Los invitamos a navegar por la página de internet de la Secretaría de Cultura. Al iniciar el viaje, el internauta podrá darse cuenta de que, a un año y meses de haberse constituido, en medio de una polémica que nunca debió de haber dejado el tono de denuncia con que llamó la atención antes y durante su creación, la secretaría no es más que un cascarón vacío. (Hay más información acerca de la misma en Wikipedia.) Ni siquiera se pretende definir el objeto que le da nombre, ya que la cultura no les interesa a quienes han estado detrás de este proyecto, excepto como un medio para obtener sus fines particulares. Ya Rafael Tovar y de Teresa, y ahora la actual directora, María Cristina García Cepeda, han centrado sus esfuerzos en darle coherencia y definición a este perverso ente burocrático que se está tragando el trabajo y los esfuerzos de décadas de miles de trabajadores de la cultura. Pero, como siempre, para nuestros gobiernos, federales y locales, la cultura es lo de menos…
Las palabras del titular de la SEP, Aurelio Nuño, entre el 5 y el 10 de diciembre, retumban como eco hoy en día: “es de tal demanda el trabajo educativo con un sistema educativo de estas dimensiones, que es imposible que el secretario de Educación dedique el tiempo que requiere algo tan importante como es la cultura”; “antes de discutir la situación de la cultura en el país y de organizar foros de discusión, es necesario aprobar la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en una nueva secretaría”; “la creación de una Secretaría de Cultura se propone sin afectar los derechos de quienes trabajan en las diversas instituciones culturales del estado; sin crear más burocracia, y sin que haya mayor carga a los contribuyentes”.
Por medio de una prestidigitación tramposa, el secretario Nuño en esos días, “recordó que en 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública nació el proyecto del binomio educación-cultura, y planteó que no se puede entender a la educación sin la cultura y a la cultura sin la educación”. Para posteriormente agregar, “salgamos ya de esta trampa burocrática, construyamos el marco jurídico que se deba construir, pero hagámoslo ya con una Secretaría de la Cultura que pueda coadyuvar en esa discusión y tener un liderazgo que no tenemos; si queremos un diálogo abierto con la sociedad y tener foros, hagámoslo, pero con una Secretaría de la Cultura que tenga la fuerza para poder convocar”.
Brillantes decisiones. (Foto tomada de aquí.)
En la revista Proceso, el 10 de diciembre de 2015, ocho días antes de que se anunciara la aprobación de la secretaría —de manera unánime por parte del poder legislativo—, Sabina Berman escribió: “La nueva Secretaría de Cultura tiene en común con el fantasma de Canterville la extensa fama y la incertidumbre sobre su realidad material. Como del fantasma en tiempos idos y en otras latitudes, de la tal Secretaría se ha hablado mucho los últimos meses, en tertulias de artistas, páginas editoriales y secciones de arte, en el mismo Congreso de la Nación, pero nadie ha visto de ella siquiera un perfil, o al menos la sombra furtiva de un perfil. Mucho menos un proyecto.” Y la misma periodista termina: “Cambiarle el nombre al Conaculta por Secretaría de Cultura y no formular un plan de cultura tendrá como efecto nada.”
Mariela Arrazola, en su articulo “Las trampas de la Secretaría de Cultura, el 24 de diciembre del 2015, en la página Consultario: Suplemento de Cultura —que puede consultarse aquí— escribió:
La Secretaría de Educación Pública (SEP) se creó en 1921. Posteriormente, en 1939 se instaló el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y hasta 1946 el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), primeros intentos por gestionar la cultura y, de manera tangible, el patrimonio en nuestro país. Mientras que el INAH vela por el patrimonio anterior al siglo XIX, el INBA se encarga del patrimonio creado a partir de entonces. No obstante, según la propia página oficial del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) es hasta el 7 de diciembre de 1988, a pocos días de comenzar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que el gobierno de la República decreta, según el Diario Oficial de la Federación, la creación del Conaculta y en dicho decreto, supuestamente, se afirma que es un órgano administrativo desconcentrado de la SEP. No obstante, según consta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 38, en realidad todas las tareas relativas a la gestión de la cultura siguen recayendo en la SEP (ni se menciona el Conaculta). Así es que lo primero que habría que preguntarse de manera seria es: ¿entonces no sirvió desconcentrar al Conaculta de la SEP? O ¿por qué no se hizo bien el cambio jurídico desde entonces? No vi que alguno de los diputados o senadores se diera a la tarea de hacer esta pregunta, por cierto.
El 21 de marzo de 2017, se anunció que la Secretaria de Cultura tiene para 2017 un presupuesto de 12 mil 500 millones de pesos, lo que representa 18.5 por ciento menos que el año pasado cuando fue de 15 mil 200 millones. A pesar de ello, la titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda, aseguró que los programas sustantivos de todas las áreas están plenamente garantizados. El periódico Enfoque registra que
La responsable de la política cultural del país explicó que ante los tiempos de crisis y adversidad que viven México y el mundo, la Secretaría de Cultura federal ve este panorama como una oportunidad para optimizar recursos, hacer más con menos, y llevar el beneficio del quehacer, la promoción y el disfrute de la oferta artística y cultural a más mexicanos. Durante la exposición de datos duros en la sede central de la dependencia, García Cepeda refirió que la reducción presupuestal no afectará los programas regulares de la secretaría a su cargo y para ello, presentó cuatro ejes rectores que guiarán su plan de trabajo 2017-2018 y con ello, cumplir los compromisos que se tienen con México. Detalló que los ejes rectores son “Cultura, un derecho con libertad”, que impulsa el desarrollo artístico y el respeto a la libertad creativa, protege los derechos de autor, pone a las niñas, niños y jóvenes en el escenario cultural, y fortalece al libro, la lectura y los lenguajes digitales. Este primer eje, subrayó, unirá de mejor forma a todos los mexicanos, sin distingos. García Cepeda dejó ver que el objetivo es ampliar los beneficios del arte y la cultura con diversidad, inclusión y pluralidad, a fin de contribuir al desarrollo integral del país, y para ello, los seis institutos con que cuenta la Secretaría de Cultura federal reafirman, con hechos, la importancia de la cultura dentro del proyecto nacional.
Así las palabras huecas de nuestros funcionarios de cultura, que repetimos, traen como eco las de aquel soberbio Aurelio Nuño, en diciembre de 2015.
Para terminar, los diputados de este país, tan conocedores y expertos en la materia, de manera expedita se dieron a la tarea de subsanar un “error” en sus gestiones con respecto al reglamento interno de la Secretaría de Cultura (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de noviembre de 2016 y que merece un texto aparte). Rápidos como son en las tareas de legislar y para corregir el “olvido”, el 27 de febrero del presente, supimos por los medios impresos y electrónicos, que redactaron una reforma a la ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, a través de la cual se transfirió a la Secretaría de Cultura la responsabilidad de preservar el patrimonio material y cultural mexicano. Por unanimidad de 417 votos, se avaló la reforma a varios artículos de ley federal sobre Monumentos, para quitar estas funciones que se otorgan a la Secretaria de Educación Pública y que se los diputados omitieron cuando aprobaron la creación de la Secretaría de Cultura”. Esto —explicó la docta diputada del PAN Genoveva Huerta al fundamentar el dictamen que los llevó a proponer este asunto— “Tiene la intención de reformar el ordenamiento jurídico que regula la protección, conservación, difusión e identificación de los monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas de la nación… para armonizarla con la legislación vigente, transfiriendo a la Secretaría de Cultura las facultades que tenía en dicha ley la Secretaría de Educación Pública”. El dictamen se turnó al Senado para su validación.
A la lista de una sociedad aplastada y angustiada, gobernadores prófugos, estudiantes desaparecidos, periodistas muertos, migrantes en la ignominia, trabajadores disminuidos, profesores acosados, políticos voraces, agregamos ahora ¡la de la futura pérdida del patrimonio nacional!
Es hora de que los mexicanos y no sólo los trabajadores de la cultura, entre ellos los del INAH, conozcamos lo que está sucediendo. El tiempo apremia.
