Mundo Nuestro. Las semanas pasan. Y el conflicto entre el gobierno del estado de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla sube de nivel. El gobierno de Miguel Barbosa apunta a la judicialización de la denuncia contra rector Alfonso Esparza. Y la universidad planta como bandera la defensa de la autonomía contra la persecución política de la que es objeto.
La reflexión siguiente la realizo en el marco de la conclusión esta semana del foro Los Retos de la Educación Pública Superior organizado por la BUAP desde su Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y desde la pregunta de si el gobernador Miguel Barbosa le da el tiempo para asomarse a ese esfuerzo que por meses llevaron adelante académicos de la universidad para responder una interrogante que bien contempla la pregunta por el futuro de nuestra sociedad.
En días pasados, la Auditoría Superior del Estado informó que presentó tres denuncias penales contra el rector Esparza Ortiz, por presuntas operaciones simuladas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y este jueves en el Consejo Universitario el pleno del máximo órgano de gobierno universitario aprobó por mayoría de votos las posturas de José Manuel Alonso Orozco, director del Complejo Regional Centro, y de Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, director de la Facultad de Cultura Física. para su publicación y difusión, a fin de dejar clara la posición de la comunidad de la BUAP sobre lo que consideran un embate y acoso político de los tres poderes del estado, encabezados por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Este jueves 29 la Universidad, entonces, a través de su órgano político más importante, el Consejo Universitario, salió en defensa de la institución. La gravedad de esta situación obliga a tratar de entender la dimensión del conflicto y sus repercusiones en la vida de la entidad poblana.
El rector Esparza Ortiz fijó su postura en la misma sesión del Consejo: "Desde el inicio del actual gobierno estatal, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha enfrentado una de las mayores persecuciones políticas de su historia, que ha atentado contra la autonomía, la libertad de cátedra, la seguridad y libertad de sus funcionarios. Como rector de la universidad he sido objeto de amenazas y de diversas, varias denuncias, sin fundamentos contra mi persona y contra mi familia, todo como resultado de mi postura de no querer renunciar al cargo y de evitar que el gobierno estatal tome el control de esta casa de estudios."
Y fue más allá el rector: "La persecución en mi contra deriva de mi postura de no renunciar al cargo como rector de la máxima casa de estudios del estado y entregarle el control de la misma a la administración de Miguel Barbosa Huerta. Exijo que se presenten las denuncias correspondientes y sean resueltas por instancias imparciales. Si existen las pruebas que dicen tener desde hace más de un año de mi supuesta deshonestidad, es momento de presentarlas y dirimirlas ante instituciones verdaderamente independientes y justas, de lo contrario exijo que dejen de amenazarnos y presionarnos, exijo que nos dejen trabajar en paz como siempre lo hemos hecho, en beneficio de las y los poblanos."
Bien hace la institución pública de educación superior en demandar ir a fondo en la resolución de este conflicto desde instancias legales independientes del gobierno estatal. Cualquiera que tenga una idea del sometimiento histórico de los poderes legislativo y judicial a la voluntad del gobernador en turno en Puebla, tiene que respaldar una demanda así. Desde esa perspectiva, Miguel Barbosa no se distingue de otros gobernadores que en su momento han utilizado ese sometimiento para perseguir penalmente a sus opositores de toda índole. Uno tras otro, Moreno Valle, Marín, Melquiades Morales, Manuel Bartlett, Mariano Piña, todos lo han hecho. Lo peculiar de esta coyuntura es que en este caso el objeto de persecución es la más importante institución pública, independiente por su autonomía del gobierno estatal, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Como ciudadanos no podemos dejar pasar este asunto como otro cualquiera. No se puede hacer a un lado lo ocurrido en los últimos treinta años en la relación entre el gobierno y la universidad. Han sido muchos años de contemplar una universidad que no se involucra a fondo en la discusión pública de los procesos sociales que sufrimos, y ello para evitar la colisión con los gobernadores. Los apellidos Dóger y Ahuera den una idea de que este proceso derivó en una franca priización de la universidad, que en la era morenovallista se convirtió de plano en una franca neutralización y paralización de todo pensamiento crítico, de la institución. Pero a la vista está que nuevamente observamos la intención de un gobierno por someter a su voluntad a la universidad. Tenemos memoria de lo ocurrido entre 1989 y 1990. No brotó de esa crisis una alianza venturosa entre la producción de conocimiento y la generación de políticas públicas democráticas e inteligentes para enfrentar la realidad de una sociedad profundamente desigual y violenta, incapaz de construir procesos económicos más justos y armónicos con un medio ambiente depredado y una urbanización irracional. La catástrofe socioambiental que hoy sufrimos pasa por esa crisis mal resuelta que derivó en gobiernos más autoritarios y en una universidad que perdió el sentido social de su existencia histórica.
Pero la llegada de un gobierno que de nombre se pronuncia como no priista y, por la trayectoria de sus actores, alejado de una dinámica panista, lo que se quiera entender con la caracterización de "un gobierno morenista", no ha significado la construcción de una nueva relación con la universidad pública sobre las bases democráticas del pensamiento crítico y el debate abierto y responsable que produzca un verdadero proyecto de transformación social.
Igualdad, justicia, trabajo, bienestar, democracia, regeneración ambiental... Qué lejos quedan esas palabras de nuestra realidad.
Mal le va ya a la sociedad poblana por la pandemia y la suma de las crisis acumuladas de años, con la violencia y la catástrofe económica golpeando sin reparo a miles de familias. Mientras, las dos principales instituciones públicas, el gobierno del estado y la universidad pública, en una refriega que no tiene otros visos que los de la contienda política y el sometimiento de la institución académica al poder ejecutivo.
