Una frase en los anuncios del tercer informe del rector Alfonso Esparza:
“En Puebla las instituciones se encuentran bajo el capricho de una sola persona”.
Antes ha dicho que harán lo necesario para recuperar Lobos BUAP, pero que lo harán ante las instancias federales. De ahí la frase de arriba. Y la dimensión política que el conflicto supone y la escala que ha adquirido en el ámbito nacional.
Cuánto de lo que no se dice en la política poblana puede aparecer de repente en un spot.
Pero lo que no se dice bien por ninguno de los actores es que el enfrentamiento entre las instituciones públicas Gobierno del Estado de Puebla y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es mucho más profundo de lo que se acepta. No me admira la frase del rector, pues alude a un hecho que identifica el carácter fundamental del Estado en la sociedad poblana: el sometimiento de los poderes legislativo y judicial a la voluntad e intereses del ejecutivo. Con mayor o menor visualización en la opinión pública según la personalidad del gobernador en turno --casos extremos lo fueron Manuel Bartlett y Rafael Moreno Valle--, pero esa es la realidad. Esa es la condición que explica el carácter autoritario de los gobiernos en Puebla a todo lo largo de la historia moderna de nuestra entidad. Y la historia se continúa con Luis Miguel Barbosa.
Y en paralelo, el sometimiento al poder ejecutivo abarca la relación que el gobernador en turno establece con la más importante de las instituciones públicas más allá de la estructura gubernamental, la universidad pública, igual por el peso específico de su operación económica que por la fuerza moral e intelectual de la comunidad académica universitaria en el establecimiento del derrotero social y cultural del proyecto educativo del Estado democrático en el que queremos vivir y que, lamentablemente, no tenemos. Los gobernadores en Puebla no quieren una universidad como herramienta de conocimiento y crítica para la transformación de la sociedad, la razón fundamental de su ser. Sin embargo, la universidad pública en Puebla lleva mucho tiempo ya sin asumir su capacidad como colectivo inteligente y crítico frente al Estado autoritario. Y eso incluye a los rectorados de los últimos treinta años.
Un señalamiento como el realizado por Alfonso Esparza no se había visto en décadas. Sin duda, rompe con lo expuesto desde los rectorados de los primos Dóger, cuando la universidad recuperó el camino de alejanía y sometimiento con el gobierno estatal. Pero si no me sorprende la frase del rector, sí me obliga a plantar un interrogante que se necesita responder frente a la crisis social y política que la pandemia y la catástrofe económica nos imponen: ¿porque no hemos visto en esta coyuntura un verdadero debate público sobre el papel que debe y tiene que cumplir la universidad pública en la construcción colectiva de una respuesta del Estado de Puebla ante la crisis, ni una iniciativa del gobierno para involucrarla? Y el interrogante creo que debe extenderse al ámbito estructural de la relación entre el gobierno y la universidad pública que debería ser estratégico desde la perspectiva de la viabilidad histórica de la sociedad poblana.
Muchos académicos de la BUAP, en la historia reciente, han ido más allá de los spots. Tan sólo mirar a las propuestas de científicos e investigadores de la BUAP en muchos ámbitos, por ejemplo, las realizadas por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en torno a la recuperación no sólo arquitectónica sino social del centro histórico de Puebla, y el papel que jugaron en contra de la imposición de proyectos del gobierno de Moreno Valle en el 2013 –el Teleférico, el viaducto Zaragoza y la Rueda de la Fortuna-- en la zona de monumentos patrimonio de la humanidad, junto con la postura crítica de quien fuera secretario de Cultura del actual gobierno, el antropólogo universitario Julio Glockner, por el posible traslado de la misma rueda al barrio de el Alto, conflicto que derivó en su renuncia hace apenas unas semanas; o el proyecto para la instalación de la empresa AUDI en San José Chiapa en el 2012, realizado por el propio instituto y rechazado por el gobierno de Rafael Moreno Valle por su cuestionamiento al sentido de la obra misma. Y podríamos añadir la movilización en febrero y marzo de este año de los estudiantes contra la violencia y que derivó en un importante paro estudiantil contra la violencia de género en el seno de la propia universidad. Ninguno de esos procesos ha derivado en una discusión inteligente y pública que derive en políticas públicas de desarrollo asumidas democráticamente por la sociedad.
Es un hecho que el gobierno de Puebla no se soporta en la inteligencia de su comunidad académica. Ni de la BUAP ni del conjunto de las instituciones de educación superior en el estado. Pero tampoco la universidad pública ha hecho valer su papel político como generador de inteligencia y conocimiento en la construcción de políticas públicas que no estén sustentadas en el autoritarismo y la imposición.
La pregunta entonces: ¿cómo ir más allá de los spots para construir una mucho mejor relación entre la universidad y el Estado?
