Carta a Miguel Barbosa: ¡Exigimos sanción al juez y reparación del daño a sus víctimas!

Compartir

Carta abierta a Miguel Barbosa Y magistrados del TSJ

Puebla, Pue, a 25 de junio de 2019



Al C. Gobernador electo del Estado de Puebla Miguel Barbosa, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al público en general:

Los firmantes, vecinos de Cholula, ex presos políticos, perseguidos y familiares, activistas de Cholula Viva y Digna, con base en los hechos referidos a continuación, exigimos justicia.

Durante la madrugada del 7 de octubre de 2014, el gobierno municipal de San Andrés Cholula, presidido por el señor Leoncio Paisano, con más de 150 granaderos armados procedió a desalojar a los ciudadanos que pacíficamente se manifestaban contra la construcción del parque que el entonces gobernador Rafael Moreno Valle había impuesto en la zona arqueológica de Cholula. Se llevaron presos a Adan Xicale, Paul Xicale Coyopol, Albino y Primo Tlachi y los mantuvieron incomunicados por más de ocho horas. Se expidieron otras diez órdenes de aprehensión, incluso con nombres obtenidos de cuentas de Facebook, y se inventaron cargos de motín, privación ilegal de la libertad, despojo, daño en propiedad ajena y ataques a las vías de comunicación cuya penalidad podría significarles hasta 52 años de cárcel. Los cholultecas pasaron así a engrosar la lista de más de doscientos presos políticos, que el Sr. José Refugio Alejandro León Flores, juez penal de Cholula, presumiblemente por instrucciones del gobernador RMV, se encargó de sancionar y mantener en la cárcel.

El referido “juez”, como lo documentaron desde finales de 2016 la periodista Karen de la Torre del periódico digital LadoB y su director Ernesto Aroche, desempeñó el cargo por 30 años sin título ni cédula profesional y sentenció a cholultecas y opositores del gasoducto Morelos, transportistas, presidentes auxiliares y miembros de la organización 28 de octubre a meses y años de prisión y sometió a muchos a una persecución que, como en el caso del Profesor José Roberto Formacio duró más de 4 años.

La investigación periodística referida cobró relevancia nacional después de que el año pasado dos organismos autónomos como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado (ITAIP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla reservaran el expediente como funcionario durante cinco años, blindando al juez. En febrero del 2019, el Tribunal Colegiado de Circuito, después de un amparo promovido por la periodista Karen de la Torre “ordenó que el ITAIP emitiera una resolución que velara por su derecho de acceso a la información sin violentarlo.” Como respuesta, el Sr. José Refugio Alejandro León Flores, “a través del juicio de amparo 1024/2019 obtuvo la suspensión provisional en contra de la determinación del ITAIP, lo que deja sin efectos la obligación de transparentar su título como se lo ordenó el órgano garante de la transparencia en Puebla a través de la sentencia en el recurso de revisión 159/HTSJE-05/2019,” según refiere el periódico e-consulta.



Grave es, también, como expone el periodista Rodolfo Ruiz, que el magistrado Roberto Flores Toledano, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y artífice de la operación de sometimiento del poder judicial con Moreno Valle y quien encabeza desde el 12 de febrero de 2018 la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ha detenido todo intento de sanción contra el referido juez cholulteca.

Los abajo firmantes lamentamos el contubernio descarado entre las instituciones referidas y exigimos a los órganos encargados de hacer justicia que hagan pública la información solicitada, sancionen al “juez” y se proceda a la reparación del daño de las personas afectadas por las sentencias formuladas por un funcionario incapacitado legalmente para emitirlas.

De igual modo, solicitamos al C. Gobernador electo Miguel Barbosa fijar su postura respecto a este asunto, pues en sus manos estará la facultad de investigar los procesos amañados que armó el ministerio público y las acciones ilegales contra los líderes perseguidos y encarcelados.



Anamaría Ashwell

Lidia E. Gómez García

Teódulo Cuaya

Günter Petrak

Gabriela Di Lauro B.

Diana M. Arévalo

Sergio Mastretta

Emma Yanes Rizo

Julio Glockner

Roberto Formacio

Xóchitl Formacio

Rutilia Amigón

Compartir

Sobre el autor

Mundo Nuestro