Mundo Nuestro. Ayotzinapa, el crimen y la impunidad extrema, imperecedera en México. La tortura como método casi único de procuración de justicia. Los derechos humanos en un debate que es el único camino para salvar el sistema democrático mexicano. Las recomendaciones del GIEI al gobierno de Peña Nieto que llevan a la conclusión de que el sistema de justicia en México está fundado en la tortura. No son tiempos gratos los que vivimos. En este marco el esfuerzo intelectual de la revista Nexos frente a esta difícil coyuntura de nuestra nación.
Ilustración de Fabricio Vanden Broeck/Revista Nexos
Un método de investigación llamado tortura
Ana Laura Magaloni • Beatriz Magaloni/Revista Nexos
Llorar a los inocentes es fácil. Lo que nos define como individuos y como sociedad es nuestra capacidad de exigir dignidad y legalidad en el tratamiento de los culpables. El compromiso con el proceso civilizatorio es largo y exige lo mejor de nosotros: respetar la vida de todos. Todo lo que no sea eso es demagogia. —Eliane Brum
En el centro del sistema de procuración e impartición de justicia mexicano se encuentran el abuso y la arbitrariedad. La inmensa mayoría de los internos que hoy se encuentran recluidos en algún penal padecieron distintas dosis de abuso por parte de policías, ministerios públicos, jueces, secretarios de juzgado, defensores y custodios. Desde la detención hasta la sentencia es frecuente que alguno o varios funcionarios del sistema mientan al imputado, le imposibiliten el acceso a un abogado, le modifiquen o manipulen sus declaraciones, le fabriquen evidencia, le insulten, le humillen, le amenacen y un largo etcétera. Así funcionan nuestras instituciones. Y llevan funcionando de esta manera por mucho tiempo. Un trato digno y legal a los que han cometido un delito no es todavía una aspiración social colectiva, ni mucho menos forma parte de la brújula axiológica para reformar las instituciones de seguridad y de justicia en México.
Ana Laura Magaloni/Profesora del CIDE. Beatriz Magaloni/Profesora de la Universidad de Stanford.
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Ilustración de Fabricio Vanden Broeck/Revista Nexos
Retratos de tortura
Simón Hernández León
El siglo XXI despunta pero el largo transcurrir de la humanidad no nos hace diferentes en prácticas a aquellos que hemos condenado en la historia como seres brutales. La tortura, esa técnica de dominación por excelencia, nos remite a la crueldad e irracionalidad. Sin embargo, esa capacidad de intervención violenta para lograr la anulación de otro ser humano es tolerada por un silencio cómplice de nuestras sociedades.
Recientemente, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, afirmó —en un informe detallado sobre la cuestión— que en México la tortura es un ejercicio común en todos los niveles de gobierno y en prácticamente todas las fuerzas de seguridad del Estado. El discurso oficial y la condena gubernamental contrastan con el panorama terrorífico de miles de personas: en México la tortura se practica desde el Estado y se alienta por el ciclo de impunidad que es común a ella.
Simón Hernández León/Defensor de derechos humanos.
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Ilustración de Fabricio Vanden Broeck/Revista Nexos
La tortura y la ley
José Antonio Guevara Bermúdez
Mucho se ha debatido sobre la necesidad de crear una nueva ley en materia de tortura y sobre la urgencia de mover las voluntades de los servidores públicos del más alto nivel de gobierno para que, efectivamente, se investigue este delito. La discusión se suscita en el contexto de un alarmante número de casos documentados por organismos de derechos humanos, por la ausencia de investigaciones, pero sobre todo por las muy pocas sentencias que evidencien la efectiva prohibición del delito.
Algunos creemos que la ausencia de castigos se debe a que las procuradurías y fiscalías del país no sólo han incumplido con sus obligaciones constitucionales y legales de llevar a juicio a policías y militares que han torturado, sino que carecen de voluntad para hacerlo. Por el número de casos, pareciera que no son hechos aislados donde funcionarios individualmente infringieron la ley, sino de una política deliberada que ha creado un sistema en el que el aparato de seguridad está autorizado a torturar y, gracias a la impunidad, lo puede repetir hasta llegar a niveles que pueden calificar esa práctica como crimen de lesa humanidad.
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