Vida y milagros
El manejo del agua es un tema de seguridad nacional. Así se considera no solo en México, sino en la mayoría de los países que tienen orden y estrategia en sus gobiernos. Pensar que las instituciones de inteligencia del estado son solo nidos de espías de la vida privada de las personas es un error enorme. Todo país necesita tener un órgano de inteligencia. No hay país que prospere sin un plan de riesgos y ubicación de amenazas, desde climáticas hasta energéticas y sanitarias, desde grupos que trafican con drogas y personas o cualquiera de las variantes de la delincuencia organizada. La gama de riesgos es enorme. Prevenir, contener y desactivar riesgos y amenazas a la gobernabilidad, la soberanía y el estado de derecho, es el espíritu original de un órgano de inteligencia del estado. Como toda herramienta, se puede usar de manera adecuada y para su objetivo central, o se puede desvirtuar y usar con fines perversos. El que la herramienta se pueda usar de mala manera no significa que no deba existir. El tema de su control, rendición de cuentas y su debido uso dependerá de la cabeza del estado. Sus facultades y responsabilidades están sustentadas en el artículo 19 de la Ley de seguridad nacional.
Para dar un ejemplo, Francia, con la mitad de la población de México, tiene en la actualidad diez mil agentes activos de información y análisis de situaciones de riesgo. México tenía cuatro mil agentes en 2018. No pude encontrar el dato de cuántos agentes y analistas tiene hoy, pero por los recortes han sido enormes. Los analistas son claves en situaciones de riesgo. Son especialistas en zonas y temas. Y uno de esos temas álgidos es el agua. Por eso hacen falta los analistas, para traer en el radar todos los datos: disponibilidad de agua por zona, para cuántos habitantes, para qué se utiliza, en qué sectores productivos, ciclos hídricos, líderes políticos y sociales de las comunidades, marcos legales, convenios, concesiones, decretos, cambio climático, todo lo que incida en un buen diagnóstico del problema. Sin analistas suficientes, el estado mexicano se expone a abordar los conflictos en medio de una inquietante oscuridad.
Es evidente la necesidad imperiosa de tener un aparato de inteligencia virtuoso y disciplinado cuando miramos el enfrentamiento de la Guardia Nacional y los grupos de agricultores de Chihuahua. Al revisar los recortes que se han hecho a esa área estratégica y el cómo han afectado la gestión de la reciente crisis del agua, se llega a la conclusión de que puede haber recortes presupuestales que salen demasiado caros. El uso y destino del agua es muy complicado en los estados del norte, siempre sometidos a estrés hídrico, además de que comparten una frontera enorme y dos ríos estratégicos con Estados Unidos, como es el caso de Chihuahua. El marco jurídico para aprovechar el agua es muy claro y básicamente no ha tenido mayores modificaciones desde 1944, cuando al final de un conflicto territorial con Texas, se acordó que ambos países compartirían las aguas del río Colorado y el río Bravo. Estados Unidos entrega a México 1850 millones de Mm3 al año, y México le devuelve la cuarta parte, 431 millones de Mm3. Modificar los acuerdos es muy complejo y puede llevar meses o años. Aunque el convenio es favorable a México, las condiciones climáticas y la creciente demanda de agua han cambiado el entorno en el que se aplican las reglas. México tiene cinco años para entregar los metros cúbicos de agua que le corresponden, pero las variaciones en el clima y la sequía pueden someter a la cuenca a presiones inesperadas. Tener al día esa variantes y gestionar el tratado con los usuarios y los gobiernos locales y extranjeros es obligación del estado mexicano. El gobierno federal argumenta que existen las condiciones para entregar el agua, los agricultores argumentan que no. La Directora de CONAGUA, Blanca Jiménez, informó que hubo 15 mesas de trabajo y negociación para poder cumplir con la entrega. ¿Recibieron a tiempo la información estratégica, táctica y operativa para gestionar con precisión el problema? El Centro Nacional de Inteligencia ya no depende de la Secretaría de Gobernación sino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y aunque es una institución civil, su mando es militar. Debe de ser muy complicado coordinar todas esas instancias.
No es opción no cumplir. En general el tratado es favorable a México y el gobierno americano puede, si no cumplimos, bloquear el agua del río Colorado hacia Sonora y Baja California. Tener todos los focos rojos y todas las variables en el mapa de riesgo es indispensable. Mi duda es si el gobierno tiene aún la fortaleza y los cuadros necesarios para enfrentar este tipo de escenarios. No tenerlos puede producir enfrentamientos como los que vimos el 8 de septiembre entre la Guardia Nacional y los agricultores de la zona.
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