Lo sucedido en Amozoc la madrugada del 23 de junio obliga a realizar una pregunta muy sencilla: ¿por qué el gobierno del estado de Puebla, igual con Barbosa que con Gali o con Moreno Valle, para no ir más lejos, no han procedido contra el crimen organizado como lo hizo con el grupo que encabeza el descontento popular contra el alcalde de ese municipio? ¿Por qué no enfrenta a los grupos criminales que ha tomado decenas de pueblos en el estado, paralizado autopistas y atentado contra autoridades y civiles con total impunidad? ¿Cuándo hemos visto cateos en la madrugada contra las cabezas de los grupos de huachicoleros que han tomado la autopista y quemado patrullas y unidades de transporte en Texmelucan, Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo, Esperanza y muchos lugares más?
Bloqueo de la autopista a la altura de Palmarito, en mayo de 2017.
Agosto de 2018. Huachicoleros cierran autopista e incendian trailers a la altura de Santa Ana Xalmimilulco. (Foto de Milenio)
Y otras preguntas elementales: ¿por qué esperó la fiscalía exactamente cinco meses para proceder contra quienes acusa de haber incitado la quema de patrullas el 23 de enero pasado? ¿Por qué justo después de que Eloy Méndez, quien ha encabezado el descontento popular en Amozoc, expusiera en carta a López Obrador lo que ocurre en ese municipio? Lo sucedido en Amozoc no puede desvincularse de las denuncias que por más de un año pobladores organizados en Amozoc Seguro y Agua para Amozoc han realizado contra el alcalde Mario de la Rosa. Es obligación de la autoridad investigar a fondo hechos como los ocurridos el 23 de enero en Amozoc. Patrullas quemadas, pedradas entre granaderos y ciudadanos, gases lacrimógenos, cierre de carreteras: ¿por qué ocurrió ese hecho violento?. ¿Hubo agitadores infiltrados, como denuncian los ciudadanos de Amozoc? ¿Por qué no se investigó de inmediato? ¿Por qué hasta cinco meses después las detenciones? ¿Y las denuncias contra el alcalde? ¿Qué respuesta dio el gobierno de Miguel Barbosa a los planteamientos del grupo encabezado por Eloy Méndez?
Son preguntas elementales que merecen respuesta del gobierno del partido Morena en Puebla. ¿Acepta si más ese partido la criminalización de la protesta social? ¿Va a mirar para otro lado al tiempo que afirma que lo que se persigue en este caso son los hechos violentos y no el conflicto social que motivó el estallido social? ¿Le interesa a Morena lo que ocurre en Amozoc con un gobierno que surgió de su marca de partido?
El jueves 25 fueron catorce personas vinculadas a proceso y enviadas al CERESO de San Miguel con cargos por los delitos de lesiones calificadas en la agravante de ser cometidas contra funcionarios públicos; daño en propiedad ajena doloso; daño en propiedad ajena doloso por incendio. Y además, motín. Poco faltó para que los acusaran de "disolución social". Los testimonios gráficos de la detención en la madrugada del martes 23 no dejan duda sobre los métodos de detención aplicados por los ministeriales del gobierno del estado: puertas abiertas a marrazos, entrada violenta a las casas sin presentación de órdenes de cateo, detenciones sin presentación de órdenes de aprehensión. Imposible no identificar ahí acciones violatorias de la ley y los derechos humanos de los ciudadanos acusados de un delito.
Pero ocurre que estas acciones no son del gobierno del panista Rafael Moreno Valle. Es el gobierno de Miiguel Barbosa y de Morena el que las realiza.
Lleva muchos el gobierno en Puebla --y quien sea el que ostente el cargo-- con la misma solución a los conflictos sociales: la criminalización. Ahí está el caso de Chalchihuapan y Canoa, con Moreno Valle, y por supuesto el encarcelamiento de los Xicale en San Andrés Cholula, y la persecución por el descontento ocasionado por el gasoducto en Atlixco. El gobernador Barbosa con esta ya lleva dos conflilctos resueltos a la mala, pues a la vista todavía está el encarcelamiento del activista opositor a las probadas obras corruptas que le heredaran como solución a las aguas negras e industriales de Ciudad Textil en Santa María Zacatepec.
Entiendo que no es sencillo gobernar en un país como el nuestro. Los conflictos sociales muy fácilmente derivan en violencia. Lo ocurrido en Amozoc es ejemplo de que en Puebla se ha estirado la cuerda de la desigualdad y la injusticia demasiado. No se resuelve nada culpando al gobierno si no se entiende el desastre institucional que hemos construido como sociedad por acción u omisión. Pero los ciudadanos de Amozoc denunciaron repetidas veces el desgobierno en el municipio, con dos demandas claras: agua y seguridad. Sin respuesta alguna. Hasta esta semana que paso: con la criminalización del conflicto. Lo que está a la vista ahora: un gobierno que se dice de izquierda resuelve los conflictos con el mismo autoritarismo de los gobiernos del PAN y del PRI que nos heredaron este desastre.
