Nueva mirada gubernamental sobre las drogas
La guerra contra las drogas ha fracasado”, escribió hace unos días Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación de México, anticipando el cambio del paradigma punitivo y prohibicionista vigente hacia un enfoque de salud y legalización durante el próximo gobierno (https://bit.ly/2xK4chG).
No hay argumentos novedosos en el artículo “Justicia transicional: política de drogas, primero la salud, fin a la violencia”, pero las palabras escritas ahí por Sánchez Cordero, y luego sus declaraciones a favor de la legalización de la mariguana, son la mayor novedad política que se ha registrado en México desde que el país se subió al tren prohibicionista.
Es la primera vez que un personaje político de ese nivel, ex ministra de la Suprema Corte y futura secretaria de Gobernación, asume una definición contraria al consenso punitivo y reconoce que la prohibición pura y dura no es el camino a seguir.
“El debate entre justicia, salud y comercio de drogas, nunca ha sido encabezado por el Estado mexicano”, dice.
Nunca, en efecto. Su postura marca un antes y un después en la materia. El nuevo gobierno electo, por su conducto, parece dispuesto a encabezar el debate y a modificar sustantivamente la legislación en el ciclo completo de la mariguana: producción, trasiego y consumo.
Sánchez Cordero tiene las cosas claras en prácticamente todos los aspectos vinculados al tema. En que la prohibición no ha inhibido el consumo. En que el paradigma prohibicionista de la mariguana está retrocediendo en todo el mundo. En que el enfoque punitivo ha traído más muertos, pero no menos tráfico. En que el consumo de drogas debe ser visto como un problema de salud y en que el combate a las bandas criminales debe hacerse con inteligencia y logística, más que con operativos militares.
Respecto a la pertinencia de legalizar el ciclo de la mariguana, y sobre el debate general de la legalización de las drogas, hay una larga acumulación de conocimiento y análisis, fuera y dentro de México.
Lo que no hemos tenido nunca aquí, ni en otras partes, es lo que hoy trae a la escena pública Olga Sánchez Cordero: un gobierno electo dispuesto a encabezar el debate, y a legislar sobre el problema, con una mirada no prohibicionista.
Bienvenida a la batalla.
Ayuda de memoria. Para el debate sobre la legalización de la mariguana
Hay un informe científico mexicano, el primero de su clase, sobre los efectos físicos y psicológicos del consumo de mariguana. Se llama Marihuana y salud, lo publicó el Fondo de Cultura Económica y es el fruto de las investigaciones de un equipo coordinado por ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud Juan Ramón de la Fuente.
Marihuana y salud revisa, con los matices rigurosos de cada caso, el daño físico y social que puede infligir el uso de la mariguana.
El consumo de la mariguana no es inocuo, es particularmente tóxico entre menores de edad cuyo cerebro está en desarrollo, pero es absurdo ubicarlo, por sus efectos médicos y sociales, en el lugar donde está: como par de las drogas más tóxicas y adictivas del mundo.
La mariguana es menos tóxica y menos adictiva que el alcohol y que el tabaco, drogas permitidas. Sus consecuencias médicas y sociales son también mucho menores.
La mariguana no tiene dosis letal conocida (nadie se puede morir de una sobredosis de mariguana) ni hay pruebas de que su consumo estricto, no mezclado con otros estupefacientes, genere conductas violentas, socialmente peligrosas.
El mayor daño que la mariguana causa a la sociedad es haberla tratado como una sustancia de alto peligro. Esto ha producido en México una epidemia carcelaria. En su estudio sobre el tema, http://bit.ly/1kNIDRJ, Catalina Pérez Correa reunió datos impresionantes:
Según la PGR, entre 2006 y 2014 fueron detenidas en México 156 mil personas por consumo de mariguana (pese a que éste no está prohibido, está permitido en la Ley General de Salud, en dosis no mayores de 5 gramos).
En 2012, 6 de cada 10 presos en reclusorios federales estaban ahí por delitos contra la salud. El 67% de ellos, por consumo de mariguana.
En los 15 estados que dieron información sobre menores infractores, se descubrió que también 6 de cada 10 están recluidos por consumo de mariguana.
Añado mi propia cifra: en 2013 fueron detenidos en Ciudad de México 3 mil personas acusadas de delitos contra la salud, todas ellas vinculadas a la posesión o el consumo de mariguana.
La prohibición de la mariguana produce más daños, más infelicidad y a la larga más crímenes y más criminales que el consumo de la sustancia.
(Publiqué esta columna en este espacio el 3 de noviembre de 2015. Creo que vuelve a tener pertinencia).
Ayuda de memoria. Cómo legalizar la mariguana
“Marihuana: Cómo”, es el título del artículo en el que Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero Vadillo delinearon ya lo que podría ser un sistema de legalización y regulación para la producción y el consumo de la mariguana en México (http://www.nexos.com.mx/?p=28051).
La regulación, sostienen, “debe estar orientada a lograr la descriminalización efectiva de los consumidores”. Su objetivo debe ser “reducir el mercado clandestino de la marihuana” y “arrebatarle el negocio al crimen organizado”.
Ambas cosas deben hacerse, en su opinión, “sin fomentar un aumento en el consumo”, es decir, no dando paso a la “creación de un mercado legal competitivo”, como en Colorado.
Tampoco debe pensarse en imponer altos impuestos, con fines recaudatorios, pues esta política ha demostrado, en el estado de Washington, que alienta con sus altos precios la persistencia del mercado negro ilegal.
A diferencia de lo que ocurre en los estados de Estados Unidos donde se ha legalizado la mariguana, en México no debería haber un objetivo de recaudación fiscal, como en el estado de Washington, ni uno de promoción del mercado, como en Colorado.
El modelo propuesto responde a las líneas del esquema uruguayo, donde “se ha creado un mercado controlado por el Estado, a la vez que se han abierto otras posibilidades de aprovisionamiento para el uso personal entre los adultos”.
Los componentes del modelo son:
- Crear un mercado no competitivo, controlado por una empresa distribuidora única del Estado. Esta empresa sería la encargada de comprar la producción de los campesinos —hoy controlada por los cárteles— y de garantizar los estándares de calidad tanto para el consumo personal como para usos farmacéuticos, médicos y terapéuticos.
- Despenalizar el cultivo doméstico para uso personal, permitiendo hasta seis plantas sin necesidad de registro alguno.
- Regular la existencia de clubes cannábicos, concebidos como asociaciones civiles sin fines de lucro, que provean a sus socios una cantidad regulada de mariguana al mes con estándares fijados por un organismo público especializado.
- Prohibir todo tipo de publicidad y, desde luego, la venta a menores.
Con este u otro modelo, las primeras reformas urgentes son: 1. Ampliar las dosis mínimas permitidas por la ley. 2. Eliminar el delito de “posesión simple”, responsable de la décima parte de los presos federales acusados por delitos contra la salud.
¿Legalizar la amapola?
Quien busque una salida no violenta a la violencia producida por el narcotráfico tiene que llevar en su agenda el tema de la legalización de las drogas.
He dedicado las columnas de estos días a la legalización de la mariguana que planteó la designada secretaria Gobernación del próximo gobierno, Olga Sánchez Cordero, quien también sugirió una legalización parcial de la amapola y de sus derivados (morfina, heroína).
Es un tema novedoso, apenas explorado, al revés del caso de la mariguana, y vale la pena pensarlo con algún detalle, tal como hizo Saúl López Noriega en un artículo publicado en la revista Nexos (abril, 2016) con el buen título de: “El derecho a la amapola”.
La prohibición de la amapola y sus derivados ha tenido una consecuencia terrible en el mercado mundial (legal) de los analgésicos potentes.
De hecho, la prohibición ha inducido una escasez crónica de esos analgésicos en los sistemas de salud del mundo, fenómeno conocido, como la “pandemia global del dolor no tratado” (sic).
La muy extraña expresión anterior se refiere al hecho de que “la insuficiente producción de opiáceos y su distribución desigual en el mundo” ha logrado que más de 5 mil millones de personas no tengan acceso al alivio del dolor que deriva de los opiáceos.
Éstos están disponibles solo para una “delgada rebanada de la población mundial”, concentrada en Norteamérica, Japón y Europa, donde consumen 90 por ciento de las sustancias que hay legalmente en el mercado.
Traídas las cifras a México, la realidad es que 28 millones de personas tienen o tendrán enfermedades muy dolorosas. Y con dolores intolerables, unos 8 millones. Pero no hay cómo atenderlos.
“La demanda en México de medicamentos derivados del opio es de 19 mil 764 kilogramos”, dice López Noriega. “En el año 2013 solo hubo en el mercado legal 482 kilogramos, lo cual significa que casi 98% de la demanda no está siendo satisfecha”.
Los opioides abundan en el mercado criminal de exportación, pero apenas existen en el mercado nacional, legal, de la salud.
¿Cómo invertir este absurdo? ¿Cómo arrebatar del mundo criminal estas sustancias preciosas y darle a los mexicanos los analgésicos que necesitan para sufrir menos?
Hay un cómo legal…
El derecho a la amapola
El viernes 13 de julio se reúnen miembros en activo del gobierno estadunidense con miembros futuros del gobierno mexicano.
Uno de los temas será probablemente la queja estadunidense contra el aumento del cultivo de amapola y de la exportación ilegal de heroína a Estados Unidos.
Quizá el (pre)gobierno electo pueda explorar una posibilidad de legalizar el cultivo de amapola y sus derivados, recordando a su (pre)contraparte estadunidense que hay una alternativa internacional para legalizar el mercado de la amapola y sus derivados con beneficios bilaterales.
Es la alternativa planteada por Saúl López Noriega en el ensayo sobre el tema que da nombre a esta columna: “El derecho a la amapola”, al que me referí ayer: https://bit.ly/2NKooDX.
Desde 1967 México forma parte de la Convención Única de Estupefacientes, fundada en 1961. Esta Convención Única contempla entre sus normas la posibilidad de que “cada Estado decida si la prohibición de cultivar ciertas plantas es la medida idónea para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito” en su territorio.
Esto significa que un Estado puede cultivar amapola y producir sus derivados dentro “para satisfacer la demanda interna de medicamentos derivados del opio” si justifica que su mercado de opiáceos para usos médicos padece desabasto. Este es exactamente, como vimos ayer, el caso de México.
También es posible que un país pida la autorización a la Convención Única de producir amapola para ayudar a reducir el desabasto crónico que padece el mercado mundial de salud.
Ambas autorizaciones deben obtenerse de uno de los dos organismos fundamentales de la Convención Única, la llamada Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la que México es miembro y en la que tiene un representante formal.
Gestionar y obtener las dos autorizaciones internacionales para producir amapola y sus derivados legalizaría de un golpe a los amapoleros mexicanos, preservando sus siembras y sus ingresos, y sustrayéndolos de paso del crimen organizado.
Daría una respuesta también a la alarma que domina hoy la política de drogas estadunidense hacia México, que es precisamente el auge de la exportación de heroína mexicana derivada de la amapola.
Una visión actualizada de este tema es Jorge Andrés Castañeda: “Opioides. Historia de dos crisis”, Nexos, julio 2018: https://bit.ly/2LgnUE4.
