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Los Retos de la Educación Superior en México
304 mil estudiantes desertaron de la educación superior en México durante la pandemia, dio a conocer el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien también reconoció las dificultades de la educación a distancia en México.
En la conferencia inaugural del webinar Los Retos de la Educación Superior en México, el rector declaró que la cifra implica cerca del 8% de la matrícula de educación superior nacional que no volverá a las aulas.
Resaltó que aproximadamente 800 mil adolescentes no transitarán exitosamente de la educación media superior a la superior en el país. Agregó que la problemática también impacta en la educación básica a más de 2.5 millones de estudiantes que no concluirán sus estudios, es decir, cerca del 10 % del total.
Educación superior: sin preparación para transición digital
En la ponencia que abrió el ciclo de conferencias en las que se reflexionará sobre el papel de la educación superior en México en tiempos de cambios, Esparza Ortiz reconoció la falta de preparación que había en la Universidad Autónoma de Puebla para transitar a la educación a distancia.
Agregó que es de suma importancia prevenir trastornos emocionales y mentales en los estudiantes durante el confinamiento, así como proveer de capacitaciones en habilidades estratégicas a los docentes, que desconocían casi en su totalidad las herramientas para la educación digital.
FORO RETOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR EN MÉXICO
Seminario virtual (Webinar), Agosto-Octubre 2020 (en línea todos los martes trámite la plataforma ZOOM)
Conferencia final de conclusiones y clausura, Edificio Carolino-BUAP, 27 de octubre de 2020, de 10:00 horas a 14:00 horas.
La Universidad Pública ha sido una de las instituciones claves en la generación de conocimiento, formación de recursos humanos y desarrollo nacional en México. En las últimas décadas, las políticas neoliberales han puesto en entredicho este papel fundamental así como las modalidades y objetivos de la investigación que se realiza en las IES y su relación con la sociedad. La discusión sobre estos temas se convierte en una necesidad en un momento en el que se ha puesto en marcha un proyecto político y social que propone un paradigma diferente en materia de desarrollo, educación pública, investigación y el papel de las universidades públicas en él. Adicionalmente, las implicaciones de la pandemia del COVID-19 en la vida cotidiana de las sociedades y sus instituciones nos obligan, como comunidad académica, a reflexionar en torno a los grandes retos que en particular estas nuevas circunstancias imponen a la sociedad y a la educación pública superior. Desde hace casi un año un grupo de investigadoras/es de distintas unidades académicas, que representan además varios grupos de investigación y cuerpos académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) han trabajado en conjunto para pensar y reflexionar sobre estos aspectos, primero para desarrollar un ciclo de conferencias presenciales y hoy como seminario virtual (webinar), en torno a temáticas que estimamos tienen un papel importante para el futuro de las universidades públicas y de la nuestra en particular. En este contexto, la pandemia del COVID-19 ha añadido retos y desafíos en el que es imprescindible encontrar nuevas herramientas, formas de trabajo, espacios de organización institucionales y ambientes académicos para poderlos enfrentar de manera inclusiva, congruentes con los fines y objetivos de la educación superior y con pleno respeto a la diversidad disciplinaria que configuran nuestro quehacer, así como justipreciando trayectorias y experiencias históricas institucionales. Este evento propone la reflexión en torno a 9 ejes que se consideran fundamentales en el análisis de la educación pública superior, sus responsabilidades para con la sociedad y el medio ambiente, mediante una visón global se busca delinear, en el contexto de las actuales prioridades sociales y políticas de un nuevo paradigma de desarrollo, nuevas formas y modelos de atención de nuestras instituciones y en particular las correspondientes a las funciones sustantivas de la BUAP, con base en la colaboración entre las IES y entre l@s académic@s que las constituyen .
El programa
El escenario político latinoamericano se cimbró la semana pasada con el arresto domiciliario de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, ordenado por la Corte Suprema de ese país. En América Latina, las detenciones, los procesos penales y la justicia no son necesariamente elementos concatenados que reflejen la vigencia de un estado de derecho en nuestras jóvenes y frágiles democracias.
Si existe una constante en los sistemas judiciales de nuestra región ésta es la impunidad. Óscar Arnulfo Romero, obispo salvadoreño, decía abiertamente que la justicia era como las serpientes: sólo mordía a los descalzos. La metáfora describe una de las debilidades estructurales de los sistemas jurídicos, que es su selectividad, la cual permite que sean las personas menos favorecidas quienes mayoritariamente sean procesadas, mientras que los integrantes de grupos económicamente acomodados o de la clase política eluden o reciben un trato preferente de las instancias de investigación o enjuiciamiento.
Adicionalmente, a pesar de los procesos de transformación, de los rediseños institucionales, de los esfuerzos por profesionalizar y ensanchar sus márgenes de autonomía llevados a cabo en años recientes, muchas fiscalías y policías de la región mantienen prácticas arraigadas en una cultura institucional añeja y poco funcional para la investigación de los delitos. De esta forma, la selectividad y la incapacidad de investigación se han perpetuado y hacen mirar con reserva la lucha contra la impunidad. A estos factores, hay que añadir la politización de la justicia, pues seguimos viendo frecuentemente cómo fiscalías o instancias judiciales tuercen su mandato y funciones para actuar ilegítimamente y así favorecer el interés de los poderes políticos o económicos.
Ante tales antecedentes, sería deseable que el proceso de Álvaro Uribe siente un precedente significativo para América Latina, pues no se trata de una figura política en declive, sino de la cabeza de la fuerza política que gobierna actualmente en la persona del presidente Iván Duque y es también uno de los liderazgos políticos más populares en Colombia. Por eso resalta que la Corte Suprema, en plena expresión de su independencia como poder autónomo, acuse a un actor político preponderante que cuenta con todo el respaldo del Poder Ejecutivo de dicha nación, lo cual constituye una expresión excepcional y nítida de la despolitización de la justicia.
Este caso significa también un mensaje relevante en términos de la agenda de los derechos fundamentales, en la medida que el ex presidente Uribe Vélez es conocido por haber implementado, entre 2002 y 2010, una política de seguridad democrática basada en una estrategia de contrainsurgencia instrumentada por el paramilitarismo, que produjo numerosas violaciones graves de derechos humanos en el contexto del conflicto armado: ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos; así como la denominada parapolítica, que vinculó a alcaldes, gobernadores y congresistas con grupos paramilitares, que favorecieron el control territorial para impulsar a actores políticos en cargos y puestos de representación.
Colombia representa en muchos sentidos un punto de referencia y una experiencia comparada válida para México. Ello no significa simplificar o pretender derivar fórmulas de inmediata aplicación, sin embargo, hoy en México el panorama de la justicia está lleno de interrogantes. El caso Lozoya es un proceso que ha sido mediatizado por el Poder Ejecutivo, con lo cual se corre el riesgo de incurrir, como tantas veces ocurrió en el pasado, en el uso de la justicia para fines políticos. Mientras que, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos un conjunto amplio de amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas respecto de buena parte del marco jurídico que ha sido transformado por el actual gobierno de la 4T.
Estamos hablando de casi la totalidad del paquete de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que están actualmente en revisión judicial y cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad deberá determinar la SCJN: múltiples leyes de carácter federal como la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Austeridad Republicana, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional, entre otras, están hoy sujetas a la revisión del Poder Judicial federal; sin dejar de lado, que se estima existen más de 5 mil amparos interpuestos contra los megaproyectos e iniciativas impulsadas en lo que va de este sexenio, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la cancelación de las estancias infantiles, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas, por citar los más notorios.
Mutatis mutandis, la SCJN y el Poder Judicial federal mexicanos en su conjunto, están en una coyuntura equiparable al caso colombiano referido al principio; están llamadas a jugar un papel histórico en este momento de redefinición del país, pues por sus manos pasa la definición del marco jurídico, de los proyectos de inversión económica y de los procesos contra la corrupción que hasta ahora han representado la principal reivindicación del actual gobierno de la República. El ejemplo que hoy vemos en Colombia, sería deseable se replicara en la estructura judicial mexicana: separar la justicia de la política.
Publicado originalmente en La Jornada
Ibero Noticias
Al menos 79 probables feminicidios en Puebla en 2019, informa IDHIE
Una mujer es asesinada cada 4.6 días en la entidad poblana. A siete años de la tipificación del feminicidio en el estado, se sigue atestiguando la omisión de las autoridades en todos los niveles.
En un contexto de impunidad, discriminación y desigualdad, la violencia contra las mujeres resulta una violación sistemática y estructural de los derechos humanos de éstas. Dentro del amplio espectro de manifestaciones de violencia, los feminicidios suponen la máxima expresión de odio contra las mujeres, pues representan la consumación de toda una estructura de dominación patriarcal.
Para dar cuenta del contexto poblano en este rubro, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, a través del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), presentó su Informe de probables feminicidios durante el año 2019.
La Mtra. Rosario Arrambide González, directora del IDHIE, indicó que el compilado pretende recuperar el trabajo de monitoreo, análisis y sistematización del OVSG y ofrecerlo como una herramienta para las autoridades, medios de comunicación y sociedad civil en la tarea de construcción de políticas públicas que garanticen la integridad de las mujeres.
De igual manera, el Dr. Francisco Valverde Díaz de León, director general del Medio Universitario, aseguró que la IBERO Puebla ha convertido la preocupación por la violencia de género en un espacio que busca sumarse a una cultura de paz con justicia. “El odio, la misoginia y las desigualdades de género constituyen elementos que permiten la naturalización de la violencia contra las mujeres”.
El informe revela que, en 2019, se cometieron 79 probables feminicidios en Puebla; de estos, 26 se catalogaron de tipo íntimo con el siguiente desglose: 83% fueron cometidos por la pareja sentimental, el 11% por una expareja y el 6% por un pretendiente o acosador de la víctima. Casi cuatro de cada diez mujeres víctimas de algún probable feminicidio conocían a su agresor.
Cifras contextualizadas
Durante la exposición de los hallazgos, la Mtra. Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del OVSG, explicó que el uso del concepto “probable feminicidio” se debe a que sólo la Fiscalía tiene la facultad de calificar un feminicidio como tal. Por ello, el diagnóstico se basa tanto en la normativa estatal como en el Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.
El informe revela que, en 2019, se cometieron 79 probables feminicidios en Puebla; de estos, 26 se catalogaron de tipo íntimo con el siguiente desglose: 83% fueron cometidos por la pareja sentimental, el 11% por una expareja y el 6% por un pretendiente o acosador de la víctima. Casi cuatro de cada diez mujeres víctimas de algún probable feminicidio conocían a su agresor.
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En Puebla, el artículo 338 del Código Penal estatal establece que: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”. La normativa describe nueve razones o escenarios para tipificar un asesinato como feminicidio.
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Puebla (22), Huachinango (4), Atlixco (3) y Tepeaca (3) son los municipios en los que más veces fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. La centralización de las capitales, explicó Gamboa Muñoz, contribuye a la cobertura periodística y feminización de la pobreza.
De los 79 posibles feminicidios, en 55 casos se registró que el cuerpo de la víctima fue hallado en un lugar público. Además, en 32 casos (40%) las principales lesiones de las víctimas se ubicaron en zonas vitales como cabeza, cuello, corazón y abdomen. Esto representa contundentes mensajes de dominación, odio y vulnerabilidad para todas las mujeres.
La presencia de violencia sexual fue referida por notas periodísticas en 12 casos, en los cuales se menciona explícitamente que las víctimas sufrieron este tipo de violencia (15%), mientras que en 52 se desconoce la existencia o no de estos actos. A su vez, en 21 casos se cometieron delitos en contra de la libertad personal de las víctimas previo a que se les asesinara.
Finalmente, la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género compartió que se desconoce el nombre de 23 de las víctimas (29%). El promedio de edad de las víctimas fue de 32 años. La víctima con menor edad tenía 14 años; la de mayor edad, 69 años.
El Informe de probables feminicidios cierra con un extenso apartado de conclusiones y recomendaciones. Entre ellas, Gamboa Muñoz destacó la necesidad urgente de que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger la vida de las mujeres, erradicar la discriminación y todo tipo de violencia en contra de las mujeres, y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
Reacciones
Desde hace años, los grupos feministas de Puebla se han enfrentado a la violencia feminicida. La tipificación de este delito fue un proceso arduo a nivel político, jurídico y social. “Muchos argumentos en contra se han desvanecido gracias al esfuerzo articulado entre el activismo, la sociedad civil y las academias”, compartió Natalí Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Incidencia Social, A.C. (CAFIS).
Para la activista, el trabajo del OVSG recuerda la importancia de mantener la exigencia al Estado de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No obstante, señaló la falta de voluntad política e institucional para la comprensión y acción contundente ante esta problemática, lo cual se ve especialmente reflejado en el subregistro de casos de feminicidio.
Se refirió a la identificación de las víctimas como un elemento fundamental para dar seguimiento a las investigaciones, específicamente para la sanción a los abusadores. Detrás de cada caso, cerró, hay proyectos inconclusos, familias destrozadas, menores huérfanos y sociedades insensibilizadas.
Por su parte, Mely Arellano Ayala, codirectora del portal Lado B, denunció los múltiples vicios que caracterizan a los medios de comunicación al abordar temas referentes a la violencia de género. A su vez, expuso que muchos de ellos atienden a los intereses gubernamentales por encima de las responsabilidades deontológicas con la excusa de la acción bajo el marco de la ley.
De acuerdo con un diagnóstico del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación de 2019, el 16% de las imágenes de las notas informativas son de carácter explícito y el 49% de las notas contienen detalles innecesarios. Como periodista, refrendó su compromiso de denunciar las prácticas erradas de sus pares. “Somos una sociedad feminicida, con un Estado feminicida y con medios feminicidas. Esto tiene que parar ya”, cerró.
Consulta el resumen ejecutivo del Informe de probables feminicidios durante el año 2019: https://www.iberopuebla.mx/ovsg/sites/default/files/citas/documents/informe_de_probables_feminicidios_registrados_por_el_ovsg_digital.pdf
Ir a la presentación del Informe de probables feminicidios durante el año 2019: https://www.youtube.com/watch?v=p3AGXNe1wO0
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