Tengo la sospecha de que la desafortunada iniciativa del presidente municipal de san Andrés Cholula y su auxiliar en Tonantzintla de “remodelar” la placita frente a la iglesia y las calles aledañas, retirando el empedrado, derribando el puente de piedra y la torrecita con el reloj construida al lado, mancuerna que le daba un toque singular a ese espacio al que ya nos habíamos acostumbrado todos, responde a una torpe y equívoca idea de traer el “progreso” a esta pequeña localidad que, para su desgracia, ha sido también designada como “Pueblo Mágico”. Me parece que estamos ante una reedición ¡una más! de las ideas decimonónicas de los liberales de los siglos XIX y XX que simulaban su desprecio por la cultura propia en nombre del desarrollo y el progreso.

Hay un persistente afán en los funcionarios públicos de los ayuntamientos por desindianizarse, por deshacerse de todo aquello que pueda remitir a lo indígena, a la cultura local, a lo pueblerino, pues todo ello se considera como una degradación, como sinónimo de atraso, de ignorancia y atavismos ancestrales, cuando lo que se desea es “mejorar”, “avanzar” y “progresar”, en un sentido que no puede ser generado por la propia cultura, sino que necesariamente debe venir de fuera, de los focos de desarrollo que emanan su luz desde las naciones que ya han demostrado ser la mejores, las más desarrolladas y civilizadas.

Me parece que esto es lo que explica la falta de consulta a los habitantes de Tonantzintla sobre el futuro de sus espacios públicos. ¿Para qué consultar a la gente si las autoridades que se empeñan en modernizar su vida saben que se van a oponer a los cambios que se les proponen? Mejor se toman las decisiones arbitrariamente, se actúa derribando y destruyendo lo que queda del pasado y luego se les informa a los habitantes que se trata de mejorar sus hábitos y costumbres por su propio bien. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Santa María Tonantzintla con la idea de introducir un Barrio Smart en el centro del pueblo. Pero ¿Qué es eso de Smart City? Yo, la verdad, no le había puesto atención hasta que explotó el problema en Tonantzintla. Busco en internet y encuentro lo siguiente:

“El concepto de la Smart City ha surgido como una alternativa que persigue afrontar los problemas de la ciudad con una visión integral y conectada…”

Esta primera frase es engañosa al presentarse como una novedad, ya que una visión integral y “conectada” para resolver los problemas urbanos ha existido desde las viejas ciudades en Mesopotamia, Egipto, Teotihuacán, Chichen Itzá, Machu Pichu entre otras del mundo antiguo. Sigo leyendo:

“Actualmente más de la mitad de la población vive en zonas urbanas, cifra que se espera que aumente hasta el 70% en 2050. Además, al día de hoy, el 70% de la riqueza global se genera en las ciudades.

“Es por esto que las políticas y esfuerzos presupuestarios dedicados por los gobiernos centrales en las ciudades está aumentando significativamente en un gran número de países, al considerarse éstas como los motores básicos del crecimiento económico. Si nos centramos en la Unión Europea, actualmente más del 60% de la población vive en ciudades, generando 85% de la riqueza de acuerdo con el Green Paper on Urban Mobility (EC, 2007).”

Es decir, se considera a las ciudades como el núcleo de los grandes negocios que atraerán inversiones y presupuestos gubernamentales cada vez mayores. Es decir, se fomentará cada vez más el crecimiento urbano a costa de sus entornos rurales. Lo que traducido a nuestra región significa que se acelerará al máximo la desaparición de los campos de cultivo, la especulación y rapiña inmobiliaria, la extinción de lo poco que queda en la producción de hortalizas, huertos, milpas y la consecuente degradación de nuestra gastronomía.

“Desde el punto de vista económico, las ciudades tienen el potencial de producir sinergias y aumentar los rendimientos de escala, lo que las hace tremendamente eficientes, permitiendo a sus habitantes tener grandes oportunidades de desarrollo. La ciudad es por definición un sistema inteligente que tiene como objetivo mejorar la eficiencia económica y la calidad de vida de las personas que habitan en ella.

“A medida que las ciudades crecen, también aumentan el coste para hacer frente a las necesidades básicas de la sociedad y la presión ejercida sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Las ciudades consumen más del 75% de la producción de energía mundial y generan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este marco y gracias a las innovaciones tecnológicas surge el concepto de Smart City como una herramienta para conseguir ciudades más eficientes y sostenibles”.

En pocas palabras, la atención está puesta en procurar el bienestar de los habitantes de las ciudades y generar estrategias de desarrollo urbano para lograrlo. ¿Y la población conurbada que hasta hace poco se dedicaba, o en buena medida todavía se dedica a las labores del campo?

La respuesta es: la creación de un “Sistema Holístico”. Veamos:

“La Smart City o ciudad inteligente se define como un sistema holístico que interactúa con el capital humano y social utilizando soluciones basadas en las TIC (¿?). Su objetivo es lograr el desarrollo sostenible y la calidad de vida en la ciudad de forma eficiente, basándose en la cooperación entre distintos agentes articulados por la municipalidad.

“En este contexto, las Ciudades Inteligentes se presentan como una solución para lograr un desarrollo urbano más sostenible al tiempo que aumenta la calidad de vida de sus ciudadanos a través del uso de las nuevas tecnologías”.

Al definirla como un sistema holístico la Ciudad Smart se define como un sistema que lo abarca todo, pero en nuestro caso, el de Puebla, a juzgar por lo que estamos presenciando, esa integración privilegia la expansión de los grandes negocios urbanos en las zonas semi-rurales como Tonantzintla, cuyos habitantes ahora pasarán a ser “capital humano y social”, o “agentes articulados por la municipalidad”, según la sabia terminología de este proyecto. Pero ¿Con qué intención pasan a ser capital humano y agentes articulados? Con el propósito de “aumentar su calidad de vida a través del uso de nuevas tecnologías”. ¿Y con ese propósito -nos preguntamos todos- tiraron un pequeño y lindo puente de piedra, que acompañaba modestamente a una simpática torrecita que tenía un reloj con cuatro carátulas marcando el paso del tiempo en el pueblo? ¿Se tomaron la molestia las autoridades gubernamentales y municipales de preguntarle a la gente que vive en Tonantzintla si quería que derribaran SU puente y SU torre? ¿En dónde queda, ya no digamos “la integración holística”, “la sociedad participativa y equitativa”, sino la más elemental decencia y el respeto a los demás?

Otro gran desacierto será la reubicación de los puestos donde se venden tlacoyos, quesadillas y chocolate batido. Sentarse en un banquito a comer y beber esas delicias mirando la placita y la iglesia era formidable, toda la gente de Tonantzintla lo sabe, y las decenas de visitantes que llegan diariamente lo saben, entonces ¿con qué derecho se priva a todo mundo del placer de estar ahí? Todo esto parece insignificante, pero no lo es. La organización de un hábito callejero generado por la propia sociedad es valiosa en sí misma porque se hizo con cierta autonomía, libertad e iniciativas personales. Irrumpir en ese pequeño orden arbitrariamente para desorganizarlo sin consultar a nadie es un abuso de autoridad, por decir lo menos. Se habla todo el tiempo de progreso y modernidad sin respetar la primera condición de la modernidad que consiste en CONSULTAR a los habitantes de un lugar sobre los proyectos que afectarán sus vidas, poco o mucho, no importa.

La señora Pilar Conesa, promotora del proyecto de las ciudades smart, mencionó que uno de los grandes desafíos consiste en crear sociedades más equitativas, participativas y sustentables para crear las ciudades inteligentes que requieren los habitantes, ¿quién puede estar en desacuerdo con este propósito formulado así, de manera abstracta? El problema es que para comenzar a lograrlo se necesitan funcionarios inteligentes, la sociedad y su sentido común ya lo son, ahora falta que tengan cuidado en la elección que hacen de sus gobernantes.

La insurrección de Tonantzintla contra el proyecto de Smart City/Primera parte

El acoso de los modernizadores llegó a Santa María Tonantzintla. En “Barrio Smart” se convertirá el pueblo, le han dicho a la gente. Luego Smart City llegó de la mano de la maquinaria del ayuntamiento para levantar el empedrado de las calles y destruir el puente plantado en el centro de la plaza. Con un detalle: se olvidaron de tomarle su parecer a los pobladores.

Y con una consecuencia: la asamblea popular realizada la mañana del miércoles 31 de enero expulsa el proyecto Smart City del pueblo.

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Miércoles 31 de enero en la Casa de la Cultura “Tonantzin”. Asamblea popular para tratar el tema Smart City y las obras que realiza el gobierno de San Andrés Cholula. El presidente Paisano prometió llegar a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 y luego cuarenta minutos después. Nunca llegó. Dieron la cara por él los secretarios de Gobierno y Obras Públicas.

En Santa María Tonantzintla primero hablan las mujeres. Bravas, pero certeras.

“Yo me muero cuando Dios diga, no cuando ustedes quieran”, dice en un giro que la asamblea de pobladores de Tonantzintla le celebra con un aplauso nutrido.

“El presidente auxiliar Huepa nos llamó viejas chismosas… ¿Creen que por soy enana no tengo derechos?” increpa Mercedes Tecuapetla, una mujer diminuta con dotes oratorias probadas por su formación de actriz.

“Queremos nuestro pueblo como estaba, que dejen las calles arregladas para Semana Santa”, afirma una más desde el fondo de la galería.

“Queremos progreso, pero un progreso que piense en la comunidad”, le dice muy serena Verónica Técuatl al Secretario de Gobierno de San Andrés Cholula. Y subraya: “Una comunidad que no fue consultada, que no fue informada, esa comunidad les dice claramente que no quiere el proyecto de Smart City,”

“¡Y nada de cambiarle el nombre al pueblo, qué barrio Smart ni qué nada, somos de Santa María Tonantzintla!”

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Todos con Tonantzintla es el sitio de Facebook en donde los pobladores de Santa María Tonantzintla han encontrado el mecanismo de vinculación de su movimiento. Rescatamos fotos y textos publicados por ellos en los últimos días para dar cuenta del proceso de organización que ha vivido la comunidad a partir de la imposición de una obra por el ayuntamiento.

Volante publicado en Todos con Tonantzintla:

Qué es lo que pasa en Santa Maria Tonanzintla según nuestro presidente de la junta auxiliar.
¿Crees que la información suficiente? ¿Responde las demandas de información de la comunidad? ¿San Andrés Cholula comunica la información a la presidencia auxiliar?
¿Responde las dudas sobre la rehabilitación de la explanada o sobre Barrio Smart?
¿Es la respuesta que merecemos?

La invitación a la asamblea del 31 de enero:

Los esperamos hoy a las 11 a.m. en la explanada de la iglesia de Santa María Tonantzintla. Donde hasta el momento tenemos confirmada la presencia de la Secretaria de Obras Públicas de San Andrés Cholula para aclarar sobre las obras que se realizan.
Existen +30 obras en Plan de Desarrollo municipal 2014 -2018. ¿Cuáles ya se hicieron? ¿Cuáles se están realizando? ¿Cuáles no se van hacer?

En la puerta de la presidencia auxiliar de Santa Maria Tonantzintla se encuentra pegada la información sobre el proyecto "Rehabilitación de la explanada de Santa María Tonantzintla" donde elInstituto Nacional de Antropología e Historia no autoriza que se derribara el puente. El ayuntamiento de San Andrés Cholula en los escritos omité el puente pero si menciona la cruz y el reloj. ¿Por qué?

San andres dice que ya apoyo a las iglesias de tonanzintla para su reconstruccion
Y hay gente de la iglesia que pide hasta 1000 pesos por familia para reconstruir iglesias
Quien miente ????

Se convoca a toda la comunidad Santa Maria Tonantzintla el día miércoles 31 de enero a las 10:00 am en la explanada principal en Tonantzintla a la reunión informativa que se llevará acabo con Leo Paisano Arias, quien se comprometió dar información relacionada a distintas obras que se están realizando.
Así como de los donativos que ha realizado el Ayuntamiento de San Andrés Cholula para la remodelación de la(s) iglesia (s) debido al terremoto 19 de septiembre.

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Leonciio Paisano nunca llegó a la asamblea. Era de esperarse, y la gente lo sabia. De ahí los gritos (¡No va a llegar!) y las posturas de los pobladores de terminar la asamblea sin escuchar a los funcionarios de Gobernación y Obras Públicas del ayuntamiento de San Andrés. Entre jalones, finalmente un arquitecto de la oficina municipal hizo un esbozo del proyecto: fue en respuesta a la solicitud del presidente auxiliar Juan Manuel Huepa que se propuso realizar mejoras en el orden urbano; junto con Desarrollo Urbano, la oficina de Obras Públicas hizo los estudios de movilidad y definición de espacios; la idea de Barrio Smart se sumó después, y se refiere fundamentalmente al equipamiento (mobiliario, luminarias, señalética, aparcaderos, reordenamiento de vialidades, remozamiento de fachadas, digitalización, etc). El proyecto de reordenamiento se le presentó al presidente auxiliar y a los fiscales y algunas otras personas.

De este último elemento no se bajaron los funcionarios: ellos cumplieron con presentarle el proyecto a Juan Manuel Huepa, el presidente auxiliar. Y ese es justamente el elemento que les reclaman en la asamblea: que la información nunca se presentó cabalmente al pueblo. La destrucción del reloj y del puente en la plaza fue lo que provocó el descontento. Y que de la noche a la mañana les dijeran que se olvidaran de contemplarse como pueblo. Serán Barrio Smart, les dijeron.

Oscar Palacios, el Secretario de Gobierno Municipal de San Andrés, en un acto difícil de escuchar de un funcionario público, se confiesa con la gente, que primero lo escucha absorta, y luego lo abuchea:

"Hubo errores de nuestra parte --dice--, eso es evidente. Les pido una sentida disculpa..."

Y ante el descontento está a punto de perder la cabeza:

"Yo les pido respeto --alcanza a decir--. Sí, sé que con disculpas no se arregla nada, pero discutámoslo, hagan sus sugerencias, pero si no quieren, nos retiramos."

Su colega secretario, el ingeniero Alfredo González, a cargo de las obras, no se quiere ir tan rápido. Piensa en los meses que le quedan para terminar, y en sus cuentas, ya en junio tiene que estar terminando el trabajo, pues en octubre, olvídenlo, acuérdense que es el último año. Bueno, si no quieren Smart City, pues no se hace, pero eso no impide que se terminen las obras de mejoras.

Y vuelta a la discusión: qué obras. Y por qué no consultaron. A quién le preguntaron.

All final, ya que se ha acordado una nueva reunión para el jueves a las 6 de la tarde, Oscar Palacios discute con Verónica Técuatl y otros pobladores. En su enojo deja ver que el tema de Smart City sí que lo tienen metido en la cabeza los funcionarios de Leoncio Paisano.

¿Cómo mirar este hecho? ¿Por qué en Puebla no se puede desarrollar una obra pública que, en palabras de los de Tonantzintla, signifique progreso con respeto a la comunidad? ¿Por qué los gobiernos que tenemos en Puebla imponen así sus iniciativas? ¿Por qué una idea que puede ser buena padece tal rechazo de una comunidad?

En la libreta de reportero apunto este párrafo frente al fracaso de los funcionarios de San Andrés por hacer entender a la gente su proyecto: Smart City es algo que compran los políticos poblanos en revistas y congresos. Todo viene aderezado con palabras muy vendedoras: gobernanza digital, construir el futuro, sostenibilidad, innovación para el bienestar humano, ciudades para la vida, nuevos modelos de gestión pública, empoderamiento ciudadano y gobierno abierto, resiliencia y seguridad, movilidad y planificación urbana. Supongo que todo esto se necesita. Pero cuando volteas a la realidad, qué encuentras: los Paisanos, los Morenovalles, los Galis, los políticos concretos, con sus usanzas y sus asesores, con su afán de aparecer lustrosos en revistas que pagan del erario.

Y luego todo termina en una asamblea así, con las personas de una comunidad a la que no le gusta este trato enojadas con la autoridad, como todavía la llaman.

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Esta historia se contará en varios tiempos: lo sucedido este miércoles, con la secuela de lo que ocurra en la nueva asamblea acordada para el jueves 1 de febrero a las 6 de la tarde, en la que los funcionarios del gobierno de Paisano explicarán las obras de mejoras –así le llaman—iniciadas en noviembre pasado; lo ocurrido en estos dos meses que derivó en la asamblea en la que formalmente se rechazó el proyecto Smart City, y que se resume en una frase simple, la insurrección de las mujeres.

Un tercer tiempo será el resultado de esta movilización popular: la posibilidad de construir un mejor pueblo desde la participación democrática de sus habitantes.

20 de Noviembre, así se llamará la colonia si su paracaidismo tiene éxito.

Una más en esta historia irrefrenable del desorden urbano y la precariedad humana. Una más a la cuenta larga de lo que llamamos gobierno en una ciudad que se ha comido sin pudor alguno la reserva de tierra campesina en los últimos cuarenta años para dar lugar a este territorio del caos que llamamos ingenuamente Angelópolis.

Puedo entender esta historia desde las dos bebés de uno y dos años que juguetean en una carretilla bajo la sombra que su abuela y su madre, una muchacha de no más de veinte años, han dispuesta afuera del cuartito de dos por uno y medio metros armado con maderas y cobijas. Hoy no pasarán la noche en el cuarto de renta en la colonia Valle del Paraíso, a la orilla del río Atoyac 1.7 kilómetros avenida abajo. Aquí pasaran la noche, y puedo imaginar el sonrojo quebradizo de sus mejillas en la madrugada y las preguntas que guardarán para el futuro. Mientras, la abuela me dice que busque yo a un joven de camisa roja, él es el representante, el que anda apuntando a la gente.

O desde el joven con camisola roja y libreta en mano que me dice que no sabe quién es el representante de los nuevos colonos, que no están aquí, que andan con los abogados del bufete que ya está atendiendo a los defraudados.

O desde la mujer a la que el viento que le vuela el sombrero de paja le descubre un cabello pintado a rayos dorados con esmero, y quien me dice que cómo creo que con la inseguridad que existe va a tener aquí en la mano el recibo del enganche de mil pesos que le dio el ingeniero representante de la empresa que le vendió su lotecito.

O desde el muchacho que subraya con tono profesional que esto de ninguna manera es una invasión, que aquí lo que ya se tipifica es un fraude cometido contra compradores de buena fe.

O desde el señor que recuerda por mi apellido a la estación de radio La Radiante 105, lo que le genera la confianza para contarme que está ahí a ver si aparece el muchacho de la libreta para apuntarlo en la cola de más de cien que están a la espera de que les asignen un lotecito. Y que él no es nuevo en esto, ya lo han echado los granaderos de otras invasiones y en otro tiempo, el más reciente en el predio que ahora ocupa hoy la Bodega Aurrerá en la 11 Sur.

O desde ese vendedor de nombre “ingeniero Fernando Moreno López, representante de la empresa AMCO, SA” que se ha embolsado unos buenos pesos a cambio de un recibo a un centenar de familias y un “a mí nunca me volverán a ver…”

Lunes 20 de noviembre de 2017. Ese día espera a los paracaidistas un tal ingeniero Fernando Moreno López, quien a nombre de una empresa llamada AMCO SA en el último mes ha desplegado lonas y carteles en esquinas y postes en las calles polvorientas del sur de la ciudad. La gente ha respondido: ahí están desde la mañana temprano los que ya le han pagado 500, 1000, 1,500 y hasta 5,000 pesos de enganche por un lote de 7 por 15 metros en el descampado de cuatro hectáreas al borde de lo que será la avenida de Las Carmelitas que construye el gobierno de la ciudad en la región de Castillotla.

50 mil pesos es lo que tendrán que pagar en los próximos años por sus 105 metros cuadrados si logran quedarse en este predio de cuatro hectáreas al que llegan desde ese lunes decenas de personas en búsqueda de que les asignen un lotecito. Pero por lo pronto, no menos de cien mil pesos ya se ha metido en la bolsa este ingeniero, fiel representante del mecanismo tradicional de acceso a la tierra que tienen los pobres en Puebla: la venta de lotes sin ningún tipo de soporte legal de la propiedad que se vende, y sin servicio alguno.

Pero el metro se ofrece a 476 pesos a quien quiera dar su enganche. Y las rentas que pagan en las colonias cercanas al río rondan los 800, los mil, los mil 500 pesos. Así que mejor darlos de enganche a unos vivales. Ya después averiguaremos.

Es el sur de la ciudad de siempre, la tierra abierta desde 1980 para las invasiones y la conquista de un espacio de tierra para vivir. Así se han hecho decenas y decenas de colonias al sur del Periférico en un territorio de 3500 hectáreas cercado al poniente y al sur por la ribera del río Atoyac y el lago de Valsequillo. Esta, la 20 de Noviembre, como le llaman los nuevos colonos, es simplemente una más en la cuenta.

Por la foto satelital la vista en detalle del predio del asentamiento 20 de Noviembre.

Al predio en Las Carmelitas se llega por la prolongación de la 11 Sur hasta la entrada a la colonia San Isidro Castillotla. Una calle de ida y vuelta de 20 metros de ancho en la que en sus primeros 600 metros no se cuenta un árbol. Un kilómetro más allá aparece la que será la primera avenida con trazo norte-sur construida en la región en los últimos treinta años. La 11 Sur y la 3 Sur ya existían antes de 1990. Suena increíble, pero así ha sido: en toda esta cuadrícula de calles y avenidas angostas y desarboladas, una sola avenida no ha sido trazada por los ingenieros de los gobiernos de la ciudad. Sólo la muy anunciada Las Carmelitas, que por ahora es una calle pavimentada a la mitad y que corre entre fraccionamientos de interés social y caseríos de autoconstrucción sobre el antiguo trazo de las torres de alta tensión que partían desde las plantas de generación de energía eléctrica La Carmela y La Carmelita construidas en 1910-11 hasta la fábrica Atoyac Textil en Mayorazgo. Obra, por cierto, edificada bajo la directriz del ingeniero italiano Carlo Mastretta Magnani, mi abuelo, la razón de su llegada a Puebla en 1906 y la explicación de la existencia de mi familia en Puebla. Fuera de la 11 Sur –el antiguo camino al pueblo de Azumiatla—y de la calle 3 Sur que remata en el lago de Valsequillo en la colonia Balcones del Sur, Las Carmelitas es el único trazo sur-norte en esta enorme región de las colonias proletarias del sur de la ciudad de Puebla. Si se mira el mapa, la explicación de esta obra tardía se encuentra en la necesidad imperiosa de conseguirle una salida alternativa al vecindario vecino al otro lado del río, Cascatta de Lomas de Angelópolis, cada vez más atascado en la avenida Atlixcáyotl.

Un hombre mayor aparece en una callejuela. Se llama Manuel J., y a sus 89 años deambula a la espera de su sombra, pues anda rápido. Me enteraré por él que la invasión está aquí a la vueltecita. Él ya los ha ido a ver, qué hay que hacer si no. Y mire, me dice, este jaleo es por las elecciones que vienen, eso aprovechan los que mandan esto, a ver quién se atreve a echarles a los granaderos. Y algo sabe de esto, afirma luego de subir a mi vehículo pues se ha ofrecido de guía: “Mire, yo fui militante de la 28 de Octubre hace muchos años…”

El predio, efectivamente, está a la vuelta de su casa.

El caserío de los paracaidistas. Al fondo, la colonia La Galaxia.

25 de noviembre del 2017. Observo el nacimiento de una nueva colonia en la ciudad de Puebla. A mediodía del sábado la actividad está a todo tren en ese descampado en el que con la sabiduría ancestral del paracaidismo se levantan casitas de cartón, de sarapes, de plásticos montados en postes y maderas plantados en la tierra. Cada quien su cuadro. Y de aquí pa’lla tú, y de aquí pa’lla yo, y cada mecate sumado va cercando la calle. Cuento cerca de 30 lotes hacia el fondo del predio. Y una, dos y tres calles en medio y a todo lo largo. A ojo de buen cubero unos 250 lotes, no menos, de a 50 mil pesos cada uno, 12.5 millones de pesos.

Eso vale la tierra para los pobres en Puebla.

“Esto no es una invasión –me dice José Luis Sánchez, un joven que se presenta como colono y que afirma que no es dirigente ni representante de los colonos--, aquí nos vendió un ingeniero a nombre de una empresa. Lo que ya hay es un fraude, pues cada uno de los que aquí estamos le pagó quinientos, mil y hasta cinco mil pesos. El tipo vino el lunes 20 y aquí les dio posesión a los primeros que le pagaron…”

Y señala a la hilera de casas a todo lo largo de la línea al norte del predio.

Y sí, ya vinieron los del Ayuntamiento. Vieron y se fueron.

Un ingeniero de nombre Fernando Moreno López ha ofrecido a través de lonas y carteles lotes en la avenida de Las Carmelitas. Y no lo ha hecho a su nombre, sino al de una empresa denominada AMCO, SA de CV. Ha pedido enganches, los ha recibido. Y para mediodía del lunes 20 de noviembre, ha desaparecido.

Desde el lunes, y a todas horas, han ido llegando las familias. Alguien con una libreta les asigna un lote, y de inmediato a plantar palitos y plásticos y cobijas. Y si aparece un reportero con una libreta como yo, le caerán esperanzados aquellos que aún no tienen lote.

“Oiga, ¿usted es el que anda apuntando a la gente?”

Tres veces me preguntarán en mi visita que si yo apunto, que si les puedo asignar un lote.

El mecanismo está a la vista: se dice que no es invasión porque se trata de una venta de un particular a personas necesitadas de un espacio para vivir. Pero es un fraude, el vendedor desaparece el mismo día de la invasión. Los compradores buscan a unos licenciados que ya tienen los recibos que prueban que le pagaron a ese vendedor el enganche. Lo que sigue es cuestión de que algún remoto día un juez decida al respecto. Por lo pronto, al día 25 de noviembre, ya se cuentan unas 200 casitas de palo y plástico plantadas sobre los lotecitos.

Y ya con la vista del satélite busco un parque público en todo este territorio al sur del periférico y al poniente de la 11 Sur, con el cerco del río y la vecindad de Lomas de Angelópolis hacia los volcanes. No hay uno solo. Son 816 hectáreas de colonias y fraccionamientos construidos a lo largo de los últimos treinta años. Y no hay uno solo parque público.

816 hectáreas al poniente de la 11 Sur. Y no hay un solo parque público.

De salida, observo al fondo los edificios de Sonata, río Atoyac de por medio.

Es la ciudad de Puebla. Un capítulo más en la triste historia d su precariedad urbana.

Mundo Nuestro. Este texto fue elaborado por Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y presentado como carta de denuncia el 13 de noviembre del 2013 al Jurado de la Audiencia Transversal del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. En ella el dirigente describe su detención en julio de 1989 y las condiciones en las que vivió durante los años de encarcelamiento en los penales de Puebla, Puente Grande y Alomoloya hasta el año 2001, cuando se otorgó la libertad condicional con la prohibición anticonstitucional de no regresar a Puebla.

El documento completo puede leerse en la siguiente liga: http://es.slideshare.net/simit-rita/seores-del-jurado

La foto de portadilla fue tomada del periódico digital Central.

El día 4 de julio de 1989 en la ciudad de México, Distrito Federal, un grupo de más de treinta agentes de la Policía Judicial del Estado de Puebla sin orden de aprehensión me detuvieron e inmediatamente me trasladaron a la ciudad de Puebla donde me encerraron en una celda clandestina que tenían en el mismo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahí me tuvieron sentado y vendado de los ojos durante casi ocho horas durante las cuales me tuvieron permanentemente vigilado por dos agentes que alternativamente cortaban cartucho de sus rifles vaciando sus cargadores a fin de causarme temor y angustia.

Alrededor de las nueve de la noche de ése mismo día me trasladaron de regreso a la ciudad de México. En el trayecto por lo menos en tres ocasiones, además de estar vendado de los ojos, me pusieron una bolsa de polietileno en la cabeza cerrándola a la altura del cuello causándome asfixia. En el D.F. en una de las instalaciones de la Procuraduría del D.F. me entregaron a la policía judicial del D.F. En este lugar primero me pusieron en una galera en la que estaban presuntamente detenidos algunos ex agentes de la desaparecida Dirección de Investigaciones Políticas a los que reiteradamente golpeaban en mi presencia. Ya en la madrugada del día 5 de julio me reubicaron en una celda en la que me dejaron solo recomendándome “no te vayas a colgar”.

En la mañana del mismo 5 de julio fui trasladado a una de las instalaciones de la Procuraduría General de la República donde me ubicaron en una galera, solo, que colindaba con otra que presuntamente usaban como sala de tortura física, digo “presuntamente” porque se escuchaban gritos y “ayes” de dolor con expresiones de “ya, por favor, ya no me sigan golpeando”, etc.

En la noche del día seis madrugada del siete de julio me trasladaron de regreso a Puebla donde en el CE.RE.SO de “San Miguel” me esperaba un enorme contingente de agentes judiciales y policías estatales –incluyendo granaderos- fuertemente armados con armas de alto poder, muchos de ellos parapetados en las bardas, la puerta de acceso a la aduana de vehículos, el patio interior (estacionamiento), etc. Hasta la mañana del día siete el gobierno del estado hizo oficialmente pública mi detención y encarcelamiento en el CE.RE.SO. Es de señalar que durante éste tiempo ante mis familiares, compañeros y amigos estuve en calidad de DESAPARECIDO toda vez que las autoridades estatales y federales negaban tenerme detenido y hasta se “comprometían” a ayudar a localizarme.

Se me instruyeron ocho procesos penales: dos del fuero federal (3/989, Juzgado cuarto de Distrito en materia penal y 135/989, Juzgado quinto de Distrito en materia penal) y seis del fuero común (337/985, juzgado 1° de Defensa Social, 507/986 Juzgado Segundo, 156/989 Juzgado Séptimo, 141/988 Juzgado Octavo, 249/989 Juzgado sexto, y 113/989 Juzgado Quinto) como presunto responsable de la comisión de delitos como posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, acopio de armas, rebelión, incitación a la rebelión, posesión de mariguana, secuestro, despojo, daño en propiedad ajena, robo, robo de vehículo, lesiones, y de otros delitos más, nada más faltó que me acusaran de violación.

La autoridad ejecutora sumo todas y cada una de las sentencias dictadas por los jueces y ratificadas o modificadas por los magistrados de segunda instancia y los jueces de amparo, imponiéndome una sentencia en total de 121 (ciento veintiún) años y 4 (cuatro) meses de prisión.

En la compurgación de tal sentencia me tuvieron confinado en la celda N°2 del área de visita íntima a cuya puerta, además del cerrojo normal, le pusieron tres candados más, un custodio durante las 24 horas del día en la puerta, a la única ventana que había la tapiaron con una placa de metal, no me permitieron ver el sol, y durante las visitas de mis familiares y mis abogados defensores siempre había un custodio en medio de nosotros apuntando todo cuanto hablábamos. Además cada vez que mis compañeras y compañeros de organización hacían una manifestación o alguna declaración pública contra la represión y exigiendo mi libertad, me castigaban hasta por ocho días quitándome la ropa de la cama, suspendiéndome el paso de los alimentos (a mis familiares sí se los recibían, pero me los entregaban varios días después y ya descompuestos), el agua para bañarme y del sanitario también me la quitaban. De julio de 1989 a principios de 1993 no me permitían el acceso a libros, periódicos ni revistas. Tan es cierto que todo esto y más era verdad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la RECOMENDACIÓN 7/91 señalando que la situación en que me tenía el gobierno es (era) una especie de tortura, pero el gobierno no hizo caso a dicha recomendación sino hasta febrero de 1993.

No recuerdo si fue en 1991 o 1992 pero el caso es que en una hoja que tenía impresa la fotografía de una persona muerta (derivada de los incidentes ocurridos en las instalaciones del diario La Jornada) escribieron con máquina la leyenda de “CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR, ÉCHA LAS TUYAS A REMOJAR”.

En la tarde del día 10 de diciembre la policía federal me trasladó al DF de donde en avión me trasladaron al aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, para recoger a varios presos comunes. En el viaje en más de una ocasión amenazaron con arrojarme del avión (hicieron los movimientos correspondientes) porque según los federales ésas eran las órdenes que les dieron sus superiores. De Tampico nos llevaron al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, y de ahí al CE.FE.RE.SO N°2 de Alta Seguridad de Puente Grande, Jalisco. Ahí se me ubicó en el módulo 1, que estaba destinado a los cabecillas de organizaciones y bandas delincuenciales. Todos los módulos (ocho en total) tienen dos secciones, A y B; en el módulo 1 habíamos tres presos, los dos estaban en la sección A y yo en la celda del fondo de la sección B, se me prohibió cantar, empecé a silbar las canciones, pero también me prohibieron silbar, me daban la comida con gusanos y hasta cucarachas vivas, lo cual reporté a los custodios, a los comandantes del módulo y hasta mostré en las cámaras de vigilancia al centro de control, no se me hizo caso por lo que mis familiares y compañeros presentaron la queja ante la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, pero en lugar de resolver el asunto, la directora (Celina Oceguera) del CE.FE.RE.SO un día de visita se metió al cubículo de visita familiar a reclamarme por la queja y a decirme que ella comía los mismos alimentos que yo. En la noche de ese día me reubicaron al módulo cuatro, en el que estaban los internos farmacodependientes y/o con problemas mentales y emocionales, uno de ellos trató de agredirme diciéndome “tú no eres como nosotros”, después de casi un año me reubicaron al módulo 8.

El 27 de octubre de 1997 me trasladaron al CE.FE.RE.SO N°1 de Alta Seguridad en Almoloya, Estado de México, entonces conocido como “Almolóya”, luego como “La Palma” y ahora como “Del Altiplano”, de donde fui excarcelado el día 11 de abril de 2001.

Para sacarme de la cárcel el gobierno del estado de Puebla (porque el gobierno federal dio por compurgadas las sentencias del fuero federal) me impuso condiciones preliberacionales (avaladas por el gobierno federal, y que yo les llamo “extracarcelarias”) que vencen en febrero de 2015 y que violan las garantías y los derechos humanos consagrados en la Constitución, por ejemplo: se me impuso la ciudad de México como ciudad de residencia, no se me permite reincorporarme con mi familia, que vive en Puebla, no se me permite viajar sin permiso por el país (para que se me dé permiso tengo la obligación de informar sobre el día y la hora, la línea de autobuses, el número de autobús y hasta el número de asiento en que voy a viajar además del lugar al que voy), etc., debo aclarar que ahora se me permite hacer muchas de las cosas que se me prohíben en las condiciones, pero ello sin que hayan cancelado dichas condiciones sino como un favor del gobernante en turno y como una muestra de que “respeta los derechos humanos”.

Como dije, las condiciones vencen en febrero de 2015, o sea dentro de 14 meses, pero el gobierno ya está tomando previsiones para no otorgarme la libertad plena e incondicional: me está instruyendo proceso penal (108/2013, Juzgado Segundo de lo Penal, Distrito Judicial de Guridi y Alcocer) en el Estado de Tlaxcala por el delito de despojo de unas tierras que no conozco ni se dónde están ubicadas, propiedad de personas que tampoco conozco, y por medio de una toma de tierras hecha por un grupo de personas que entonces no conocía. A pesar de que las personas que hicieron la toma han declarado pública y procesalmente que nada tengo que ver, a pesar de que las personas que me inculpan no han comparecido a ratificar la denuncia ni a aportar las pruebas correspondientes, a pesar de ello el juez mantiene abierto el proceso. Por cierto, es importante denunciar que el gobierno usó al TRAIDOR HÉCTOR JOSEPH CID como encargado de hacer que los presuntos propietarios me denunciaran penalmente, digo que es traidor porque él fue uno de los activistas de la UPVA pero por no resistir la presión de la persecución de que, junto con otros dos activistas, fue objeto desde 1989, en 1995 se vendió al gobierno entregándole el control de la colonia popular Barranca Honda, fundada en 1987 por la UPVA “28 de Octubre” bajo mi dirección, además delató y personalmente señaló a varios compañeros que luego fueron encarcelados. A cambio el gobierno le regaló el título de médico, le posibilitó hacer negocios de venta de material de construcción, y le ha permitido –y ayudado a- acaparar y traficar con la venta de lotes de terreno para vivienda, algunos terrenos son de los que se apodera de la tierra desecada de la laguna que está en la entrada de Tlaxcala, y otros terrenos son de los que despoja a sus legítimos propietarios con el apoyo de las autoridades judiciales y gubernamentales (algunos ejemplos: a.- le pide al propietario que le venda su terreno, el propietario se niega, Héctor hace que una joven denuncie al propietario por violación o violación en grado de tentativa, el propietario es apresado, Héctor ofrece ayudarlo para que la muchacha le otorgue el perdón, pero a cambio el propietario debe firmar la cesión de los derechos de su tierra; b.- le pide al propietario que le venda su tierra, éste acepta, hacen un trato con pago a plazos, Héctor regresa diciéndole al propietario que puede liquidarle en un solo pago porque le van a dar un crédito o préstamo, pero para ello necesita una escritura, que él no tiene, así que le pide al propietario que le dé su escritura firmada para presentarla y así pagarle de una vez, el propietario cede, pero Héctor ya no regresa y cuando el propietario reclama el pago o la escritura Héctor responde que no debe nada, que tan es así que con su puño y letra el propietario firmó la escritura, y además lo amenaza con meterlo a la cárcel). En pago por hacer que los presuntos propietarios me inculparan, el gobierno le regaló la candidatura por el PANAL a diputado local en Tlaxcala, candidatura que fue respaldada por los líderes charros de la gobiernista sección XXXI del SNTE, la oportuna denuncia de este maridaje impidió que se encumbrara como diputado local. El gobernador de Puebla es panista, el de Tlaxcala es priísta, pero ocurre que en Puebla y Tlaxcala el PANAL es aliado electoral del PAN, pero sobre todo no debe perderse de vista que el PRI y el PAN son los principales partidos con los que la clase dominante ha estado y está imponiendo las medidas con las que está entregando nuestro país al imperialismo estadounidense, y eso, como sabemos, está causando enorme y creciente descontento entre el pueblo y lo está lanzando a la lucha, cosa que al gobierno no le conviene por lo que el gobierno trata a toda costa de impedir que el pueblo se organice y luche, de someter y controlar a las organizaciones de lucha ya existentes, y sobre todo busca destruir a las organizaciones que no pueda someter o que cuya destrucción sirva de ejemplo a las demás sobre lo que les pasará si no se calman. De ahí que el propósito es condenarme culpable, no tanto para encarcelarme por ése delito pues en Tlaxcala no es un delito grave y se puede pagar con fianza o caución, sino para tener el pretexto de que supuestamente violé las condiciones preliberacionales y, por ello, justificar que me regresen a la cárcel a compurgar la sentencia acumulada anterior. Todo con el fin de seguir teniéndome en calidad de rehén hasta que muera o me asesinen.

Al respecto denuncio que además de la amenaza de muerte de que fui objeto por medio del panfleto dejado en la celda del CE.RE.SO de San Miguel en Puebla, también he recibido al menos otras cuatro amenazas de muerte: la primera fue hecha a fines de 1992 por el entonces sub secretario de gobernación Mario Marín Torres diciéndole a mi esposa y compañeras y compañeros de la comisión negociadora “el gobierno está muy preocupado porque con motivo de las fiestas decembrinas podría haber un motín en el penal durante el cual los internos asesinen a Simitrio, o al entrar a controlar el motín la misma policía podría matarlo ‘sin querer’”; la segunda tuvo lugar unos días después de que fui excarcelado en abril de 2001, en la instalaciones de la Secretaría de Gobernación Federal, por el sub secretario de asuntos políticos al decirle a las compañeras y los compañeros de la Comisión Negociadora, que había acudido a demandar la cancelación de las condiciones, que “ustedes saben que en las luchas sociales hay represión y que durante ella hay encarcelados y lesionados y hasta podría haber muertos, así que recomiéndenle a Simitrio que mejor se dedique a estudiar y a trabajar”; la tercera fue hecha en la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla por medio de la sub secretaria B al decir “hay mucha gente descontenta conque Simitrio haya salido de la cárcel y cualquiera de esa gente descontenta podría ‘venadearlo’ y el gobierno no podría garantizar su seguridad, así que es mejor que se quede en el D.F.”; y la cuarta se hizo por medio de una llamada a mi teléfono celular en la que una voz de varón me dijo “te va a llevar la chingada, te va a cargar la verga”. Hasta ahora el gobierno, en el nivel federal ni en el estatal, ha desmentido tales amenazas de muerte ni se ha deslindado de ellas, por lo que verdaderamente existe el peligro de que en cualquier momento y con cualquier pretexto, bajo cualquier disfraz, cumplan las amenazas de muerte. Por respeto a la compañera Mesinos, dirigente de la Organización Campesina Sierra del Sur, en el Estado de Guerrero, no está bien decirlo, pero ahí está su caso: ella fue amenazada de muerte en 1994 y apenas hace unas semanas la compañera fue asesinada.

Es preciso denunciar que todo lo anterior no se debe nada más ni principalmente al hecho de que soy dirigente social sino fundamentalmente a que todo eso es parte importante de un proceso iniciado desde el mismo 2001 por el gobierno para DESTRUIR A LA UPVA “28 DE OCTUBRE” CON LA REPRESIÓN Y LA DIVISIÓN TRAICIÓN pues el gobierno sabe que siendo uno de los más importantes factores de unidad y soporte de la organización, tan pronto como yo sea eliminado (ya sea por medio del reencarcelamiento o del asesinato) casi en automático la organización en su conjunto se desplomará y se fracturará desatándose una despiadada lucha fratricida por ver quién se queda con la mayor cantidad de pedazos o con los pedazos más grandes o con los mejores pedazos, puesto que el gobierno ha estado ocupado, además de en el hostigamiento, la intimidación y el amago con la represión a través del ejército, las policías federal, estatal, ministerial, y municipal, además de eso el gobierno ha estado ocupado en fomentar el individualismo y el grupismo egoísta, avaro, envidioso, ambicioso, convenenciero y oportunista (que son la base de la división y la traición); pues quienes caen en poner por delante sus intereses individualistas y grupistas promueven chismes, rumores, intrigas, infundios y otros ataques perversos contra las masas, los activistas y los dirigentes generando desconfianza, desmoralización, desmovilización y división en las filas de las y los integrantes de la organización, todo con el fin de justificar el hecho de que los más destacados individualistas y grupistas asumen y manejan al área o centro de trabajo en que venden como si fuera “su” territorio particular, “su” negocio particular y hasta como “su” organización particular dentro de la UPVA “28 de Octubre” pero con una política diferente y hasta contraria a ella. Esto tiene su origen en el hecho de que cada vendedor o vendedora es propietario o responsable del lugar, puesto o local en que vende; en que, por lo mismo, solo les importa o les importa principalmente que en su lugar haya las mejores ventas posibles y no les importa, o les importa poco, si en los demás lugares hay o no ventas; para lograr mejores ventas algunos caen en la actitud de invadir pasos y pasillos, bloquear la visibilidad, elevar el volumen de sus aparatos electrónicos (tv, video, etc.), etc., y, peor aún, hay quienes con tal de vender sólo ellos, atacan a los demás vendedores, sobre todo a los que consideran su competencia. Así pues, sobre la base de hostigar, intimidar y amagar con la represión, el gobierno fomenta la división y la traición por medio de alentar al individualismo y el grupismo, de modo que se trata de un ataque convergente: desde afuera con la represión, desde adentro con la división traición, para converger en LA DESTRUCCIÓN DE LA UPVA “28 de OCTUBRE” COMO INSTRUMENTO DE LUCHA DE LOS VENDEDORES Y AL SERVICIO DEL PUEBLO EN LUCHA POR LAS DEMANDAS EN FUNCIÓN DEL PODER. Este tipo de operaciones es parte de la guerra de baja intensidad contra el pueblo, por lo que la destrucción de la UPVA tendría repercusiones latamente negativas para el movimiento social nacional.