Según las últimas informaciones divulgadas por la prensa, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está avanzando aunque no sabemos si concluirá pronto y cuáles serán sus resultados. Vale la pena entonces adelantar algunas reflexiones sobre la relación entre la integración económica del país a la economía mundial y los avances de nuestra democracia. ¿Hay alguna relación? Esa inserción ¿puede servir para alentar el cambio político o, al contrario, para inhibirlo?
Para discutir este asunto recurrimos a un breve escrito del economista turco y profesor de la Universidad de Harvard, Dani Rodrik, quien en 2007 propuso lo que llamó un trilema, una encrucijada con tres opciones que se convierte, según sus propias palabras, en un teorema sin solución (disponible en http://rodrik.typepad.com). Lo que plantea, en síntesis, es que la democracia, la soberanía nacional y la integración económica global son incompatibles. Se pueden combinar dos de estos elementos, pero no se pueden tener los tres plena y simultáneamente.
Una de las razones más importantes es que las políticas y las regulaciones de los estados nacionales se riñen con una adhesión plena a la economía global. Frente a ello, una opción consistiría en que los gobiernos de cada país respondan sólo o principalmente a la globalización, pero ello supone sacrificar los objetivos o metas domésticos. Por ello, esta opción es incompatible con la democracia. En realidad, este camino, con diversos matices es el que ha predominado en casi todas las naciones durante las últimas décadas. Su costo político ahora, sobre todo después de la crisis mundial de 2008, es evidente.
Otra posibilidad sería tratar de construir un sistema democrático basado en un federalismo global que permita alinear las decisiones políticas con las necesidades de la integración a los mercados internacionales. Esta opción, sin embargo, ha resultado muy difícil de hacerse realidad incluso entre países similares. Tal es el caso de la Unión Europea. Existe un Parlamento y varios órganos de gobierno comunes, pero sus decisiones y acuerdos han sido criticados por que no representan el sentir y las necesidades de todos sus ciudadanos. Frecuentemente, se imponen los intereses de los países más fuertes.
El tercer camino consiste en atemperar la relación con la economía global como sucedió con el régimen de Bretton Woods que estuvo vigente desde la segunda posguerra hasta los años setentas y que impuso controles a los flujos de capital y al comercio mundial. Se alcanzó una globalización menor, pero las naciones gozaban de una soberanía nacional más amplia.
En conclusión, dice Rodrik, si queremos mayor globalización debemos o bien sacrificar la democracia o la soberanía nacional. Pretender que las tres cosas se pueden lograr simultáneamente no lleva a ningún lado.
Por su parte, en un ensayo publicado recientemente en Project Syndicate, Kemal Davies y Caroline Conroy (disponible en www.project-syunidcate.org), retomando la encrucijada de Rodrik, propusieron explorar el tema de una política global. Según ellos, el avance de la integración económica mundial ha sido implacable a través del comercio y la migración de personas. Sin embrago, el sistema internacional sigue siendo una colección de economías nacionales que responde a las políticas domésticas en materia de tributación, gasto público y regulación.
Para resolver esta contradicción se requieren entonces instituciones y regulaciones globales como las que ya existen a cargo del FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OMC (Organización Mundial de Comercio) así como del Banco Mundial y los organismos de Naciones Unidas.
Sin embargo, hasta ahora, las contradicciones entre las políticas y regulaciones domésticas y las que dictan los organismos multilaterales no sólo no han conciliado los propósitos de unos y otros. También han generado una amplia insatisfacción ciudadana. De este malestar surgen respuestas como las de Trump, proponiendo un nacionalismo de nuevo tipo que lejos de intentar fortalecer las instituciones internacionales pretende desmantelarlas con la intención de eliminar cualquier tipo de regulación. La UE sigue una línea opuesta, tratando de alentar sus propias normas, pero también se ha quedado corta en algunos asuntos que tienen que ver con la fijación de estándares que afectan a diversas naciones.
Un ejemplo de esas fallas consiste por ejemplo en permitir que las empresas multinacionales paguen pocos impuestos, lo que exacerba la desigualdad y debilita los presupuestos públicos. Sólo una cooperación y regulación internacional permitiría atacar este problema. Lo mismo sucede con el cambio climático.
Se requiere entonces fortalecer y sobre todo crear nuevas instituciones mundiales. Ello mediante un debate que lleve a un acuerdo que permita el ejercicio de una política global bajo un nuevo concepto de democracia. Por otro lado, una regulación mundial sin instituciones internacionales legítimas implicaría el fortalecimiento de sistemas políticos autoritarios, lo que resulta inaceptable.
En síntesis, según este último artículo, Rodrik propone menos globalización y más democracia, mientras que Trump desea fortalecer el nacionalismo debilitando tanto los valores democráticos como la globalización. Por ello, concluyen, el desafío del siglo XXI es construir una nueva política global que reciba un amplio consenso democrático.
Transportemos este debate a la situación de México. Durante los últimos 35 años nuestra incorporación a la economía mundial (vía TLCAN) ha sacrificado los intereses del Estado nacional y de los mexicanos en materia sobre todo de trabajo, salarios y condiciones laborales, pero también en lo que toca a su diversificación comercial y en su potencial de crecimiento. Incluso ha influido en la estrategia contra el crimen organizado. De esta manera, también se afectaron las instituciones democráticas. Se logró un régimen de alternancia, pero se debilitó la capacidad del Estado para atender el bienestar y el mantenimiento de la paz. Nuestro caso es ejemplar para ilustrar la encrucijada de Rodrik: de las tres cosas, soberanía nacional, democracia e integración económica, se escogió darle prioridad a la última en detrimento de las dos primeras.
¿Cuáles podrían ser las opciones ahora? La estrategia Davies-Conroy significaría fortalecer al TLCAN creando instituciones trilaterales más fuertes, pero ello parece casi imposible con el gobierno de Trump, sobre todo en el caso de problemas fronterizos como la migración y el tráfico de drogas y armas.
En nuestro caso, aquí y ahora, la opción Rodrik parece más adecuada: modular la anexión que nos ata al TLCAN, tratando de ganar cierta margen de soberanía nacional con el objetivo de atender mejor los objetivos del Estado nacional y de los mexicanos. Ello, a su vez, fortalecería el consenso político y la posibilidad de un cambio para abatir la desigualdad, la pobreza y la violencia que azotan a nuestro país.
Una tercera opción consistiría en construir un gobierno nacional más fuerte y soberano, pero menos democrático y casi completamente aislado de la economía mundial. Creo que esta opción debería descartarse.
La posibilidad de modular nuestra integración económica significaría una renegociación del TLCAN exitosa que elevara, entre otras cosas, los estándares en materia laboral. Sin embargo, quedarían pendientes los otros temas de la agenda bilateral: migración y regulación de enervantes.
Esta opción, por lo tanto, aunque sea la más recomendable, deja abierta la posibilidad de un conflicto con el gobierno actual de Estados Unidos, con o sin un TLCAN renegociado.
El tamaño y complejidad de la querella lo veremos en los próximos meses, quizás semanas. En cualquier caso, estaremos mejor preparados para ello si contamos con un gobierno dispuesto a defender la democracia antes que la integración económica a toda costa, y que cuente, por lo tanto, con el respaldo de los mexicanos.
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