La carrera hacia la escrituración de la plataforma Audi / Lo que debería saber ya el gobernador Barbosa

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Mundo Nuestro. En los últimos días, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, ha recordado el tema de la compraventa de terrenos para la implantación de la Plataforma Audi en los años 2012-2013 y su continuación con la llamada Ciudad Modelo. Ha informado que su gobierno contrató a un despacho de la ciudad de México para investigar el proceso de escrituaración y la posible existencia de delitos por parte de funcionarios públicos.

Como se sabe, la organización civil Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad presentó en el 2019 la investigación La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario, que derivó en la presentación de un conjunto de denuncias antes las autoridades de los gobiernos federal y estatal por la serie de acciones ilegales en las que se fundamentó toda la escrituración de los terrenos referidos. No ha ocurrido nada desde entonces.

Presentamos, para refrescarle la memoria al gobernador, el primer capítulo de esa investigación.

Aquí puedes descargar el libro La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario



Y aquí puedes ir a los ANEXOS con la trama de la tierra para AUDI publicados en Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad

La carrera hacia la escrituración de la plataforma Audi



Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad



Todo empieza y termina en la tierra

La escrituración de las 460 hectáreas para la plataforma Audi de México, s.a. de c.v. a la empresa alemana por el gobierno de Rafael Moreno Valle es una trama de irregularidades e ilegalidades escondidas en el pantanoso lenguaje con el que los notarios redactan las escrituras y los políticos ocultan en farragosos párrafos de leyes y decretos creados para soportar legalmente sus acciones. Una trama que involucra dependencias públicas, fideicomisos públicos, funcionarios y prestanombres, y que se amarra al final con una escritura a nombre de Audi de México, todo con vistas de cumplir con un contrato que un análisis objetivo no dudará en calificar de leonino firmado por el gobierno de Rafael Moreno Valle con el consorcio alemán Volkswagen. Un proceso de apropiación de la tierra de propiedad social y privada por el Estado por todos los medios posibles y a la mano del gobierno, y que viola sin recato la ley Agraria que rige las operaciones de las dependencias federales Registro Agrario Nacional (ran) y Procuraduría Agraria, y con toda seguridad las disposiciones legales que se contemplan en la constitución del Banco Estatal de Tierra, el instrumento creado por Rafael Moreno Valle en el mes de junio del 2011 con el fin expreso de “generar un portafolio de reservas territoriales en el estado de Puebla para impulsar el desarrollo urbano sustentable de todo tipo de proyectos inmobiliarios…”1

Figura 1.1. En esta imagen se pueden ver las distintas localidades alrededor de la planta Audi de México . Fuente: Google maps. Consultado en julio 2019 en https:// tinyurl.com/y22tefz9.

Para la armadora alemana todo ocurre de manera meteórica entre el 5 de septiembre del 2012 y el 29 de mayo del 2015, cuando el gobierno de Moreno Valle cumple su compromiso de escrituración de la propiedad de 460 hectáreas. Pero antes, desde el año 2011, el gobierno de Rafael Moreno Valle ha desarrollado una puntillosa estrategia legal y de mecánica agraria para hacerse de miles de hectáreas en el estado e impulsar así sus proyectos estratégicos, mucho tiempo antes de que los poblanos vieran entrar en el escenario la palabra Audi. 460 hectáreas pasarán en esos meses de ser los campos de cultivo y pastoreo de la antigua hacienda San Miguel El Salado, propiedad privada de la familia Aizpuru, e innumerables parcelas expropiadas a lo largo del siglo xx a las haciendas de San Miguel El Salado, San Isidro Ovando, San José Ovando y San José Sesma a nombre de decenas de ejidatarios de cinco ejidos (San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, San Isidro Ovando, San José Morelos y San Hipólito Soltepec), a una sola propiedad escriturada en definitiva, con titularidad, dominio y posesión plena, perfecta e irrestricta de la empresa alemana Audi, ag, representada en México por Audi México, s.a. de c.v., en el instrumento 27,053, Volumen 315, del 29 de mayo del 2015, inscrito para la posteridad en el Registro Público de la Propiedad en el distrito judicial de Tepeaca. Un proceso plasmado en cuatro momentos ocurridos en este voluminoso y expedito traslado de dominio en la propiedad de la tierra ejidal y privada y que esta investigación tratará en detalle:

• primer momento: los ejidatarios venden sus parcelas por la vía de contratos de cesión de derechos parcelarios a dos funcionarios del gobierno estatal que se han habilitado como ejidatarios para tal operación.

• segundo momento: el Banco Estatal de Tierra, paraestatal del gobierno del estado de Puebla, compra lo que corresponde de propiedad privada a un particular y lo que corresponde a ejidos a estos funcionarios convertidos en ejidatarios, y no a los ejidatarios originales.

• tercer momento: este organismo, el Banco Estatal de Tierra, dona al gobierno del estado de Puebla las 460 hectáreas que se requieren para la instalación de la plataforma Audi.

• cuarto momento: el gobierno del estado de Puebla, en cumplimiento del Contrato de Trabajo firmado con la armadora alemana, escritura a Audi de México la tierra en la que se instala la planta.

Diagrama 1. Los cuatro momentos del traslado de dominio de tierras.

Primer momento: el engaño

Los funcionarios responsables de operar la compra de la tierra en la región de San José Chiapa arrancan muchos meses antes de que se escuche la palabra Audi en los pueblos. Meses antes también de que en mayo del 2012 los alemanes anuncien su decisión de instalarse en México, y muy lejos también de que, al alimón el consorcio Volkswagen y el gobierno del estado de Puebla, informen a los poblanos de la decisión de plantar la nueva armadora en los llanos de San José Chiapa.

La operación ejidal de los funcionarios de la Dirección de Tenencia de la Tierra de la Secretaría General de Gobierno y las reuniones organizadas por Pablo Rodríguez Regordosa, secretario de la secotrade en el gobierno de Rafael Moreno Valle en los pueblos cuya tierra se involucra con el proyecto Audi, corren paralelas. El secretario irá en los meses últimos del 2011 a los pueblos de Acajete, San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Soltepec y San Salvador El Seco para explicar la intención de compra de tierra para impulsar el desarrollo industrial e inmobiliario en la región. Los operadores se ocuparán de amarrar lo que los propios ejidatarios llaman “acuerdos económicos.”

El funcionario recorre las plazas y anuncia la futura inversión industrial. Pero con él van los operadores de la Dirección de Tenencia de la Tierra en la Secretaría General de Gobierno y del Banco Estatal de Tierra, reconocidos en las actas de asamblea ejidal tres de ellos (Roberto Carrión García, Vicente Ortiz Toxqui y Sergio Vázquez Reyes) quienes jugarán el triple papel de gestores del gobierno, compradores particulares y ejidatarios vendedores. Así lo prueban actas de asambleas ejidales llevadas a cabo entre junio de 2012 y marzo de 2013, que dan cuenta del traslado de dominio de 440 hectáreas hacia el gobierno del estado. Para la investigación se recuperan seis de ellas identificadas por el instrumento 27053 que da cuenta de la escrituración a nombre de Audi de México de las 460 hectáreas de la plataforma.

En una decisión que los actores involucrados están obligados a explicar, el gobierno, a través del Banco Estatal de Tierra, no compra directamente a los ejidatarios con derechos parcelarios las parcelas ejidales que conforman el polígono Audi. Los funcionarios Carrión García, Ortíz Toxqui y Vázquez Reyes, convertidos en ejidatarios en asambleas expeditas, como se verá en el segundo momento, son quienes llevan a cabo la primera operación de compra. La participación de uno de ellos en este proceso, por el cargo que tenía, se documenta en las crónicas de prensa en los meses de septiembre y octubre de 2012, cuando se hizo pública la noticia de que Audi se instalaría en San José Chiapa.

El precio de la tierra ejidal en los llanos de San José Chiapa antes de este expedito proceso de adquisición de la tierra para la plataforma Audi y la Ciudad Modelo, según los propios ejidatarios, era de 80 centavos el metro cuadrado. Es decir, no más de 8,000 pesos la hectárea. Cuando Roberto Carrión García, subdirector de Seguridad de la Propiedad Rural de la Dirección de la Tenencia de la Tierra, en la Secretaría General de Gobierno llegó a negociar con los campesinos, ofreció de entrada 4.50 pesos el metro cuadrado; en la negociación, acordaron finalmente 8.50, según consta en las versiones periodísticas de septiembre de 2012 (e-consulta y La Jornada de Oriente).

Ello derivó en la renuncia del comisariado ejidal Jorge Contreras Espinoza, porque –según cuenta Kara Castillo en La Jornada de Oriente 2012/09/10– dejó claro que no se opone a la venta realizada, sino al procedimiento con el que se realizó, ya que fue sin las convocatorias que exige la Ley Agraria. Jorge Contreras se refiere a los artículos 24 y 25 de la Ley Agraria.2 También ex alcalde de San José Chiapa, dio los motivos de su renuncia:

Partimos de que lo que puedan dar es bueno, pero debería dárseles otro valor a las tierras, ese terreno tiene un acuífero natural. Nunca nos enteramos de que los terrenos se vendían a Audi, nunca nos imaginamos la magnitud de empresa. Renuncié porque todo se hizo rápido, a orden de mandado; este tipo de asambleas deben hacerse con convocatorias serias; los que debimos convocar éramos nosotros, no ellos. Al término de esa asamblea final me exigieron la firma. Yo retroactivamente no firmo nada, les dije, y si esto es motivo de mi renuncia te la daré.

El 19 de septiembre de ese año, Humberto Serrano Vélez, Comisariado Ejidal en San José Chiapa, sucesor de Contreras, confirmó que el pago por metro cuadrado fue de 8.50 pesos. En agosto del 2012 el gobierno pagó, según este representante ejidal, cinco millones de pesos, el 50 por ciento de lo acordado por metro cuadrado, con la promesa de que en el mes de noviembre siguiente se pagaría el total: Nosotros vendimos 115 hectáreas, llanuras que ocupamos de potrero y pastoreo. Somos 278 ejidatarios legalmente reconocidos. El precio por hectárea fue de 85 mil pesos, es en lo que se quedó con el gobierno del estado.3

En las semanas que siguieron al anuncio de la instalación de Audi en la región, el descontento campesino logró aumentar el precio hasta los 20 pesos el metro cuadrado. De todo ello no hay constancia alguna, salvo las asambleas ejidales registradas ante el Registro Nacional Agrario en la ciudad de Puebla. En todas ellas, los nombres de los ejidatarios originales aparecen sólo para documentar la asistencia en la que se otorgó el Dominio Pleno para esas decenas de hectáreas, pero no aparece ninguno como vendedor directo al comprador Banco Estatal de Tierra. Son los nombres de Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, funcionarios de la Secretaría General de gobierno del estado de Puebla, y los apellidos de cuatro familias de agricultores chipileños, avecindados y también convertidos en ejidatarios, los que aparecen como ejidatarios vendedores.

Segundo momento: la ilegalidad en el RAN

Para entender este segundo momento es necesario visualizar sobre la fotografía satelital los polígonos que en los planos del Registro Agrario Nacional se identifican como ejidales y que se distinguen del resto, propiedad privada.

Audi se monta sobre tierra parcelada. 222 hectáreas son propiedad privada. El resto de sus 460, repartido en ejidos con certificados parcelarios, propiedad de campesinos cuyos nombres están asentados en ellos. Algunos, los rectangulitos cafés, han alcanzado el grado de Dominio Pleno, con un título de propiedad que permite su compraventa, según la reforma constitucional de 1992 que, para muchos entonces, significó el fin del ejido. Para otros, la oportunidad de la tierra libre y barata atada por décadas a la pobreza campesina, sobre todo si se sabe romper la burocracia y la ley en manos de la Secretaría de la Reforma Agraria... Y para eso están los coyotes del gobierno del estado de Puebla.

El instrumento 27053, de fecha 29 de mayo del 2015, elaborado por la Notaría 1 y del Patrimonio Federal en el Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, revela, cuando se desentrañan sus antecedentes, los pormenores de las adquisiciones previas. Primero, el instrumento 27053 revela que dos funcionarios públicos, Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, empleados en la Dirección de Tenencia de la Tierra en la Secretaría General de Gobierno estatal en 2012, responsables de la negociación con los ejidatarios en la región de San José Chiapa y Rafael Lara Grajales, se convirtieron en ejidatarios con Dominio Pleno, compraron a su nombre 274 hectáreas de 70 parcelas de los ejidos involucrados, a un precio de 8.50 pesos el metro cuadrado, es decir, 23.2 millones de pesos, y como tales las revendieron por 47 millones de pesos al Banco Estatal de Tierra creado por el gobernador Rafael Moreno Valle en el 2011. Y segundo, que cuatro familias nativas de Chipilo –como muchas otras familias de agricultores de esa comunidad–, quienes habían comprado años antes mediante contratos privados más de 160 hectáreas ejidales en la región, fueron convertidos en una sola asamblea ejidal en avecindados, ejidatarios con derechos y propietarios con Dominio Pleno de 138 hectáreas en el ejido de Rafael Lara Grajales, para venderlas igualmente al Banco Estatal de Tierra por la cantidad de 107 millones de pesos distribuidos en 37 millones de pesos en efectivo y en permuta de 161 hectáreas en terrenos de San Salvador El Seco.

Todo ello asentado en las actas de asamblea de los ejidos de San José Chiapa (30 de octubre del 2012 y 29 de septiembre de 2013), Rafael Lara Grajales (6 de junio de 2012), San Hipólito Soltepec (16 de marzo de 2013) y San Isidro Ovando (17 de octubre de 2012) en las que se violan flagrantemente las disposiciones y procedimientos de la Ley Agraria. Un comparativo entre lo asentado en actas y lo que la ley marca, genera una lista larga de violaciones e irregularidades que se encuentran en los documentos del Registro Agrario Nacional (ran). Aquí se presentan a continuación.

Para el Dominio Pleno: convocatorias y plazos con procedimientos y tiempos incumplidos; certificados parcelarios no cancelados ante el ran, certificados parcelarios no expedidos por el ran; inexistencia de constancias de notificación del Derecho del Tanto, constancias de Renuncia Expresa del Derecho del Tanto; inexistencia de contratos entre vendedor y comprador con dos testigos y ratificado por notario público; registro de enajenación de derechos parcelarios; inexistencia de inscripciones ante el ran del Acuerdo de Asamblea de Autorización para adopción del Dominio Pleno con la presentación del padrón de ejidatarios original; expedición de títulos de propiedad sin la presentación del certificado de derechos parcelarios otorgado previamente.

Para la aceptación de ejidatarios: convocatorias sin consignación del tema en el orden del día; inexistencia en anexos de actas de asamblea de los expedientes individuales (acta de nacimiento, ine, curp, acreditación de la residencia por al menos un año en el ejido).

Para la asignación de parcelas: inexistencia de la documentación obligatoria (expedientes individuales).

En un caso, el Acta de Asamblea San José Chiapa, del 30 de octubre de 2012, los funcionarios Roberto Carrión García y Vicente Ortiz Toxqui fueron actores principales: al primero se le reconoció como ejidatario, se le asignaron 86.7 hectáreas y le otorgaron el Dominio Pleno por ellas en un mismo acto; al segundo, reconocido ya como ejidatario en otra asamblea, le asignaron 76.7 hectáreas y le otorgaron también el Dominio Pleno. Y así, los dos funcionarios obtuvieron sus títulos de propiedad listos para vender sus recién adquiridas parcelas al Banco Estatal de Tierra.

El Banco Estatal de Tierra ha negado dos veces –para esta investigación– el informe sobre los movimientos ejercidos en los años 2012 y 2013. Por los instrumentos notariales hemos logrado, sin embargo, identificar un conjunto de parcelas ejidales que suman para Vicente Ortiz Toxqui 197.6 hectáreas y para Roberto Carrión García 77.4 hectáreas. Por ellas le pagaron a uno, 32.4 millones de pesos (164 mil pesos la hectárea), y al otro 14.6 millones de pesos (189,131 pesos por la hectárea); a ellas se añaden 140 hectáreas de la familia chipileña, a quienes les pagaron en dinero y tierras en El Seco el equivalente a 107.7 millones de pesos (769,285 pesos por la hectárea). Por estos movimientos el Banco Estatal de Tierra pagó un total de 355.7 millones de pesos, es decir, 523,203 pesos por hectárea en promedio (523 pesos el m2 ), cuando los ejidatarios originales, en voz del comisariado ejidal de San José Chiapa, en el año de 2012 recibieron en el arreglo con los enviados del gobierno –probablemente Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, quienes aparecen en la compraventa con el Banco Estatal de Tierra como ejidatarios de Dominio Pleno– 85 mil pesos por hectárea (8.50 m2 ). Así ocurrió la compra de tierra por el Banco Estatal de Tierra del gobierno estatal para ser transferido posteriormente al gobierno y, de ahí, llegar a la escrituración a Audi.

Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, identificados como funcionarios de largo plazo en las oficinas de gobierno federal y estatal responsables de la temática agraria, fueron los encargados de gestionar la operación de compra de las 460 hectáreas de la plataforma Audi, o al menos de las 274 hectáreas de terrenos ejidales involucrados. Los dos aparecen como los ejidatarios que vendieron al Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra 274 hectáreas –239 para el polígono de la planta automotriz–, y les pagaron con cheques del mismo fideicomiso, 47 millones de pesos.

Hoy en día, Vicente Ortiz Toxqui se mantiene como funcionario público, y lo han ascendido a jefe del Departamento de Supervisión en la Dirección de Reservas Territoriales y Crecimiento Urbano en el Banco Estatal de Tierra, según se consigna en el Directorio de esa dependencia expuesto en el portal de Transparencia del gobierno estatal.

Una serie de instrumentos a nombre de estos dos personajes dan cuenta de 28 títulos de propiedad ejidal con Dominio Pleno en los ejidos de San José Chiapa, San José Morelos y San Isidro Ovando a nombre de estos dos funcionarios públicos especializados en materia agraria, tanto en la Procuraduría Agraria como en la Secretaría General de Gobierno. A manera de ejemplo del contenido de una de las actas de asamblea ejidal generadas para todo este proceso, presentamos uno de los eventos consignados en el acta del 17 de octubre del 2012 en el ejido de San José Chiapa en el Anexo 1.1.

Figura 1.5. Imagen del portal de transparencia con el directorio de la Secretaría General de gobierno del estado de Puebla, 2011. Se presenta el cargo de Roberto Carrión García en el año 2011 como subdirector de Seguridad de la Propiedad Rural en la Dirección de la Tenencia de la Tierra en el gobierno del estado de Puebla. Al frente de la dirección, Fernando López Rojas y Fernando Manzanilla como Secretario General de Gobierno. Fuente: Portal epuebla.info. Consultado en agosto de 2019 en www.epuebla.info/2011/05/directorio-secretaria-general-de-html.

Figuras 1.6. Perfil laboral de Vicente Ortiz Toxqui, empleado de la Procuraduría Agraria entre 1995 y 2011, de la Dirección de Tenencia de la Tierra en el gobierno estatal entre 2011 y 2017, y Jefe del Departamento de Supervisión en el Fideicomiso Público “Banco Estatal de Tierra” al menos hasta el 31 de marzo del 2019. Fuente: Portal de transparencia del gobierno del estado de Puebla consultado en julio de 2019.

Tercer momento: la donación

Los instrumentos de la compra de la tierra

Todo este enredo de transacciones entre el gobierno y los ejidatarios y propietarios de los terrenos en los que se asienta la Plataforma Audi acaban en los instrumentos notariales inscritos en el Registro Público de la Propiedad en el distrito judicial de Tepeaca. Con ellos es posible dar cuenta de los siguientes dos momentos que el gobierno de Rafael Moreno Valle siguió para esta trasmisión de propiedad de lo que hoy conocemos como el territorio Audi en San José Chiapa, Puebla. Instrumentos que ayudan a entender la función que cumplió para la estrategia del gobierno la creación y operación inmobiliaria del Banco Estatal de Tierra. Al frente del Banco Estatal de Tierra el gobierno del Rafael Moreno Valle puso a un economista oaxaqueño egresado del itam, Juan José Méndez Léon Jiménez, quien en su cuenta de Linkedin se define hoy como un “profesional en la administración de inversiones inmobiliarias”. Y da algunas claves de su perfil profesional: “Durante su trayectoria en el sector inmobiliario, Juan José ha desarrollado habilidades especializadas en la estructuración y supervisión de todo tipo de proyectos inmobiliarios, interactuando con actores diversos del medio financiero, instituciones gubernamentales, fiduciarias, abogados, especialistas fiscales, desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión nacionales e internacionales y banca para la obtención de deuda.”

Y dice más de sí mismo y de su trabajo como funcionario responsable de la compraventa de la tierra para Audi:

En 2011 y hasta marzo de 2017, Juan José fue invitado por el Gobierno del Estado de Puebla a participar en la conceptualización y formación del Banco Estatal de Tierra (“bet”) el primer banco de tierra oficialmente constituido en el país. Con el bet se logró institucionalizar la compra de la tierra desde el proceso de negociación hasta su regularización. Juan José fue el responsable de la compra de tierra para proyectos tan relevantes como: la ampliación de la planta armadora Volkswagen de México, nueva planta Audi de México, desarrollo urbano conocido como Ciudad Modelo, compra de la tierra del parque industrial Finsa ii y liberaciones de derechos de vías para carreteras, vías de ferrocarril y líneas de conducción eléctrica.

Este funcionario fue auditado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla en los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015, como se muestra en esta imagen en el portal de ese organismo de fiscalización del Congreso del Estado. Por supuesto, fue aprobado en todos los casos, y la información de las auditorías no es accesible al público.

Figura 1.7. Imagen del periodo auditado a Juan José Méndez León Jiménez como titular del fideicomiso Banco Estatal de Tierra. Fuente: Portal de la Auditoría Superior del Congreso del Estado de Puebla, consultado el 9 de julio de 2019 en www. Auditoriapuebla.gob.mx. Nota: Al 11 de julio de 2019 ya no aparece la información sobre este funcionario (www. Auditoriapuebla.gob.mx/ component/zoo/item/juan-jose-mendez-leon-jimenez).

Así que todo el paquete Audi fue negociado por Juan José Méndez León y quien debió decidir el precio al que se pagaron los terrenos a los nuevos ejidatarios y a los propietarios privados. Siempre con la complicidad de los funcionarios federales en el Registro Agrario Nacional, esta persona hoy al parecer de vuelta en el sector privado, es personaje principal en la operación inmobiliaria para la implantación de la armadora alemana en San José Chiapa.

Como hemos reseñado arriba, los instrumentos describen la manera por la que el Banco Estatal de Tierra adquirió no sólo lo que corresponde a la plataforma Audi estrictamente, 221 hectáreas de 70 parcelas ejidales y un conjunto de terrenos propiedad privada, 239 hectáreas, propiedad de José María Aizpuru Leal, de la antigua hacienda de San Miguel El Salado, sino 220 más cuyo destino no está documentado todavía por esta investigación, pero que pueden formar parte de lo que hoy es Ciudad Modelo.

Figura 1.8. Carátula de la escritura de las 460 hectáreas de Audi.

Pero todos estos instrumentos son la base para la escritura otorgada a Audi el 29 de mayo del 2015. Para llegar a ese último momento, el gobierno del estado de Puebla tuvo que obtener formalmente la propiedad de la tierra. Eso ocurrió en dos partes y por la vía de la donación directa por parte del fideicomiso Banco Estatal de Tierra: primero, el 23 de mayo de 2013 la propiedad legal y la posesión de 441.3 hectáreas, según el instrumento 24,384 otorgada por la Notaría Número 1 y del Patrimonio Inmueble Federal del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Puebla, inscrita en la Partida 65, a fojas 17, del libro 1, tomo 159, de fecha 28 de mayo del 2013; después, con los instrumentos 25,395 y 66,869 de los días 18 y 19 de febrero del 2014, de la misma notaría, que dan cuenta de la fusión de 54.1 hectáreas, la segregación de las restantes 18.7 hectáreas y su donación final al gobierno. El instrumento 66,869 queda inscrito en la Partida 338, fojas 86, Libro I, Tomo 160, de fecha 19 de febrero del 2014. La escritura refiere un valor comercial de 120 pesos el metro cuadrado, equivalente a 24.2 millones de pesos por las 20.1 hectáreas donadas.

Así, entre el mes de septiembre de 2012, cuando a los ejidatarios se les paga en “acuerdos económicos” 85 mil pesos por hectárea, y a los seis personajes intermediarios (los funcionarios de la Dirección de Tenencia de la Tierra de la Secretaría General de Gobierno Roberto Carrión García y Vicente Ortiz Toxqui y la familia de agricultores chipileños) el banco les paga 523 mil pesos en promedio por hectárea, el gobierno recibe una donación valuada en 1,200,000 pesos la hectárea. La empresa Audi de México pagará, como veremos, 2 millones de dólares (30 millones de pesos a precio del 2013) por las 460 hectáreas, es decir, 65,217 pesos la hectárea.

Cuarto momento: el instrumento 27053

El Instrumento 27053, Volumen 315, del 29 de mayo del 2015 es fundamental para entender todo lo ocurrido. En este documento se segregan 459.9 hectáreas del conjunto adquirido por el Banco Estatal de Tierra y donadas al gobierno del estado y se escrituran en contrato de compra venta entre el gobierno del estado de Puebla y la sociedad Audi de México, y se constituye servidumbre voluntaria por la misma sociedad. Y de él se extraen al hilo los antecedentes y las declaraciones que permiten entender la trama legal que tuvo que ocurrir para que se cumpliera el contrato firmado con la empresa alemana el 5 de septiembre de 2012, que se reseñará en el capítulo 2 de esta investigación.

La escritura formaliza la propiedad de la tierra para la armadora de autos Audi (ver Anexo 1.2), y se funda en el compromiso de la empresa de invertir en una planta de ensamble de autos en dos etapas 1.3 mil millones de dólares para 3,800 empleos y 700 millones de dólares para 3,000 empleos, y del gobierno del estado, entre otros incentivos, a enajenar por un precio de 2 millones de dólares una extensión de 460 hectáreas en el municipio de San José Chiapa. Describe las autorizaciones dadas por el Congreso del Estado al gobernador Moreno Valle para la compraventa y resume el contenido de los instrumentos por los que el Banco Estatal de Tierra adquirió y donó al gobierno los terrenos involucrados. Da cuenta, además, de los pasos intermedios que tuvieron que darse mientras esos procesos ocurrían: modificaciones al contrato, comodatos temporales, promesas de compraventa, otorgamiento de derecho de superficie, excepciones de avalúos, autorizaciones municipales y la obligación para el gobierno del estado, firmada el 1 de octubre de 2014, de otorgar a Audi de México la titularidad, dominio y posesión plena, perfecta e irrestricta de la propiedad antes del 31 de mayo del 2015.

Todo eso consignado en sucesivos instrumentos con números 23384, 24702, 24717, 24141, 24424, 22717 y 26972, que permiten finalmente la realización de una operación por la que Audi de México paga 2 millones de dólares con un cheque que el notario suplente de la Notaría 1 y del Patrimonio Inmueble Federal, Gabriel Casas Alatriste, afirma tener a la vista. El recibo no está a la vista en la escritura 27,053, por cierto. Firman la escritura un 29 de mayo del 2015 ante Gabriel Casas Rodríguez, por Audi de México, Alfons Dieter Dintner, Matthias Wilhelm Rust y Alejandro César Yunes Zubirán; por el gobierno del estado de Puebla, Jorge Benito Cruz Bermúdez, encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, secretario de la Contraloría, Cristina González Medina, secretaria de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Marina Araceli Castro Moreno, Subsecretaria de Administración y Gilberto Suárez Machado, Coordinador General Jurídico, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración.

El contrato cumplido

El 29 de mayo del 2015, la escritura instrumento 27053 está en el registro público de la propiedad en Tepeaca. Las 460 hectáreas en las que se construye a todo tren la planta armadora, con el trabajo de tres mil obreros de la construcción, son propiedad de la empresa Audi de México.

Al parejo de toda esta operación de compra de tierra para la armadora alemana han corrido en esos mismos meses de 2011, 2012 y 2013 las negociaciones para la compra de la tierra para las imaginarias etapas 2 y 3 de Ciudad Modelo y para la reserva industrial que los consultores españoles de la empresa idom imaginaron para Rafael Moreno Valle. Todas las operaciones ocurridas ahí permanecen blindadas en los archivos del Banco Estatal de Tierra y del Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo. De los operadores agrarios Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García algo se sabe: el primero se mantiene como funcionario público y aparecen en el organigrama del Banco Estatal de Tierra como Jefe de Supervisión de Reservas Territoriales; del segundo, que ha desaparecido del directorio de la Dirección de Tenencia de la Tierra en la Secretaría General de Gobierno. Para julio del 2019, muy lejos ambos de la vista pública, y sin preocupación alguna por la investigación potencial de la Contraloría.

Las familias de agricultores chipileños se ocupan en sus actividades agropecuarias en Atlixco y San Salvador El Seco, y allá donde hayan encontrado nuevos terrenos ejidales para negociar su compraventa con viejos ejidatarios desanimados.

La familia Aizpuru, desde el casco de El Salado apretado entre la planta Audi y el cerco de Ciudad Modelo, ve ahora cómo la encierran más tras la barda que los marinos del Laboratorio Optoelectrónico de la Secretaría de Marina han plantado en los linderos de lo que quedó de la antigua hacienda de El Salado.

Al final todo empieza y termina en la tierra.

Notas

1 La cláusula Cuarta del Fideicomiso 304875 “Banco Estatal de Tierra” dice a la letra: “Del objeto y fines del Fideicomiso.— El objeto del presente Fideicomiso consiste en generar un portafolio de reservas territoriales en el estado de Puebla, para impulsar el desarrollo urbano sustentable en todo tipo de proyectos inmobiliarios mediante la adquisición y/o gestión de áreas de suelo o predios de los centros de población del estado de Puebla, para destinarlos al crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento de los centros de población, asimismo, para el cumplimiento de su objeto tendrá como fines los previstos en el artículo 4o. del Decreto del Ejecutivo del Estado que autoriza la creación del Fideicomiso, publicado el 27 de junio en el periódico oficial del Estado, mismos que se transcriben a continuación...”

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_250618.pdf.

3 Puebla Noticias. Video, minuto 2.00.

Figura 1.10. Ceremonia de “La primera pala” de la Plataforma Audi de México en San José Chiapa, Puebla, el 5 de mayo de 2013. Fuente: Fotografía Cuartoscuro, 2013.

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Sobre el autor

Sergio Mastretta

Periodista con 39 años de experiencia en prensa escrita y radio, director de Mundo Nuestro...