Día con día
En la semana se hizo visible la que será probablemente la batalla estratégica de los años que vienen: la batalla por la forma del federalismo mexicano.
El plan centralizador del próximo gobierno es algo más que un poco o un mucho jalar las riendas. Es un rediseño que, de cumplirse a la letra, cambiará la República federal vigente en una centralista. Más precisamente: el país pasará de tener una arquitectura institucional de diseño y espíritu federalista a una de instituciones y espíritu centralista.
Este cambio mayúsculo tiene dos piezas convergentes: la figura ya legislada de delegados federales únicos en los estados y la figura, por legislar, de la Guardia Nacional con mando único militar, que no incluye a las policías estatales y municipales.
En un país donde, por un pacto fiscal vigente desde 1978, la Federación recauda y entrega a los estados tanto como 85 por ciento en promedio de sus recursos, un delegado federal único, encargado de vigilar y representar la inversión federal en los estados, puede erigirse en un poderoso gobernador de facto o al menos en un poderoso rival político del gobernador en funciones.
Si a esto agregamos que los superdelegados serán piezas claves en el aterrizaje territorial de las unidades de la Guardia Nacional que será responsable de la seguridad en las calles, lo que tenemos es una triple pinza de poder político regional: administrativa, financiera y policial.
Y si recordamos que Morena ganó en la elección pasada 19 de los 32 congresos estatales, el efecto de la pinza múltiple crece. El proyecto ha desatado ya la oposición pública de 13 de 32 gobernadores, 12 del PAN y la coalición PAN/PRD y uno de MC, al que me referí aquí el viernes pasado.
Los gobernadores del PRI no se han manifestado, pero la presidenta de ese partido, Claudia Ruiz Massieu, lo mismo que su homólogo del PAN, Marko Cortés, anunciaron que interpondrán denuncia de inconstitucionalidad del proyecto centralizador para que la Corte decida. Será la primera gran prueba de la división de poderes en la cuarta transformación.
No es para menos. Está en juego la redefinición del imperfecto y maltrecho, pero histórico y vigente federalismo mexicano.
La restauración
De cumplirse a la letra el proyecto del nuevo gobierno para fortalecer el poder central a costa de los poderes locales, estaríamos ante el renacimiento de un híbrido típicamente mexicano: el federalismo centralista. O o su contrario idéntico (al revés volteado): un centralismo federal.
No sería una novedad. Sería más o menos lo que hubo en México durante los años de la hegemonía del Pri.
“Federación” quería decir entonces “Centro”. Federalizar algo era centralizarlo, no repartirlo entre las entidades federativas.
A partir del año 2000, la democracia fragmentó el poder de la federación, que se concentraba en las facultades legales y en las facultades no escritas del Presidente.
La federalización/centralización siguió en muchos ámbitos, pero no fue ya en servicio del poder ejecutivo y el Presidente, sino en su demérito, mediante la proliferación de innumerables entes autónomos, como el instituto y los tribunales electorales, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia y tantos otros que, en el reparto institucional de facultades, servían de contrapesos al presidente: recortaban y acotaban su poder.
La federalización/ centralización que plantea el nuevo gobierno pretende recobrar el control anterior sobre los estados y disminuir o desaparecer el peso de los entes autónomos.
Tiene los visos de una restauración.
En el entorno democrático de hoy, restaurar aquello es imposible sin sembrar en la opinión pública la sospecha de que lo que se busca es una restauración autoritaria, la restitución del centralismo que precisamente la democracia desmontó.
En una mesa que coordiné el sábado pasado en la Fil de Guadalajara sobre el tema del federalismo, con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, José Ramón Cossío, Beatriz Paredes, Jorge Castañeda y los gobernadores Javier Corral y Enrique Alfaro, apareció con claridad, en todas las voces, la reflexión sobre la necesidad de un nuevo trato federal, un rediseño negociado para que el federalismo deje de ser el animal disléxico que es.
Lo que baja del nuevo gobierno federal, sin embargo, no es la oferta de un nuevo pacto sino un jalón unilateral de riendas: un despliegue administrativo, financiero y militar sobre los territorios estatales, que se parece a, o al menos admite la metáfora de, una ocupación.
Ilustración tomada de El Informador, 25 de noviembre.
Ocupar o negociar
La cuarta transformación avanza con banderas desplegadas sobre los estados. Los estados han empezado a resistir en las figuras de 13 gobernadores de oposición, entre los cuales brillan por su ausencia los del PRI.
Los gobernadores están en una posición política débil para reclamar con credibilidad que pueden ser actores eficaces en los dos asuntos que sofocan a la República y que definieron las elecciones de 2018: la corrupción y la inseguridad.
Pero el gobierno federal tampoco tiene grandes credenciales al respecto. La guerra contra las drogas fue declarada y librada por gobiernos federales con las consecuencias terribles que conocemos.
El pacto fiscal bajo el que operan los estados, sin rendir cuentas, fue diseñado federalmente en todas sus fases y modalidades. Los gobiernos estatales que rinden cuentas solo a sus congresos locales de cómo gastan los fondos federales han producido casos alucinantes de corrupción.
El gobierno federal no se ha quedado atrás tampoco en la creación de redes de corrupción sistemáticas, como la estafa maestra, ni en la falta de voluntad para investigar y castigar judicialmente esas conductas. El gobierno federal electo no ha encontrado mejor solución para atacar el problema de la violencia, que multiplicar la injerencia militar en cuestiones de seguridad pública.
Y no ha encontrado mejor solución política para lidiar con la corrupción de la historia reciente que declarar la amnistía para corruptos, con un soberano perdón al pasado. El hecho es que ni los poderes locales ni el federal pueden decirse, hoy por hoy, capaces de resolver estos dos problemas determinantes: ni la inseguridad ni la corrupción.
No han podido resolverlos cada uno por su lado, ni tampoco juntos, bajo el esquema de colaboración y responsabilidad del federalismo realmente existente. Los huecos y deformidades de este último no han hecho sino empeorar ambos problemas.
La Federación y los estados necesitan crear un nuevo pacto de competencias y responsabilidades exigibles por los ciudadanos y claros para ellos en la ley.
Hace falta una negociación cabal, de largo aliento. Una negociación de la periferia al centro, no una ocupación del centro a la periferia. Un nuevo federalismo.
La casa vieja
Dice el ministro José Ramón Cossío que hasta 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedicaba a dirimir, en materia de federalismo, complicados temas competenciales: a quién le tocaba decidir sobre qué parte de las decisiones en materia de uso del agua, cobro de impuestos o cualquier otro de los innumerables huecos de legislación que hay en el maltrecho diseño de nuestro federalismo.
El mismo Cossío me describió una vez, con una metáfora, las discordancias paralizantes que hay en normas de los tres órdenes de gobierno de la República: federal, estatal, municipal.
Es como una casa de tres pisos, dijo, que no tiene escaleras del primer al segundo piso, que tiene puertas por donde se puede entrar pero no salir o azoteas que dan directamente a la calle.
Su conclusión es la que puso en el ensayo de un libro colectivo Y ahora qué. México ante el 2018 (Random 2018), que parece prehistórico ahora pero que puede ser de útil consulta para los funcionarios que empiezan a gobernar este 1 de diciembre.
Ahí escribió Cossío que el primer mandamiento de un estado de derecho es que se cumpla la ley, pero que para que la ley se pueda cumplir en México primero hay que ordenarla, hacerla clara y congruente para los tres órdenes de gobierno, con escaleras que lleven de uno a otro piso, puertas por donde se pueda entrar y salir, y azoteas que no den la calle.
Este es el ejercicio a que se dedicaba la Suprema Corte, dijo Cossío en la mesa sobre federalismo en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, a que me referí anteayer en este mismo espacio.
Pero lo que la Corte tiene que hacer ahora, en 2018, es dirimir un conflicto no de carácter técnico, competencial, sino de naturaleza política.
Siguiendo la metáfora, lo que la Corte debe definir ahora no es cómo debe ser la escalera que lleve de la planta baja al primer piso, o el atajo que va de la azotea a la calle, sino cómo debe ser la nueva casa que plantea la cuarta transformación en su ofensiva política, financiera y de control territorial sobre las entidades federativas.
El patriotismo local
He viajado en estos días por dos estados centrales de la República y conversado en círculos académicos, periodísticos, empresariales y políticos sobre la redefinición de poder y de control territorial que plantea la cuarta transformación a las regiones.
El sentimiento predominante que pude recoger, volviendo una y otra vez al tema, fue de incertidumbre.
Nadie sabe cómo aterrizará el rediseño federal sobre las estructuras locales vigentes. Nadie sabe, para empezar, cómo vendrá el Presupuesto, salvo que será reducido y etiquetado según las prioridades de la cuarta transformación.
Nadie sabe cómo se construirá la red administrativa y política de los superdelegados y sus coordinaciones regionales, frente a la red institucional de los gobiernos estatales y municipales. Nadie sabe cómo aterrizarán las unidades de seguridad de la Guardia Nacional, de mando militar único, sobre la estructura vigente de seguridad pública basada en la coordinación de las policías estatales y municipales con los efectivos de la comandancia militar del estado.
El sentimiento predominante que recogí fue de incertidumbre, pero en distintos momentos percibí también un filón de lo que tendría que llamar patriotismo local: cierto orgullo herido por el trato recibido de parte del nuevo gobierno federal.
Esa sensación de maltrato toca fibras históricas, de la sensibilidad antifederal, que es una pasión central del largo litigio mexicano sobre el federalismo.
La Revolución de 1913 y la rebelión cristera de 1926 fueron muchas cosas pero, entre otras, rechazos regionales a imposiciones del centro.
El rechazo al centro del incipiente patriotismo local que percibí no tiene un cariz violento, sino cívico, político, administrativo: nada que no pueda negociarse con ganancia para todos.
Pero está ahí ya, presente como siempre, en cuanto se rasca un poco, abierto en el apoyo a los gobernadores de Jalisco y el de Chihuahua en el foro de la FIL de que he hablado estos días, cuando decían con claridad que nadie iba a gobernar por ellos sus estados y que ellos tenían un mandato local de gobierno tan legítimo y democrático como el del nuevo Poder Ejecutivo federal.
