Actos anticipados de campaña: manual para torcer la ley

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Vida y milagros

En 2014 se llevó a cabo la última reforma electoral en nuestro país, reforma que dio paso a la creación del INE, que sustituiría con nuevas y más amplias facultades al IFE. Para muchos fue un desatino concentrar y centralizar las atribuciones de la batuta electoral en un solo órgano y un golpe al pacto federal y la autonomía de los estados. Para los que algo o mucho sabían de la forma en que funcionaban los institutos electorales de los estados, era un paso necesario para impedir que los gobernadores en turno controlaran del todo a los órganos locales, a los que suelen tener en un puño con la complicidad de los congresos locales mediante un buen reparto de dinero. Las nuevas modificaciones a las reglas del juego y sus árbitros eran necesarias, pero quizás no fueron las adecuadas ni las mejores, aunque en algunos temas sí se lograron quitar candados absurdos que los partidos habían colocado a su conveniencia, como el de impedir que existieran las candidaturas independientes por fuera de los partidos. Jorge Castañeda fue el gran promotor del combate a este anticonstitucional candado y utilizó, como debe ser, todos los medios legales a su alcance para derogarlo. Lo logró después de 10 años de batallar en tribunales nacionales e internacionales.



Entre algunas de las reformas del 2014 se acotaron los actos anticipados de campaña de manera equívoca y poco clara, pues no tendría nada de malo el que las personas con deseos de buscar un cargo de elección popular se dieran a conocer mediante giras, conferencias o el trabajo bien hecho, pero siempre y cuando el costo de su proyección no recayera sobre el erario o abriera la puerta a la entrada de dinero sucio. Esas reglas de cómo darse a conocer de una manera sana y abierta no quedaron bien establecidas en una ley que ante todo debiera fomentar la equidad en la competencia. Lo que ahora han dado en llamar el piso parejo no existe, ya que muchos se han empeñado en dejarlo abismalmente desigual con diferentes y creativas mañas.

Andrés Manuel encontró una puerta al utilizar los tiempos oficiales regalado a los partidos de una manera discrecional aunque no ilegal, pues ya desde las elecciones del 2015 él apareció en todos los spots correspondientes a MORENA, spots destinados a difundir los postulados de su partido o a quienes estaban compitiendo por un cargo de elección popular, y que él usó sin estar compitiendo y sin tener ningún nombramiento oficial en su partido. Al ser cuestionada la legalidad de sus apariciones como actos anticipados de campaña, tuvo una siguiente idea: volverse presidente de MORENA y desde ahí aparecer en los spots de radio y tele durante todo el año como mensajero de las ideas de su instituto. La verdad es que la ley le dejó el hueco y él supo aprovecharlo. Como el mal ejemplo cunde ahora ya lo siguieron los presidentes del PRI y el PAN, quienes también se anuncian hasta el hartazgo abusando del boquete legal. Hecha la ley, hecha la trampa. Parte de las reglas que se aprobaron es que los medios de comunicación electrónicos deben dar tiempos oficiales gratuitos a los partidos para promover sus agendas políticas. ¿Por qué a los medios electrónicos? Lo ignoro. No se acota a los medios escritos ni a sus portales de internet; tampoco a las revistas del giro que sean. Así que ahí quedó otro hueco, pero ese no es gratuito, cuesta, y mucho, aunque aparentemente los que ahí aparecen salen por sus incontables méritos.



Y hay otro terrible hueco accesible a algunos aspirantes: los tiempos de la "comunicación social”, propaganda disfrazada de tal, con los que cuentan varios de los gobernadores que quieren también ser candidatos a la presidencia de la república. Obviamente esos tiempos cuestan muchísimo dinero y provienen del erario. Un gasto difícil de medir de cientos de millones de pesos. Dos meses antes de que Cesar Duarte, el ex-gobernador de Chihuahua, abandonara el cargo en medio de múltiples acusaciones de desvío de recursos, se dio el lujo de tener una extensa pauta nacional promoviendo sus éxitos. En Puebla estuvimos escuchando anuncios radiofónicos constantes de este próximo pollito en fuga.

Otros aspirantes han ido encontrando su caminito para violar una ley que, si les parece injusta, debieran cambiar utilizando los tribunales o con propuestas de modificación a las leyes secundarias presentándolas ante el congreso. Dar una batalla jurídica tal cual la dio Castañeda por las candidaturas independientes. Pero no, prefieren darle la vuelta a la ley.



Esta semana ha estado ventilándose el caso del gobernador de Puebla, que había encontrado la forma de anunciarse en todo el país mediante espectaculares que promueven las revistas que supuestamente lo entrevistan de manera espontánea y que lo llevan a él en la portada. Tomando en cuenta lo que cuesta una revista versus lo que cuesta un espectacular, es increíble que una revista tenga ese dineral para promocionarse. Como sea, el INE decidió ordenar el retiro de los espectaculares y las entrevistas, incluida la de TV Notas, que promueven la imagen del gobernado por considerarlos actos anticipados de campaña. Y claro que lo son, como lo son los spots oficiales de los otros abusivos. Él ha subido un video en Tweeter en el que acusa al INE de violar su derecho humano a hablar sobre sus cualidades y logros. De verdad que lo que debería estar prohibido, y no en la ley electoral sino en todas las leyes posibles, es que los gobernantes se anuncien a cargo del erario. Todos. Prohibido. Prohibidos sus retratos en las oficinas públicas. Prohibido el culto a la personalidad. La única comunicación social permitida debe ser la que aporte información útil a la ciudadanía, catalogada de manera clara y puntual como tal. ¿Cuánto ha costado la promoción de Moreno Valle, cuánto la de Eruviel, Duarte y muchos senadores y diputados que promueven sus logros pero que claramente están tratando de posicionarse como candidatos a la presidencia ante la embestida legaloide de los miles de anuncios de AMLO, Anaya y Ochoa? Todos los que se sienten con posibilidades y tienen un cargo público inventan informes de actividades y se anuncian en donde pueden para presumir su trabajo, un trabajo que es su obligación y por el que cobran generosamente.

En materia del marco legal de campañas electorales y los difícilmente catalogables actos anticipados de campaña, urge hacer ajustes e insertar claridad donde hay confusión y enormes boquetes para hacer trampas. Dentro del marco actual, al final todos los perdedores se van a llamar a robados y al ganador lo llamarán tramposo. Sería obligación de todos los partidos hacer esas reformas. Aún hay tiempo de un ajuste legal antes de que las luchas de lodo acaben contaminando aún más la poca credibilidad de las contiendas electorales. Pero señoras y señores que tienen poder, acuérdense que el que se lleva se aguanta y que entre todos los aspirantes le están dando, a su manera, la vuelta a la ley. Si tan injustas les parecen las actuales regulaciones, pónganse a trabajar con sus equipos para modificarlas, no para violentarlas. Si algo no existe hoy en México es piso parejo en una contienda electoral, pero no pidan lo que no han estados dispuestos a conceder a sus contrincantes.

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Sobre el autor

Verónica Mastretta

Verónica Mastretta. Ambientalista, escritora. Encabeza desde 1986 la asociación civil Puebla Verde y promueve con la OSC Dale la Cara al Atoyac la regeneración de la Cuenca Alta del Río Atoyac en Puebla y Tlaxcala.