Certeza y decisión. En ese predicamento nos movemos en el día a día. Cuánto necesitamos de la primera en los asuntos graves de la vida nuestra. Entonces las preguntas elementales se vuelven puntos de quiebre: ¿qué tanto sabemos del problema que enfrentamos?, ¿el conocimiento que tenemos sobre un conflicto es el correcto como para fundar una respuesta que nos permita enfrentarlo con éxito?
¿Y si el conflicto es un asunto de interés público?
¿Con qué capacidad se toman las decisiones en las instituciones del Estado, por ejemplo en seguridad pública y justicia o en procesos ambientales?
Estas preguntas me vienen estos días al valorar la realidad del robo de combustible en Puebla, ese fenómeno cada vez más inasible que llamamos huachicol, con el que se identifica la presencia del crimen organizado cada día más mortal en Puebla. Los acontecimientos de los últimos tres años en nuestro estado no revelan más que desaciertos en el enfrentamiento que desde las instituciones públicas se realiza con acciones de corte militar y policiaco, y que se confirma en un hecho probado: el crecimiento explosivo de las tomas clandestinas no se ha detenido a pesar del involucramiento del ejército y la marina en la persecución de las bandas criminales.
Pero igual se plantean frente a otros procesos como los que se contienen en el anuncio por el gobernador Gali de la compra de “unos barquitos” para limpiar el lago de Valsequillo, con cuya acción “los niños podrán nadar en el embalse”.
Acciones policiacas contra el crimen organizado. Acciones técnicas para regenerar un lago muerto.
En el primer caso a los ciudadanos sólo nos queda contemplar el fracaso del Estado contra el crimen: Palmar de Bravo, ciudad de Puebla, Texmelucan, Venustiano Carranza. Cuatro territorios asolados por una violencia similar a la que conocemos desde hace diez años como la guerra del narco y su característica principal: autoridades civiles y mandos policiacos involucrados en la operación cotidiana de las bandas criminales. Y una más: comunidades enteras vinculadas en toda la trama operativa de esta actividad ilegal (extracción, distribución y consumo), y que contribuyen con sus sicarios, sus presos y sus muertos en las guerras intestinas que la acompañan.
En el segundo caso los ciudadanos organizados vamos muy adelante del Estado: Dale la Cara al Atoyac. A.C. no sólo ha diagnosticado con una enorme capacidad organizativa la realidad de la contaminación del río y ha hecho uso de los recursos legales para obligar a las autoridades a asumir sus responsabilidades, sino que ha elaborado un conjunto de propuestas desde la perspectiva estratégica de cuenca que permiten establecer políticas públicas capaces de lograr revertir en el mediano plazo la catástrofe ambiental que hoy se vive en el valle de Puebla y que ha puesto en jaque la viabilidad socio-ambiental de la sociedad poblana.
Certezas, entonces, para la toma de decisiones.
No las tenemos para enfrentar la violencia del crimen organizado, no las permite un estado autoritario, antidemocrático y corrupto en sus instituciones de procuración de justicia, que dejan de lado toda posibilidad de participación ciudadana. Ahí el Estado no sólo es fallido sino cómplice. Y los ciudadanos hoy estamos inermes.
Sí se construyen, sin embargo, para enfrentar la catástrofe ambiental. Igual para regenerar la cuenca alta del río Atoyac que para defender las montañas contra la voracidad de las corporaciones industriales. Es la acción civil la que encabeza el reclamo contra una decisión de gobierno que gasta 200 millones de pesos en unos barcos que no resolverán el problema de la contaminación del río y deja de lado el esfuerzo civil que ha construido un proyecto estratégico en consonancia con lo que hoy se lleva cabo en muchas regiones del mundo.
Certezas, entonces, para construir un verdadero Estado democrático.
