Vida y milagros
De todas las leyes que nos rigen, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene enormes huecos que permiten mucha discrecionalidad a la hora de que el Tribunal Federal Electoral tiene que dirimir querellas y emitir fallos. Pueden cargarse a uno u otro lado y tendrán letras chiquitas en qué justificar sus decisiones. Así sucedió con la anulación de la elección para la alcaldía de Monterrey y la orden de repetirla, o con el perdón de la multa que el INE le impusiera a Morena por usar cuentas creadas para apoyar a damnificados de los sismos y desde ahí mandar dinero a candidatos de su partido. Complica aún más las cosas el que los magistrados se encuentren bajo los reflectores cuando en las querellas hay mucho en juego, en especial cuando los fallos afectan el entorno político de una gran ciudad, la imagen de un partido fuerte o la estabilidad de un estado.
Obviamente son muchas las querellas que le llegan al Tribunal después de una elección tan grande como la que vivimos en julio, pero debería de existir una priorización del tiempo que le dedican a cada caso de acuerdo a su nivel de importancia. La anulación de la elección de Monterrey y de la multa de Morena se hizo de manera bastante rápida. Se ve que en esos casos la presión para uno u otro lado fue suficientemente eficaz para que tomaran la decisión de manera pronta. El caso de la definición de anular o no la elección de gobernadora o gobernador en Puebla es increíble: a cinco meses de la elección, los jueces siguen desojando la margarita mientras en el estado se ha creado una enorme incertidumbre y un vacío de poder que nos afecta en muchísimos sentidos. La inseguridad está desatada y el combate al huachicol se complica cada vez más, con todo y que el ejército está metido en el triángulo rojo desde hace casi dos años. El gobierno de 22 meses que le tocó encabezar a Antonio Gali, lo más que pudo hacer en enero de 2017 fue echar una llamada de auxilio a la federación para que le mandaran ayuda militar. La falta de presupuesto para la impartición de justicia y el debilitamiento de las policías que heredara de Rafael Moreno Valle le pasó la factura al estado de manera inocultable. Tampoco el gobierno de Gali corrigió eso en el único presupuesto que le tocó armar por su cuenta, el de 2018. El efímero gobierno de Gali termina en 12 días y junto con su gobierno, el tiempo para organizar una nueva administración que debiera entrar el 16 de diciembre.
Estamos terminando el año y seguimos sin saber si la elección se anulará. Qué irresponsables. Cinco meses y los magistrados no han dimensionado el problema en el que meten a un estado que tiene que tener lista su Ley de Ingresos 2019 y el Presupuesto de Egresos terminado y alineado no solo al nuevo plan de gobierno estatal, sino a las claras prioridades que ya trae el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esos números ya los tendrían que estar armando las autoridades electas con los diputados del congreso local y los diputados federales. Por lo pronto solo sabemos que al estado de Puebla se le recortarán cerca de 20 mil millones de pesos en 2019, así que la reestructuración de la nueva administración tendrá que estar muy bien pensada para no debilitar aún más a las instituciones con las que se gobierna. Es bueno tener un gobierno esbelto, pero uno anoréxico no le conviene a nadie.
El gobierno saliente de Gali simula una aparente normalidad y continua con una entrega recepción hacia Martha Erika Alonso, a quien el tribunal local calificó como gobernadora electa, como si el fallo federal no estuviera pendiente. La idea de transmitir una normalidad inexistente creo que no ayuda en mucho. Más sano sería que hubiera un abierto apremio no solo de parte de todos los involucrados hacia los magistrados, sino de la sociedad en su conjunto. El Tribunal local electoral fue elegido por el congreso anterior, el que estuvo bajo la mano férrea de Rafael Moreno Valle, así que no es sorpresa que haya reconocido a Martha Erika Alonso como ganadora de la elección, pero la impugnación de Luis Miguel Barbosa fue casi inmediata, así que la incertidumbre ha estado ahí desde los primeros días de julio. El pretender una normalidad inexistente no ha servido de nada. A ninguno de los dos, y mucho menos a nuestro estado, le ha convenido esta larga incertidumbre. El TEPJF está tratando a nuestro estado como si fuéramos de cuarta o parte de otro país.
López Obrador ya tomó posesión, su súper delegado Rodrigo Abdala ya entró en funciones, y mientras, la figura de quien gobernará Puebla sigue indefinida. En los medios nos informan de las visitas oficiales que ambos contendientes han hecho a los jueces para defender sus causas. De por sí el nuevo papel que jugarán los gobernadores es incierto, su cancha ha cambiado y su capacidad de maniobra y discrecionalidad será muy distinta y menor a la que tuvieron gobernadores como Mario Marín o Moreno Valle. Ojalá sea para bien.
No sabemos aún cómo quedará definido el federalismo en los nuevos tiempos de López Obrador, pero creo que un gobernante estatal bien plantado, con una sana independencia del centro, aunada a una buena capacidad de cabildeo con todos los poderes federales y locales sí será una ganancia y un plus para cualquier estado.
Puebla lleva cinco meses perdidos para planear y organizar un nuevo gobierno que será de por si complicado, mientras el tribunal local y el federal se patean la pelota de un lado para el otro.
Las idas y venidas a México de ambos grupos siguen. Las negociaciones y las fuercitas seguramente suben de tono en el Tribunal Federal Electoral, ante la inmutable cara de póker de la Magistrada Otálora. La señora y sus magistrados no tienen prisa.
