Vida y milagros
En marzo de 2017, Dale la Cara al Atoyac A.C. y la Alianza para la Defensa Ambiental A.C. iniciamos juntos un juicio estratégico mediante la figura del amparo indirecto, recurso interpuesto en contra de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal—, por las omisiones en que han venido incurriendo en relación a la contaminación de los ríos y cuerpos de agua que conforman la Cuenca Hidrológica del Alto Atoyac. El objetivo del litigio es que mediante un fallo judicial los diferentes niveles de gobierno presenten compromisos acompañados de un presupuesto adecuado para la remediación integral de los cuerpos de agua y la flora y fauna que forman parte de su ecosistema. El fondo del asunto es la conservación de la cuenca Atoyac Xochiac, ya que del agua de esa cuenca dependemos más de cinco millones de personas. La cuenca mide 410 mil hectáreas, 210 mil pertenecen a Puebla.
Durante el juicio solicitamos a los 22 ayuntamientos de la cuenca ubicados en el estado de Puebla, toda la información pertinente acerca de la administración y la prestación de los servicios de agua y saneamiento que por mandato del artículo 115 Constitucional les corresponde ejecutar. Fue sorprendente conocer la debilidad extrema de los municipios con respecto a esta responsabilidad y el enterarnos de que no cuentan con la capacidad de prestar el servicio, que carecen de padrones de usuarios, de herramientas jurídicas y reglamentos adecuados, que casi nadie paga el agua, que no pueden controlar las descargas tóxicas de las industrias y grandes desarrollos urbanos y que carecen de infraestructura moderna y funcional para el saneamiento. También que ha habido una enorme ausencia del gobierno estatal para apoyar y fortalecer a los municipios en este tema.
El 65% por ciento de la contaminación del río Atoyac proviene del municipio de Puebla y sus juntas auxiliares. El 70 % del territorio ha estado bajo el control del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) organismo público descentralizado que desde 1987, por modificación de su decreto de creación, pasó a depender del gobierno del estado de Puebla y no del ayuntamiento, aunque de origen el decreto nació para prestar el servicio de la ciudad de Puebla. Hay varias reformas a dicho decreto, en 1991, 1994 y 1997, las cuales le han permitido firmar convenios de coordinación con municipios colindantes para prestarles el servicio mediante un pago, aunque el titular central es el municipio de Puebla. Hoy, más de 8 mil empresas descargan sus aguas residuales al Atoyac, pero solo 500 cumplen con los parámetros de la declaratoria específica Atoyac Xochiac publicada en junio de 2011. El 30% restante de la ciudad de Puebla depende de la nueva Dirección del Agua de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Puebla.
En 2013, durante la administración de Rafael Moreno Valle se tomó la decisión de concesionar el servicio que daba el SOAPAP a un consorcio formado por los señores Gutiérrez Cortina y Grupo Hermes de Carlos Hank González, quienes operan la concesión con el nombre de Agua de Puebla. Las concesiones pueden ser buenas para ejecutar acciones e inversiones que requieren del largo plazo que los gobiernos no tienen. Tan es así que hay muchas concesiones: de alumbrado, de recolección de residuos sólidos urbanos, de rellenos sanitarios, incluso en la ciudad de México una gran parte del cobro del predial la hace un concesionario. Los problemas surgen cuando las concesiones no son transparentes, cuando el estado tiene una débil o nula rectoría sobre ellas y cuando la contraloría social es inexistente. Con respecto al contrato entre el SOAPAP y Agua de Puebla, el convenio concesión incluyó unas irregulares cláusulas de confidencialidad.
El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la ciudad de México solicitó en mayo de 2017 como parte de la evidencia para delimitar las responsabilidades correspondientes a cada ente gubernamental, el Título de Concesión entre Agua de Puebla y SOAPAP. Pasaron 18 meses desde el inicio de la solicitud y finalmente SOAPAP entregó al juzgado un primer contrato concesión firmado en diciembre de 2013 y al que tuvimos acceso en septiembre de 2018. El Título Concesión incluye la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de aguas residuales en el municipio de Puebla, así como en las circunscripciones territoriales de los municipios que ahí se indican. Supimos que la empresa pagó 1,450 millones de pesos por la concesión y se comprometió a invertir 3,844 millones de pesos en cinco años, que vencieron en diciembre de 2018. Se harían inversiones en conducción, control de fugas, servicio medido y saneamiento y también a cumplir con todas las normas ambientales vigentes.
Para entender el por qué el río Atoyac sigue tan extremadamente contaminado fue que pedimos el convenio. Sin esa información nos faltaba una pieza clave de conocimiento. Durante casi año y medio el SOAPAP argumentó que por las cláusulas de confidencialidad no se nos podía entregar el convenio. Lo mismo se le dijo al municipio de Puebla, al Congreso y a todo el que solicitó la información vía transparencia. Dichas cláusulas de confidencialidad se pueden justificar entre privados, pero no en una concesión que emana de la prestación de un servicio que corresponde a entes públicos como lo son los municipios y los estados. Sin esa información era imposible entender por qué el río seguía cada vez peor y dónde empezaban y terminaban las responsabilidades de cada ayuntamiento. El convenio de 2013 nos permitió conocer la complejidad de una concesión cuyo polígono fue ampliado por Manuel Bartlett en 1997, con la modificación del decreto de creación que permitía que el SOAPAP prestara el servicio en otros municipios, como el de San Andrés, en la estratégica zona de Angelópolis y en Lomas de Angelópolis, en el desarrollo inmobiliario Posada/Aspe que ya tiene más de 50 mil casas. Pudimos ver los incumplimientos de pagos a lo largo del tiempo de municipios que tenían convenios de coordinación como San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tlaltenango, Juan C. Bonilla, Santa Clara Ocoyucan, Xoxtla, Coronango y Amozoc.
Con esa información estábamos, cuando por casualidades del destino supimos que el contrato que el SOAPAP le había entregado al juez no era el vigente, que había un convenio modificatorio de mayo de 2014, convenio del que casi nadie sabía nada, pero que daba cómodas prórrogas de cumplimiento del contrato a la empresa. Tuvimos acceso a una copia simple, útil sí, pero sin valor probatorio de nada. Otra vez a regresar al juzgado y a argumentar que era necesario conocer la información vigente de manera oficial. Fue difícil porque el juez había dado por terminado el periodo de entrega de pruebas.
Finalmente, el día 25 de abril de 2019, el juez ordenó al SOAPAP que sea entregado en el juzgado el título de concesión vigente con sus respectivas modificaciones y anexos. Tener esta última versión del contrato de manera oficial era fundamental también para el juzgador, que tendrá que obligar a todos los actores involucrados a actuar con responsabilidad con respecto las condiciones por las que se concesionó el servicio del agua y su saneamiento en Puebla. Con la información correcta y completa es posible lograr acuerdos positivos para evitar el desplome y la ineficacia en un servicio que es de vital importancia para todos. Es también la única manera de revertir la muerte del río Atoyac y sus ríos tributarios, contaminados salvajemente desde todos los rincones de la metrópoli.
