Hace unos días, con el voto mayoritario del PAN, el PRI y sus aliados, y la oposición del PRD y Morena, la Cámara de Diputados aprobó algunas reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que representan un peligro para la prevención y protección de la salud de los trabajadores pues afectan el derecho a la reparación del daño sufrido por un riesgo de trabajo.
El problema tiene que ver con la Tabla de Enfermedades de Trabajo y Valuación de Incapacidades permanentes incluidas en dicho ordenamiento. De acuerdo a esa Tabla, se reconocen las enfermedades que son un riesgo de trabajo y que por lo tanto otorgan el derecho a una incapacidad (parcial o permanente) y a una indemnización que se paga directamente al trabajador o, en su caso, a sus deudos. También, el derecho a asistencia médica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos y aparatos de prótesis.
Reconocer una enfermedad como un riesgo de trabajo es fundamental para el trabajador y su familia, pero también para prevenir y mejorar la salud en las diferentes actividades y centros laborales. Deriva de un derecho constitucional y es por ello que dicha Tabla existe desde que se decretó la LFT en 1931.
Pero es el caso que esta tabla, como reflejo del menosprecio y falta de responsabilidad de las autoridades, hace más de cuarenta años que no se actualiza, pues la última vez que ello sucedió fue en 1970.
En la reforma del 2012, el Congreso tuvo que enfrentar esta grave omisión histórica por lo que se encargó a la STyPS que las actualizara. Como reconoce la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados, esta falla ha redundado “en un rezago en la identificación de enfermedades de trabajo que son inherentes a la actividad económica, puesto de trabajo y exposición a agentes causales que son propios de las condiciones actuales de la industria en nuestro país.”
Para ese efecto, en ese momento, se le dio un plazo de seis meses a la STyPS. Sin embargo, después de más de cuatro años, esa actualización no se ha expedido. ¿Por qué? Seguramente por falta de voluntad política y porque la STyPS es más bien un adorno de la administración pública federal. La inutilidad de sus labores y de sus titulares, en los últimos años, es tan evidente como este incumplimiento.
Pero, además, y estos sirvió en parte como excusa, resulta que la reforma del 2012 estuvo mal hecha púes un artículo (el 513) le dio al Titular del Ejecutivo federal la facultad de decretar la actualización de la Tabla y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mientras que otro (el 515) mantuvo en el Poder Legislativo la facultad de aprobar y reformar las iniciativas del Ejecutivo en estas materias. Esto último era lo más lógico pues la Tabla debe ser parte de la Ley y por lo tanto cualquier cambio de su contenido debe ser aprobado por el Congreso.
Esta contradicción o antinomia como dicen los abogados, se resolvió de la peor manera con la reforma aprobada por los diputados hace unos días. Lo que hicieron fue borrar al Congreso y excluirlo de toda facultad de decisión en este asunto. Aún peor, ahora, la Secretaría sólo podrá, de acuerdo a la reforma aprobada, actualizar la mencionada tabla “previa aprobación del proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST)”. Entonces las atribuciones del Congreso se pasaron a la STyPS para que ésta las dejara finalmente en manos de una Comisión.
Lo malo es que la COCONASST está compuesta de manera tripartita, como la tristemente célebre Comisión de los Salarios Mínimo, y ha sido copada por la representación patronal y el sindicalismo oficialista quienes junto con el gobierno la han convertido en una entidad que apenas se reúne para saludarse y no resolver nada, como puede verse en su propio portal: http://cocosht.stps.gob.mx.
Es por ello que el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el Instituto de Estudios Obreros “Rafael Galván” y la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, A.C. han manifestado su inconformidad con esta reforma. En los próximos días, seguramente, un grupo de sindicatos y organizaciones laborales harán lo mismo.
El Dr. Pérez Pantoja, Presidente de la Junta de Gobierno del IEORG, y especialista en medicina del trabajo, ha señalado insistentemente que lo único que ha logrado la COCONASST ha sido “mantener en el atraso científico y técnico las normas en materia de seguridad e higiene, siempre con el argumento de que su implementación aumenta los costos de producción, así han logrado evitar o por lo menos retrasar y hasta eliminar Normas Oficiales Mexicanas en esta materia”.
Por ello, agrega, de aprobarse la reforma de los diputados (que ahora deberá votar el Senado), “en lo futuro será realmente la patronal quien determine qué se reconoce o no como enfermedad profesional y la cuantía de las indemnizaciones a que tendrán derecho la población trabajadora”.
Las organizaciones declarantes recordaron además que: “La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, desde el año 2004 al 2010 realizaron un trabajo de revisión y actualización de la tabla de enfermedades de trabajo y una tabla de valuación de las incapacidades permanentes que fueron productos del trabajo colectivo de médicos especialistas, pero sus resultados no se han dado a conocer.”
Según el IMSS, en 2004 la cifra de incapacidades por enfermedades de trabajo ha venido aumentando pues en 2004 era de 20 mil 753 y para 2013 se registraron 25 mil 625 casos. A pesar de la gravedad del asunto, la mayoría de los diputados dejaron la salud de los trabajadores en manos de quienes la tratan bajo la óptica de una productividad mal entendida y de ganancias y pérdidas monetarias, dejando a un lado la prevención y protección del trabajador.
Es por ello que, de acuerdo a las organizaciones mencionadas, el dictamen debe ser rechazado por los senadores y ser objeto de modificaciones que en síntesis consistirían en que la tabla siga formando parte de la LFT y que por lo tanto su reforma deba ser materia de la aprobación del Congreso. Ello, con la finalidad de que el debate sea transparente y más informado, con la participación de los especialistas y las representaciones legítimas de los trabajadores.
Lo más indicado sería, de acuerdo a las organizaciones opositoras a la reforma, que la actualización de la tabla fuera resultado de un trabajo científico y no dejarse en manos de una comisión que destaca por su ignorancia del tema. Podría pensarse incluso en un organismo técnico permanente de consulta y apoyo al Congreso y al Gobierno. Como reconoce la OIT y la propia Comisión de Trabajo de los diputados, “el desarrollo industrial y tecnológico, el uso de nuevas maquinarias y la exposición a diversas sustancias químicas conllevan a que los trabajadores se expongan… a nuevos agentes que afectan a su salud, por lo que es necesario la inclusión en las tablas de nuevas enfermedades en las que… se tenga claramente definida la relación causal de trabajo-daño, y que, actualmente, no se encuentran reconocidas como patologías laborales.”
Cada nuevo descubrimiento o avance tecnológico, y cada nueva forma de organización del trabajo, trae también nuevos riesgos y afectaciones para el trabajador. Se trata de una materia que requiere de un estudio permanente.
El problema de la salud en el trabajo es un fiel reflejo del abandono en que se encuentra la aplicación de la LFT. Es otra señal de la indefensión del trabajador que tiene que vérselas solo frente al sindicato fantasma que le exige cuotas, pero nunca le rinde cuentas; la justicia que difícilmente llega o, como en este caso, se deja a merced de los patrones; y el empleador que hace lo que quiere, sin vigilancia alguna, y muchas veces mantiene en pésimas condiciones la higiene y seguridad de su empresa, o evade su responsabilidad por los accidentes y enfermedades del trabajo que afectan a sus empleados.
Twitter: #saulescoba
