Poder y Política
Mundo Nuestro. Los tiempos no son gratos. El Estado mexicano afronta obstáculos que parecieran infranqueables. Uno de elos está a la vista en la cada vez más clara incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para conducir el país desde el gobierno federal. Apenas rebasa los dos dígitos en su credibilidad. Y la perspectiva de una nueva y brutal crisis económica está en la boca de los enterados; y la insurrección de grupos sociales tan diversos como los jerarcas de la Iglesia católica o los maestros de la CNTE en Michoacán, Chiapas y Oaxaca; y la violencia que azota regiones enteras del territorio.
Aquí este análisis presentado en el programa ForoTV por dos de los más serios analistas de la vida pública de México. Esta conversación se presentó el lunes pasado en el programa Es la hora de opinar con Leó Zuckerman, en ForoTV .
https://jorgecastaneda.org/notas/2016/08/29/la-hora-opinar-leo-zuckermann-29-agosto-2016-forotv/
Ciudad de México, 24 de agosto, 2016
A la opinión pública:
Quienes suscribimos estas líneas pertenecemos a la comunidad académica mexicana. Como parte de ella, reprobamos el plagio en todas sus variantes. El caso que ocupa en estos días a la sociedad mexicana es el de la tesis de licenciatura que redactó a principios de los años noventa el ahora presidente Enrique Peña Nieto. Esta tesis fue presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y, por tanto, es esta facultad la que responderá concretamente a la evidencia presentada. El hecho es grave en sí mismo por todo lo que implica respecto a los valores que deben orientar no solo la vida académica, sino a la vida en sociedad. En lo que respecta a la primera, sin estos valores, entre los que destaca la honestidad intelectual, el desarrollo del conocimiento en todos sus campos es prácticamente impensable.
Tanto el vocero de la Presidencia como el secretario de Educación y el director de la tesis en cuestión (ahora miembro del poder judicial de la Ciudad de México), al igual que una parte de la opinión pública, han minimizado el hecho. Esto nos parece aún más preocupante. Como académicos y como ciudadanos, creemos que es una obligación elemental señalar lo inaceptable de una conducta indebida. Si esta conducta es relativamente usual, eso no disminuye dicha obligación. Se trata, en el caso del plagio académico, de una acción que atenta contra el quehacer intelectual, contra las normas mínimas que deben regir el funcionamiento de toda institución universitaria y contra aspectos esenciales en la formación de la juventud mexicana. Conviene recordar que la universidad no forma principalmente académicos, sino hombres y mujeres con los conocimientos, valores y herramientas indispensables para construir una sociedad mejor.
Mientras no surja una conciencia del sinnúmero de implicaciones y consecuencias negativas que conlleva el plagio académico, mientras se le siga considerando una falta menor y mientras no exista una legislación adecuada para identificarlo y castigarlo, seguirá siendo una práctica más o menos recurrente entre los estudiantes, profesores e investigadores de México. Aunque en años recientes han salido a la luz varios casos que han llevado a la discusión del tema y se han presentado algunas propuestas al respecto, las autoridades correspondientes y la sociedad en su conjunto no han reaccionado como el problema lo amerita y exige.
La honestidad no es, ni puede ser, una moneda de cambio, sino un principio que debe regir la vida académica, la vida política y la vida social. Reivindicar este valor en todos los ámbitos es parte necesaria de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Roberto Breña, COLMEX
Alfredo Ávila, UNAM
Daniela Gleizer, UAM
Fausta Gantús, Instituto Mora
José Antonio Aguilar, CIDE
Elisa Cárdenas, Universidad de Guadalajara
Érika Pani, COLMEX
Iván Escamilla, UNAM
Jesús Rodríguez Zepeda, UAM
Catherine Andrews, CIDE
Eugenia Roldán, CINVESTAV
Soledad Loaeza, COLMEX
Ariadna Acevedo, CINVESTAV
Antonio Azuela, UNAM
Gerardo Esquivel, COLMEX
Rafael Rojas, CIDE
Benjamín Arditi, UNAM
Juan Ortiz, Universidad Veracruzana
Gabriel Negretto, CIDE
Marco Antonio Landavazo, Universidad Michoacana
Gabriel Torres Puga, COLMEX
Rodrigo Moreno, UNAM
Ariel Rodríguez Kuri, COLMEX
Guillermo Estrada, UNAM
Fernanda Somuano, COLMEX
Rodrigo Martínez Baracs, INAH
Beatriz Alcubierre, UAEM
Rodolfo Vázquez, ITAM
Ana Covarrubias, COLMEX
Jesús Hernández, UNAM
Antonio Ibarra, UNAM
Juan Pedro Viqueira, COLMEX
Guillermina del Valle, Instituto Mora
Carlos Cruzado, UNAM
Jaime Olveda, Colegio de Jalisco
Aimer Granados, UAM
Fernando Nieto, COLMEX
Estela Roselló, UNAM
Marina Alonso, INAH
Mari Carmen Pardo, COLMEX
María Rosa Gudiño, UPN
Guadalupe Pinzón, INAH
Susana Sosenski, UNAM
Silvia Dutrénit, Instituto Mora
Miruna Achim, UAM
Alexandra Pita, Universidad de Colima
Andrés Ríos, UNAM
María José Garrido, Instituto Mora
Deborah Dorotinsky, UNAM
David Carbajal López, Universidad de Guadalajara
Lidia Ernestina Gómez García, BUAP
María Alba Pastor Llaneza, UNAM
Mónica Bernal Bejarle, UAM
Vanni Pettina, COLMEX
Juan Pablo Muñoz Covarrubias, UAM
Rodrigo Bazán Bonfil, UAEM
Alfredo Nava Sánchez, UNAM
Ana María Sacristán Fanjul, UACM
Carlos Bravo Regidor, CIDE
Adriana Pineda Soto, Universidad Michoacana
Matilde Souto, Instituto Mora
Aurelia Valero, UNAM
Regina Tapia, El Colegio Mexiquense
Alicia Márquez, Instituto Mora
Rebeca Villalobos, UNAM
Luis Mesa, COLMEX
María Eugenia Arias, Instituto Mora
Francisco Delgado, Universidad de Colima
Leonor García Millé, UNAM
Fernando Aguayo, Instituto Mora
Laura Cázarez Hernández, UAM
Martha Santillán, INACIPE
Héctor Vera, UNAM
Cecilia Noriega, Instituto Mora
Diego Pulido, INAH
Gabriela Wiener, UNAM
Gustavo Herón Pérez Daniel, UACJ
Gabriela Pulido, INAH
Graciela Márquez, COLMEX
Sebastián Plá, UNAM
Rogelio Marcial, El Colegio de Jalisco
Celina Becerra, Universidad de Guadalajara
Luis Ignacio Román Morales, ITESO
Jorge Alonso, Ciesas Occidente
Rosa López Taylor, Universidad de Guadalajara
Horacio Rivera Ramírez, CIB de Occidente
Enrique E. Sánchez Ruiz, Universidad de Guadalajara
Ana Rebeca Jaloma Cruz, CIB de Occidente
Gladys Lizama Silva, Universidad de Guadalajara
José Antonio Flores Farfán, CIESAS
Silvia Domínguez Gutiérrez, Universidad de Guadalajara
Edgar Vargas Oledo, UNAM
Francisco de Jesús Aceves, Universidad de Guadalajara
Norehella Isabel Huerta, UNAM
Fernando Vega Villasante, Universidad de Guadalajara
Rafael Ramírez Priego, UAM
Juan García López, Universidad de Guadalajara
Karim Garay Vega, UACM
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara
Elena Román, UACM
Koldovike Yosune Ibarra Valenciana, UACJ
Guillermo Toriz González, Universidad de Guadalajara
José Gutiérrez Padilla, Universidad de Guadalajara
Violeta Cárdenas, UACM
Teresa González Arce, Universidad de Guadalajara
Israel Ramírez, El Colegio de San Luis
Carlos Javier Maya, Universidad de Guadalajara
Jorge Eduardo Navarrete, UNAM
María Luisa Ávalos Latorre, Universidad de Guadalajara
Enrique Flores, UNAM
Miguel Ángel Santana Aranda, Universidad de Guadalajara
Teresa Rojas Rabiela, CIESAS
Cristina Cárdenas Castillo, Universidad de Guadalajara
Armando Velázquez, UNAM
Rosa Martha Romo Beltrán, Universidad de Guadalajara
Mariflor Aguilar Rivero, UNAM
Alejandro Macías Macías, Universidad de Guadalajara
Roberto Cruz Arzabal, UNAM
Rigoberto Soria Romo, Universidad de Guadalajara
Ricardo Mansilla Corona, UNAM
Carlos Riojas López, Universidad de Guadalajara
José del Val, UNAM
Jaime Antonio Preciado, Universidad de Guadalajara
Mariano Bonialian, COLMEX
Carlos Antonio Villa Guzmán, Universidad de Guadalajara
Martha Elena Munguía, Universidad Veracruzana
Magdalena Barros Nock, CIESAS
Leonor Fernández Guillermo, UNAM
Sergio Lorenzo Sandoval, Universidad de Guadalajara
José Arnulfo Herrera Curiel, UNAM
Rodrigo García de la Sienra, Universidad Veracruzana
Rodolfo Palma, UNAM
Laura Flamand, COLMEX
Gabriela García Hubard, UNAM
Axayacatl Campos García Rojas, UNAM
Rocío Olivares Zorrilla, UNAM
Shekoufeh Mohammadi Shirmahaleh, UNAM
Rafael Mondragón, UNAM
Raquel Mosqueda Rivera, UNAM
Alain Emmanuel Pérez Barajas, UNAM
Cecilia Sheridan, CIESAS
Henio Hoyo Prohuber, Universidad de Monterrey
Gabriela Iturralde, INAH
Mónica Quijano, UNAM
Ana María Serna, Instituto Mora
Morna Macleod Howland, UAEM
Leticia Calderón Chelius, Instituto Mora
Rodrigo Llanes Salazar, UNAM
Felipe Javier Galán López, Universidad Veracruzana
Ernesto Guerra García, UAIM
Jorge Durand, Universidad de Guadalajara
Zeyda Rodríguez Morales, Universidad de Guadalajara
Lina Rosa Berrio Palomo, CIESAS
Oscar González Gómez, CIESAS
Gisela Espinosa Damián, UAM
Olivia Gall, UNAM
Carlos López Beltrán, UNAM
Abril Saldaña Tejeda, Universidad de Guanajuato
Juan Manuel Argüelles, INAH
Pedro Miramontes, Facultad de Ciencias, UNAM
Verónika Sieglin, UANL
Mette Wacher Rodarte, INAH
Jorge Silva Riquer, Universidad Michoacana
Nair Ma. Anaya Ferreira, UNAM
Julia Constantino, UNAM
Yanna Hadatty Mora, UNAM
Blanca Estela Treviño García, UNAM
Alejandra López Guevara, UNAM
Diego Alcázar, UNAM
Sergio Valerio Ulloa, Universidad de Guadalajara
Gloria Alicia Caudillo Félix, Universidad de Guadalajara
Israel Tonatiuh Lay, Universidad de Guadalajara
José Luis Escalona Victoria, CIESAS
Laura Machuca Gallegos, CIESAS
Georgina Barraza Carbajal UNAM
María Teresa Sierra Camacho, CIESAS
Séverine Durin, CIESAS
María del Carmen Icazuriaga, CIESAS
Gabriela Torres Mazuera, CIESAS
Carlos Antaramián, CIESAS
Yanga Villagómez Velázquez, Colmich
Sergio Zendejas, Colmich
Gabriela Zamorano, Colmich
Axel Hernández Días, UNAM
Lylia Palacios Hernández, UANL
Edith F. Kauffer Michel, CIESAS
Irene Artigas Abarelli, UNAM
María Paz Amaro, UAM
Luis de Pablo Hammeken, UAM
Alvaro Peláez Cedres, UAM
Alba Teresa Estrada, UNAM
Adriana Sandoval, UNAM
María del Rayo Ramírez, UACM
Mauricio Merino, CIDE
Eric Magar, ITAM
Pablo Mijangos, CIDE
Ana Díaz, UNAM
Karina Busto Ibarra, UABCS
Jesús de Prado, UNAM
Claudia Lucotti, UNAM
Axel Hernández Díaz, UNAM
Alejandro de la Mora Ochoa, UAM
Sergio Miranda, UNAM
Coral Lomelí Morales, UACM
Patricia Cabrera López, UNAM
Mario Rey, UNAM
Martín Ríos, UNAM
Coral Lomelí, UACM
Paola Gutiérrez Aranda, ENAH
Blanca Pérez, UACM
Nicté Ramírez, UACM
Julio Muñoz Rubio, UNAM
Carmen Teresa Ros, UACM
Fabrizzio Guerrero McManus, UNAM
Margarita Pérez Negrete, CIESAS
Pietro Ameglio Patella, UNAM
Gustavo Marín Guardado, CIESAS
María José Esparza Liberal, UNAM
Amaya Garritz, UNAM
Daniel Murillo Licea, CIESAS
Julieta Lizaola, UNAM
Mario Barbosa, UAM
Rossana Reguillo, ITESO
Claudia Mónica Salazar, UAM
Sandra Rozental, UAM
Lilián Camacho, UNAM
César Cañedo, UNAM
Daniel Murillo Licea, CIESAS
Gloria Estela Baez, UNAM
Jorge Galindo, UAM
Esther Martínez Luna, UNAM
Eugenia Iturriaga, UADY
Citlali Quecha, UNAM
Miriam Jerade, UNAM
Juan Briseño, CIESAS
María Haydeé García Bravo, UNAM
Jeanett Reynoso Noverón, UNAM
Adriana de Teresa, UNAM
Ricardo Pérez Montfort, CIESAS
Ana Paula de Teresa, UAM
Natalia Mantilla Beniers, UNAM
Margarita Palacios Sierra, UNAM
Mundo Nuestro. El documento en PDF y el texto que lo presenta --elaborado por un grupo de especialistas de la Dirección de Estudios Antropológicos del INAH-- ponen en la mesa de la discusión nacional el tema de la Ley General de Cultura que en los próximos meses se legislará en el Congreso de la Unión. El objetivo es claro: no podemos dejar en manos de los legisladores un asunto de esta trascendencia, y sólo la discusión pública asegurará que en la nueva ley estén garantizados los derechos culturales que hagan efectiva la diversidad cultural de nuestro país.
(Ilustración de portadilla tomada de la revista Nexos)
El 70% de la ciudadanía está dispuesta a votar por un candidato independiente en la elección presidencial del 2018, 22% no lo haría y 8% no sabe. El 60% piensa que sí puede ganar un candidato independiente, 30% que no y 10% no sabe, según una encuesta realizada, entre el 25 y 30 de junio pasado, por la empresa encuestadora Parametría.
La encuesta se enfoca en el tema de los candidatos independientes y de manera particular para la Presidencia de la República. Se entrevistó a 1,500 personas, 300 por cada una de las cinco circunscripciones electorales. El nivel de rechazo fue de 28%, que coincide con el de otras encuestas, y el nivel de confianza estadística es de 95 por ciento.
De los entrevistados, 57% quiere que en la elección presidencial del 2018 participen candidatos independientes. El 33% no quiere eso, 9% no sabe y 1% no contestó. El 73% de los encuestados dice que a la hora de votar se fijan en el candidato y 20% en los partidos. El 6% no sabe y 1% no contestó.
De los encuestados, 45% prefiere que el candidato a la presidencia no pertenezca a ningún partido, 36% que sí milite en uno y a 17% le da igual. Y 52% quiere que el candidato a la Presidencia venga de la sociedad civil, 15% de la política y en la misma proporción de la academia, 10% del empresariado y 2% del sindicalismo.
Las principales ventajas que tiene un candidato independiente, según los encuestados, es que son honestos (26%), no pertenecen a ningún partido (18%), no son manipulables (17%), no están corrompidos (14%) y representan un verdadero cambio (9 por ciento). Su principal desventaja es no contar con dinero (46%) y no tener el respaldo de un partido (32 por ciento).
Los números que arroja la encuesta dejan en claro tres cosas: los ciudadanos quieren que en la elección presidencial del 2018 haya un candidato independiente (57%), la gran mayoría de la ciudadanía está dispuesta a votar por un candidato independiente (70%) y un porcentaje alto (60%) piensa que sí puede ganar un candidato independiente.
La información que brinda el estudio establece, en principio, un buen escenario para la participación de los candidatos independientes a la Presidencia de la República. A éstos se les ve como honestos y que no se han corrompido (40%) y también como independientes y no manipulables (35 por ciento). La ciudadanía ubica con claridad dónde están los mayores problemas de parte de los candidatos independientes: la falta de dinero (46%) y no contar con una estructura de apoyo como son los partidos (32 por ciento).
El estudio de Parametría establece una primera base, para la discusión sobre los candidatos independientes, a la Presidencia de la República en el 2018, a partir de datos duros. Los candidatos que pretendan participar en la contienda tienen muchos obstáculos por vencer, que pasan, entre otros, por hacerse de dinero, crear una estructura y conseguir más de 1 millón de firmas. Ya veremos quién lo logra.
Mundo Nuestro. “Incompetente e ilegal”. Así calificó la justicia federal la decisión del juez poblano de encarcelar a Simitrio el 18 de diciembre de 2014. Dieciocho meses después lo vienen a decir, el 30 de junio de 2016. Y desde entonces han pasado cuarenta y cinco días y el dirigente de la 28 de Octubre permanece en la cárcel.
Así, en corto, basta un párrafo para describir la realidad de un encarcelamiento por motivos políticos en Puebla. Porque Simitrio es un preso político del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Pero para la justicia no importa el tiempo, no importa si un ciudadano es encarcelado injustamente y pasa otros largos meses en prisión si al final dictará orden de libertad en contra de la decisión de un juez menor al servicio del poder en turno en un estado como el nuestro. Puebla.
Pero el amparo está dado. Simitrio debe ser liberado inmediatamente.
Reproducimos la información de e-consulta con lo dicho por el abogado Samuel Porras ayer domingo.
El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal ordenó la libertad de Rubén Sarabia “Simitrio”, líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, informó en rueda de prensa Samuel Porras Rugerio, abogado que encabeza la defensa del dirigente.
En diciembre de 2014 Rubén Sarabia fue llevado al Centro de Readaptación de San Miguel (Cereso) derivado de una orden de reaprehensión por supuestas violaciones al beneficio preliberacional del que gozaba desde el 4 de abril de 2001, al argumentar que no firmó las boletas semanales a las que estaba obligado.
La sentencia definitiva tira la resolución de la Juez Quinto Penal de Ejecución para que permaneciera en prisión hasta el año 2050, añadió Porras.
“Hemos probado el más grave atropello de parte de un gobierno hacia un integrante de una organización civil. La justicia federal ha documentado que en base en nada y desde el poder se tiene a un hombre encarcelado desde hace 20 meses en la prisión del estado”, dijo Porras Rugerio.
El amparo indirecto 69/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de distrito en materia Civil, Administrativa y del Trabajo de Juicios Federales fue otorgado a Simitrio el pasado 30 de junio. Los magistrados José Mario Machorro Castillo, Jesús Rafael Aragón y Arturo Mejía Ponce de León, calificaron la resolución de la juez, emitida el 18 de diciembre de 2014 en la carpeta de ejecución 33/2015/JCS/E, como incompetente e ilegal.
Porras Rugerio señaló que los cargos de narcomenudeo que se fincaron con posterioridad a esta resolución podrían mantener al líder de la UPVA en el Cereso de San Miguel, medida que se estableció como estrategia, previendo que existiera una revocación del fallo de la jueza, dijo el abogado.
“Pedimos que las autoridades actúen con honradez intelectual y con integridad política. Hemos denunciado las trampas que se generan en la Fiscalía, no para investigar averiguaciones, sino para armarlas, para fabricar delitos, para inculpar inocentes. El cargo fincado se hizo para prever justo esta situación”, precisó.
Rita Amador, pareja sentimental de Simitrio y líder moral de la UPVA “28 de Octubre” sostuvo que esta sentencia confirma la maniobra política del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle contra la organización de comerciantes.
Mundo Nuestro. Es un lugar común afirmar que la libertad se construye día a día en la lucha de los ciudadanos por sus derechos elementales. No de otra manera concebimos en esta revista digital el trabajo periodístico. Hoy en México son muchos los derechos violentados desde el poder del Estado. Por ejemplo, el acceso a la información de los asuntos públicos, y en particular el gasto que de los recursos del erario se disponen sin informar a los ciudadanos. Tal ha sido el caso, por referirnos a uno de los tantos procesos en los que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha ocultado sin el menor remordimiento la información al público, de los contratos de obra pública resguardados en el esquema de los llamados PPS o Proyectos por Prestación de Servicios. En ese contexto de los últimos años --que por cierto van mucho más allá del actual gobernador, pues esta política ha formado parte de la manera de ser de los gobiernos de Puebla--, entendemos el valor que ha tenido el trabajo del portal de noticias e-consulta, expresión cabal de lo mejor del periodismo en nuestra entidad.
Valen estos tres textos --uno de su director, Rodolfo Ruiz, y dos más escritos por los rectores de las principales universidades en Puebla, Alfonso Esparza Ortiz (BUAP) y Fernando Fernández Font (Ibero Puebla)--, para comprender la importancia de e-consulta en sus catorce años de labor periodística.
Rodolfo Ruiz: Publicidad oficial y rendición de cuentas, asignaturas pendientes
Antonio Gali Fayad sí está en condiciones de hacer algunos ajustes en beneficio de la transparencia.
Un primer ajuste pasa por corregir la viciada relación que desde siempre ha mantenido del Estado con los medios de comunicación y los periodistas, y otro por devolver a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) la credibilidad perdida en el sexenio que está por concluir… Para lo primero Gali Fayad no necesita un gran operador de medios, y tampoco enviar al Congreso local una iniciativa en materia de medios de comunicación que regule los presupuestos y asignaciones de publicidad oficial, sino simplemente transparentar esos recursos públicos, sin recovecos legales, y distribuirlos con criterios de rentabilidad y eficiencia cuantitativos y cualitativos. (Seguir leyendo)
Alfonzo Esparza Ortiz (Rector BUAP): El periodismo en México y en Puebla e-consulta
La vocación del periodista es informar; en el ejercicio de esta tarea se convierte en un factor de cambio o de conservación de la estructura social vigente; esto le exige desarrollar una visión de la realidad tal que le permita ejercer su profesión con absoluta responsabilidad.
Ha sido con esta responsabilidad, como los periodistas que día a día hacen posible la existencia de e-consulta han ejercido su profesión; es el trabajo diario de todos ellos lo que ha hecho de este medio, pionero en Puebla del periodismo electrónico, uno de los más importantes en el periodismo digital poblano. (Seguir leyendo)
Fernando Fernández Font (Rector Ibero Puebla): Libertad de expresión y lucha por la coherencia
El ejercicio de la Libertad de expresión está cada vez más lejos de ser cumplido a cabalidad. Si la ciudadanía, las universidades, las organizaciones civiles y las instancias gubernamentales no nos hacemos cargo de esta realidad, continuaremos habitando en el mundo de la apariencia y de la simulación y nos veremos imposibilitados de vivir en armonía social… El panorama continuo incierto: ¿a qué nos enfrentamos cuando la organización Freedom House, calificó con toda contundencia que México es un país NO LIBRE para la prensa? ¿Qué hacer cuando la organización Transparencia Internacional señala que México ocupa el lugar 103 de 175 en el índice de percepción de la corrupción? Un difícil escenario que nos habla del insuficiente peso que se le ha dado a la defensa de la labor periodística. (Seguir leyendo)
¿Quién disparó en Nochixtlán?
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre otras el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC. FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación AC, Luna del Sur, AC y Ojo de Agua Comunicación AC, publicaron hace unas semanas un informe “preliminar” sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Nochixtlán, Oaxaca (disponible en www.educaoaxaca.org). Se trata de un documento basado en “entrevistas a personas testigas y víctimas de los hechos represivos ocurridos el 19 de junio derivados de las decisiones políticas de los gobiernos estatal y federal al enviar un operativo para limpiar vialidades”.
El informe ofrece una cronología de hechos y un listado de las violaciones a derechos humanos ocurridos en esa localidad y otros lugares cercanos a la ciudad de Oaxaca.
En su parte inicial, la publicación nos recuerda que “la situación de los derechos humanos en México es de una profunda crisis, según han señalado organismos internacionales como la CIDH, la ONU-DEH, el Relator Especial de Naciones Unidos para la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, o el Relator Especial para la Libertad de Expresión, entre otros”.
Luego, pasa a relatar las protestas contra la reforma educativa y el hecho de que “la semana previa a ese domingo 19, se instaló un bloqueo en Nochixtlán generando mucha tensión sobre el transporte de mercancías y personas… (aunque) en los días siguientes el bloqueo fue intermitente permitiendo el paso a vehículos particulares y deteniendo a los de carga”
El desalojo, dice este documento citando un boletín del gobierno de Oaxaca, fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Policía Federal y de la División de Gendarmería. Y precisa que “se ha podido establecer que los elementos (policiacos) en el lugar portaban equipo antimotines: escudos, toletes, armas con balas de goma, gas lacrimógeno y granadas de humo. Pero también con fusiles de asalto BREN A1 y FAL como se aprecia en las fotos que medios y periodistas hicieron públicas, así como de los cartuchos abandonados en el lugar”.
Según la cronología del informe, a las 7:30 de la mañana se inició el desalojo de los manifestantes y a las 9:20 se escucharon “detonaciones de arma de fuego desde los hoteles” para replegar a la gente. Posteriormente, a la una de la tarde se pudo identificar un segundo enfrentamiento con presencia de helicópteros en la zona. Finalmente, a las 3 de la tarde la PF se retiró de la localidad pero “prevalece el caos en la población durante la tarde y noche y es quemado el palacio municipal”.
El informe presume que hubo un uso excesivo de la fuerza. Señala que “aunque las primeras versiones oficiales sobre el operativo apuntaban a que no se habían usado armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad… las fotos en redes mostraron a policías de Gendarmería y estatales usando sus armas contra los manifestantes”. Como resultado de ello se violó el derecho a la vida, ya que fueron muertas ocho personas. También, entre otras violaciones, hubo detenciones arbitrarias.
Como parte de sus recomendaciones el informe propone “realizar una investigación exhaustiva e imparcial que deslinde responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos involucrados en el operativo realizado el 19 de junio de 2016” y también piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México su acompañamiento y observancia del caso para garantizar el acceso a la justicia.
A casi mes y medio de los hechos, el secretario de Gobernación declaró que en este caso el gobierno “no tiene nada que ocultar pero que tampoco puede adelantar juicios en cuanto a la participación de policías federales” y que la Comisión Nacional de Seguridad en coordinación con la autoridades del estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga “si los elementos policiacos cumplieron con los protocolos correspondientes”. La CNDH aseguró hace unos cuantos días que “la Fiscalía de Oaxaca no nos entregó la información solicitada y que en una primera instancia la PGR nos respondió que no contaba con información, pero que ahora que atrajo el caso esperamos que nos la proporcione…”. Esta Comisión tampoco quiso “adelantar conclusiones”.
Al otro día, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación se entrevistó con los familiares de las víctimas del enfrentamiento “para avanzar en la prestación de servicios médicos a los afectados” y reiteró el compromiso del gobierno de “no criminalizar a los afectados”. Con razón, los representantes de los familiares exigieron justicia y castigo para los responsables del enfrentamiento y no sólo ayuda médica para los afectados. El domingo 31, en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México un grupo de personas lesionadas en Nochixtlán, dieron su testimonio de los hechos y mostraron las heridas que les fueron causadas.
A pesar de promesas y declaraciones, el hecho real es que todavía no se sabe quién disparó y privó de la vida a ocho personas el 19 de junio en esa localidad de Oaxaca. Según el informe de los organismos civiles, se puede presumir la responsabilidad de diversos cuerpos de seguridad en la violación de varios derechos humanos. Se conocen también los nombres de los jefes policiacos de las diversas corporaciones responsables del operativo. Pero no ha habido consecuencias legales de ningún tipo.
En el pasado, la represión del gobierno se ha justificado señalando que los manifestantes han agredido a las fuerzas de seguridad. En este caso el Comisionado Nacional de la Policía Federal señaló el mismo día de los hechos, que “quienes dispararon fueron civiles que no han sido identificados, probablemente infiltrados” entre los manifestantes. Pero ninguna autoridad hizo posteriormente ningún señalamiento concreto, ni ha ofrecido algún testimonio sobre ello.
¿Se está apostando una vez más al olvido y a la impunidad? Pareciera que el gobierno quiere establecer un pacto implícito según el cual ofrece no reprimir al movimiento magisterial (por lo pronto), no perseguir a los dirigentes y activistas que participaron en el enfrentamiento, y resarcir el daño a los afectados y a los familiares de la víctimas mortales hasta donde se pueda, a cambio de que no se concluya legalmente quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de las agresiones a los civiles. Pero esta conducta, si así la tiene calculada el gobierno, no es aceptable. No en un país en el que la violencia y la violación de los derechos humanos está tan extendida.
Los hechos de Nochixtlán son tan graves como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como las ejecuciones extrajudiciales en Tlalataya y Apatzingán, como los secuestros de las policías municipales a civiles inocentes en Veracruz, como las desapariciones forzadas y las muertes violentas de todos los días presuntamente a manos de organismos del Estado: policías municipales, estatales o federales.
Dejar las cosas así, sin saber quién o quiénes fueron los responsables de los acontecimientos de ese 19 de junio, significaría prolongar el estado desastroso que vive el país en materia de derechos humanos. Y permitir que pase el tiempo para que se dé otra agresión, con saldos mortales, a civiles que protestan o se manifiestan públicamente.
Conocer la verdad es un asunto que no sólo tiene importancia para las víctimas y la comunidad de Nochixtlán. Es una oportunidad para empezar a construir una política y una cultura de respeto a los derechos humanos y una relación entre el Estado y la sociedad basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la ley. Mientras no se sepa quiénes dispararon y quiénes dieron las órdenes esa mañana del 19 de junio, la violencia y la impunidad seguirán extendiéndose en todos los niveles de la sociedad y del Estado. Nadie puede estar de acuerdo con eso.
De la columna Día con día
Leyendo el discurso de Enrique Ochoa como nuevo presidente del PRI he pensado, en un rapto de política ficción, que quizá el presidente Peña Nieto no está preparando un destape a la antigüita del candidato presidencial del PRI, sino que este es, de hecho, su destape presidencial. Al menos, su primer destape.
Ochoa se plantea en su discurso tareas de liderato, renovación y continuidad que le urgen al gobierno de Peña Nieto.
Primero, quiere encabezar la campaña anticorrupción contra los gobernadores de su propio partido y contra los de otros. Es la campaña contra la corrupción que el PRI parece incapaz de abanderar sino al precio de sus propias bajas, campaña fundamental para el gobierno si quiere reponer algo de su menguada aprobación y disputarle el tema a las oposiciones.
Segundo, Ochoa asume sin titubear el horizonte de reformas de Peña Nieto, que parecen perdidas en la opinión pública pero son un hecho en la Constitución, en las leyes secundarias y en las instituciones derivadas de ellas. Es el único proyecto de gobierno real que hay en el país. El proyecto que el próximo gobierno está obligado a cumplir , mientras no cambien las leyes.
Tercero, Ochoa asume la presidencia del PRI como vocero activo de ese proyecto, el lugar desde donde el gobierno enfrentará a los medios, hablará con la sociedad y discutirá con sus competidores.
Cuarto, plantea la vinculación directa del gobierno federal priista con el PRI mediante una continua interlocución de miembros del gabinete con estructuras locales del partido.
Las debilidades del destape priista de Ochoa apenas pueden ocultarse. No es de ahí, no conoce el gallinero, ni a los gallos ni a las gallinas. Llega al PRI en estado adánico, apenas salido del paraíso, inocente del todo respecto de la realidad del priismo realmente existente.
Pero este es el estado en el que salían al ruedo muchos candidatos presidenciales del PRI desde, por lo menos, José López Portillo. Remediaban su ignorancia adánica yéndose de gira al país para aprender. Esto es lo primero que va a hacer Ochoa, con su gira de cien días.
La varita mágica de aquellos candidatos adánicos se llamaba en mis tiempos “la cargada”. Amigos y enemigos sabían que ese candidato era “el bueno” y esto añadía rápidamente adhesiones impensables de otro modo.
Al PRI derrotado de estos días le urge saber quién es “el bueno”. Pienso, en mi rapto de política ficción, que Ochoa es una primera respuesta de Peña.