien forma parte del movimiento de comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico coyolapa-atlzalá, y miembro de nuestra organización, quien el día de ayer como a las seis de la tarde en la carretera que llega a la comunidad de Tepexilotla camino a su comunidad (Tepetolonzi) coyolapa Sierra Negra, que pertenece al municipio de San Pablo Zoquitlan, era perseguido, según testigos por una camioneta Nissan Blanca con caja seca, encontrando su motocicleta arrollada a la altura de la desviación a la comunidad de Zaragoza sin ninguna señal de él, nustros compañeros realizaron una búsqueda por la zona, sin ningún éxito, mientras hoy familiares, amigos y compañeros renovarán la búsqueda, hasta encontrarlo.

Sergio ha vivido en dos ocasiones agresiones de intento de asesinato y golpes, los hemos denunciado públicamente y ante la secretaria de gobernación, sin duda es uno de los defensores del la tierra y de territorio que a levantado la voz ante la Imposición y como defensor hà estado al frente en contra del proyecto que ha promovido la secretaría de energía para favorecer a Minera Autlán, está a su vez con la complicidad del crimen organizado, queriendo intimidar con pistoleros y amenazas a la población para poder aceptar la construcción de su proyecto que más ahora no pasará.

Antes estos hechos de violencia señalamos a Minera Autlán, promovida por sus testaferros Cirilo Trujillo y Fermin González Leon a quienes los hacemos responsable de lo que le pase a nuestro compañero, estos dos personajes Presidentes de Tlacotepec de Diaz y San Pablo Zoquitlan son quienes han provocado un clima de tensión y ruptura del tejido social, así como enfrentamientos entre los mismos pobladores y quienes se han arrastrado a las órdenes de la minera.



Queremos señalar que en el mes de junio en ese mismo lugar Paramilitares del PRD-PAN como son: Antonio Sandoval, Victorino Téllez carrillo miembro de la UNORCA y cafetería sierra negra en la ciudad de tehuacan es el promotor principal de la hidroeléctrica, Miguel Carrillo León, Sairé Montalvo Avendaño quienes montaron un retén ilegal y quienes iban armados con armas de alto poder, agredieron a nuestro compañero y a dos compañeros más cuando regresaban de una jornada de trabajo, amenazándolo de muerte, esto consta en una denuncia pública que presentó nuestro compañero Sergio ante la fiscalía, por lo que exigimos el actuar de las fiscalía.

Anunciamos acciones de movilización para exigir la la presentación con vida de nuestro hermano, no es la primera vez que nos agreden, en el mes de febrero después de regresar de una movilización donde exigimos a la SENER sacara las manos para querer imponer una consulta quemaron el autobús donde viajaban nuestros compañeros, anunciando este tipo de actos y amenazas que hoy se cumplen. Se eta manera.

Exigimos a la Secretaria de Gobernación actúe de manera pronta y atienda ya nuestra exigencia, así Como autoridades de Puebla la presentación con vida a Sergio Rivera Hernández los defensores de la tierra y de territorio y miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, la omisión y la incapacidad ante estos hechos es complicidad.

Ni un megaproyecto de Muerte en la Sierra Negra!

Presentación con vida de Sergio Ya!

Tehuacán Puebla 24 de Agosto 2018.

Mundo Nuestro. El siguiente es el comunicado dado a conocer este martes por la organización civil Dale la Cara al Atoyc en respuesta al anuncio del gobernador del estado de Puebla, Tony Gali, de que el gobierno invertirá 200 millones de pesos en un sistema de barcos para la limpieza del lago de Valsequillo.

LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO DE VALSEQUILLO ES CONSECUENCIA, NO EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Derivado del análisis e investigación de múltiples estudios de casos de éxito en el rescate de Cuencas hídricas y cuerpos de agua nacionales e internacionales, así como de haber sostenido múltiples reuniones de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, con académicos de las más prestigiadas universidades y organismos autónomos, en Dale la Cara al Atoyac estamos convencidos de que la mejor manera de sanear, fortalecer y cuidar una cuenca como la del Alto Atoyac que no solo nutre a la presa de Valsequillo sino que se usa para riego a lo largo de su recorrido, es a través de un plan integral hídrico de regeneración de cuenca.



En múltiples ocasiones, durante ruedas de prensa, en reuniones con autoridades actuales y con candidatos a diversos puestos de elección popular, hemos manifestado que:

• Es fundamental un plan de ordenamiento territorial de toda la cuenca



• Recuperar los bosques, nuestras fábricas de agua, con reforestaciones estructuradas a largo plazo con una taza de supervivencia que por el cuidado constante de los árboles supere el 80%

• Fortalecer políticas públicas claras del aprovechamiento del agua

• Fortalecer. un cuerpo de inspectores y sancionar a los infractores • Crear un organismo operador inter-municipal • Declarar la Rivera del Río Atoyac como área natural protegida



Dale la Cara ha sido portavoz de las recomendaciones para la regeneración de la cuenca aporatadas por los expertos en el tema, y por eso externamos nuestra preocupación respecto a que a unos meses de terminar la actual administración pública, se decida invertir en un proyecto que aunque tenga la intención de detonar el turismo, no está debidamente enfocado al rescate de un cuerpo de agua tan contaminado como el Atoyac. Una inversión de 200 millones de pesos podría fortalecer puntos medulares del rescate de nuestro río y cuenca y no sólo la limpieza de una zona de forma aislada y temporal, tratando de remediar el daño sin involucrar en su costo a todos los responsables de su contaminación.

Respecto a los barcos anunciados por el gobernador Antonio Gali, éstos son parte de un sistema de limpieza del agua, que si bien ayudarían a contribuir con la limpieza superfcial del lago, no corrigen el daño que se hace a lo largo de la cuenca mediante los drenajes que se vierten directamente sobre el Atoyac y sus ríos tributarios sin cumplir con las NORMA DE LA DECLARATORIA ATOYAC XOCHIAC. El sistema de barcos es una herramienta de solución parcial que tritura el lirio e introduce ozono al agua superfcial. Si bien eso ayuda a mejorar su calidad, no corrige el problema de fondo. Es importante saber cuáles serás los mecanismos de mantenimiento, tener los costos de operación asegurados y qué institución gubernamental tendrá dicha responsabilidad.

Somos partidarios de embellecer el lago de Valsequillo para fortalecer el turismo, sin embargo, si se quiere lograr tener un lugar de recreación que involucre un cuerpo de agua como el Atoyac y el lago de Valsequillo, por múltiples motivos, principalmente de salud pública, debiera ser prioridad de las autoridades contar primero con una inversión en la limpieza y regularización de la zona, así como la revisión y modifcaciones pertinentes a la ley, antes de pensar en declarar el lago como un cuerpo de agua en el que se puede nadar y hacer deporte sin riesgo para la salud.

Finalmente, a cuatro meses de terminar una administración sería importante que las autoridades entrantes tuvieran la oportunidad de involucrarse en éste proyecto antes de que se destinaran 200 millones de pesos a un proyecto que requiere un acompañamiento presupuestal del nuevo gobierno a partir de diciembre de este año.

Dale la Cara al Atoyac ha generado a lo largo de los últimos 5 años una ruta crítica de trabajo tanto en inversión, como en tiempos a seguir para la limpieza de la Cuenca. Dicha ruta se compartió durante las campañas con los candidatos a la gubernatura y a las presidencias municipales. Es un documento consensuado con diversos actores que además es público.

Por lo anterior:

SOLICITAMOS A LAS AUTORIDADES EN TURNO Y ELECTAS REALIZAR LAS MESAS DE TRABAJO QUE SEAN NECESARIAS, INCLUYENDO A LA SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADA, Y UNIVERSIDADES PARA VALORAR OPCIONES Y PRIORIDADES EN ESTE PROCESO DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO. UNA INVERSIÓN DE 200 MILLONES DE PESOS ES ALGO QUE NO DEBEMOS DESPERDICIAR EN COMBATIR EFECTOS EN LUGAR DEL ORIGEN DEL PROBLEMA.

Mundo Nuestro. En el marco de la polémica generada por los decretos presidenciales sobre reservas de agua presentamos la postura de la bióloga mexicana Julia Carabias. El texto fue tomade de la publicación La Crónica de Hoy.

La fotografía de portadilla es del biólogo Javier de la Maza y fue tomada del portal de Natura Mexicana.

Resulta lamentable que al final de la contienda electoral, cuando el tema ambiental había estado desdibujado, de repenteaparezca enredado en un debate lleno de confusiones y exabruptos a raíz de los diez decretos de reserva de agua que el Ejecutivo federal anunció el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio pasado). Con beligerancia asombrosa se ha asociado a este instrumento de gestión del agua para la conservación con la falsedad de su privatización. Reserva de agua, vedas y concesiones son tres instrumentos diferentes, cada uno con su propio propósito y normatividad.



Ante la desinformación, el desconocimiento del público en general de cómo se administra el agua, lo novedoso del instrumento y lo sensible del tema, ocurrió la combinación perfecta para politizar y convertir a los recientes decretos de reserva de agua en un ataque al gobierno, desvirtuando su importancia ambiental y social.

La finalidad de estas reservas es, como su nombre lo indica, reservar agua para consumo humano y para los ecosistemas naturales, es decir, para garantizar que el ciclo hidrológico no se altere por la sobreexplotación de los cuerpos de agua. Las reservas de agua son garantía de que todos los habitantes de una cuenca, ejidos, comunidades, ciudades, así como los ecosistemas naturales y su biodiversidad, dispongan de agua para siempre al garantizar el funcionamiento del sistema hidrológico natural. Para ello es necesario definir y proteger el caudal ecológico que fluye por las cuencas.

Las concesiones se otorgan a personas físicas o morales para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por la Comisión Nacional del Agua. En muchas ocasiones se han concesionado volúmenes de aguas superficiales hasta por el cien por ciento, o más, del escurrimiento medio anual histórico, lo que lleva a la situación de sobreexplotación de cuerpos de agua que padecemos en buena parte del país.

Las vedas son el instrumento que prohíbe el aprovechamiento del agua en un sitio determinado debido al deterioro de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Bajo la legislación anterior a la Ley de Aguas Nacionales vigente, las vedas se utilizaron para apartar agua mientras se elaboraban los estudios técnicos necesarios para aprovechamientos potenciales hidráulicos como presas o distritos de riego. No tenían una base técnica para el sustento ecológico ni se establecían mediante un balance hidrológico.

Una reserva de agua no tiene que ver con la concesión y no es excluyente de la veda. Para decretar una reserva de agua en una cuenca que está vedada debe primero levantarse la veda, establecer el volumen de agua necesario para la conservación y para el consumo humano que surge de un estudio técnico realizado por expertos, y luego, si la cuenca presenta cuerpos de agua sobreexplotados se puede decretar nuevamente una veda en esos sitios. Si del balance hídrico se demuestra que queda agua disponible para otros usos, ésta puede ser concesionada mediante la aplicación de la normatividad correspondiente. El argumento de que las reservas de agua se decretaron para privatizarla carece de fundamento.



Desde 2010 México estableció el Programa Nacional de Reservas de Agua (PNRA). En el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 se incluyó el compromiso de decretar 189 reservas de agua, al igual que en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 y el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. No es una sorpresa; nadie las criticó en su momento y los trabajos marcharon.

El PNRA inició con una fase piloto en 43 cuencas de los ríos San Pedro Mezquital, Copalita-Zimatán-Huatulco, Pánuco, Papaloapan y la zona de Chamela. En 2014 se decretó la primera reserva de agua en la cuenca del río San Pedro Mezquital, la segunda fue la del Fuerte (2017) y la tercera la del río Coatzacoalcos (marzo 2018). Este último no estaba vedado.

Los diez nuevos decretos de reservas de agua aunados a los tres decretados anteriormente (incluyen 295 cuencas) eliminan en un mismo acto jurídico las vedas existentes (108 cuencas estaban vedadas), aseguran el volumen necesario para la sustentabilidad hidrológica (caudal ecológico) y, en algunos casos, restablecen algunas vedas en los sitios que aún están sobreexplotados (por ejemplo, en el río Pánuco). Hay que aclarar que las vedas de la mayoría de estas cuencas se habían establecido en los años cincuenta o antes, y el propósito principal era apartar agua para posibles obras hidráulicas; algunas se hicieron y otras se desecharon. Aunque el motivo de las vedas, en muchos casos, era ya obsoleto, nunca se levantaron.



En conjunto, las diez reservas de agua recientemente decretadas protegen 80 por ciento del caudal de agua actualmente disponible en estas cuencas. Resulta paradójico que las vedas que hoy tanto se defienden por algunos grupos solo protegían 14 por ciento del volumen que actualmente protegen los diez decretos. En ninguno de estos decretos se reserva agua para uso hidroeléctrico.

Sin embargo, hay que reconocer que estos datos globales no ayudan a entender la situación de cada cuenca, ya que algunas son muy caudalosas y otras no. Por ejemplo, la reserva del agua de la cuenca del Usumacinta protege 93 por ciento del volumen, con lo cual se garantiza que el agua de esta fundamental cuenca (que junto con la de Grijalva aporta casi 30 por ciento del agua dulce del país) quede protegida para la población humana, presente y futura, y para los ecosistemas altamente diversos de la región. En la cuenca del Papaloapan que no estaba vedada ahora se protege 74 por ciento de su caudal.

En otras cuencas incluidas en estos decretos, una vez asegurado el caudal ecológico de la reserva de agua, sí es cierto que quedó disponible agua para su aprovechamiento. Algunos de estos sobrantes son volúmenes muy escasos, aunque otros muy significativos. Es precisamente en estas cuencas en donde se debe poner la mayor atención en los pasos a seguir.

La presente administración ya declaró que no va a otorgar ninguna nueva concesión en el resto del año. Tocará entonces al siguiente gobierno atender esta gestión: establecer un mecanismo transparente, que evite el acaparamiento y garantice agua para todos los núcleos agrarios y para la población urbana, así como para el uso sustentable.

Debemos insistir en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Entre muchos temas pendientes, el sistema de concesiones debe transformarse para que sea transparente y con rendición de cuentas; que se rija bajo los principios constitucionales de los derechos humanos a un medio ambiente sano y al acceso al agua de calidad y en cantidad suficiente; que garantice la equidad; establezca el caudal ecológico en todo el país y destine el agua a usos amigables con el medio ambiente para no comprometer la seguridad hídrica.

Por todo esto, es una irresponsabilidad desvirtuar la importancia de las reservas del agua que son una respuesta moderna, con criterios ambientales, a uno de los problemas más serios ambientales, sociales y económicos de nuestro país: la sobreexplotación del agua. Es una obligación del Estado proteger el agua para la población y para los ecosistemas naturales y establecer las provisiones necesarias para el futuro, garantizando efectivamente agua para todos y para siempre; las reservas del agua contribuyen a esta meta.

Vida y milagros

El agua en México ha sido declarado tema de seguridad nacional. Sin embargo en ninguno de los tres niveles de gobierno se ha honrado esta declaración con un presupuesto poderoso. Los recortes que se han hecho al capítulo mil, que es con el que se pagan los sueldos y salarios de quienes aplican el marco normativo del agua se ha disminuido año con año. Se ha recortado el gasto de la federación, y en estados como el de Puebla, el rubro llegó a ser casi de cero. Un gravísimo error estratégico. Ni que decir de los ayuntamientos, responsables de dotar de agua potable a sus gobernados. La mayoría carecen del mínimo personal e infraestructura para gestionar el agua y su tratamiento, aunque el artículo 115 Constitucional les da esa atribución.

En la revista Nexos de Julio de 2017 se abordó el tema de la gestión hídrica del país en Vida y Muerte del Agua, https://www.nexos.com.mx. En diferentes ensayos se explica la manera en que se encuentran minadas las instituciones del agua y también la necesidad de llevar a cabo toda una reingeniería de su gestión. Mientras la población de México se ha duplicado en 30 años, las vedas existentes sobre el agua tienen a muchísimas poblaciones abasteciéndose de pipas, la forma privada más cara de abastecimiento. Solo en la zona metropolitana de Puebla, una sola persona usa de manera ilegal pozos agrícolas para cargar las más de mil pipas de su monopolio. Municipios como Amozoc o muchas colonias marginadas de la metrópoli se mueren de sed y se abastecen así. La ilegalidad y la clandestinidad en el manejo de pozos han llegado a ser gigantesca e incontrolable. A los gobernantes suele regirlos la inmediatez y buscan como moscas a la miel los éxitos inmediatos, el largo plazo rara vez está en el radar. Cuando eso suceda deberíamos de reconocerlo y apoyarlo.



El tema de la semana ha sido la satanización de los decretos que firmara el Presidente Peña el día mundial del medio ambiente para cancelar vedas decretadas hace 40 o 50 años. No son los decretos y las leyes los que están mal, sino la debilidad presupuestal de las instituciones encargadas de aplicar toda la normatividad que tiene que ver con la gestión hídrica. Una medida necesaria sería enfocar a CONAGUA al área normativa y delegar la inspección a PROFEPA. Hoy CONAGUA es juez y parte en todo el proceso.

Con respecto a los decretos, Andrés Manuel ha dicho que de ganar, los derogará. Creo que no los han interpretado bien sus asesores y por lo mismo la declaración de derogarlos me parece simplista. Hay vedas que tienen más de 50 años y que dada la necesidad de cubrir la demanda de agua potable de la creciente población requieren levantarse, o se extraerá el agua desde la clandestinidad o irregularidad, el peor de los mundos. No es fácil entender este lío.

(La escasez de agua en Iztapalapa, en la ciudad de México. Foto de La Jornada)



Leí un artículo del Doctor en ciencias por la UNAM, Víctor Florencio Ramírez, especialista en gestión ambiental, recursos naturales, cambio climático y energías sustentables. En palabras muy sencillas explica por qué los decretos son necesarios y en qué estriba el valor de esta decisión. Con su autorización copio textual lo que él publicó en el diario https//24horas.com/2018 en su artículo "El mito grandioso de la privatización del agua"



Si algo le ha fallado a la presente administración federal y algún acierto ha tenido la oposición, ha sido el tema de la comunicación. El asunto de la supuesta privatización del agua no fue la excepción.

El cinco de junio el presidente Peña, en medio de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, llevó a cabo un cambio que se puedo aplicar conforme a derecho desde hace casi tres décadas: generar reservas de agua.

Varias cuencas en México estaban vedadas y no se podía usar su agua. Sin embargo la veda es restricción prácticamente total y evita, legalmente hablando, cualquier uso. Se decretaron cambios en la forma de regular para pasar de veda a reservas. Estas reservas significan algo clave, restricciones de uso que garanticen que en las cuencas haya agua suficiente para consumo humano y para garantizar la viabilidad de los ecosistemas que dependen de la cuenca.

Pasar de vedas a reservas no es fácil, requiere de una serie de estudios técnicos que permitan determinar el caudal mínimo para garantizar la conservación de los ecosistemas. Por eso en el cuerpo de los decretos se citan estudios y decretos de Áreas Naturales Protegidas en diversas categorías.

La medida moderniza las formas de manejo y administración del agua, garantiza la viabilidad de los ecosistemas y permite otras actividades que en muchos casos son necesarias para que las poblaciones que están alrededor de esas cuencas puedan salir de la pobreza.

¿Qué cierto caudal de la cuenca podrá ser concesionado? Sí, pero siempre se deberá mantener el caudal mínimo decretado en la propia reserva.

¿Que podrán usarla empresas extranjeras? Si, igual que nacionales, que comunidades, que ejidos y que cualquiera que requiera el agua para alguno de los fines que la ley prevé y que respete los decretos que regulan cada cuenca.

Ahora, todos estos actos están regulados en la Ley de Aguas Nacionales, donde está claro que la prioridad en el uso del agua es el Uso Doméstico y el Público urbano, y después, y solo una vez cumplido esto, se pueden otorgar otro tipo de concesiones (Artículo 14 BIS 5, Fracción XXII de la Ley)

Voy más allá, pues algunas de las acusaciones afirman que se concesionará el servicio público. ¿Es malo esto? No necesariamente. El gobierno del entonces Distrito Federal concesionó a principios de la década pasada el servicio público de agua con pésimos resultados. (Nota mía: Está concesionado el cobro desde la administración de Andrés Manuel y eso ha funcionado) En algunas ciudades como Aguascalientes, Cancún o Saltillo concesionaron el servicio, mejorando la eficiencia, disminuyendo pérdidas y garantizando la calidad en el saneamiento. Hay ejemplos de concesiones con buenos o malos resultados en todos lados. (Nota mía: las gestiones públicas del agua pueden ser muy buenas, como la de Monterrey, o pésimas, como lo fue por años la de la ciudad de Puebla, que hoy transita en una concesión cuya debilidad mayor es su opacidad).

Lo imperdonable no es abrir espacios a concesiones, sino limitar el acceso al agua a quien la necesite. Por ejemplo, las zonas de la ciudad de México donde los habitantes pagan más por el agua no son la zona de mayores ingresos, sino zonas como "El Capulín". En este asentamiento irregular en la zona cerril de Xochimilco, por 500 litros de agua de una pipa, pagan en promedio 500 pesos. Si adquieren una pipa a la semana, pagarían dos mil pesos al mes. En Aguascalientes, una familia con acceso a agua, saneamiento y servicio 24/7 paga al mes por 10 mil litros desde 83 hasta 319 pesos. Aún con el pago máximo, el agua sería 97% más barata que en las condiciones de "El Capulín".

Lo otro que no es ético es el uso político que se le da al tema. En este caso es como lanzar un boomerang que terminará por regresar y estrellarse en la cara. El desarrollo agrícola o industrial de las cuencas requiere de agua. Quien promueva el desarrollo de las cuencas y ataque los decretos con el argumento de la privatización está bloqueando los proyectos regionales de desarrollo social. ¿Lo tendrán claro?

Resultado de imagen para agua veda decretos de reserva de agua

Hasta ahí el artículo de Víctor Florencio. Creo que el problema no está en los decretos y las leyes sino en su aplicación. Las instituciones del agua en México se han debilitado al extremo. Derogar decretos y dejar que las cosas sigan como están sería un grave error de cálculo. No hay agua más cara que la que llega en una pipa, por cierto, de particulares, que toman agua de pozos clandestinos o destinados a otros usos. Lo importante será fortalecer a las instituciones de los tres niveles de gobierno y lograr la armonización presupuestal de manera que la rectoría del estado sobre el agua sea poderosa y eficaz y no letra muerta.

La priorización del gasto público para fortalecer las instituciones de gestión del agua será un reto mayúsculo para el gobierno federal entrante, que como todo parece indicar, no será priísta. Construir es muy complicado, derogar y desbaratar es fácil. Los decretos se hicieron con cuidado y paciencia y con la participación de lo mejor de la academia. Si van a derogar, ojalá nos digan qué piensan hacer después de derogar, en cuánto tiempo y cómo van a dotar de agua a las comunidades que no tienen acceso a ella. Que nos digan cómo piensan meter al aro a los gobernadores y presidentes municipales débiles o irresponsables para los que el tema del agua ha sido un tema desechable y menor.

Dos de Julio de 2018, bienvenidos nuevos gobernantes a la realidad de los retos y secretos del agua.

Mundo Nuestro. El siguiente es el comunicado dado a conocer por la organización internacional World Wild Foundation sobre el tema de los Decretos de Reserva de Agua firmados por el gobierno de México el pasado 5 de junio.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó diez decretos que establecen reservas de agua que garantizan la disponibilidad de este recurso para la población y la naturaleza durante los próximos 50 años.

Los decretos protegen de la sobrexplotación a las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014), Fuerte(2016) y Coatzacoalcos (2018), con lo que en total quedarán cubiertas cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.

El anuncio del Presidente tuvo lugar en la Ciudad de México, donde estuvo acompañado del Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; el Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez de la Parra; el Director General de WWF México, Jorge Rickards; y el Presidente y CEO de WWF Estados Unidos, Carter Roberts.

“Estos decretos representan una visión de futuro ya que plantean un camino sustentable para estas cuencas, que evitará la grave sobrexplotación, contaminación y escasez que vivimos en otros muchos ríos del país”, dijo Jorge Rickards, Director General de WWF México.

La reserva es un volumen de agua en una cuenca destinado exclusivamente para protección de la naturaleza y consumo humano. Su determinación estuvo a cargo de equipos multidisciplinarios, coordinados por WWF y la CONAGUA, que definen la cantidad de agua que requieren la flora y la fauna y el crecimiento de la población en los próximos 50 años, respetando los usos del agua para actividades productivas actuales y aquellas que se desarrollarán en el futuro de manera sustentable.

Las reservas de agua fortalecen la estrategia nacional sobre biodiversidad, ya que con estos decretos se protegen 82 Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales comprenden 175,230 km2,y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar (47,000 km2), además de cuatro de los últimos cinco ríos que fluyen libremente en el país - el Usumacinta, San Pedro Mezquital, Papaloapan y Pánuco-, lo que asegura el transporte de sedimentos y especies, y representa la conservación de los últimos ecosistemas ribereños en buen estado que conectan las montañas con el mar.

En el río Usumacinta, el más caudaloso y el de mayor biodiversidad de México y Centroamérica, ubicado entre los 30 ríos más grandes del mundo, la reserva representa más del 90% del agua superficial, fortalece 15 ANP que cubren el 69% de la superficie de la cuenca y dos decretos de protección; el primero de 1978 que promueve un uso sustentable de los recursos forestales y otro de 2016 que prohíbe la exploración y extracción de hidrocarburos. Simultáneamente, la reserva de agua protege actividades productivas importantes para los habitantes de la cuenca, como la acuicultura, la agricultura de temporal y el turismo.

“Las reservas de agua son importantes porque aseguran agua para la naturaleza y para el consumo humano. Desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hasta California, las comunidades están sufriendo cuando las cuencas se secan”, afirmó Carter Roberts, Presidente y CEO de WWF Estados Unidos. “La red de reservas de agua de México es un modelo a seguir por otros países que buscan asegurar sus propias cuencas antes de que sea demasiado tarde”.

“Son un gran ejemplo de las políticas públicas innovadoras que requerimos a nivel global: acciones en perfecto alineamiento con la Agenda de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo, así como con el Acuerdo de París contra el cambio climático”, afirmó Roberto Troya, Director de WWF en América Latina y el Caribe, quien destacó la relevancia para esta región y señaló que WWF y el BID ya trabajan en Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia para seguir el camino trazado por México.

“Estas nuevas reservas de agua transformarán el manejo del agua en México, garantizando el recurso no solo para millones de personas, sino también para el ambiente. Es un gran logro para el país y para la sociedad, las comunidades rurales e indígenas, universidades, centros de investigación y los gobiernos municipales, estatales y el Gobierno Federal, además de ser el mejor reconocimiento al trabajo que desde 2005 vienen realizando la CONAGUA y WWF con el invaluable apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros importantes donantes”, agregó Rickards.