Mundo Nuestro. La mañana de este miércoles 8 de enero los universitarios de la BUAP han defendido en un desplegado público la autonomía de la institución frente los poderes del Estado, el Congreso y, sin nombrarlo, el gobernador Miguel Barbosa. Y lo han hecho con expresiones severas contra el órgano de fiscalización del congreso estatal, la llamada Auditoría Superior del Estado: la "auditoría preventiva", como la denominó dicho órgano, es un acto inusual e ilegal, que usurpa funciones y tiene fines ajenos a los de la fiscalización. "La universidad --dicen los líderes de los 43 cuerpos académicos--, está abierta al escrutinio, pero no a la arbitrariedad." Es su facultad y es su responsabilidad gobernarse a sí misma, afirman en una primera frase, y enfrentan así la agresión contra la autonomía universitaria.
No es cualquier asunto el que se dirime, y vale acudir a la historia para entender lo que se juega la sociedad poblana con este proceso desestabilizador de la más importante institución de educación superior en Puebla, y las consecuencias que puede tener esta intervención de la autoridad estatal en los meses por venir. Ahí están los hechos de 1989-1990, con el asesinato de un profesor universitario en el contexto de la intromisión ilegal del gobierno de Mariano Piña Olaya en la vida de la universidad. La discusión por el rumbo de la más importante institución pública que tenemos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, resuelto no por la vía democrática sino por la intromisión ilegal de un gobierno autoritario.
La pregunta en la superficie: ¿qué busca el gobernador Miguel Barbosa con este acto? ¿Por qué utiliza una vez más el garrote de la fiscalización como instrumento de control político? A la vista está que, como lo indican los directores en su desplegado, hay un fin político ajeno al ánimo serio del escrutinio del uso de los recursos patrimoniales y financieros de la institución, que son públicos. ¿Cuál es ese fin? La pregunta no la hacemos al instrumento --Gabriel Biestro y los diputados afines al gobierno, cuyo comportamiento reciente bien que recuerda la vergonzosa etapa morenovallista--, sino al propio gobernador Miguel Barbosa. ¿Cuál es el propósito de minar así un campo político, de suyo complejo y contradictorio, como el de la universidad pública?
La pregunta de fondo: ¿cuál es el papel de la universidad pública y cuáles deben ser los términos de una relación inteligente y democrática con los poderes del Estado y con la sociedad? ¿No debería ser esa la discusión estratégica a promover por un nuevo gobierno como este, que se planta como promotor de un cambio histórico de régimen? Nunca esperamos una iniciativa así de parte de un personaje de vena antidemocrática como Moreno Valle, pero sí de un gobierno que tuvo su origen en un movimiento de transformación social expresado en la elección presidencial del 2018. El gobierno de Miguel Barbosa, con acciones como la denunciada por los universitarios, recuerda más a lo que parece ser su matriz fundamental:el priismo autoritario representado en su momento por gobernadores como Manuel Bartlett, Melquiades Morales y Mario Marín.
Creemos que nuestra labor como periodistas debe respaldar acciones de defensa de la universidad pública contra los actos autoritarios del Estado representado por el gobernador de Puebla. La sociedad poblana se merece una mejor discusión de los asuntos públicos.
