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Conmemoramos el 29 de diciembre del presente año, el vigésimo aniversario de la firma final de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto interno armado en Guatemala. En rigor, el conflicto no había comenzado en 1960 como convencionalmente se dice, sino en 1954 con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. En efecto, ese año se sentaron las bases de una confrontación política y social que se agudizaría con los efectos de la revolución cubana en 1959: la doctrina de la seguridad nacional que movió a Washington a apoyar a las dictaduras militares en toda América latina y la radicalización de sectores significativos de la izquierda revolucionaria en dicha región. Guatemala no escapó a esos efectos y el país vivió dos ciclos guerrilleros y dos olas terror estatal que ensangrentaron al país.
Cuando el 29 de diciembre de 1996 el gobierno a la sazón encabezado por Álvaro Arzú y la URNG encabezada por su comandancia general, firmaron el último de los 13 acuerdos de paz que se lograron en las negociaciones -el llamado Acuerdo de Paz Firme y Duradera-, muchos pensaron que comenzaría una era de paz y desarrollo. En realidad poco ha salido de la manera en que lo imaginaron aquellos que pusieron grandes esperanzas en dichos acuerdos. No puede despreciarse el que el país haya terminado una guerra civil, que se haya desterrado a la dictadura militar y que el terrorismo de estado haya dejado de ser la mediación fundamental entre Estado y sociedad. Los acuerdos de paz fueron firmados en un contexto adverso para la insurgencia: el mundo había observado el derrumbe de la URSS y del campo socialista, el modelo socialdemócrata estaba también en crisis terminal y el neoliberalismo avanzaba firmemente. En lo interno la URNG había sufrido una derrota estratégica entre 1982 y 1983, a través de la política de tierra arrasada que impulsó el gobierno de Ríos Montt. También se había iniciado la transición a los gobiernos civiles dejando atrás a la excluyente dictadura militar. Además nunca la URNG tuvo el poderío político y militar que por ejemplo tuvo el FMLN en EL Salvador.
Pese a ello, los 13 acuerdos, nueve de ellos de naturaleza sustantiva, y los 300 compromisos que para hacerlos operativos, fueron un logro importante para empezar a desmantelar las bases del conflicto interno. He escuchado con respeto las opiniones en el sentido de que talvez la insurgencia hubiera podido lograr más en las negociaciones y probablemente las mismas tengan una dosis de razón. Sin embargo, no puede olvidarse el contexto nacional e internacional referido anteriormente. Por ello en lo sustancial pienso que los acuerdos llegaron hasta donde la correlación de fuerzas mundial y local lo permitieron. Veinte años después de la firma de la paz, acaso lo sucedido indica que no basta tener una buena correlación de fuerzas para lograr un buen acuerdo de paz. Es necesario construir también una correlación de fuerzas favorable para posteriormente poder hacerlos realidad.
Y esto es lo que no se ha podido hacer en Guatemala.
Los acuerdos paz en Guatemala, la agenda pendiente
El conflicto guatemalteco arrancó tras el derrocamiento de Arbenz con la instauración de un régimen anticomunista que paulatinamente se convirtió en una dictadura militar, que a su vez incrementó su carácter terrorista. La dictadura militar reprodujo un orden capitalista excluyente sustentado en una enorme concentración agraria, cifras notables de miseria y privilegios asentados en el racismo contra los pueblos indígenas, que constituyen el 60% de la población. Los acuerdos de paz buscaron desmantelar las causas del conflicto que podríamos resumir de manera esquemática en dos: la inexistencia de un orden democrático debido a la dictadura militar y una sociedad marcada por la pobreza, la desigualdad y el racismo. Al igual que en Colombia en donde la negociación de paz entre el gobierno y las FARC ha sido adversada por la ultraderecha, los negociadores en Guatemala tuvieron una oposición proveniente de los sectores que más temían ser afectados: la extrema derecha en las fuerzas armadas y en las cúspides empresariales.
Para valorar los acuerdos de paz, hay que decir que entre los nueve acuerdos sustantivos, seis resultaban decisivos para la resolución del conflicto: la democracia, el retiro del ejército del gobierno, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, la solución a la problemática socioeconómica y agraria y el establecimiento de una comisión para la verdad histórica. Dos temas parecen estar irresueltos y provocan que veinte años después de haber sido firmados los acuerdos, la desigualdad social y la pobreza en Guatemala sigan siendo notables. Estos dos temas son la reforma agraria y la reforma tributaria, que habrían de cumplir funciones de redistribución social en el campo y la ciudad.
He aquí el motivo por el cual tras veinte años de haberse firmado los acuerdos de paz, estos siguen siendo una agenda pendiente para el país. Por ejemplo, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria dista mucho de haberse cumplido. El Censo Agropecuario de 2003 evidencia una alta concentración agraria. El minifundio en el que se asienta el 92% de los productores agrícolas del país, en números redondos tiene solamente un 22% de la tierra cultivada, mientras que los grandes propietarios que representan solamente el 8% de los productores concentran el 78% de la misma. Esto significa que la situación después de los acuerdos de paz, no ha variado en lo más mínimo con respecto a la que existía antes del conflicto armado, porque en ésa época el 2% de los grandes terratenientes acaparaban el 62% de la tierra. El resultado es que la desigualdad en el campo guatemalteco es muy grande, como lo muestra un índice de Ginni de 0.84.
No pocos dicen que habría que olvidar los acuerdos de paz y plantear agendas más actuales. Me resulta inmoral olvidar que los acuerdos costaron muchas vidas y dolor humano. Además semejante frivolidad obvia que al incumplirlos, las raíces del conflicto interno están presentes. Estoy convencido que los acuerdos culminados en 1996 siguen siendo el programa de la redención de Guatemala.
Los acuerdos de paz, luces y sombras
Entre las sombras de los acuerdos de paz, se encuentra el que la situación agraria no ha variado con respecto a la que existía antes del conflicto armado. Además Guatemala sigue teniendo una de las tasas tributarias más bajas del mundo. Al firmarse la paz se esperaba que en 2000, la carga tributaria alcanzaría el 12%. La realidad fue que durante años la carga tributaria estuvo abajo del 10% y no sería sino hasta 2013 cuando apenas alcanzaría el 11%. El resultado es la miseria y la desigualdad que se observa en el país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de vida de 2014, en Guatemala existen 15.6 millones de habitantes de los cuales el 59% se encuentra en condiciones de pobreza, un 8% más de lo que se había registrado en 2006. La pobreza en el área rural es de 76% y entre la población indígena alcanza el 79%. Los pueblos indígenas son los más pobres entre los pobres: mientras que entre los ladinos (mestizos) la extrema pobreza alcanza el 23%, en la población indígena llega al 40%.
En un balance hecho por el Parlamento Europeo en 2007 se hizo un balance del cumplimiento de los acuerdos de paz y las conclusiones de esa conferencia internacional explican la situación anteriormente reseñada: a diez años de la firma de los acuerdos de paz los avances eran mínimos y esa situación se debía a la falta de voluntad de “los sucesivos gobiernos y de las élites políticas”. Lo fundamental de acuerdo a dicha conferencia era hacer realidad una reforma fiscal y una reforma agraria, las cuales resolverían de manera significativa la pobreza rural y urbana. El mismo cumplimiento del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, dependía de la realización de dichas reformas que facilitarían el cumplimiento del acuerdo sobre situación socioeconómica y cuestión agraria.
Me resulta equivocado decir que a 20 años de la firma de la paz no hay nada que celebrar en Guatemala. La implantación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha significado un cambio en la aplicación de la justicia en el país, decisiva en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Las fuerzas armadas hoy han dejado de ser el eje del Estado y el lugar donde se toman las decisiones políticas esenciales para el país, rasgos esenciales de la dictadura militar. El terrorismo de estado no es ya el arma esencial de la dominación en el país. El problema radica hoy en la debilidad del sistema de partidos políticos y la corrupción que impera en el sistema judicial y el poder legislativo. Lo anterior, sumado a la penetración del crimen organizado en el Estado ha dado como resultado una democracia de muy baja calidad. La violencia delincuencial es rampante y la violencia que le abre paso a la salvaje acumulación neoliberal (los megaproyectos por ejemplo) ha ido sustituyendo al anterior terror contrainsurgente.
He aquí pues algunas de las luces y sombras de los acuerdos de paz.
