Mundo Nuestro. El siguiente texto de la historiadora catalana-mexicana Montserrat Galí Boadella nos permite entender un asunto de fondo que subyace en el conflicto que se vive hoy entre el Estado español y Catalunya, el de la legalidad de un referéndum fundado en el derecho humano de la autodeterminación de los pueblos.

De Montserrat Galí hemos publicado en esta revista el texto

En estas fechas las reivindicaciones políticas y sociales de Catalunya se han hecho visibles ante el mundo. La violencia contra una población pacífica que quería votar el domingo 1 de Octubre ha puesto en evidencia que España, contrariamente a lo que se presume, no ha hecho la transición, no es todavía un país plenamente democrático y mantiene tics autoritarios. El motivo de la brutal agresión a la población, incluyendo ancianos, se debía a que el Estado español, por medio de su Tribunal Constitucional, había declarado “ilegal” el referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat de Catalunya. Veremos este asunto de la “ilegalidad” más adelante.

Reacciones de la prensa internacionl ante los sucesos del 1 de octubre.

La jornada represiva del domingo 1 de Octubre, venía precedida de más de una década de desencuentros graves entre Catalunya y España, que a su vez se originan en desacuerdos de larga duración quizás insalvables. No vamos a detenernos en ellos porque rebasan el ámbito de este ensayo. Más bien vamos a enfocarnos en el referéndum y sus lecciones, porque nos llevan a reflexionar sobre la que para algunos observadores probablemente sea la primera revolución social del siglo XXI.

En las últimas elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, los partidos independentistas ganaron la elección y anunciaron que cumplirían el mandato de los electores, quienes votaron a favor de iniciar el proceso de independencia, que más tarde se decidió refrendar con un referéndum. A partir de aquel momento los partidos dinásticos, como los denomina el Prof. Ramón Cotarelo, declararon que el referéndum era imposible, ilegal y anticonstitucional y se cerraron a cualquier diálogo sobre el tema. El argumento de Rajoy es que la Constitución Española prohíbe la celebración de un referéndum. Algo totalmente falso, ya que como se puede leer en el artículo 92 de dicha constitución los referéndums se celebrarán para asuntos de trascendencia (los hubo para entrar a la OTAN y para entrar a la Unión Europea) pero deben ser autorizados por el Congreso y convocados por el Rey. En resumidas cuentas, hay que llegar a acuerdos, y como dijo Rajoy en cada ocasión: “ni puedo ni quiero”. El Gobierno catalán solicitó el permiso, formalmente, en 18 ocasiones, pero en todas ellas se le negó, sin apelación.

Manifestación el 3 de octubre.

Es comprensible que España se niegue a autorizar un referéndum que busca la independencia de Catalunya. Hay intereses económicos –sin Catalunya la economía española no es solvente- pero también motivos de índole emocional. Para España esto que se llama Catalunya es y ha sido siempre parte de España. Dejando de lado la enorme falsedad de esta afirmación –que ni siquiera vale la pena discutir- resulta evidente que hay problemas graves de convivencia entre estas dos entidades políticas y territoriales. Es, por decirlo de manera llana, un mal matrimonio a la fuerza, puesto que el enlace empezó con el sitio y destrucción de Barcelona en 1714, una fiesta nupcial verdaderamente trágica, seguida de la anulación de la legalidad catalana. A partir de ahí, como en todo mal matrimonio, ha habido momentos de confrontación y momentos de paz o tregua. Pero si una de las partes quiere mantener a la otra y jura y que la quiere y la ama, debe hacer propuestas que convenzan a la parte agraviada que se quiere divorciar. Debe tratar de seducir, ser amable, hacer algún gesto de acercamiento o afecto. No debe amenazar con juicios, cárcel, multas millonarias, penas por sedición y ataques violentos a una población indefensa que sólo quería votar.

Memoria e historia: la prensa franquista celebra la caída de Barcelona.

Para el que no conoce la historia española a fondo es difícil entender la tortuosa relación de España con Catalunya. Atendiendo sólo el siglo XX, daremos algunos ejemplos que descubren las profundas dificultades de convivencia entre españoles y catalanes. Al iniciar la Guerra Civil, ante las demandas políticas catalanas, el presidente Azaña dijo refiriéndose a la “díscola” Cataluña: “Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para dos siglos. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. Y si estas gentes van a descuartizar España, prefiero Franco.” Es decir, en este punto no hay izquierda ni derecha, sino un total acuerdo ya que Franco decía lo mismo: “España antes roja que rota”. Actualmente el PSOE y el PP piensan lo mismo. En Catalunya, muy dados a la ironía, esta versión de la historia de España se expresa así: “Lo que más se parece a un español de derechas es un español de izquierdas” (frase del escritor Josep Pla).

Esta visión de la historia de España puede ejemplificarse con otras dos frases célebres. La primera es de Manuel Fraga, ministro de Franco y fundador del PP, quien en 1961 consideraba a Cataluña simple y llanamente tierra de conquista: “Cataluña fue ocupada por Felipe IV (Guerra de 1640); Felipe V (Guerra de Sucesión); fue bombardeada por el General Espartero (1840), y la ocupamos en 1939 (victoria de Franco), y estamos dispuestos a volverla a ocupar tantas veces como sea necesario y para ello estoy dispuesto a coger de nuevo el fusil”. Todavía tenemos versiones más retorcidas obsequiadas por la izquierda de la “transición”: en 1984, Felipe González, en plena lucha contra el terrorismo de ETA consideraba que “El terrorismo en el País Vasco es una cuestión de orden público, pero el verdadero peligro es el hecho diferencial catalán”. El “hecho diferencial”, dicho sea de paso, es el pecado mortal de Catalunya de exigir su reconocimiento como nación.

Con esta frase de Felipe González podemos entrar el tema que nos interesa analizar el día de hoy, y es el nuevo orden internacional que poco a poco se ha ido construyendo a partir del reconocimiento de los Derechos Fundamentales y los Derechos Humanos, nociones que configuran el actual marco jurídico internacional. Un marco jurídico que determina, por ejemplo, que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y si señalamos este delito en particular es porque pone en evidencia que la tan cacareada transición española apenas está en pañales: no se ha castigado a los responsables de los asesinatos de la dictadura franquista (los de los republicanos se pagaron con creces); no se ha abjurado de la dictadura de Franco y por el contrario se mantiene su tumba de manera faraónica en el Valle de los Caídos; se permiten partidos, asociaciones y manifestaciones franquistas y no se han abierto las fosas colectivas con los asesinados durante la Guerra Civil Española. Este déficit de democracia corroe las entrañas de un país que con el referéndum de Cataluña se tambalea.

Una imagen de la represión del 1 de octubre.

Esta falta de democracia se pone en evidencia al descubrir la incompatibilidad de la Constitución Española con el Derecho Internacional actual; y en consecuencia el porqué el domingo 1 de Octubre se confrontaron dos legalidades. La legalidad española trasnochada y la legalidad catalana sustentada en el derecho internacional que defiende su Parlamento. Dos legalidades que a mi modo de ver, después de haber leído numerosos trabajos de juristas, constitucionalistas e internacionalistas de prestigio de numerosos países, se están enfrentando ahora en el problema del referéndum catalán, pero seguirán enfrentándose en lo que viene del siglo XXI en otros países y latitudes. Trataré de presentarlo de manera sencilla:

El derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental, y como tal se tiene, no se obtiene ni se recibe. Las personas y las colectividades, sobre todo cuando se pueden definir como un pueblo o nación, tienen derecho a auto - determinarse. Esta noción está plasmada en dos instrumentos legales que España ha firmado y que, de acuerdo con el Derecho Internacional, los países y estados que los han firmado están obligados a respetar y observar. El primer instrumento es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. El rey Juan Carlos, colocado en el trono de España por Francisco Franco, firmó este Pacto en 1977, es decir, un año antes de que se promulgara la Constitución española. El primer artículo de este Pacto dice textualmente: “1. Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural.” En el inciso 3 se añade: “Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos o territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetará este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.” (Se puede consultar en internet).

Movilización estudiantil en defensa de los centros de votación.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España firmó el pacto en Nueva York el 28 de septiembre de 1976 y Juan Carlos lo ratificó en Madrid el 13 de abril de 1977, por lo que la Constitución Española (1978) debió recoger este compromiso, de obligada observancia. El propio Juan Carlos, al firmar el Pacto acordó: “Apruebo y ratifico todo aquello que se dispone en él, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes.” En consecuencia España está obligada a respetar e incluso garantizar el referéndum catalán. Por si esto no fuera suficiente, la propia Constitución Española en el artículo 10.2 dice: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España.” En consecuencia el Tribunal Constitucional no puede declarar “ilegal” dicho referéndum.

No quiero extenderme más en este punto, sólo recordar que España volvió a ratificar el derecho de los pueblos a la autodeterminación al ingresar a la Unión Europea y firmar la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea. En consonancia con estos principios, resulta interesante constatar que en ningún cuerpo jurídico español consta que convocar y realizar un referéndum sea ilegal, por lo que las acusaciones a los más de 700 alcaldes catalanes llevados ante el juez por abrir colegios electorales, o la detención de 14 altos funcionarios el pasado 20 de septiembre –sin mediar orden de aprehensión por cierto-, son fruto de la falta de legalidad del gobierno de Mariano Rajoy. Este gobierno ha amenazado llevar a la cárcel por el mismo motivo al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. Sobran comentarios.

Las fuerzas nacionales y la requisa de las urnas.

La Generalitat de Catalunya alega, con toda razón, que ella se atiene a leyes y derechos fundamentales custodiadas por los máximos organismos internacionales, que son superiores a cualquier interpretación de un Estado o gobierno. El enfrentamiento entre Catalunya y España no se trata de un “choque de trenes”, como se dijo durante meses, sino de un “choque de legalidades”. Una legalidad superior, porque se basa en los Derechos Humanos, y una legalidad parcial de un Estado que interpreta a su conveniencia los pactos internacionales y el Derecho; porque las leyes deben apegarse a derecho. Las dictaduras también tienen leyes. Como se vio en España: las leyes de Franco restauraron la casa de Borbón, lo que explica el vergonzoso discurso de Felipe VI después del referéndum, un rey que no se debe a su pueblo ni a los Pactos firmados por España sino a la decisión de un dictador, cuyos herederos directos son los actuales gobernantes en Madrid.

El domingo 1 de octubre vimos como se trató de impedir un acto democrático, votar, usando la fuerza y los recursos coercitivos del Estado. Nos faltan todavía muchas cosas por ver, pero de momento hay algunas lecciones a tomar en cuenta. La primera se expone de manera clara en los numerosos videos que circularon por la red y que se pueden seguir viendo en youtube: la existencia de una ciudadanía, con convicción democrática pacifista, cohesionada, consciente de sus derechos, decidida a defenderlos, todo ello con la más absoluta civilidad, sin la menor señal de violencia. Un acto que hace honor a los postulados de Gandhi. En segundo lugar un movimiento transversal, sin la presencia de ningún partido, un acto de la sociedad civil organizada, consciente, en cuya organización jugaron un papel fundamental las redes, a las que el Gobierno español hackeó ilegalmente. Una sociedad en la que a pesar de la insistencia de quienes la quieren desacreditar, el nacionalismo o el populismo no son los motores del movimiento social. En Catalunya hay un proyecto republicano, y éste consiste en construir una sociedad mejor, más justa e igualitaria.

Mariano Rajoy, en un acto de autismo institucional, afirmó en la noche del domingo que en Catalunya no hubo referéndum. Otros, en un ataque de clarividencia, dijeron que el referéndum no tenía garantías. Es bastante obvio, y todo el mundo lo pudo ver, que el referéndum no fue normal ni tuvo las garantías necesarias: la represión española se encargó de que así fuera, clausurando colegios electorales, secuestrando urnas, hackeando internet y agrediendo ciudadanos. A pesar de ello votaron 43% de los electores, el promedio internacional en este tipo de comicios, y el SI a la república obtuvo el 90%. Se alega que la “mayoría silenciosa” no votó. Esta mayoría silenciosa vive en Catalunya pero no se considera catalana, sólo española, y por lo tanto creyó que era un referéndum “ilegal” que no les concernía, o bien personas que nunca votan o que tuvieron miedo a la represión. Pero los catalanes votaron y como dijo Puigdemont, se ganaron el derecho a ser respetados, oídos y atendidos en sus demandas.

La autodeterminación expresada en el voto.

Nos hemos detenido en estos hechos porque son la parte visible y reciente de unproblema de larga duración poco o mal conocido por los mexicanos. Pensamos que al margen de la simpatía o antipatía que se pueda sentir por Catalunya y sus reivindicaciones políticas, el fenómeno en sí permite reflexionar sobre los procesos que buscan ampliar los derechos sociales y las libertades de la ciudadanía. Porque al margen de las particularidades de Catalunya: su historia milenaria, sus luchas sociales y antifranquistas, su posición progresista y solidaria ante los problemas del mundo actual (pobreza, migración), el espíritu cosmopolita de su potente cultura, el carácter trabajador de sus ciudadanos y otros etcéteras, lo que el mundo ha podido ver desde que hace 5 años iniciara el proceso de autodeterminación, es su inquebrantable compromiso con la no violencia, la paz y la democracia. En el mundo académico que estudia los movimientos sociales actuales o entre los pueblos que buscan su independencia, como son Escocia, Euskadi y Quebec, ya se habla del “modelo catalán” como expresión de las nuevas revoluciones sociales del siglo XXI. En numerosas universidades europeas se están realizando tesis sobre un proceso en el que se conjuga la filosofía jurídica del respeto a los derechos humanos como principio legal, con el mundo de la comunicación regido por el derecho a la expresión y la información, un modelo que deberá determinar nuestro futuro social y ético. No por casualidad un personaje como Julian Assange se ha mostrado tan interesado en el proceso que vive Catalunya.