2020 Noviembre

Mundo Nuestro. Arte y cultura en México. La historia profunda que se guarda en la palabra "artesanías". Lo que se sostiene en la memoria de los muertos. En este homenaje a las artesanas y los artesanos muertos por el COVID en este 2020, realizado por los trabajadores del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), la voz del poeta Jaime Sabines alumbra lo que cada obra de arte creada por las manos artesanas vislumbra: que el país sobrevive en el esfuerzo por dar forma a la imaginación de un mundo grato, igual en el barro que en el hilo, en el papel y en el vidrio, en la fibra del maguey que en la colorida grana cochinilla. En el trabajo de los artistas plásticos está la memoria colectiva de México.

(Foto de portadilla: Catrina embarazada, obra postulante al Premio Nacional de Artesanías 2020)

Mundo Nuestro. El comunicado de los pueblos totonacos y la organización Tiyat Tlali forma parte de una ya larga dinámica de rechazo a las hidroeléctricas en la Sierra Norte. La denuncia de las presiones que la empresa Deselec1-Comexhidro a las autoridades para la aprobación del proyecto para la empresa Wall Mart es un proceso que vive ya más de una década. Presentamos este reportaje publicado en Mundo Nuestro en el año 2012, que da una idea de la trama que se teje en las cañadas de los ríos Ajajalpan, Zempoala-Ateno y Apulco.

Ahuacatlán, Pue. 13 de diciembre de 2012. Dos manifestaciones de impacto ambiental rechazadas, una más en proceso de resolución, una cuarta no presentada y una quinta aprobada y con un proyecto ya en operación. Así podemos resumir la situación que prevalece en la región centro oriente de la Sierra Norte de Puebla con los proyectos hidroeléctricos que distintas empresas quieren llevar adelante en los ríos Ajajalpan, Zempoala-Ateno y afluentes del Apulco.

Y con el trasiego de oficios y resoluciones en torno a las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) entre funcionarios federales que las autorizan o rechazan, exfuncionarios y consultores ambientales que las elaboran y justifican en innumerables leyes, normas y reglamentos, y resolutivos de trámites que se publican o no en línea según al ánimo que ronde en los escritorios de la SEMARNAT.

Ello para enmarcar un conflicto como el que se vive en la comunidad Ignacio Zaragoza, el en municipio de Olintla, por el que la semana pasada, a la entrada de la población, los pobladores cerraron el paso de la maquinaria con la que Grupo México, el tercer productor de cobre más grande del mundo, pretende abrir el camino al río Ajajalpan, cuatrocientos metros abajo.

Un pueblo, una corporación, un río.

Ignacio Zaragoza, una comunidad totonaca enclavada en una loma que se asoma a uno de los pocos ríos que guardan el bosque mesófilo sobreviviente en México, con no más de quinientos habitantes.

Una corporación con ventas de 8,033 millones de dólares en el último año, propietaria de la mina de cobre Cananea y de la empresa Ferromex, con cerca de 10 mil kilómetros de vías férreas y el control de los ocho puertos más importantes en el Golfo y el Pacífico y conexiones con cinco puntos fronterizos con Estados Unidos.

Y el Ajajalpan, de los ríos serranos el más empeñado en no salir a la costa, en ir y venir y darle la vuelta y romper contra los montes, como una Xochinauyaque, una nauyaca real que serpentea entre las piedras en busca de lagartijas, escurriéndose en tropel, revolviéndose sonriente entre el batir de las bandas de loros, atenta en su encierro de pueblos originarios que la endiosan desde tiempos milenarios.

Es una contienda la que se vive en la Sierra: el monte rural, el del maíz y los cafetales de la sobrevivencia humana que han batido a machetazos la selva antigua, y que ve venir el aluvión brutal de las corporaciones y sus finanzas aplicadas en proyectos industriales. Es una contienda que se documenta en el enredo burocrático de las leyes ambientales amarradas en oficios rigurosamente técnicos y legales que jamás leerán los campesinos.

Y en los que se juega el futuro de su tierra.

Documentemos los dos rechazos:

La SEMARNAT, desde el 6 de julio del 2012 y con oficio S.G.P.A./D.G.I.R.A/5265 negó al Grupo México, del empresario Germán Larrea, la autorización para el proyecto “Central Hidroeléctrica Xochimilpa” “por no ajustarse a lo dispuesto en los artículos 13, fracciones II, III, IV, V, VI y VII de su REIA, así como a lo establecido por el primer y segundo párrafos del artículo 30 de la LGEEPA, de conformidad con lo expuesto en los considerandos del 6 al 12 del presente oficio resolutivo”. (http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/resolutivos/2012/21PU2012E0009.pdf).

Lo mismo le ocurrió al “Proyecto Hidroeléctrico San Antonio”, ubicado en los límites de los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Atlequizayán, Zoquiapan y Nauzontla, todos colindantes del río Zempoala. La empresa INGDESHIDRO Eléctrica, S.A. de C.V. recibió oficio S.G.P.A/D.G.R.I.A/D.G./8699, de fecha 29 de octubre del 2012, la negativa de autorización con motivos similares y fundados en términos de ley.

(http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/resolutivos/2012/21PU2012E0018.pdf)

La primera negativa ocurrió hace cinco meses. Se han llevado a cabo por lo menos tres foros informativos en Ahuacatlán y Zapotitlán organizados por grupos civiles en contra de los proyectos hidroeléctricos, particularmente el del Grupo México en Xochimilpa-Xochicuautla. Ni los periodistas interesados, ni los activistas ambientales involucrados nos dimos por enterados de los dos rechazos. Las dos resoluciones dejan en claro que no se presentaron solicitudes de consulta pública por ningún ciudadano o grupo organizado, a pesar de que los resúmenes de las MIA se publicaron en el Sol de Puebla (el 2 de mayo del 2012 para “Central Hidroeléctrica Xochimilpa” y el 16 de agosto del 2012 para el “Proyecto San Antonio”).

O que muy poca gente lee El Sol de Puebla.

Como sea, el gobierno federal paró ambas iniciativas industriales, en lo que puede considerarse como dos rounds a favor de los ríos serranos en lo que será una larga disputa. Como la de las mineras.

Una tercera iniciativa, de la empresa DESELEC 1, S. de R.L. de C.V., con el “Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1”, en el mismo río Ajajalpan, presento su MIA el 20 de julio del 2011 y obtuvo resolutivo el 11 de octubre de ese año. No se conocen los términos del resolutivo, pues no aparecen publicados en el portal de trámites de SEMARNAT. Esta empresa al parecer está ligada a la compañia Comexhidro, creada en tiempos del presidente Fox. El embalse tendrá una capacidad de 900 mil metros cúbicos, con un túnel de conducción de 4.5 km y una casa de máquinas para producir 30 Megawatts. “El proyecto --dice la MIA-- se encuentra ubicado sobre el río Ajajalpan, en el Estado de Puebla. Está inmerso en la Región Económica denominada Huauchinango o Sierra Nororiental. Así mismo, pertenece a la cuenca Río Tecolutla de la Región Hidrológica Tuxpan-Nautla.” Pero no dice nada más, no identifica coordenadas ni pueblos de referencia en el mapa. Mucho menos informa algo sobre el grupo que respalda a esta compañía. A lo que llega es a identificar el nombre del consultor, el biólogo Martín José de la Cruz Quijano Poumián, quien elaboró la MIA, y sin aportar ningún dato sobre sus antecedentes como profesional de estudios de impacto ambiental. Pero mucho se documenta en internet: Quijano Poumián es representante legal de la empresa QV Gestión Ambiental, S.C., por lo menos hasta junio del 2012, pero todavía en el mes de agosto del 2005 era director de área de la Dirección General de Impacto de Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. La misma a la que él ahora presenta sus MIA. Él autorizó a la empresa ICA en oficio número SGPA/DGIRA.DELG.-1997/05, de fecha 7 de agosto de 2005, la MIA-R para la explotación del cerro Necaxaltépetl, que era un área de protección de recursos naturales, "Zona protectora forestal vedada cuenca hidrográfica del río Necaxa", según lo detalla el oficio número DGPC/0313/07,de fecha 15 de febrero del 2007 dirigido por Miguel Ángel Martínez Pérez, director General de Protección Civil del Estado de Puebla a Javier López Zavala, Secretario de Gobernación en tiempos de Mario Marín. (http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2007/04/asun_2335096_20070419_1177003883.pdf). Como consultor, el biólogo Quijano Poumian presentó y después vió cómo la SEMARNAT autorizó en forma condicionada en el año 2009 la MIA para el “Proyecto Hidroeléctrico Veracruz”, presentado por la empresa Electricidad del Golfo, S, de R.L de C.V., según oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.6125.09, de fecha 9 de octubre de ese año. (http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/resolutivos/2009/30VE2009E0027.pdf).

Una idea de la situación que se vive hoy en la región de Zongolica se encuentra en el reportaje publicado en el portal del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder), “Hidroeléctrica destruiría Sierra de Zongolica” (http://www.mapder.lunasexta.org/?p=585).

Ni más ni menos. Un exfuncionario público federal, precisamente en el área que otorga las autorizaciones de impacto ambiental, trabaja ahora como consultor de empresas particulares en la elaboración de los estudios que por ley tienen que presentarse ante las autoridades ambientales.

El sistema de trámites en línea de SEMARNAT no presenta el resolutivo que ya se entregó a la empresa “promovente”. Sin embargo, este proyecto ha sido presentado dos veces a la DGIRA, según puede comprobarse al seguir estas ligas en ese portal, pero de ninguna se conoce el resolutivo.

(http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite, con oficio 21PU2011E0013, http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2011/21PU2011E0018.pdf y

http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2011/21PU2011E0013.pdf

Un grupo civil hizo una solicitud de información sobre este proyecto ante la Secretaría de Energía a través de INFOMEX con número de folio 0001800043712, y obtuvo como respuesta que “no se encontró información o expediente alguno relacionado con la empresa Deselec 1, S. de R.L. de C.V.”.

http://www.energia.gob.mx/webSener/res/pot/resolucion_130_sol_43712.pdf

Sin embargo, este proyecto no ha dejado de operar en su etapa de investigación y reconocimiento de campo, con relaciones bien logradas con el gobierno municipal de Tlapacoya, según quedó asentado en la crónica escrita por este reportero el 6 de septiembre pasado y publicada en e-consulta.com (http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/ecologia/item/se-consolida-red-de-organizaciones-sociales-en-defensa-de-la-sierra-norte).

Ahí se consigna también el avance que para el gobierno estatal tenía el proyecto de Grupo México en Xochimilpa, ya que en oficio firmado el 25 de octubre del 2011 por el Secretario de Economía del gobierno estatal, Pablo Rodríguez Regordoza, y dirigido al Ayuntamiento de Ahuacatlán (SECOTRADE/O.S./361/2011), el funcionario presentó el proyecto denominado PH Laxaxalpan/Xochimilpa, y afirmó que la empresa México Generadora de Energía “ha cumplido con los requisitos solicitados y ha presentado la propuesta más factible”. (http://www.youtube.com/watch?v=RTdTzwF58mY&noredirect=1)

Un cuarto proyecto es el que ha motivado el conflicto en Olintla. De él, sin embargo, no hay registro alguno. No hay rastro de MIA alguno, además del Bulldoser parado a la entrada de Ignacio Zaragoza y del conflicto entre esta comunidad y el presidente municipal de Olintla.

El quinto proyecto opera ya. Fue autorizado desde el 2008 con el nombre “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”, en los municipios de Teziutlán y Hueyapan, con presa derivadora sobre el río María de la Torre y túnel de conducción de 2.57 Km hacia la presa Acateno 1, ya en operación. (http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2008/21PU2008E0001.pdf, con folio 21PU2008E0001)

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No es sencillo alumbrar este complejo proceso que en la última década se ha desarrollado en la Sierra. Entre los proyectos mineros y los hidrológicos corre una línea común: la desinformación. Y con ella la especulación, la incertidumbre y el riego de conflicto social. Y todo ello con un común denominador: la ausencia de una política de Estado para la Sierra Norte fundada en una visión estratégica del desarrollo social y ambiental asumida de manera democrática por la sociedad poblana.

Pero pareciera que si hay tal política: la del desarrollo económico a partir de proyectos industriales impulsados por los gobiernos federal y estatal, asumidos o cuestionados por los gobiernos municipales, y que encuentran un significativo rechazo por las comunidades en las quieren asentarse. Los municipios de Tetela, Zautla, Ixtacamaxtitlán, Ahuacatlán, Zapotitlán, Xochitlán, Huitzilan, San Felipe Teopantlán, Tlapacoya, Galeana, Olintla, Jopala, con centenares de comunidades perdidas en las cañadas de los ríos Apulco, Ajajalpan y Zempoala han visto venir los proyectos sin otros recursos que los de sus organizaciones civiles, en confrontación o el alianza con sus gobiernos municipales, han expresado de muy diversas formas su rechazo a estos llamados megaproyectos --“proyectos de muerte”, les llaman también--, y han planteado la necesidad urgente de discutir en forma inteligente los retos que enfrenta la Sierra de Puebla.

Y todo pasa por la información.

Veamos el proceso de uno de los tres proyectos hidrológicos para la generación de energía eléctrica sobre la cuenca del rio Ajajalpan:

La Central Hidroeléctrica Xochimilpa, presentado por la empresa Generadora de Energía Xochimilpa, S. de R.L. de C.V., subsidiaria del Grupo México, con la categoría de “Pequeña Hidroeléctrica (PH) de Autoconsumo”, de 23.07 Megawatts, “en la subcuenca del río Laxaxalpan, entre las poblaciones de Xochicuautla (Ahuacatlán) y San Cristóbal Xochimilpa (Zacatlán). Con un área de embalse de 8,375 m, una altura de cortina de 23 metros, un camino-canal de conducción de 84,434.9 m2 y una tubería de conducción de 1000 m2. Presentó su manifestación de impacto ambiental el 26 de abril del 2012. Así justificó su proyecto: Grupo México ocupa el tercer lugar entre los principales productores de cobre en el mundo, y por lo tanto es uno de los principales consumidores de energía eléctrica en el país, así que “es de su interés reducir el costo de la energía que consume”. Quiere entonces, producir energía, entregarla al Sistema Eléctrico Nacional y posteriormente deducir su precio de la facturación de CFE.

Y su propósito lo cumplen con la “existencia en la cuenca hidrológica del río Laxaxalpan de un importante potencial de generación de energía eléctrica que en la actualidad no es aprovechada”.

Y tras una detallada presentación de un diagnóstico de la vegetación, la fauna, la realidad socioeconómica y el medio físico --que en este reportaje presentamos en diagramas--, asi concluyen para resaltar las bondades del proyecto hidráulico:

“Tal y como se describe en los diagramas anteriores, el escenario actual del SAR presenta una situación de estancamiento ambiental y socioeconómico, debido a que, sin la implementación del proyecto, no se cuenta con un horizonte de cambio y desarrollo en el corto y mediano plazos.

Algunos de los factores más importantes que mantienen cautivas las detonantes del desarrollo ambiental y social son: las condiciones de la economía agrícola señaladas, la falta de recursos de inversión externa, los caminos deficientes, la inexistencia de cadenas productivas directas (lo cual genera el intermediarismo), y el cultivo de temporal y rústico de maíz cafetales y huertas; a ello habría que añadir el previsible aumento de residuos domésticos sólidos, los cuales son quemados, y los residuos líquidos que se depositan en letrinas o directamente hacia el río, así como el peligro latente de procesos de erosión que pueden verse incrementados por la precipitación o el viento y los constantes deslaves en el área.” (ver Resumen Ejecutivo MIA en http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/resumenes/2012/21PU2012E0009.pdf)

Así de fácil. Y para arreglar este panorama de pobreza y depredación social y ambiental está la iniciativa privada.

Pero su manifestación de impacto ambiental (MIA) --un muy elaborado documento de más de 400 páginas--, fue rechazada por la SEMARNAT el 6 de julio del 2012 en oficio S.G.P.A./D.G.I.R.A/5265 dirigido al Ing. Federico Schroeder Contreras.

Leo entre un denso conjunto de considerandos técnicos y legales la conclusión de uno de ellos: “Por los argumentos antes expuestos, esta DGIRA determina que la información contenida en el capítulo IV de la MIA-R carece de objetividad, sustento y evidencia técnica y científica, y por lo tanto contraviene lo dispuesto en los artículos 30, primer párrafo, de la LGEEPA, 13, FRACCIÓN iv Y 44 de su REIA”.

No es de fácil lectura el oficio de negativa a la autorización, y mucho menos lo es la propia MIA. Algo han traído estos proyectos industriales para las montañas. Como nunca se han estudiado sus bosques, sus suelos, sus aguas. Doy un ejemplo de la argumentación de los técnicos federales: En el considerando 6 del oficio de rechazo leo que la “promovente” ha manifestado que requiere la remoción total de más de 50 hectáreas de “Vegetación secundaria de tipo mesófilo de montaña de Aile (Alnus spp.), vegetación secundaria de Encino-Pino (Quercus spp. Y Pinus spp.), Comunidad riparia de haya (Platanus mexicana) y Cafetal”, pero que nada dice de la afectación que se provocará con el embalse de 8,375 m2. Según la DGIRA, la empresa “no presentó una diferenciación clara con respecto a la superficie requerida para cada una de la infraestructura necesaria para el proyecto en comparación con la vegetación (por tipo) que se verá afectada”. Y que omitió presentar las coordenadas geográficas de las poligonales y trayectorias de la infraestructura requerida. En ese considerando les dicen que no cumplen con los requerimientos señalados en los artículos 30, primer párrafo y 35, primer párrafo de la LGEEPA.

Y así. La empresa señaló que el proyecto se encuentra inmerso en la Región Hidrológica Prioritaria No. 76, Río Tecolutla, y en la Región Terrestre Prioritaria No. 102, Bosques Mesófilos de la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, para la SEMARNAT, la MIA omitió señalar la importancia que revisten dichos sitios en relación a la biodiversidad presente en la zona. Y no estableció que el proyecto se traslapa con otros Sitios Prioritarios Terrestres SPT-6042, SPT-5998 y SPT-6130, ni las afectaciones que puede provocar en el área natural protegida “Cuenca Hidrológica del Río Necaxa”, que se encuentra a 14 kilómetros del sitio del proyecto. En este considerando la SEMARNAT concluye en que la “promovente no realizó un análisis de la importancia ecológica de las citadas áreas, ya que éstas son relevantes por su riqueza de especies y presencia de organismos endémicos, identificándose una alta diversidad, sin que la promovente realizara un análisis de la importancia que revisten estas regiones, así como sus condiciones ambientales actuales en relación con el grado de deterioro y/o conservación de los ecosistemas presentes en los mismos”.

Difícil sintaxis la de la SEMARNAT. Biólogos y abogados a cargo de la defensa técnica y legal de los ríos. Rechazo que es también un recuento de los faltantes que las empresas pueden solventar en una próxima intentona de asalto industrial a las cañadas serranas, y que seguramente aparecerán en los próximos meses en nuevas y más rigurosas MIA.

Por lo pronto, no hay noticia del Grupo México. Sólo el avance de sus Bulldosers.