El llamado paquete económico contiene, como ya se ha hecho costumbre, tres documentos: los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la Federación, y el Presupuesto de Egresos. Apenas el pasado sábado 15, el secretario de Hacienda entregó el correspondiente a 2019 al Congreso de la Unión y ya se ha desatado un amplio debate. Su importancia radica en que contiene las propuestas más importantes del nuevo gobierno en materia económica. Su análisis debería revelar no sólo cómo se piensa conducir al país el próximo año, sino también cuáles son sus ideas centrales, lo que podría llamarse el proyecto de nación que piensa llevar a cabo.
Una ojeada a estos documentos, en particular el de los Criterios, pues aquí se plasman las líneas centrales, muestran un proyecto ortodoxo y conservador que, al mismo tiempo, rompe con el pasado. Hay una combinación de todo ello que parece un tanto contradictorio. Veamos por partes.
La ortodoxia se refleja en su apego a los lineamientos de un déficit reducido, sin aumento de la deuda, y con una acentuada preocupación por mantener la inflación bajo control. Se calcula que ésta será menor que en 2018. La estabilidad macroeconómica se pone por delante. No hay, como se ha repetido muchas veces, nuevos impuestos, pero tampoco la intención de mejorar los ingresos haciendo más eficiente la recaudación fiscal o aumentando la exportación de petróleo. Al contrario, éstas serán, según el documento, ligeramente menores que este año.
Es también conservador porque sus expectativas son extremadamente cautelosas para todo el sexenio. El crecimiento económico será menor en 2019 y, lo que resulta muy sorprendente, tampoco se calcula un aumento significativo para los próximos seis años: apenas un 2.6 promedio anual, es decir una cifra exactamente igual al que se observó entre 2012 y 2018. En el caso de la producción industrial, los datos son más preocupantes pues ésta pasaría de un crecimiento de 3.7% en 2018 a 2.7 para el próximo año. Es decir, según Hacienda, la economía seguirá la inercia de los años pasados. La principal razón de este conservadurismo se achaca al entorno internacional. Caracterizado –se afirma– por una marcada incertidumbre, un elevado nivel de volatilidad financiera y una actividad económica mundial más moderada. En particular, en el caso de Estados Unidos, se calcula que su PIB se reducirá de 2.9 % al 1.9% promedio en los próximos años.
Hay también en el documento de las autoridades hacendarias un espíritu continuista pues por ejemplo en materia de empleo, el diagnóstico es muy similar al que hizo en su momento la administración de Enrique Peña Nieto. Reconocen un fortalecimiento del mercado laboral, apoyándose en datos como la caída de la desocupación abierta y la informalidad laboral. Pero desconoce, como muchos lo han (hemos) dicho, incluyendo el presidente de la República y su secretaria de trabajo, que el problema son los bajos salarios y la pobre calidad de los empleos. Sobre esto, no se dice una palabra.
La innovación radica en los 18 programas que suman un total de 251.6 miles de millones de pesos (mmp). Hay que decir, sin embargo, que esta cantidad significa el 4.3% del gasto neto total propuesto (lo que incluye la deuda y otros renglones como las participaciones a estados y municipios) y el 6.15% del gasto programable, es decir, aquel que efectivamente se ejerce por el gobierno federal. De ese tamaño es el verdadero cambio. Hasta ahí alcanzó.
Las 18 acciones previstas se pueden clasificar, en orden de importancia, en apoyos sociales (124.3 mmp = 49.4%); infraestructura (60 mmp = 24%); subsidios a la producción (23 mmp = 9%); y de apoyo al empleo con 44.3 mmp que representa el 17.6% del total de los recursos destinado a estos renglones.
El más costoso es el de Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores (100 mmp). No haya duda de que éste y el resto de los programas sociales mejorarán el nivel de vida de las familias beneficiadas. En cuanto al renglón productivo, debe recalcarse que una parte sustancial se destinará al sureste, la región más abandonada y pobre del país. En ambos casos, sin embargo, habrá que evaluar su impacto real en materia de combate a la pobreza y a la desigualdad.
Una mención especial merece el que se ha llamado Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata de un proyecto sin precedentes ya que se trata de becar en el lugar de trabajo a alrededor de 2 millones de jóvenes por seis meses por un monto de 3 mil 600 pesos mensuales (aunque estaba previsto para 2.6 millones de becarios). El programa puede ser muy exitoso y lograr resolver uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, el desempleo juvenil, pero también tiene riesgos pues puede servir solamente para subsidiar a las empresas sin crear plazas de trabajo estables; o podría utilizarse incorrectamente para que los jóvenes realicen tareas que no les proporcionarán una calificación certificada que les permita continuar su carrera laboral en el mercado de trabajo.
Desde luego, el financiamiento de estos proyectos ha requerido un recorte de otros rubros del gasto. Particularmente, se ha mencionado el caso de las universidades. La pregunta entonces es si destinar fondos para becas escolares y para construir nuevas universidades (con un modesto presupuesto), justifica la poda a los centros educativos ya establecidos.
Dada la importancia que le ha otorgado el presidente López Obrador, podría suponerse que los 18 programas anunciados tendrán un impacto sustantivo en el desarrollo económico, ya sea porque habrá un mayor consumo de los hogares o por la ampliación de la infraestructura productiva. Podría incluso aceptarse que sus repercusiones se reflejarán, principalmente, a largo plazo. Pero, como hemos visto, Hacienda piensa lo contrario. En los próximos seis años, la economía seguirá más o menos las mismas pautas, el mismo rumbo y el mismo ritmo. Los cambios, por lo menos en términos cuantitativos, serán menores, como puede deducirse de la lectura del capítulo 4 de los Criterios. Aunque se anota que las cifras se pueden ajustar cuando se presente el Plan Nacional de Desarrollo, por lo pronto se prevé una caída del gasto público a lo largo del sexenio, incluyendo el programable y, lo más preocupante, en especial el de inversión (que caería del 3% del PIB en 2018 hasta 2.3%).
Estas proyecciones quizás estén destinadas a tranquilizar a los inversionistas del mercado financiero, tratando de demostrar que el gobierno actuará responsablemente a lo largo de los seis años. O podría ser una forma de darle tiempo al tiempo, confiando en que la realidad será más exitosa que los proyectos plasmados en el papel. Pero también es posible que tengamos una visión conservadora y excesivamente cautelosa por parte de los responsables de la Secretaría de Hacienda. Ello querría decir que no saldremos de nuestras principales desgracias: desigualdad, pobreza, malos empleos.
Lo anterior, me parece, debe llevarnos a una conclusión: la estrategia tiene que fortalecerse con nuevas medidas, principalmente una nueva, profunda y progresiva reforma fiscal. La oposición se ha dividido en su crítica al paquete: unos dicen que se trata de un proyecto demasiado optimista sobre todo en lo que se refiere al cálculo de los ingresos y el manejo de la deuda. Otros recalcan que se ha quedado corto frente a las promesas de campaña. Se trata en el primer caso de una apreciación equivocada y en el segundo de un juicio parcial, pues no toman en cuenta los nuevos programas. Lo cierto, sin embargo, es que los documentos de Hacienda dan pie tanto a la decepción como a la esperanza.
Todos podemos equivocarnos, se dice comúnmente. En este caso, esperemos que Hacienda lo haya hecho al calcular sus proyecciones a largo plazo. Podría suceder también que, viendo que sus datos se confirman y las cosas no cambian, acepte que el error está en el proyecto mismo y entonces se decida cambiar la estrategia. Ya lo veremos en los próximos meses. Apenas estamos empezando.
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