Nunca he creído que el crimen organizado de México, el narcotráfico, o sus potentes derivados de hoy: huachicol, extorsión, secuestro, tenga el proyecto de competir por el poder político como tal.
Empiezo a pensar que esto no solo es posible, sino que está sucediendo hace algún tiempo en el orden local. Y en el más local de los órdenes, el orden municipal. Para mí, este es el sentido que tiene, o empieza a tener, la epidemia de ejecuciones de candidatos y funcionarios locales de los últimos meses.
Creo que expresan un cambio en las pretensiones políticas del crimen. No solo quieren ahora comprar al poder local, sino que quieren tenerlo en sus manos, o en manos de sus marionetas, y están dispuestos a matar para lograrlo, y para impedir que otros, sus adversarios, lo alcancen.
El próximo 1 de julio, 89 millones de mexicanos serán convocados a las urnas para elegir al Presidente y a quienes ocuparán otros 3 mil 400 cargos. Durante el proceso, el más grande en la historia del país, se han registrado 305 agresiones violentas. Entre ellas, 94 asesinatos de candidatos y autoridades locales.
Además, hay al menos mil candidatos que han renunciado a la contienda, entre otras razones, por temor a la violencia. 341 de esos renunciantes son candidatos federales que contendían por un lugar en el Senado o la Cámara de Diputados.
De modo que el pleito por la influencia local tiene también una franjita federal. Las renuncias de candidatos a cargos municipales y diputaciones locales son más del doble: 664.
“Lo que define este proceso electoral es que esta violencia se ha orientado a hacer a un lado a un candidato a través de medidas violentas, quitarle la vida, por ejemplo, o mediante amenazas”, dijo a EFE el director de la consultoría Etellekt, Rubén Salazar.
Si recuerdo bien, el interés típico del crimen organizado hace unos años, respecto de los gobiernos locales, municipales en particular, era que la autoridad les nombrara un jefe de policía y de transportes ad hoc que lo dejara hacer sus negocios.
Luego necesitaron también la anuencia de la autoridad para robar, extorsionar, secuestrar.
Después vieron que podían quedarse también con parte del presupuesto del municipio y de todos los recursos de la autoridad para universalizar el delito, literalmente como extensión del poder político.
Algo de esta lógica siniestra de apoderarse del poder político en las elecciones para poner la política democrática al servicio del delito es lo que se insinúa en la estadística de los candidatos y las autoridades locales muertas camino a las elecciones de julio.
Nunca he sentido tan cercana la competencia política por el poder con la competencia criminal por la impunidad.
