Poder y Política
El Diario Oficial de la Federación ha publicado este día, 20 de agosto 2020, una circular prohibiendo a dependencias del gobierno contratar servicios de ningún tipo con la revista Nexos.
La decisión surge de la revisión de un proceso burocrático del año 2018. Aquel año Nexos ganó una adjudicación del Instituto Mexicano del Seguro Social y obtuvo una (1) página de publicidad por 74,000 pesos.
El contrato se cumplió entonces en todas sus fases, el anuncio fue publicado y pagado a satisfacción de las partes.
Dos años después, el actual gobierno dice haber encontrado una irregularidad en los papeles de aquel proceso y toma la decisión unilateral de vetar a Nexos como proveedor del gobierno y de imponerle una multa por 999,440 pesos.
Las dos sanciones son claramente desproporcionadas. Nos defenderemos por las vías correspondientes.
Conviene aclarar que desde 2018, Nexos no recibe publicidad oficial federal. Preocupa que el gobierno haga ahora explícito su veto y estigmatice la revista ante otros posibles anunciantes.
Nexos ha sido durante cuarenta y dos años una revista independiente y crítica. Su trabajo es reconocido dentro y fuera del país, y por los millones de lectores que acuden a su edición impresa y a su sitio electrónico todos los días.
Es la revista decana de la crítica social y cultural de México.
La sanción que Nexos recibe ahora es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno.
No es un hecho aislado, es una señal más de la intolerancia oficial a la crítica, al pensamiento distinto, a la diversidad de opiniones, en última instancia, a la libertad de expresión.
9 de agosto: Día Internacional de la Poblaciones indígenas. Nada que celebrar y mucho por qué luchar
tribuir a su transformación”. Francisco López Bárcenas
El pasado 9 de agosto, fue el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Dicho acto, pasó de frente, en términos generales, en un país cuyos gobiernos, no desaprovechan la oportunidad de mencionar que somos un país con una gran diversidad socio-cultural y el primer país en América Latina con la mayor población indígena.
No pocos representantes del cultural o social, confunden dicha fecha con el Día de las Lenguas Maternas, cuando dichas fechas tiene cada una, su propia lógica, matriz y objetivos.
He aquí, un breve recuento y a un poco más de 520 años de la brutal conquista española que saqueó, despojó, oprimió y explotó a los pueblos originarios. Considero que es necesario mencionar que los pueblos originarios han resistido y pasado por las distintas etapas de nuestra historia. la conquista española, la colonia, la independencia, la reforma, la intervención francesa y yanqui, la revolución, el México contemporáneo y neoliberal. Pero también fueron contagiados por la viruela que diezmo sus pueblos, la gripa española y la actual pandemia, Durante estos más de quinientos años, han tenido que soportar y combatir sistemático y estructural culturicidio, lenguicidio y en especial, un gran y profundo etnocidio.
A pesar de todos esto, podemos decir parafraseando a Galileo “y si n embargo, se mueven” y hoy por hoy, rechazan seguir siendo objetos de estudio y piezas de museo
“Es que somos muy pobres”. Juan Rulfo. El llano en llamas
Los pueblos Indígenas en cifras: Miseria, despojo, opresión y exclusión
Población Indígena en México: 25, 694, 928 habitantes.
Población hablantes de una lengua indígena: 7, 382, 785, son hablantes de lengua indígena, y 909 356 no hablan el español.
En 2016, 71.9% de la población indígena, es decir, 8.3 millones de personas, se encontraban en situación de pobreza.
3.2 millones de indígenas (28.0%) presentaban tres o más carencias sociales y no tenían la capacidad económica de adquirir la canasta básica, lo que los colocó en una situación de pobreza extrema.
En 2015, seis estados del país concentran el 64.8% de la población indígena: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla y Yucatán. Cinco de estas entidades tienen niveles de pobreza superiores al porcentaje nacional (43.6%), entre estas destacan Oaxaca y Chiapas con 70.4 y 77.1%, respectivamente.
19.8% de la población indígena entre los 30 y 64 años no sabe leer ni escribir.
El 31.6% presentaba rezago educativo y poco más del 50.3% contaba como máximo con la primaria completa.
En 2016, más del 30% de los indígenas, presentaban carencia de acceso a la alimentación.
La feminización de la pobreza
El 45% de las mujeres indígenas en zonas rurales estaban en situación de pobreza extrema en 2016.
En 2016, 77.6% de este de indígenas (8.9 millones de personas) no contaba con seguridad social. Es decir, carecen de protección ante eventos como el desempleo, la enfermedad, la invalidez y la muerte.
15.1% de los indígenas de los indígenas (2016) no tiene servicios de salud.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH-2018)), mencionó que el ingreso promedio mensual de la población no indígena es de $13,646, tres veces más que el de la población indígena de que es de $4,291.
Pero éste ingreso disminuye para las mujeres indígenas que es de $2,777.
Éste ingreso baja también cuando son mujeres, indígenas y hablan una lengua indígena, a $1,927. Es decir, la brecha salarial por la triple discriminación (ser mujer, indígena y hablar una lengua indígena) es de 86%. La clásica feminización de la pobreza.
Los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas son los más discriminados en México (INEGI-2018)
24 por ciento de indígenas afirmó haber vivido al menos un acto de discriminación en el anterior lustro. Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS-2018)
El 20.3% de la población que se auto adscribió se como miembro de una comunidad o pueblo indígena fue y es discriminada en México. Principalmente, cuando se trata de aspectos médicos, de transporte y familiares.
Los proyectos de muerte
Actualmente, un poco más del 30% del territorio mexicano ha sido concesionado para la minería a cielo abierto, principalmente a empresas extrajeras, son aproximadamente más de 56 millones de hectáreas del territorio nacional. La gran mayoría de los proyectos de muerte (minería a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, granjas porcícolas y de aves, agroindustrias, oleoductos, poliductos y gasoductos, deforestación acueductos, etc.), están asentados en territorios de los pueblos indígenas.
De acuerdo al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, campus Morelia, en el 2018, realizó un mapeo de los conflictos socio-ambientales en los territorios indígenas
Los conflictos fueron mapeados, geo-referenciados y clasificados en diez categorías según el tipo de problemática. La lista la encabezan los conflictos generados por la minería (173 conflictos), seguidos por los del agua (86), de energía (74), los causados por los proyectos mega-turísticos (49), los provocados por la expansión urbana (38), forestales (37), de carácter agrícola (35), por residuos tóxicos y peligrosos (34), por la construcción de carreteras (16), pesqueros (10) y biotecnológicos (8), en su mayoría por la introducción de maíz y soya transgénicos.
Tanto a nivel mundial como a nivel nacional, el 80% de la biodiversidad del planeta y el país, está resguardada por pueblos indígenas. Es paradójico que los habitantes de los pueblos originarios estén asentados en medio de una gran riqueza y ellos sigan en la pobreza, la marginación y miseria.
Breve agenda de los pueblos y comunidades indígenas
Modificar la redacción de los primeros párrafos de los artículos segundo y veintisiete constitucional. Derogar la anticonstitucional Ley Minera. Reconocerlos en el artículo segundo constitucional como sujetos de derecho y no seguirlos manteniendo como de “interés público”. Reconocimiento pleno a sus asambleas comunitarias. Elabora una ley de consulta libre, previa e informada con la participación activa y consensuada con ellos. Emitir ya, una ley nacional que prohíba la técnica del fracking en el territorio nacional.
Crear una Fiscalía especial que investigue y castigue a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de las y los compañeros y hermanos indígenas. Basta de criminalizar la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y bienes comunes.
El mejor reconocimiento que les podemos hacer a los pueblos y comunidades indígenas es transitar a un proyecto de nación y país plurinacional en dónde la base de la pirámide de pobreza, marginación, oprobio y despojo desaparezca.
En estos tiempos, de múltiples crisis y en especial, de una gran crisis civilizatoria a nivel mundial, en la cual “los locos guíen a los ciegos” (William Shakespeare). Es preciso y necesario tener en mente lo que mencionó la dirigente Lenca Berta Cáceres, en defensa de sus ríos y territorio.
“Mientras tengamos este capitalismo salvaje y depredador, será muy difícil salvar nuestro planeta, porque esa mirada libre mercadista es contraria a la vida, a la ecología, al hombre y la mujer”.
Finalmente, suscribo lo mencionado por Myrna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), el pasado 9 de agosto, que entre otras cosas, menciona que “Los pueblos indígenas no queremos una normalidad donde continuemos discriminados, queremos que nuestros planteamientos de desarrollo con identidad y buen vivir sean parte de la construcción post-pandemia. No queremos indígenas a los que se les celebre un día, por folclore, y todo el año se les denigre, margine y discrimine, provocando incluso su desaparición. Queremos que nuestros planteamientos de desarrollo con identidad y Buen Vivir sean parte de la construcción post pandemia”
(Imagen de portadidlla: PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO)
(Ilustración de Patricio Betteo, tomada de la revista Nexos)
Hace unos días se dio a conocer un audio en el que Víctor Toledo, titular de la Semarnat, enumera algunas de las contradicciones que advierte en el gobierno de la 4T. En realidad el audio corresponde a una intervención hecha en algún foro en el mes de marzo o abril de este año, pero quienes lo filtraron consideraron por sus propósitos políticos que ahora era el momento más adecuado para difundirlo. También hace unos días fue difundida la carta de Julio Glockner, hasta el 31 de julio Secretario de Cultura del estado de Puebla, en la que expone algunas de las circunstancias que rodearon a su renuncia el 13 de julio. Ambos eventos muestran que la 4T como gobierno no está exenta de contradicciones y luchas de poder. A todo aquel que esté familiarizado con la teoría del Estado de Gramsci no le resultan una sorpresa ambos eventos y la afirmación de Víctor. Contrariamente a lo que pregonan abstractas visualizaciones del Estado de origen marxista que reducen al mismo como expresión de la dominación del capital sobre el trabajo, el Estado es un territorio en disputa. Es expresión de correlaciones de fuerzas, de proyectos diversos que se confrontan entre sí. Y si eso que es cierto en todo Estado, en el Gobierno de la 4T, expresión de una amplia y heterogénea coalición de fuerzas políticas e ideológicas lo es aún más.
En el caso del titular de la Semarnat resultan reveladores los puntos de confrontación que él ha tenido al interior del gobierno y que forman parte de lo que él califica como luchas de poder dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. En la grabación filtrada, Víctor Toledo visualiza una contradicción fundamental entre la visión de agronegocios y revolución verde encabezada por el Secretario de Agricultura Víctor Villalobos y la agroecológica (agricultura ecológica y soberanía alimentaria) que encabeza el primero y que también encarna el Subsecretario de Alimentación y Competitividad Víctor Suárez Carrera. En esa disputa ha jugado un papel central Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República quien apoya la visión de Villalobos y también el impulso a la minería. El secretario Toledo también advierte conflicto con la Secretaría de Economía y en materia de transición energética con la de Energía y Rocío Nahle. La importación del venenoso plaguicida Glifosato y el algodón transgénico también han estado en la disputa, de igual manera el proyecto cervecero depredador del agua de Constellation Brands apoyado por un subsecretario de gobernación y un megaproyecto de ganadería lechera que implicaba la renta o venta de vastas extensiones de terreno en Campeche y Tabasco. Ciertamente la concepción ambientalista, de transición energética y agroecológica, enfrenta enemigos muy poderosos dentro y fuera del gobierno y aun en el exterior: los intereses estadounidenses y de 20 países más representados por sus respectivas embajadas. Aunque Víctor dice que acaso su visión no esté en la cabeza de la mayoría del gabinete ni aun en la del presidente, lo cierto es que López Obrador, que se ha presentado a sí mismo como el árbitro en todas estas disputas y quien toma las decisiones finales, decidió ya en contra de Constellation Brands, canceló el megaproyecto minero “Los Cardones” en Baja California Sur del poderoso grupo Salinas Pliego, tampoco se realizó el megaproyecto lechero y ha prohibido los transgénicos y el fracking.
En el caso de Julio Glockner puede aventurarse una hipótesis similar. Independientemente de lo difícil que es para un académico como Julio enfrentarse al feroz mundo de la política, en el cual no hay afectos ni amistades sino intereses, o de los desacuerdos que pudo haber tenido con el gobernador Barbosa con respecto a la integración de su equipo, su carta resalta un tema controversial de fondo: el traslado de la Estrella de Puebla ubicada en Angelópolis hacia el barrio de San Francisco así como el desarrollo de un proyecto innmobiliario en dicho lugar. El asunto motivó un diferendo público entre el gobernador Luis Miguel Barbosa y su entonces Secretario de Cultura en el cual el gobernador dijo que si Glockner no estaba de acuerdo con dicho traslado podía renunciar. Traslado de la Estrella y el proyecto inmobiliario va en contra de la postura política e ideológica que le he conocido a Julio en los últimos cuarenta años. He pensado mucho en este asunto después de conocer la infausta noticia de la muerte de Eusebio Leal, el gran restaurador de La Habana Vieja. Puede contrastarse lo que hizo Eusebio Leal con el centro histórico de La Habana y lo que advertí en el Viejo San Juan en Puerto Rico. En La Habana Vieja la restauración respetó el tejido social que allí existía, se mantuvo a una parte importante de la gente que allí vivía y el lugar además de ser hermoso es un lugar lleno de vida social. En el Viejo San Juan advertí que el lugar hermoseado era en realidad una concentración de restaurantes de lujo y boutiques además de estar gentrificado. Dos concepciones distintas de lo que se puede hacer con el patrimonio arquitectónico de una ciudad. La primera está animada del espíritu de hacer de la cultura un espacio vital. La segunda no es más que la barbarie neoliberal que mercantiliza todo lo que toca.
Hagamos votos porque Sergio Vergara Berdejo, el nuevo titular de la Secretaria de Cultura de Puebla, no opte por la segunda concepción que pasa por la especulación inmobiliaria. Ha sido Perito del INAH, Delegado del mismo instituto y Gerente del Centro Histórico. Como tal, fue testigo silencioso de la barbarie neoliberal de Rafael Moreno Valle con hechos tan ominosos como la destrucción de la Casa del Torno, el teleférico, la tentativa de mercantilización de la zona sagrada de la Pirámide de Cholula, las modificaciones en los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Esperemos que en el contexto de un gobierno de la 4T, otro sea su rumbo. Tanto en el caso de Glockner como en el de Toledo, las tensiones dentro de la 4T tienen que ver con hacer del mercado el amo de la cultura y la naturaleza.
A invitación de Sergio Mastretta, el martes 28 de julio tuve el gusto de participar en nombre de Morena en el debate sobre el tema “Dinero ilegal y elecciones en Puebla”. Mis compañeros de debate fueron don José Alarcón (presentado como parte del PRI), Luis Olmos (PAN) y José Juan Espinoza (PT). El mismo se llevó teniendo como material de discusión la trilogía del mismo nombre compilada por Alejandro Guillén Reyes, Sergio Mastretta y Salvador González Jaramillo y escrita por ellos y varios autores más. La misma contiene tres volúmenes (o episodios como ellos los llaman): Violencia, Al mejor Postor y Operación de Estado en Puebla. Los tres volúmenes (editados por la asociación Puebla contra la Corrupción y la Impunidad) parten de las elecciones de 2018 y 2019 en Puebla para describir y analizar lo que yo llamo la “maquinaria estatal del fraude electoral”, la cual no es un fenómeno reciente ni reducido a la entidad. La llamo estatal porque el poder del Estado es esencial para su funcionamiento. Hablo del fraude electoral porque fraude no es solamente la adulteración de los resultados sino la compra y coacción del voto. En realidad lo que describen y analizan los autores es creación del viejo régimen autoritario que emanó de la revolución mexicana. Esa maquinaria fue lo que hizo que el PRI bajo sus distintas denominaciones gobernara durante 70 años y se ha quedado como parte de la cultura de la clase política mexicana. El invento priista ha sido usado por el PAN y el PRD y hasta los partidos bisagra también han hecho uso del mismo. Falta todavía ver si Morena logra escapar de la tentación.
La tesis fundamental de la trilogía es que el principal problema de la democracia en México es el dinero ilegal. A partir del dinero ilegal se arma una compleja maquinaria que tiene tres elementos básicos: el dinero ilegal, el clientelismo que es pagado con ese dinero y los operadores del clientelismo que lo ejecutan y también cobran por su trabajo. Muy importante es a mi juicio, la periodización de la maquinaria electoral fraudulenta que se analiza y describe a lo largo de los tres volúmenes del libro que comentamos. Esta periodización dice que la historia más reciente de la maquinaria estatal del fraude electoral comienza con la maquinaria electoral priista en los ochenta a cargo de José Alarcón Hernández. El volumen tres lo identifica como el operador principal de dicha maquinaria la cual se habría desmantelado en los años noventa. Una segunda etapa arranca en la primera década del siglo XXI, con la emergencia de una nueva maquinaria esta vez encabezada por Rafael Moreno Valle, ya convertido al panismo. Finalmente, los autores advierten una tercera etapa con el desmoronamiento de dicha maquinaria después de la tragedia del 24 de diciembre y la recomposición de la misma con la abigarrada alianza de priistas y morenovallistas durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa.
La maquinaria estatal del fraude electoral que los autores describen en los tres volúmenes en realidad corresponde a la que se construyó para garantizar la hegemonía y dominación del PRI. El consenso derivado del pacto histórico de la revolución mexicana, se unió a la compra y acarreo de votantes, el uso de la violencia en contra de oponentes rijosos y la adulteración de resultados cuando fue necesario. Eso fue la máscara democrática del autoritario régimen de partido de Estado. La maquinaria tuvo su articulador principal en el gobernador del estado (por ello no fue dato menor que entre 2010 y 2018 fuera Moreno Valle quien la encabezara) seguido por un segundo nivel constituido por los inversionistas (donantes del dinero ilegal) y el candidato o candidata que recibía ese dinero y quedaba comprometido. Un tercer nivel articulado por funcionarios (delegados, presidentes municipales, diputados, senadores etc.,) y exfuncionarios que tenían poder político y económico para movilizar a operadores. Un cuarto nivel lo integraban dichos operadores que no eran otros que líderes locales, constructores de clientelas a través programas asistenciales, prebendas y hasta reparto de poco dinero y bienes ínfimos (láminas, despensas, camisetas, gorras, tortas con refresco). Los operadores hacían su gestión a nivel territorial por distrito y sección electoral, juntas auxiliares a través de movilizadores (operadores de los operadores). Finalmente en la base de esa pirámide estaba la clientela electoral constituida principalmente por los pobres del campo y de la ciudad.
He usado el tiempo pasado para describir a la referida maquinaria a través de la cual se ha hecho lo que se ha llamado “elección de Estado”. Pero en verdad ese artefacto político sigue vigente y Andrés Manuel López Obrador está conciente de ello. Sabe muy bien que los gobernadores priistas, panistas y perredista van hacer uso de la maquinaria y probablemente calcule que los gobernadores morenistas estarán tentados de hacer uso de ella. Por eso ha dicho que en 2021 se convertirá, como alguna vez lo dijo Francisco I. Madero, en “guardián de la democracia”. La construcción de la democracia en México pasa por el desmantelamiento de la maquinaria estatal del fraude electoral y el flujo de dinero ilegal para las campañas políticas al cual se une ahora el dinero sucio proveniente del crimen organizado. Podría agregarse también, que la referida construcción de la democracia, también pasa por el desmantelamiento de la corrupción de las autoridades electorales de todos los niveles. Ojalá esto pueda hacerse y salgamos de la cultura política que nos legó el priato.
Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad
Extracto del capítulo “Clientelismo electoral: acciones ilegales en un sistema de complicidades”, del libro Dinero Ilegal, elecciones al mejor postor en Puebla. Episodio 2: 2019, de Alejandro Guillén, PCCI, 2020
La palanca principal para la toma del poder
No es extraordinaria la sensación de incertidumbre posterior a una jornada electoral en Puebla. Queda siempre la impresión de que la manipulación de los resultados de la elección es el punto de arranque del análisis de los procesos electorales: 1983, 1989, 1998, 2006, 2012 son algunos años de contienda electoral que lo ejemplifican. Pero no es ciencia ficción, es una operación de Estado organizada para el control y la manipulación de los procesos electorales. Esto es lo que nos propusimos entender a partir de la crisis sufrida por la sociedad poblana en la coyuntura de la conflictiva elección para gobernador en julio de 2018 y su consecuencia, la elección extraordinaria del 2019.
Lo ocurrido en las elecciones del 1 de julio de 2018 llevó al extremo esta perspectiva de una intervención ilegal operada desde las instituciones del Estado: a la violencia gansteril organizada y realizada en total impunidad en la ciudad de Puebla por grupos de poder fáctico, se sumó la discordancia entre los números de la elección de gobernador y el conjunto de los resultados en el resto de las elecciones ocurridas ese día. La elección del 2 de junio de 2019, sin los hechos de violencia del año anterior, dejó de nueva cuenta la sensación de incertidumbre por las manifiestas contradicciones en los números arrojados por la autoridad electoral, con los votos de los partidos PT y Verde como el reflejo más acabado de ello.
La incertidumbre se acrecienta si se revisan los análisis que desde la ciencia política se publican. La mayor parte apenas si se asoma a la realidad en la que los procesos se desarrollan. Se señala de inmediato las mapacherías, la compra de votos, la operación de la estructura, la parcialidad de los medios de comunicación, el sobre gasto en campañas sobre lo estipulado en la ley y por supuesto el dinero ilegal y criminal que existe en el financiamiento de los partidos y candidatos, etc. Pero nada más, la distancia entre las palabras y lo que ocurre en los meses de contienda electoral acaba por abrumarnos. Paraliza la falta de información. Ni siquiera la violencia y la discordancia extrema en los números de la contienda del 2018, ni los contradictorios resultados de Morena y el PAN en el 2019, han generado procesos de investigación que permitan ahondar en los mecanismos con los que, efectivamente, un proceso electoral se interviene para modificar el resultado de una elección. Existe una maquinaria y una maquinación, sí. Existen poderes fácticos que actúan a través de una estructura organizada con operadores que la llevan a cabo, algo que bien podemos denominar “industria del voto”. Pero al final, el tiempo se lleva el revuelo junto con el ánimo de explicar a fondo este complejo proceso en el que transcurre la elusiva vida democrática de nuestro país.
Muchas maneras de explicar ese voto al mejor postor, los mecanismos por los cuales una maquinaria electoral opera en total impunidad para producirlo. Porque es un hecho que sus beneficiarios, finalmente sus financiadores, se mantienen anónimos y libres en la seguridad de sus territorios conquistados.
¿Cómo ocurre en la práctica este proceso de manipulación del voto? Si hablamos de maquinaria y estructura, estamos obligados a describir su sistema. El modus operandi. A través del trabajo de campo y del análisis estadístico, ha sido nuestro propósito describir los mecanismos de la manipulación del voto en el estado de Puebla, en los procesos electorales de 2018 y 2019. Y acudimos para ello con algunos de los actores particulares que en Puebla han formado parte de una acción compleja de intervención concreta en la construcción de lo que los políticos llaman la estructura y la operación. Intentamos responder así a la pregunta concreta sobre las características del llamado clientelismo electoral desde las regiones, los municipios, las organizaciones económicas, políticas y sociales para identificar y describir los mecanismos desarrollados por personas y grupos de poder fáctico.
Nos propusimos describir con las herramientas del análisis estadístico el comportamiento electoral de cada partido tanto en la elección a la gubernatura de Puebla en 2018, como en la elección por el mismo cargo en 2019. Detallamos las similitudes y diferencias del comportamiento mantenido por cada partido en la elección de 2018 respecto de la de 2019. Los focos rojos que indican las huellas de la manipulación del voto a seguir.
Y por la vía periodística del testimonio, nos propusimos escuchar en sus voces a los actores particulares, los estrategas, los ingenieros electorales, los operadores de tierra, los compradores y los vendedores del voto; las redes clientelares y su funcionamiento en la operación electoral de los partidos y las estructuras de gobierno involucradas. Por ellos pudimos identificar a los actores principales relacionados con el diseño y operación electoral; identificamos y describimos la estructura orgánica clandestina que se construye desde el gobierno estatal para una campaña electoral y que opera en forma paralela y por encima de las organizaciones de partido; identificamos y describimos los principales métodos de compra y manipulación del voto, los que permiten hablar de un sistema profesional aplicado con los objetivos precisos para cada elección.
Intentamos también responder a una pregunta fundamental: la del origen, uso y destino del dinero ilegal. Quisimos identificar las principales fuentes de financiamiento público y privado, legal e ilegal, de los partidos políticos y su relación con la compra y coacción del voto.
En el conjunto de los testimonios sobresale, como en un concierto de voces, la descripción de un personaje que concentra en su accionar la figura del operador político total: el gobernador de Puebla como cabeza de un organismo de Estado, una dependencia de gobierno que no figura en el organigrama pero que opera como tal, y que controla y dispone a voluntad de los recursos públicos y de los organismos institucionales para intervenir un proceso electoral. Una operación de Estado. La palanca principal para la toma del poder.
No es ciencia ficción, la manipulación electoral desde la acción de grupos de poder fáctico tampoco es producto del azar. Es una acción orquestada, con criterios empresariales, controlada sin escrúpulos por quienes controlan el aparato del poder. Ocurrió en el 2018. Se reprodujo en el 2019.
Extracto del capítulo “Clientelismo electoral: acciones ilegales en un sistema de complicidades”, del libro Dinero Ilegal, elecciones al mejor postor en Puebla. Episodio 2: 2019, de Alejandro Guillén, PCCI, 2020
Mundo Nuestro. Una vez más el periodismo sicario en Puebla. Esta vez en contra del antropólogo y escritor Julio Glockner Rossainz, actual Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Información falsa difundida por un periódico llamado Imagen Poblana y por Arturo Luna Silva, autor de una columna de nombre Garganta Profunda, calumnia y difama a Julio Glockner y a las funcionarias Sonia de la Luz Duarte Ávila Sosa y Maribel Vázquez.
No existen ya en México como delitos tipificados en el Código Penal Federal la calumnia y la difamación, así que los periodistas pueden mentir con toda premeditación, alevosía y ventaja sin que tengan la más mínima consecuencia legal. Lo único que nos queda a los ciudadanos es reconocerlos como criminales. Y señalarlos como lo que son.
La Secretaría de Cultura del gobierno de la república, a través de Esther Hernández Torres, Directora General de Vinculación Cultural, ha respondido este mismo viernes 24 de julio a cada uno de los señalamientos publicados por el primero de los medios referidos. La nota aclaratoria vale también para el segundo. Creemos que es obligación del gobierno de Miguel Barbosa dar respuesta cabal a las acusaciones infamantes contra funcionarios de su administración.
No tiene el Gobierno del Estado de Puebla mejor carta de presentación ante la ciudadanía poblana que la presencia de Julio Glockner como Secretario de Cultura. Debe ser su principal orgullo.
Presentamos la réplica que el propio Julio Glockner ha enviado al referido medio Imagen Poblana.
Respuesta a Imagen Poblana
De Julio Glockner Rossains, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla
Puebla, Pue., 24 de julio de 2020
Me refiero a la nota periodística publicada en el diario Imagen Poblana por escrita por Miguel Ángel Cordero, en la que se señala, erróneamente, un “daño millonario a la Secretaría de Cultura” en su encabezado. Me permito hacer las siguientes precisiones, solicitando atentamente sea publicado este texto en el mismo espacio:
En relación a los recursos federales otorgados a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla a través de formato de subsidio, donativo o fondo mixto, en el ejercicio fiscal 2019; se informa que todos los programas fueron desarrollados en total apego a los sus lineamientos operativos y comprobados al cien por ciento ante las instancias federales correspondientes a través de la presentación de informes financieros, de actividades y evidencias; y en muchos casos a través del proceso de vigilancia ciudadana conocido como Contraloría Social. Oficio emitido por la Lic. Esther Hernández Torres, desmiente la publicación realizada el pasado 24 de julio por Miguel Ángel Cordero.
La Secretaría de Cultura del Estado de Puebla ejerció $24,458,374.30 (Veinticuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.) para el desarrollo de programas federales en el ejercicio fiscal 2019.
Programas de Fondos Mixtos (Estatal y Federal):
1 Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA)
2 Desarrollo Cultural Infantil Puebla
3 Programa de Fomento a la Lectura
4 Programa de Desarrollo Cultural para la Atención de Públicos Específicos
5 Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud
6 Programa de Desarrollo Cultural Municipal
7 Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca
Programas de Subsidio Federal:
8 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMYC
9 Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura AIEC
10 PROFEST 2019 - Festival Huey Atlixcayotl
11 PROFEST 2019 - Festival Vive Bolero
12 Programa Nacional de Teatro Escolar
Programas de Donativo Federal:
13 Puebla sede del primer Encuentro Nacional de Saberes Locales
Efectivamente, como se puntualiza en la mencionada nota periodística, se registró una devolución de recursos federales, sin embargo, la cantidad asciende a $ 751,587.99 (Setecientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos 99/100 M.N.), no a 4.5 millones de pesos mencionados; dichos recursos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación según lo enmarcan los lineamientos federales y estatales, y correspondieron a remanentes de capital y a economías generadas en el planteamiento de los proyectos autorizados para los programas federales.
Así mismo, se informa que en virtud del cierre del mecanismo de fideicomiso con el cual operaban los fondos mixtos, indicación recibida en el mes de febrero de parte de la Secretaría de Cultura Federal, los recursos existentes en cada programa fueron ejercidos antes del 31 de diciembre de 2019; teniendo que realizar una transferencia de los remanentes de las cuentas estatales a la cuenta Ejecutiva Fiduciaria del FONCA; dicha transferencia de recursos fue por la cantidad de $2,997,795.13 (Dos millones novecientos noventa y siete mil setecientos noventa y cinco pesos 13/100 M.N.); sin embargo cabe aclarar que FONCA reintegrará al estado una parte proporcional de esos recursos; procedimiento estipulado en los convenios de terminación que se encuentran en proceso de formalización.
La tabla de recursos, publicada por Miguel Ángel Cordero, es una tabla previa realizada el pasado mes de agosto de 2019 por el Departamento de Enlace Federal, a cargo en ese momento de la Lic. Maribel Vázquez Chávez; misma que fue presentada al Secretario Julio Glockner, los primeros días de su administración, como parte de un informe general en el que se puntualizaba que podían existir modificaciones relacionadas con los procedimientos que se establecieran en cada unos de los programas y en la validación de proyectos y planes de trabajo por parte de la áreas competentes de la Instancia Federal.
Específicamente en el programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura – AIEC 2019; en el cual el estado recibió un subsidio federal por 5 millones de pesos, se aclara que se realizaron 4 proyectos culturales validados por la Secretaría de Cultura Federal; dichos proyectos no fueron operados en su totalidad por la Dirección de Artes Plásticas y Escénicas, ni directamente por la Lic. Mónica Fernández Inostroza.
Todos los programas planeados para su operación en el 2019 fueron concluidos y obtuvieron excelentes resultados para gestores culturales, artistas, talleristas y para la comunidad poblana. Toda la información relativa al desarrollo, resultados, estadísticas, gastos ejercidos y documentación jurídica de cada programa, es publicada de manera trimestral por el Departamento de Enlace Federal adscrito a la Dirección Administrativa de esta Secretaría, a cargo de la Dra. Sonia de la Luz Duarte Ávila Sosa, y se encuentra disponible para todos los ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia, que puede consultarse en el siguiente vínculo https://www.plataformadetransparencia.org.mx
Por último, debo mencionar que en mi gestión como Secretario de Cultura nos hemos empeñado, con la honestidad y el profesionalismo que caracteriza a la Dirección Administrativa, en combatir la corrupción, como consta en los expedientes que hemos enviado oportunamente a la Secretaría de la Función Pública.
NOTA ACLARATORIA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL
Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad
Al final muchos buscan, a como dé lugar, obtener una rebanada del pastel publicitario, algo que prostituye el ejercicio del periodismo y hace que circule dinero bajo la mesa en efectivo que, aunque lo entregue un funcionario público al integrante de un medio informativo, no se sabe a ciencia cierta de dónde viene.
En Puebla, la inestabilidad social, económica y política de 2019, que implicó la existencia de una gubernatura interina y el llamado a elecciones extraordinarias, devino en un cambio del grupo en el poder, pero no una modificación de la relación turbia entre los medios y sus financiadores gubernamentales.
Al haberse reducido el presupuesto para publicidad oficial en 2019 y, a la par, terminado de tajo las relaciones de muchos medios con el morenovallismo, el grupo de José Antonio Gali y Martha Erika Alonso, muchos, en pos de garantizar su sobrevivencia, cambiaron de un año a otro sus líneas editoriales, lo que quedó evidenciado cuando al grupo político que en 2018 denostaron, fue al que aclamaron en los comicios extraordinarios un año después y posteriormente en el gobierno estatal.
De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la asignación discrecional de publicidad oficial constituye un mecanismo de censura indirecta, ya que somete la línea editorial de los medios a los designios de quien discrecionalmente determina el monto y las condiciones del pago de la publicidad oficial, que no debe ser un canal de promoción de uno o varios funcionarios públicos, sino una herramienta que contribuya al beneficio social, a la vida democrática.
“Las campañas deben decidirse sobre la base de criterios de asignación claros, públicos y que hayan sido establecidos con anterioridad a la decisión publicitaria. Al momento de adjudicar la pauta, el Estado debería fundar por escrito y claramente cuáles fueron los parámetros utilizados, y la manera en que fueron aplicados”, refieren los principios de regulación de publicidad oficial de la OEA.
En el caso poblano, pese a la existencia de regulación nacional, es posible aplicar lo concluido por Fundar y Artículo 19: “las entidades federativas ejercen recursos millonarios por concepto de publicidad oficial de forma opaca, con alto nivel de discrecionalidad, llegando a extremos de arbitrariedad de forma injustificada, y que son gastos que tienden a aumentar cada año”.
A final de cuentas, la prostitución periodística en tiempos regulares o en campañas electorales es en realidad un atentado contra el derecho a saber de cualquier ser humano, y mientras no se corrija, además de aumentar la desinformación, los medios están dejando de cumplir con su responsabilidad social.
Parte de la construcción de una democracia radica en la información fidedigna que poseen los ciudadanos de manera previa a la toma de decisiones individuales y colectivas. El obstaculizar y el no propiciar que eso ocurra, constituye un atentado en contra del derecho a saber de cualquier persona. Se atenta contra un derecho humano cuando los medios desinforman e incumplen con su responsabilidad social al someter su labor a los designios de sus financiadores públicos, que de manera discrecional pueden premiar o castigar económicamente a esos medios si cumplen con su petición de ensalzar a los dirigentes de los grupos de poder, a la par de atacar o invisibilizar a sus detractores.
Son al menos dos instancias las responsables de frenar esto: el Estado y los propios medios. Si desde el Poder Legislativo no se regula el uso de publicidad oficial, se contribuirá a perpetuar el círculo vicioso alrededor de sumas millonarias de dinero que corren subrepticiamente, en especial en tiempos electorales, y que se traducen en la prostitución de las líneas editoriales de los medios informativos, de manera sutil o abierta.
Los medios deben, a través de códigos de ética o documentos análogos, transparentar ante sus audiencias los compromisos adquiridos con sus financiadores públicos y los montos recibidos, esto bajo la supervisión de organizaciones de la sociedad civil especializadas y moralmente solventes, como Artículo 19 o la Amedi, en conjunto con los órganos garantes de transparencia y los sistemas anticorrupción, para inhibir cualquier intento de presión o censura por parte de los financiadores públicos, así como cualquier incumplimiento a los contratos por parte de los medios.
La publicidad oficial no es mala en sí misma. Lo malo es la falta de reglas, la discrecionalidad y la opacidad en su asignación. Por ello se deben establecer normas transparentes y que impidan la discrecionalidad en la asignación y pago de la publicidad oficial desde cualquier instancia que maneje dinero público, teniendo siempre como objetivo final el lograr que todo ciudadano se haga de información útil para mejorar su calidad de vida.
En ese escenario, resulta pertinente la aplicación del esquema de gobierno abierto aplicado localmente a la contratación de publicidad oficial, en una iniciativa similar a la lanzada por el INAI en 2015, donde por medio de una herramienta digital en línea, se transparenten de manera desglosada las campañas, proveedores, tipo de servicio, contratos y montos.
Fragmento del capítulo “La cargada mediática, 2018-2019”, de Jorge Machuca Luna en Dinero Ilegal II, PCCI, 2020