Poder y Política
El gobierno de México y la FGR deben explicar la deportación del Comandante César Montes. Exigimos al Gobierno de Guatemala el respeto a la vida y libertad de César Montes.
El viernes 9 de octubre al filo del medio día fue capturado en Acapulco el histórico Comandante insurgente guatemalteco César Montes (Julio César Macías Mayora). La aprehensión fue hecha de manera aparatosa participando agentes de la Interpol, de la Fiscalía General de la República (FGR), tres vehículos del Instituto Nacional de Migración (INM) y tres camionetas armadas de ametralladoras de la Marina Nacional. Es de hacer notar que César Montes goza del estatus de refugiado político extendido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) por lo que su detención y deportación por el Gobierno de México viola todas las regulaciones legales y la tradicional política de asilo del Estado en México.
(Fotografía tomada de El Universal)
Desde el mes de septiembre del año pasado, el Gobierno de Guatemala fabricó una acusación contra César Montes. Lo sindica de haber estado involucrado en la muerte de tres efectivos del ejército guatemalteco en la localidad de Semuy II en el departamento de Izabal de Guatemala. César se encontraba a cientos de kilómetros de ese lugar y pese a clamar inocencia, el gobierno montó una cacería con policías y fuerzas armadas para asesinarlo. También había la consigna de que si lo agarraban vivo, llevarlo a un reclusorio donde presos comunes lo matarían o lo dejarían inválido. Ahora que ya se encuentra encarcelado, el Ministerio Público lo acusa de asesinato, asesinato en grado de tentativa, usurpación agravada y asociación ilegal de gente armada. César Montes enfrenta a una justicia parcial, a un clima de odio de sectores empresariales que lo acusan de dirigir invasiones de tierras. También a la derecha y ultraderecha que buscan un chivo expiatorio para vengarse de los resultados de la justicia transicional que ha procesado y encarcelado a varios militares y policías genocidas, y en general a un anticomunismo exacerbado por la presencia de fuerzas y gobiernos progresistas en toda la región.
La Secretaría de Derechos Humanos del CEN de Morena demanda al Fiscal Alejandro Gertz Manero, al Comisionado del INM Francisco Garduño y al Almirante Secretario José Rafael Ojeda, explicaciones al por qué siendo César Montes un refugiado político en México, se dictaron órdenes para su aprehensión y deportación. Al presidente Alejandro Giammattei y al gobierno de Guatemala exigimos respeto a su integridad física y seguridad sanitaria, así como el debido proceso judicial y su pronta liberación.
¡Justicia y libertad para César Montes!
¡Respeto a su integridad Física!
Mundo Nuestro. Lo ocurrido el viernes 9 de octubre a las afueras de la planta Audi en San José Chiapa --un intento fallido de clausura por autoridades municipales por el adeudo de 90 millones de pesos de impuestos reclamados por el ayuntamiento de ese municipio contra la empresa alemana-- da una idea del acontecimiento de fondo: la implantación de la armadora en el año 2012 violó los derechos constitucionales del municipio y los dejó fuera de toda posibilidad de encontrar un beneficio directo desde el contrato mismo entre el gobierno del estado de Puebla y Volkswagen de México. Un hecho que corrió de la mano de la decisión autoritaria de quien fuera gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
El conflicto claramente configurado en el contrato firmado el 5 de septiembre de 2012 por el gobierno de Puebla y la empresa Audi.
Como se sabe, el viernes 9 el Ayuntamiento de San José Chiapa montó un operativo para clausurar la empresa automotriz Audi por una deuda en el refrendo del permiso de uso de suelo, en predial, agua y otras obligaciones por aproximadamente 90 millones de pesos. En la prensa se dio a conocer la versión según la cual formalmente no se llegó a un acuerdo con la empresa para el pago de los aproximadamente 90 millones de pesos que se adeudan por obligaciones con el Ayuntamiento. Sin embargo, y por lo dado a conocer por el sindicato de Audi, la clausura no se produjo, y sí un paro técnico provocado por la carencia de insumos para el proceso de producción. Posteriormente, y según El Sol de Puebla, el alcalde Arturo Graciel López Vélez se retractó de las órdenes que el mismo personal de Protección Civil de su Ayuntamiento dio a conocer el viernes, y aseguró que no se tenía la intención de clausurar sino de hacer una revisión preventiva y que se cumpla lo que marca la ley.
"No se canceló, se hizo una diligencia a través de Protección Civil pidiéndole su documentación correspondiente, lo que es su programa interno de Protección Civil, su programa de contingencia y demás documentos. (La empresa) pidió una prórroga para el día lunes", dijo López Vélez a El Sol de Puebla.
El sábado por la tarde, según El Sol de Puebla, la empresa, por medio de Christine Kuhlmeyer, Directora del área de Comunicación y Sustentabilidad de Audi México, rebajó el conflicto a un problema de protección civil y no hizo referencia al tema de un litigio por los impuestos con el gobierno municipal: “En seguimiento a la visita que hemos recibido hoy por parte de las Autoridades Municipales por temas de Protección Civil y que lamentablemente no pudo ser atendida por el horario, y al no encontrarse nuestro Representante Legal. Hemos llegado a un acuerdo para platicar con las Autoridades en las Oficinas del Gobierno Estatal el lunes 12 de octubre”.
Es obligado tener memoria. Y para ello la investigación realizada por Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, "La trama AUDI. Componendas de un gobierno autoritario" (Puebla, 2019), en cuyo capítulo 2 se detallan las onerosas condiciones negociadas por el gobierno de Moreno Valle, con un perdedor inmediato: los municipios de la región, en particular San José Chiapa, en cuyo territorio se asentó la plataforma AUDI.
La pregunta obligada al gobernador Miguel Barbosa Huerta: ¿conoce los términos firmados por el gobierno del estado con la empresa alemana?
Su lectura ayuda a entender la postura de los gobierno municipal de San José Chiapa
Retomamos de esa investigación unos párrafos concernientes a los términos en los que se negoció el tema de los impuestos y permisos municipales, a saber, predial, uso de suelo, licencias de construcción.
Aquí puedes leer el Contrato AUDI
Qué fue de los impuestos municipales en el Contrato AUDI
En relación con los trámites Aquí también los alemanes se curaron en salud. Por el contrato el gobierno de Puebla se obliga a dejar resueltos todos los trámites y los permisos necesarios contemplados en la ley: la aprobación del plano del sitio del proyecto, los permisos de construcción y edificación, los derechos de servidumbres y pasos, las leyes ambientales, y todo con antelación a la transferencia del sitio del proyecto por el Estado a las sociedades.
El contrato pone en su lugar los derechos de fiscalización de las autoridades municipales: “Emitir todos los permisos o licencias estatales necesarios para iniciar el trabajo de preparación del sitio del proyecto, dentro del periodo establecido en Anexo 9* (…). El Estado se valdrá de sus mejores esfuerzos para incentivar a las autoridades municipales para la celebración del documento adjunto en Anexo 10* (…). Exención de impuestos municipales y pagos de derechos por servicios administrativos, licencias y permisos contemplados en leyes, reglamentos, ordenanzas estatales y municipales a partir de la celebración del contrato y hasta la conclusión de la construcción de las instalaciones.”
El remate de estas obligaciones para el Estado es contundente: “Si esto fuere imposible, el Estado se compromete a reembolsar a las sociedades los pagos realizados hasta por 2 millones de dólares.”
En relación con exenciones de impuestos
El contrato obliga al Estado a:
• La exención del impuesto predial por diez años, o reembolso de los pagos que las sociedades realicen del mismo en un término no mayor a 90 días.
• El reembolso a Audi del Impuesto sobre la Nómina por un periodo de doce años a partir del 1 de mayo del 2016.
• El reembolso a Volkswagen del Impuesto sobre la Nómina por un periodo de diez años a partir de la Fecha efectiva, es decir, el 30 de septiembre del 2012.
En relación con la infraestructura
• Mejoramiento de caminos relacionados con el sitio del proyecto, todo a cargo del Estado. Nombramiento de las nuevas vialidades descritas en Anexo 11,* por las sociedades. Costo de la señalización a cargo del Estado. Mantenimiento de calles y caminos públicos en sitio del proyecto, y costo de su realización, a cargo del Estado. Pago de los estudios de impacto de tráfico y logística para el sitio del proyecto. Contrato con Ferrosur para la conexión ferroviaria, con costo para el Estado en caso de que Ferrosur se rehúse a pagar su desarrollo. Suministro de agua con cargo al Estado por las obras que se requieran para el suministro en relación al sitio del proyecto, según el Anexo 13,* denominado “Especificaciones de agua.” Y sin costo para Audi, el compromiso de asegurar una segunda fuente de agua. Toda la implementación del suministro de agua correrá a cargo del Estado.
* Nota: Los anexos del contrato, mencionados no se han hecho públicos por el gobierno que los mantiene bajo reserva.
• Proporcionar, con cargo al Estado e incluyendo permisos federales, locales o municipales, y aranceles, drenaje de agua pluvial desde y hacia el sitio del proyecto. Construir con cargo al Estado, una planta de tratamiento de aguas residuales dentro de las instalaciones de Audi. Construcción de extensiones de pozos y tuberías para suministro de agua necesarios para satisfacer las necesidades de las instalaciones y sitio del proyecto. Realización a cargo del Estado del mantenimiento y reparación de las tuberías de agua y drenaje relacionadas con las instalaciones y sitio del proyecto, según las especificaciones de agua establecidas en el Anexo 13.*
En caso de que el agua potable no cumpla con los estándares establecidos en ese mismo Anexo 13,* el Estado construirá a su cargo un sistema de pozos y una planta de tratamiento de agua potable. El Estado exhortará a los municipios para que se abstengan de aplicar en forma discriminatoria cargos, honorarios o pagos por servicios de agua, de manera que otorguen las cuotas más bajas posibles, según convenio identificado en el Anexo 10.* Construcción a cargo del Estado de un sistema funcional de aguas residuales y una laguna externa al sitio del proyecto con suficiente capacidad de absorción de aguas pluviales para el uso de Audi, y que entregará en comodato a la empresa. El Estado exhortará al gobierno municipal de abstenerse de aplicar cuotas discriminatorias en el servicio de drenaje, aplicando las cuotas más bajas.
• Realizar con cargo al Estado todo lo necesario para el sistema de suministro eléctrico para las instalaciones, con subestación eléctrica incluida. • Lo mismo se refiere para el suministro de gas natural, cuyo sistema correrá a cargo totalmente del Estado, incluyendo lo que se rehúsen a pagar las empresas proveedoras.
• Y lo mismo corre para toda la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
El pasado sábado 3 de octubre miles de personas llevaron a cabo una marcha al zócalo de la Ciudad de México. Su intención consintió en reunir más de cien mil asistentes para forzar la renuncia del presidente de la república. Aunque naturalmente se desató una guerra de cifras, los testimonios de la prensa mexicana dan cuenta de una reunión mucho más pequeña. Fue, no obstante, más numerosa que en otras ocasiones y decidieron ocupar buena parte de la plaza con casas de campaña, lo que da a entender que seguirán con sus protestas.
El lenguaje de sus líderes y simpatizantes se han caracterizado por ser “irracional, vulgar y violento” como señaló Mario Luis Fuentes en un editorial. La expresión más elaborada acusa a AMLO de “comunista” pero su discurso se compone más bien de insultos e imploraciones a la Virgen de Guadalupe. Su insistencia en que el primer mandatario debe renunciar de inmediato no ha generado mucha aceptación en el amplio abanico opositor que incluye partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y escritores e intelectuales que saben que este llamado suena a golpismo y que resulta completamente inviable.
De esta manera, el plantón del llamado FRENAA puede resultar incluso funcional al gobierno pues le da la oportunidad de presumir su talante democrático. El presidente ha prometido no reprimir a los manifestantes y respetar su protesta. Hasta aquí todo parecería ser un brote extremista de ciudadanos inconformes que con el tiempo se irá diluyendo. Sin embargo, el problema puede radicar en que el verdadero propósito de los organizadores sea montar una provocación que pueda derivar en choques con otros grupos civiles. El zócalo es un espacio al que recurren una gran cantidad de contingentes que se manifiestan por diversas causas casi todos los días. Ha habido expresiones muy violentas que e incluso han atentado contra el palacio nacional lanzando bombas molotov y tratando de incendiar las puertas de ese inmueble histórico. De esta manera, no importaría mucho el número real de ocupantes de las casas de campaña. Bastaría una confrontación entre unas docenas de personas por ambos lados para generar un conflicto de consecuencias imprevisibles.
Los partidos de oposición y sus voceros, que se manifiestan en la prensa o en las redes sociales saben que no pueden mostrar una adhesión abierta a FRENAA. Su ambición consiste, como han dicho muchas veces, en formar una coalición muy amplia que les permita ganar la cámara de diputados en las elecciones del próximo año. Intentar derribar a López Obrador con movilizaciones callejeras utilizando un lenguaje tan primitivo, seguramente les restaría votos. Por su parte, los simpatizantes de la 4T saben que pueden organizar una o varias marchas, mucho más grandes, y superar ampliamente a las de la ultraderecha.
Y, sin embargo, el gobierno no debería subestimar la situación. La pandemia y sus efectos han generado desempleo y empobrecimiento de las capas sociales más vulnerables, un escenario que no está siendo respondido correctamente. Tal cosa se demuestra claramente en el proyecto de presupuesto para el próximo año y en un conjunto de medidas, como la liquidación de los fideicomisos. Decisiones que no ayudan a una recuperación económica más vigorosa y con menores costos sociales. La insistencia en una estrategia conservadora que propone reducir el gasto y no admite ni mayor endeudamiento ni aumentar los recursos fiscales ha decepcionado a sectores progresistas: grupos sindicales, de productores agrícolas y de servicios, y organizaciones diversas de la sociedad civil.
Por otro lado, el partido que llevó al triunfo al presidente y a conquistar la mayoría en las Cámaras de Senadores y Diputados, vive una crisis que no es seguro que pueda resolverse en los próximos días con el nombramiento de los principales dirigentes de MORENA. No sería extraño que el conflicto interno se prolongara un tiempo más, debido a las decisiones del Tribunal y al nivel de confrontación interna.
Además, hay varios focos de protesta social, legítima y verdadera, que sienten que no han encontrado las respuestas que se esperaría de un gobierno progresista. Tal ha sido el caso de agrupaciones del movimiento feminista, pero también de otros grupos sociales que se han manifestado por la defensa del medio ambiente y del territorio de los pueblos y comunidades, como en Morelos, Chihuahua y otras localidades del sureste mexicano. Asimismo, habría que incluir la huelga de NOTIMEX que inexplicablemente se ha prolongado por la conducta de la directora de esta agencia de noticias. Algunas secciones de la CNTE han reanudado algunas movilizaciones de protesta.
La principal queja de la oposición partidista se ha basado en lo que han llamado el autoritarismo del presidente y una excesiva concentración de poder. El discurso del primer mandatario parecería darles la razón: reitera a cada momento que cualquier crítica es neoliberal, conservadora o expresión de quienes buscan mantener sus privilegios a costa de la corrupción. Con ello, da a entender que no le interesa el diálogo con todos y que es insensible a cualquier rectificación. Irrita, además, a sectores de la sociedad que lo apoyaron y que esperaban otro tipo de políticas, particularmente en el ámbito económico y social, y que han sugerido la necesidad de modificar algunas líneas de gobierno. Se pierde de vista la diferencia entre quienes reclaman la reparación de injusticias y aspiran a profundizar el cambio, y aquellos que desean la continuidad del estatus quo de los regímenes del PRI y el PAN.
De esta manera un diagnóstico alternativo y la elaboración de propuestas para una mayor justicia social son simplemente condenadas. Se supone que un gobierno progresista se basa no sólo en sus políticas públicas sino también en su capacidad de diálogo, sobre todo con los más castigados por décadas de injusticia, y en su disposición para establecer alianzas con los movimientos sociales. Por ejemplo, en lo que toca a los desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno ha entablado una relación que, aunque con pocos resultados, ha sido apreciada por los familiares de los normalistas desaparecidos. No ha sido así en otros casos. Y, sobre todo, no ha habido ninguna intención para entablar un pacto o acuerdo de largo plazo como el que se ha buscado con los sectores empresariales más poderosos.
La movilización de la ultraderecha no representa un peligro inminente para las instituciones políticas ni para la continuidad del gobierno, pero fomenta un clima que dificulta aún más la interlocución con sectores sociales inconformes y fortalece la figura y el endurecimiento del discurso presidencial.
Y, sin embargo, cabe esperar todavía que la 4T reconozca que este enturbiamiento es un factor de tensión que puede crecer y llevar a confrontaciones indeseadas. Podría entonces aprovechar el radicalismo de la derecha para acercarse a los sectores progresistas, aceptar las críticas y establecer un nuevo trato que haga posible la construcción de nuevos proyectos de cambio. En esta vía, MORENA podría jugar un papel destacado. No sería la primera vez en la historia de México y América Latina que los partidos y gobiernos que se han propuesto romper con un pasado oprobioso, rectifican y cambian sus estrategias. El movimiento que llevó a AMLO a la presidencia viene de una larga historia de lucha. La sensibilidad forjada en esos años debería servir ahora para entender que el poder no radica sólo en los puestos públicos sino, principalmente, en el apoyo y la participación activa de los ciudadanos. Las dificultades actuales, muchas de ellas derivadas de la pandemia y de viejas injusticias, pueden llevar a una creciente incapacidad gubernamental para dar respuesta los reclamos legítimos de la población y, a final de cuentas, a la prolongación de un estado de cosas que ya se ha visto que resulta intolerable.
http://saulescobar.blogspot.com/
Una frase en los anuncios del tercer informe del rector Alfonso Esparza:
“En Puebla las instituciones se encuentran bajo el capricho de una sola persona”.
Antes ha dicho que harán lo necesario para recuperar Lobos BUAP, pero que lo harán ante las instancias federales. De ahí la frase de arriba. Y la dimensión política que el conflicto supone y la escala que ha adquirido en el ámbito nacional.
Cuánto de lo que no se dice en la política poblana puede aparecer de repente en un spot.
Pero lo que no se dice bien por ninguno de los actores es que el enfrentamiento entre las instituciones públicas Gobierno del Estado de Puebla y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es mucho más profundo de lo que se acepta. No me admira la frase del rector, pues alude a un hecho que identifica el carácter fundamental del Estado en la sociedad poblana: el sometimiento de los poderes legislativo y judicial a la voluntad e intereses del ejecutivo. Con mayor o menor visualización en la opinión pública según la personalidad del gobernador en turno --casos extremos lo fueron Manuel Bartlett y Rafael Moreno Valle--, pero esa es la realidad. Esa es la condición que explica el carácter autoritario de los gobiernos en Puebla a todo lo largo de la historia moderna de nuestra entidad. Y la historia se continúa con Luis Miguel Barbosa.
Y en paralelo, el sometimiento al poder ejecutivo abarca la relación que el gobernador en turno establece con la más importante de las instituciones públicas más allá de la estructura gubernamental, la universidad pública, igual por el peso específico de su operación económica que por la fuerza moral e intelectual de la comunidad académica universitaria en el establecimiento del derrotero social y cultural del proyecto educativo del Estado democrático en el que queremos vivir y que, lamentablemente, no tenemos. Los gobernadores en Puebla no quieren una universidad como herramienta de conocimiento y crítica para la transformación de la sociedad, la razón fundamental de su ser. Sin embargo, la universidad pública en Puebla lleva mucho tiempo ya sin asumir su capacidad como colectivo inteligente y crítico frente al Estado autoritario. Y eso incluye a los rectorados de los últimos treinta años.
Un señalamiento como el realizado por Alfonso Esparza no se había visto en décadas. Sin duda, rompe con lo expuesto desde los rectorados de los primos Dóger, cuando la universidad recuperó el camino de alejanía y sometimiento con el gobierno estatal. Pero si no me sorprende la frase del rector, sí me obliga a plantar un interrogante que se necesita responder frente a la crisis social y política que la pandemia y la catástrofe económica nos imponen: ¿porque no hemos visto en esta coyuntura un verdadero debate público sobre el papel que debe y tiene que cumplir la universidad pública en la construcción colectiva de una respuesta del Estado de Puebla ante la crisis, ni una iniciativa del gobierno para involucrarla? Y el interrogante creo que debe extenderse al ámbito estructural de la relación entre el gobierno y la universidad pública que debería ser estratégico desde la perspectiva de la viabilidad histórica de la sociedad poblana.
Muchos académicos de la BUAP, en la historia reciente, han ido más allá de los spots. Tan sólo mirar a las propuestas de científicos e investigadores de la BUAP en muchos ámbitos, por ejemplo, las realizadas por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en torno a la recuperación no sólo arquitectónica sino social del centro histórico de Puebla, y el papel que jugaron en contra de la imposición de proyectos del gobierno de Moreno Valle en el 2013 –el Teleférico, el viaducto Zaragoza y la Rueda de la Fortuna-- en la zona de monumentos patrimonio de la humanidad, junto con la postura crítica de quien fuera secretario de Cultura del actual gobierno, el antropólogo universitario Julio Glockner, por el posible traslado de la misma rueda al barrio de el Alto, conflicto que derivó en su renuncia hace apenas unas semanas; o el proyecto para la instalación de la empresa AUDI en San José Chiapa en el 2012, realizado por el propio instituto y rechazado por el gobierno de Rafael Moreno Valle por su cuestionamiento al sentido de la obra misma. Y podríamos añadir la movilización en febrero y marzo de este año de los estudiantes contra la violencia y que derivó en un importante paro estudiantil contra la violencia de género en el seno de la propia universidad. Ninguno de esos procesos ha derivado en una discusión inteligente y pública que derive en políticas públicas de desarrollo asumidas democráticamente por la sociedad.
Es un hecho que el gobierno de Puebla no se soporta en la inteligencia de su comunidad académica. Ni de la BUAP ni del conjunto de las instituciones de educación superior en el estado. Pero tampoco la universidad pública ha hecho valer su papel político como generador de inteligencia y conocimiento en la construcción de políticas públicas que no estén sustentadas en el autoritarismo y la imposición.
La pregunta entonces: ¿cómo ir más allá de los spots para construir una mucho mejor relación entre la universidad y el Estado?
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
La contaminación en la Cuenca Alta del Atoyac
Mapa de la contaminación de los ríos de México / Sistema Nacional de Información del Agua
Los registros se encuentran en línea en el Sistema Nacional de Información del Agua, y los presentamos como punto de partida de una conversación sobre la desgracia de una río perfectamente diagnosticado y que obliga a apuntar ya no sólo al diagnóstico sino a los causantes.
Se destacan en estas gráficas los parámetros rebasados en excesos que los técnicos miden sin empacho. Demanda bioquímica y química de oxígeno y presencia de coliformes fecales. Esta serie gráfica forma parte de la presentación de la investigación que Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad realiza sobre los contaminadores del río Atoyac en su Cuenca Alta.
Texmelucan / Arroyo La Presa
Zahuapan / Barranca Sambrano
Lara Grajales
Barranca Honda
Atoyac La Carmelita
Atoyac Sur / Arroyo Atenco
Alseseca / Barranca San Antonio / Aguas arriba Parque Industrial Resurrección
Alseseca / Barranca Mixcatlatl
Alseseca / Antes de colector a PTAR Alseseca
Atoyac / Barranca del Águila / después de empresa Bachoco
REPORTES
La cuenca del Balsas, la segunda más fuertemente contaminada de México
DBO5
DBQO
COLIFORMES FECALES
Mundo Nuestro. un cuadrito ayuda para comprender el contexto del conflicto entre el gobierno federal y un medio de comunicación como la revista Nexos. No hay que decir mucho, simplemente contemplar los cuadros grandes, medianos y chicos para la complejidad de la trama y, al mismo tiempo, su insensatez. El año es el 2018, todavía Peña Nieto como presidente.
Enero de 2015
Amo mi patria. Los volcanes espléndidos cuando amanezco. Un parque florido. Andar en bicicleta en el Parque lineal, hasta sentir que alcanzo la copa de los árboles. Amo a aquéllos que trabajan por un río Atoyac limpio. A las mujeres de la Sierra Norte de Puebla que bordan a mano las blusas de chaquira y a las que hacen del barro su oficio. La piñata que tuve por árbol navideño. La fuente iluminada de Nochebuenas. El colibrí de aleteo infinito frente a mi ventana. Una niña ya adolescente que se mece dichosa en una cuerda. El maguey que es una diosa y que ofrece esplendida el aguamiel. El muchacho que convirtió una tasa de baño en un jardín. El artesano que todavía hace balones de futbol de cuero. El maíz en sus variables rojo, amarillo y azul y las historias que de él se cuentan. La bendición de una tortilla. Amo las comidas en el jardín y el sol radiante, un poco de sombra bajo el pino. Y el mar: las mantarrayas que brincan entre las olas sin saber porqué, los delfines a un lado de la lancha, una gaviota que se posa en el lomo de una tortuga en medio del océano. Cuántos besos en esta tierra he tenido.
Amo mi patria. Y sin embargo, nos faltan 43. Cuarenta y tres jóvenes desaparecidos, presumiblemente asesinados, quemados vivos, hace cuatro meses, este 26 de enero del 2015. A un año también del fallecimiento del poeta y amigo José Emilio Pacheco, genial y apocalíptico. Pero no sabíamos, en aquél triste día de su muerte, que estábamos en efecto en las puertas del infierno. Inimaginable para él, ni para nadie, el asesinato colectivo. Quizás, me imagino, no lo hubiera resistido.
Ayotzinapa, memoria y olvido. La pelea por la historia.
–La verdad histórica --dirá el procurador de la república Jesús Murillo Karam--, es que los estudiantes están muertos, asesinados por un grupo de narcotraficantes, los Guerreros Unidos, que los confundieron como miembros de otro grupo. Fue un caso atípico.
El hecho histórico, dirán los padres de familia, es que los jóvenes están desaparecidos y que las declaraciones de algunos de los asesinos no pueden ser concluyentes. Más aún cuando no se ha querido seguir la línea de investigación sobre la participación en los acontecimientos de la policía municipal, el presidente municipal y su esposa, así como del gobernador e incluso del propio ejército, que cerró caminos y amenazó a algunos de los estudiantes que lograron escapar. El celular de uno de los jóvenes sonó después del presumible asesinato de los muchachos, dentro de las instalaciones del 27 batallón del ejército. Y no es un caso atípico, dijeron, en México hay miles de desaparecidos. E irán en febrero los padres de familia, campesinos pobres la mayor parte de ellos, a demandar al gobierno de México en las instancias internacionales por la desaparición forzada de los muchachos.
En mi opinión, el hecho histórico es que éstos jóvenes y sus padres no buscaban protagonismo alguno en la historia nacional. Sólo querían ir a un mitin y mejoras para su normal. Nadie hasta ahora duda de su inocencia. Su desaparición, muy probablemente su muerte, destapó sin embargo el gran drama del país: el posible involucramiento del Estado, por lo menos de algunos sectores del mismo, con el narcotráfico. Un sistema de justicia que se tambalea: sin juicios penales contra policías y políticos involucrados en el caso Ayotzinapa y con la impunidad ante los ojos de todos de un Raúl Salinas de Gortari que se pasea en un BMW, para recordarnos quién manda ahora. Pareciera que la imagen certera de la justicia en México, en aquél mural de José Clemente Orozco en la Escuela Nacional Preparatoria, con la balanza de la Ley prostituida, vuelve a repetirse. Porque no es posible que el negocio de la amapola en Iguala, de miles de millones de pesos, desfile por México, sin el conocimiento e incluso contubernio de las autoridades, por lo menos locales. 
José Clemente Orozco (1833-1949) La ley y la justicia, 1923-1924 Fresco. Escuela Nacional Preparatoria (Antiguo Colegio de San Idelfonso)
Crimen que no se aclara y se castiga debidamente, se repite, dije en mi artículo anterior. Y sí, ahí tenemos de nuevo al periodista veracruzano Moisés Sánchez asesinado por órdenes del director de la policía municipal de Medellín, Martín López Meneses y por instrucciones del presidente municipal del PAN, Omar Cruz Reyes. Y a los policías del estado de Tlaxcala, dirigiendo a las bandas de secuestradores.
De actuar con justicia en el caso Atoyzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto (quizás con minúsculas) puede convertirse en un líder moral, que lo ayudaría incluso a la aplicación de sus reformas, a las que apuesta su popularidad. De lo contrario Peña Nieto pasará a la historia con un pie en la ignominia. Pero no parece importarle, preso en su propio espejo que no lo deja verse a sí mismo, salvo en las declaraciones de sus allegados. 
Foto de Emma Yanes Rizo
Amo mi patria. La marcha en la ciudad de México de miles y miles de compatriotas este 26 de enero (a pesar de que estaban cerradas las estaciones aledañas al zócalo y Reforma del Metro y Metrobus), sin mayor objetivo que negarse al horror. Son muy jóvenes las muchachas que una a una, llevan a la altura del pecho colgada a su vez la foto de cada uno de los 43 jóvenes. Y no hay mejor pancarta que aquélla de una figura que busca abrazar un cuerpo inexistente. ¿Dónde están?, las cenizas, las ropas, las mochilas, los teléfonos, algo más que un diente.
Memoria y olvido. Y aquéllos que nunca pensaron entrar en la historia nacional, seguirán vivos. Tal vez como los protagonistas de la rebelión de Tomochic, durante el porfiriato, que inmortalizó el escritor Heriberto Frías. Y un nuevo mural quizás se dedique a su vez a la atrocidad del Estado.
Memoria y olvido. Siempre podremos elegir recordar día a día a los 43 muchachos desaparecidos y a nuestro gran literato José Emilio Pacheco.
(En nuestra siguiente colaboración volveremos a contar la historia de cada uno de éstos jóvenes). 
David Alfaro Siqueiros, detalle.
Mundo Nuestro
Se cumple un año de los sucesos ocurridos en Iguala con el asesinato y desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero.
En Mundo Nuestro unos días después, en aquel otoño ingrato de en México:
Tuvieron tiempo. Una por una, casi trazada por un rotulista. Es la manta del escarnio del Estado que nos identifica. No es la manta escrita por unos sicarios para dejarla colgada en un puente cualquiera. Han escogido la pintura: en rojo el destinatario (GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL Y A TODOS LOS QUE…), en negro la demanda precisa (SE LES EXIGE QUE LIBEREN A LOS 22 POLICÍAS QUE…) y la consecuencia de no cumplirla (EMPEZAREMOS A PONER NOMBRES DE LA GENTE QUE NOS APOYABA DEL GOBIERNO…). Ya matar es lo de menos, su ultimátum va para nombres y apellidos adivinados en escritorios y en abonos mensuales de funcionarios y políticos involucrados.
Y la firma atentamente GU (Guerreros Unidos), que por la manta ya no es un grupo más del crimen organizado. Le ha dado un toque histórico muy de la región a ese concepto iluminado que no resuelve batallas ideológicas ni disputas nacionales.
“Ya empezó la guerra”
¿De dónde esta violencia inaudita? Se vive una guerra civil a fogonazos, y no queremos verla. Hace mucho que el país se levantó en armas, y no para la revolución imaginada en los sesenta, allá mismo en Guerrero, aniquilada sin vacilación por un Estado mexicano implacable y cruel. Cuarenta años después despertamos para comprender que las guerras civiles no necesitan causa. Cómo duele esta noche México.