Vida y milagros
El agua en México ha sido declarado tema de seguridad nacional. Sin embargo en ninguno de los tres niveles de gobierno se ha honrado esta declaración con un presupuesto poderoso. Los recortes que se han hecho al capítulo mil, que es con el que se pagan los sueldos y salarios de quienes aplican el marco normativo del agua se ha disminuido año con año. Se ha recortado el gasto de la federación, y en estados como el de Puebla, el rubro llegó a ser casi de cero. Un gravísimo error estratégico. Ni que decir de los ayuntamientos, responsables de dotar de agua potable a sus gobernados. La mayoría carecen del mínimo personal e infraestructura para gestionar el agua y su tratamiento, aunque el artículo 115 Constitucional les da esa atribución.
En la revista Nexos de Julio de 2017 se abordó el tema de la gestión hídrica del país en Vida y Muerte del Agua, https://www.nexos.com.mx. En diferentes ensayos se explica la manera en que se encuentran minadas las instituciones del agua y también la necesidad de llevar a cabo toda una reingeniería de su gestión. Mientras la población de México se ha duplicado en 30 años, las vedas existentes sobre el agua tienen a muchísimas poblaciones abasteciéndose de pipas, la forma privada más cara de abastecimiento. Solo en la zona metropolitana de Puebla, una sola persona usa de manera ilegal pozos agrícolas para cargar las más de mil pipas de su monopolio. Municipios como Amozoc o muchas colonias marginadas de la metrópoli se mueren de sed y se abastecen así. La ilegalidad y la clandestinidad en el manejo de pozos han llegado a ser gigantesca e incontrolable. A los gobernantes suele regirlos la inmediatez y buscan como moscas a la miel los éxitos inmediatos, el largo plazo rara vez está en el radar. Cuando eso suceda deberíamos de reconocerlo y apoyarlo.
El tema de la semana ha sido la satanización de los decretos que firmara el Presidente Peña el día mundial del medio ambiente para cancelar vedas decretadas hace 40 o 50 años. No son los decretos y las leyes los que están mal, sino la debilidad presupuestal de las instituciones encargadas de aplicar toda la normatividad que tiene que ver con la gestión hídrica. Una medida necesaria sería enfocar a CONAGUA al área normativa y delegar la inspección a PROFEPA. Hoy CONAGUA es juez y parte en todo el proceso.
Con respecto a los decretos, Andrés Manuel ha dicho que de ganar, los derogará. Creo que no los han interpretado bien sus asesores y por lo mismo la declaración de derogarlos me parece simplista. Hay vedas que tienen más de 50 años y que dada la necesidad de cubrir la demanda de agua potable de la creciente población requieren levantarse, o se extraerá el agua desde la clandestinidad o irregularidad, el peor de los mundos. No es fácil entender este lío.
(La escasez de agua en Iztapalapa, en la ciudad de México. Foto de La Jornada)
Leí un artículo del Doctor en ciencias por la UNAM, Víctor Florencio Ramírez, especialista en gestión ambiental, recursos naturales, cambio climático y energías sustentables. En palabras muy sencillas explica por qué los decretos son necesarios y en qué estriba el valor de esta decisión. Con su autorización copio textual lo que él publicó en el diario https//24horas.com/2018 en su artículo "El mito grandioso de la privatización del agua"
Si algo le ha fallado a la presente administración federal y algún acierto ha tenido la oposición, ha sido el tema de la comunicación. El asunto de la supuesta privatización del agua no fue la excepción.
El cinco de junio el presidente Peña, en medio de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, llevó a cabo un cambio que se puedo aplicar conforme a derecho desde hace casi tres décadas: generar reservas de agua.
Varias cuencas en México estaban vedadas y no se podía usar su agua. Sin embargo la veda es restricción prácticamente total y evita, legalmente hablando, cualquier uso. Se decretaron cambios en la forma de regular para pasar de veda a reservas. Estas reservas significan algo clave, restricciones de uso que garanticen que en las cuencas haya agua suficiente para consumo humano y para garantizar la viabilidad de los ecosistemas que dependen de la cuenca.
Pasar de vedas a reservas no es fácil, requiere de una serie de estudios técnicos que permitan determinar el caudal mínimo para garantizar la conservación de los ecosistemas. Por eso en el cuerpo de los decretos se citan estudios y decretos de Áreas Naturales Protegidas en diversas categorías.
La medida moderniza las formas de manejo y administración del agua, garantiza la viabilidad de los ecosistemas y permite otras actividades que en muchos casos son necesarias para que las poblaciones que están alrededor de esas cuencas puedan salir de la pobreza.
¿Qué cierto caudal de la cuenca podrá ser concesionado? Sí, pero siempre se deberá mantener el caudal mínimo decretado en la propia reserva.
¿Que podrán usarla empresas extranjeras? Si, igual que nacionales, que comunidades, que ejidos y que cualquiera que requiera el agua para alguno de los fines que la ley prevé y que respete los decretos que regulan cada cuenca.
Ahora, todos estos actos están regulados en la Ley de Aguas Nacionales, donde está claro que la prioridad en el uso del agua es el Uso Doméstico y el Público urbano, y después, y solo una vez cumplido esto, se pueden otorgar otro tipo de concesiones (Artículo 14 BIS 5, Fracción XXII de la Ley)
Voy más allá, pues algunas de las acusaciones afirman que se concesionará el servicio público. ¿Es malo esto? No necesariamente. El gobierno del entonces Distrito Federal concesionó a principios de la década pasada el servicio público de agua con pésimos resultados. (Nota mía: Está concesionado el cobro desde la administración de Andrés Manuel y eso ha funcionado) En algunas ciudades como Aguascalientes, Cancún o Saltillo concesionaron el servicio, mejorando la eficiencia, disminuyendo pérdidas y garantizando la calidad en el saneamiento. Hay ejemplos de concesiones con buenos o malos resultados en todos lados. (Nota mía: las gestiones públicas del agua pueden ser muy buenas, como la de Monterrey, o pésimas, como lo fue por años la de la ciudad de Puebla, que hoy transita en una concesión cuya debilidad mayor es su opacidad).
Lo imperdonable no es abrir espacios a concesiones, sino limitar el acceso al agua a quien la necesite. Por ejemplo, las zonas de la ciudad de México donde los habitantes pagan más por el agua no son la zona de mayores ingresos, sino zonas como "El Capulín". En este asentamiento irregular en la zona cerril de Xochimilco, por 500 litros de agua de una pipa, pagan en promedio 500 pesos. Si adquieren una pipa a la semana, pagarían dos mil pesos al mes. En Aguascalientes, una familia con acceso a agua, saneamiento y servicio 24/7 paga al mes por 10 mil litros desde 83 hasta 319 pesos. Aún con el pago máximo, el agua sería 97% más barata que en las condiciones de "El Capulín".
Lo otro que no es ético es el uso político que se le da al tema. En este caso es como lanzar un boomerang que terminará por regresar y estrellarse en la cara. El desarrollo agrícola o industrial de las cuencas requiere de agua. Quien promueva el desarrollo de las cuencas y ataque los decretos con el argumento de la privatización está bloqueando los proyectos regionales de desarrollo social. ¿Lo tendrán claro?
Hasta ahí el artículo de Víctor Florencio. Creo que el problema no está en los decretos y las leyes sino en su aplicación. Las instituciones del agua en México se han debilitado al extremo. Derogar decretos y dejar que las cosas sigan como están sería un grave error de cálculo. No hay agua más cara que la que llega en una pipa, por cierto, de particulares, que toman agua de pozos clandestinos o destinados a otros usos. Lo importante será fortalecer a las instituciones de los tres niveles de gobierno y lograr la armonización presupuestal de manera que la rectoría del estado sobre el agua sea poderosa y eficaz y no letra muerta.
La priorización del gasto público para fortalecer las instituciones de gestión del agua será un reto mayúsculo para el gobierno federal entrante, que como todo parece indicar, no será priísta. Construir es muy complicado, derogar y desbaratar es fácil. Los decretos se hicieron con cuidado y paciencia y con la participación de lo mejor de la academia. Si van a derogar, ojalá nos digan qué piensan hacer después de derogar, en cuánto tiempo y cómo van a dotar de agua a las comunidades que no tienen acceso a ella. Que nos digan cómo piensan meter al aro a los gobernadores y presidentes municipales débiles o irresponsables para los que el tema del agua ha sido un tema desechable y menor.
Dos de Julio de 2018, bienvenidos nuevos gobernantes a la realidad de los retos y secretos del agua.
