Día con día
Los mexicanos, sociedad y gobierno, llevamos décadas ejerciendo, colectivamente, la pedagogía del motín.
La sociedad mexicana ha inventado formas cada vez más exigentes de protesta y ha ido descubriendo en el camino que la autoridad no tiene cómo evitarlas ni cómo contenerlas.
Hay instalada en el país una ingeniería de la protesta construida paso a paso sobre la base de la impunidad de la protesta misma.
En el principio fueron las manifestaciones para expresar un malestar o establecer una demanda. De su seno fueron saliendo las marchas diseñadas para afectar la normalidad de la vida de transeúntes y residentes, pensando que el tamaño de la molestia pública doblaría la mano de las autoridades en favor de lo exigido por los protestadores.
Vinieron luego los plantones, ya decididamente orientados a entorpecer la vida de los demás, a echar el malestar propio sobre el resto de los ciudadanos para que estos a su vez lo echen sobre la autoridad.
Llegaron después los bloqueos, en especial de carreteras, que añadieron una dimensión estratégica al menú de la protesta, interrumpiendo por horas o por días carreteras fundamentales del país, y el año pasado, durante una semana, todas las de Oaxaca.
Al bloqueo se añadió luego la vandalización del espacio público, que llegó a un extremo no superado con la quema del congreso del estado de Guerrero.
Llegaron finalmente los saqueos de estos días, que han vaciado más de medio millar de tiendas departamentales en distintos estados del país y provocado la detención de al menos 1 500 saqueadores.
Lo notable en todas estas modalidades de protesta es han pasado de lo legal a lo ilegal, requieren cada vez menos participantes y provocan disturbios cada vez más graves.
Si a los saqueos de hoy se añaden alguna vez los saqueos a mano armada para repeler a la policía, estaremos en el principio de la revuelta armada.
La espectacularidad de las protestas es irresistible para la prensa que las multiplica al reportarlas. Es la pedagogía involuntaria de los medios.
Lo común a las protestas ilegales es que la autoridad no tiene respuesta para ellas: no puede evitarlas ni contenerlas.
Autoridad y sociedad hemos concedido tácitamente a nuestros ciudadanos el derecho al motín, y éstos ejercen ese derecho cada vez con mayor eficacia y visibilidad.
